ESPAA EN POSITIVO.  

Programa Electoral del PSOE.  

Elecciones generales 1996.

Manifiesto electoral.

Ante el siglo XXI

Vivimos abiertos a Europa y al mundo. Nos estamos aproximando cada vez 
ms al nivel de vida y a las cotas de bienestar social de los pases ms 
avanzados de la tierra. Sufrimos sus mismos problemas, pero tambin nos 
beneficiamos de su solidaridad para afrontar la solucin de los 
nuestros. Hemos superado desde 1977 hasta hoy los grandes problemas 
arrastrados del pasado.

Ya no somos diferentes. En el pasado nuestro aislamiento nos llev a 
desperdiciar grandes ocasiones; vimos cmo aumentaba la distancia que 
nos separaba del resto de Europa Occidental. Ahora, ante el siglo XXI, 
se presentan ante nosotros grandes oportunidades. Hemos unido nuestra 
suerte a la del resto de los pases del continente, y nuestra presencia 
en la Unin Europea nos permite afrontar con optimismo muchos de los 
retos que depara el futuro. Y entre ellos, el proceso de grandes cambios 
econmicos, sociales y tecnolgicos en el que estamos inmersos.

Los modos de vida y de trabajo de las generaciones que protagonizarn la 
entrada de Espaa en el prximo siglo se transforman da a da. Muchos 
de esos cambios ponen a nuestro alcance un nuevo horizonte de progreso y 
bienestar: el desarrollo de las nuevas tecnologas de comunicacin, la 
universalizacin de los conocimientos, la expansin del comercio y la 
incorporacin de nuevos pases y reas enteras al sistema econmico 
occidental, el restablecimiento de la paz en zonas afectadas por 
conflictos blicos durante las ltimas dcadas.

De nosotros depende aprovechar esta ocasin histrica. Nada nos va a ser 
regalado, nadie garantizar nuestro xito, salvo nuestra propia voluntad 
y nuestro esfuerzo colectivo.

El PSOE quiere ofrecer un proyecto poltico que sirva para construir el 
futuro de todos los ciudadanos y ciudadanas de Espaa. Un proyecto de 
todos y para todos, que responde a los valores y a los ideales del 
socialismo democrtico. En cuya realizacin no se excluya a ningn 
sector de la sociedad. En el que nadie se asegure una posicin de 
predominio, ni quepan discriminaciones ni privilegios. En el que la 
igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades se hagan realidad, 
En el que los ms dbiles cuenten con la solidaridad del resto de los 
ciudadanos.

El futuro ha sido siempre un sinnimo de progreso, especialmente para la 
izquierda. Mientras los conservadores se aferraban al pasado tratando de 
mantener las cosas como estaban, defendiendo as su status y sus 
privilegios, la izquierda ha protagonizado los anhelos de progreso y la 
voluntad de cambio.

Pero en los ltimos aos, esta identidad entre izquierda, futuro y 
progreso est siendo cuestionada desde algunos mbitos. La misma idea de 
progreso genera hoy incertidumbres: hay quienes piensan que el porvenir 
no ser mejor que el pasado ya conocido.

La desaparicin de la dinmica de bloques que caracteriz a la guerra 
fra ha dejado una secuela de conflictos blicos que generan inseguridad 
en las fronteras mismas de la Unin Europea.

El Estado de Bienestar afronta dificultades para su sostenimiento a 
medio y largo plazo, por la persistencia de los dficits pblicos y las 
exigencias crecientes de calidad en la provisin de sus servicios por 
parte de una sociedad estructurada de manera mucho ms compleja.
El crecimiento econmico ya no es capaz por s mismo de asegurar un 
volumen suficiente de empleos, y las estrategias para aumentar la 
eficiencia del sistema productivo chocan a veces con la necesidad de 
reforzar los mecanismos que aseguren la cohesin social.

Algunas de las instituciones bsicas de las democracias parlamentarias 
sufren el impacto de esos cambios, y necesitan adaptarse a ellos para 
afirmar su primaca frente a nuevos poderes ajenos a la estructura 
tradicional del Estado.

La mezcla de desconfianza y de inseguridad que sienten muchos ciudadanos 
acerca de la capacidad de sus representantes polticos para afrontar el 
futuro viene a aadirse a la generada por la conciencia de la 
profundidad de los cambios que se suceden a nuestro alrededor. Hay voces 
que reclaman la vuelta a las certezas del pasado, cuando algunas 
ideologas eran capaces de ofrecer respuestas precisas y visiones 
globales.

Los socialistas queremos salir al paso de esas incertidumbres ofreciendo 
un proyecto poltico capaz de integrar las respuestas que la sociedad 
nos est demandando. Hemos mostrado en estos aos, pese a las 
limitaciones y los errores, cmo se poda conquistar un futuro mejor. 
Ahora queremos adentrarnos en el prximo siglo con la confianza que nos 
otorga el respaldo de millones de espaoles que comparten con nosotros 
los valores y las aspiraciones representadas, a lo largo del siglo que 
ahora acaba, por las ideas del PSOE.

Nuestro objetivo esencial y el de nuestra poltica es revitalizar el 
vnculo social en una sociedad cohesionada que slo puede construirse 
con ciudadanos libres, y por consiguiente responsables. Para ello es 
necesario que los programas electorales de los partidos polticos 
contengan propuestas concretas e identifiquen las dificultades que 
habrn de superarse para alcanzar los objetivos. De esta forma, el 
programa es el contenido de -un pacto entre el ciudadano que, libre y 
responsablemente, le da su apoyo y los polticos obligados a aplicarlo. 

La Espaa de hoy

La legislatura que ahora acaba ha sido extraordinariamente fructfera en 
la puesta en marcha de reformas y en la lucha contra la corrupcin. 
Tambin se ha logrado la superacin de la recesin econmica, y se ha 
dado la vuelta a la evolucin del empleo, recuperndose buena parte del 
que se habla destruido en aqulla.

Pero uno y otro conjunto de medidas han pasado sin embargo bastante 
desapercibidas ante la opinin pblica y las elecciones de Marzo van a 
tener lugar en medio de una crisis poltica innegable. Se ha extendido 
una sensacin de malestar sobre el modo en que funciona el sistema 
democrtico, que se manifiesta en todas las democracias occidentales 
pero que adquiere un relieve especial en Espaa.

Nuestra vida pblica atraviesa una fase de ensimismamiento y de 
tensiones que nos impiden centrar la atencin en los autnticos retos 
del futuro. La poltica invade la actualidad pero se habla muy poco de 
polticas concretas. Sobran escndalos y crispacin y faltan ideas 
precisas sobre cmo afrontar las incertidumbres que acompaan a los 
nuevos tiempos. Se distorsionan hasta la exageracin las carencias y las 
dificultades que debemos enfrentar y se menosprecia lo conseguido entre 
todos.

Los espaoles se encuentran hoy perplejos ante lo que puede pasar, y 
demandan () sobre las perspectivas de futuro. La confrontacin de ideas 
y proyectos alternativos inherente al pluralismo poltico se ve 
oscurecida por un clima de tensin y descalificacin del adversario. Se 
echa de menos el espritu constructivo que permiti hace veinte aos 
impulsar con xito el proceso de la transicin.

El resultado de todo ello es una prdida de credibilidad de lderes y 
programas ante los ciudadanos, y el escepticismo y desinters de stos 
ante los asuntos pblicos. La desafeccin no se refiere slo a unos 
polticos determinados, sino que se extiende sobre todos. No se dirige a 
un solo partido, sino al conjunto de ellos. El problema no es slo de 
los socialistas, sino de todos los que creemos en el sistema 
democrtico. Pero, en todo caso, el PSOE no est dispuesto a asistir de 
forma pasiva al deterioro de la situacin.

No podemos aceptar la tesis de la derecha de que ha negado su hora Por 
muchas razones: porque la derecha en Espaa nunca ha sido la solucin, 
sino una fuente interminable de problemas por la miopa de sus 
gobiernos, porque la derecha en el mundo ya ha mostrado que no tiene 
soluciones, ni para recuperar la confianza de los ciudadanos en la 
poltica democrtica ni para resolver los problemas sociales. Y, sobre 
todo, porque es mucho lo que est en juego para Espaa en los prximos 
aos y lo que se ha logrado en aos pasados para dejarlo en manos de una 
derecha sin liderazgo ni proyecto, sin un programa pblico coherente y 
guiada slo por el afn de poder. 

El cambio conseguido

Desde 1977, y en particular desde 1982, hemos desarrollado un amplio 
ciclo de reformas en el mbito poltico, econmico y social. Durante ese 
periodo hemos conseguido realizar las aspiraciones que movilizaron a 
varias generaciones de espaoles. Espaa ofrece en 1996 un balance 
claramente positivo en relacin al pasado inmediato, que no puede quedar 
difuminado por el clima poltico de estos ltimos tiempos.

Reivindicamos con orgullo la accin realizada en estos aos y los 
resultados obtenidos. El cambio cualitativo que ha dado Espaa en estos 
aos est ah, para la mirada de las futuras generaciones. Y estamos 
convencidos de que cuando dentro de unos aos se analice esta etapa el 
juicio general ser abrumadoramente positivo.

Desde que una amplia mayora del pueblo espaol nos encomend el 28 de 
Octubre de 1982 las responsabilidades de gobierno, muchas cosas han 
cambiado en Espaa: una dinmica colectiva de progreso ha conseguido 
romper el atraso histrico y el aislamiento que nos separ de Europa. El 
nuestro es hoy un pas moderno, ms prspero, con una democracia 
consolidada, plenamente integrado en su entorno y que juega el papel 
internacional que le corresponde. Espaa es un pas que se ha ganado 
justamente prestigio y respeto en el mundo.

En este periodo se ha realizado un extraordinario esfuerzo colectivo para 
sentar las bases de un Estado de Bienestar. Se ha compatibilizado un 
proceso de crecimiento econmico rpido y sostenido con una poltica de 
redistribucin y cohesin social. Se han reducido las desigualdades en 
la distribucin de la renta y entre mujeres y hombres; se han acortado 
las distancias econmicas entre los distintos territorios. Era una 
apuesta difcil. Sin embargo, hemos crecido ms que el promedio de la 
Unin Europea. El pas se ha modernizado y ha equipado sus 
infraestructuras. Y a la vez lo hemos conseguido mejorando 
sustancialmente la cohesin social.

La riqueza ha aumentado: el PIB ha experimentado un fuerte crecimiento - 
desde menos de 20 billones en 1982 hasta casi 70 billones en 1995- y el 
Producto Bruto por persona se ha incrementado un 40% en trminos reales 
durante ese periodo. Y adems se ha reducido la desigualdad, pese al 
impacto de la ltima recesin.

En un momento en que la economa se abra definitivamente al exterior, 
se ha garantizado a la vez el crecimiento econmico y la redistribucin 
de la renta. Ello se debe en buena parte a una poltica que ha 
propiciado la competitividad de nuestro tejido productivo manteniendo el 
poder adquisitivo de los salarios y expandiendo en lo posible el gasto 
social.

La generalizacin de la cobertura de la sanidad pblica, la mejora de 
las pensiones de la Seguridad Social y de la proteccin por desempleo, 
la creacin de las pensiones no contributivas y la extensin de la 
educacin pblica, desde la infantil a la universitaria, son avances que 
en la Europa ms desarrollada tardaron dcadas en alcanzarse mientras 
que aqu se han realizado en un tiempo comparativamente muy corto.
Aunque el paro sigue siendo el principal problema, y crear ms y mejor 
trabajo nuestro reto prioritario para los prximos aos, se han creado 
nuevos puestos de trabajo en este perodo, con una mejora acumulada de 
los salarios reales del 33%. La renta disponible de las familias se ha 
incrementado en la misma proporcin, gracias al impacto favorable de los 
salarios y de las transferencias de renta procedentes del sector 
pblico. Aunque exista incertidumbre sobre el futuro, como existe en 
todos los pases desarrollados, la situacin y las perspectivas 
econmicas son buenas.

Se ha crecido econmicamente al tiempo que se creaba una realidad ms 
solidaria. No slo con un decidido aumento del gasto social: los 
gobiernos socialistas se han trazado como objetivo prioritario apoyar el 
esfuerzo de las mujeres por alcanzar la igualdad de oportunidades y en 
este campo se han logrado notables avances relacionados con la 
incorporacin de la mujer al trabajo y a la educacin. Hoy las mujeres 
constituyen una mayora del alumnado de enseanza media y de una 
Universidad que supera el milln y medio de estudiantes.

Los avances de las mujeres espaolas en los ltimos aos han sido 
espectaculares. Las mujeres constituyen, en este momento, un gran 
potencial de cambio social y renovacin porque son una fuerza en plena 
actividad y expansin, que ha avanzado en su preparacin y en su 
formacin.

Este progreso ha sido posible por la fuerza y el empuje del movimiento 
feminista y por el impulso poltico del Partido Socialista que a lo 
largo de trece aos ha desarrollado una decidida poltica de superacin 
de la desigualdad y ha establecido mecanismos legales, institucionales y 
reales de igualdad entre hombres y mujeres.

La mayor transformacin social del perodo corresponde al sistema 
educativo. Los cambios han sido drsticos: est escolarizado el 99,7% de 
los nios de cuatro y cinco aos, la enseanza es obligatoria y gratuita 
hasta los diecisis, cerca del 60% de los jvenes ingresa en BUP y COU y 
el 35% en la formacin profesional. En el curso 82-83 el nmero de 
estudiantes con beca era de 160.000 y en el curso actual es de 850.000.
Hemos trabajado para que millones de ciudadanos y ciudadanas accedieran 
a derechos bsicos de los que carecan y lo hemos conseguido. Hemos 
trabajado para introducir justicia y racionalidad distributiva en el 
crecimiento econmico y lo hemos conseguido. No nos faltan motivos para 
sentirnos orgullosos.

Este era el reto que tenamos por delante: superar nuestro retraso en 
relacin a los pases europeos ms prsperos, en trminos de educacin, 
sanidad, proteccin social y dems servicios sociales; realizar 
inversiones fundamentales en obras e infraestructuras como elemento 
imprescindible para mejorar nuestra competitividad; crear un entorno 
favorable a la iniciativa empresarial, la innovacin y la eficiencia de 
nuestras empresas a nivel internacional. Hemos sido capaces de 
afrontarlo con satisfactorios resultados.

Adems se ha producido la transformacin de un Estado fuertemente 
centralizado en un Estado de las Autonomas, hito fundamental en un 
proceso histrico empeado en resolver el problema secular de las 
libertades y la vertebracin de los pueblos de Espaa y aproximar los 
centros de decisin poltica a los ciudadanos. Hoy estamos llegando a 
una situacin en la que todas las nacionalidades y regiones del Estado 
habrn asumido con plenitud los poderes que les da la Constitucin, 
consagrndose as una Espaa de todos, democrtica y libre, plural y 
solidaria.

No pretendemos capitalizar en exclusiva lo que es fruto de un gran 
esfuerzo plural y colectivo, pero creemos que slo desde posiciones 
sectarias o de abierta mala fe se puede discutir la contribucin 
decisiva que los sucesivos gobiernos socialistas han realizado para la 
consecucin de esos objetivos. 

Los cambios que queremos

Frente a todas las interrogantes que los ciudadanos se plantean en la 
Espaa de 1996, el socialismo democrtico quiere proponer un proyecto 
poltico y unas respuestas basadas en los valores de la solidaridad y de 
la responsabilidad, como base que garantice una convivencia en paz y en 
libertad.

Queremos dirigirnos al conjunto del pas, y en especial a quienes no 
quieren dar marcha atrs y prefieren la Espaa de 1996 a la de 1976.
Queremos movilizar a todos los que comparten con nosotros la voluntad de 
trabajar para que esos avances no se interrumpan sino que se proyecten 
hacia el futuro.

Queremos representar las aspiraciones de los sectores ms dbiles de 
nuestra sociedad, que siempre han apoyado las ideas del socialismo 
democrtico. Y tambin queremos contar con el apoyo de los sectores ms 
jvenes y dinmicos de un pas que afronta el futuro con un estado de 
nimo muy diferente al de la generacin del 98, hace ahora un siglo.
Sabemos lo que espera la gente del Partido Socialista. Qu reformas nos 
pide para avanzar hacia el futuro. Qu nuevas preguntas se formulan y 
quieren que sean respondidas desde los valores y los presupuestos ticos 
y polticos del socialismo democrtico.

Estamos convencidos que ante los desafos con los que debemos 
enfrentamos en los albores del cambio de siglo, las soluciones que 
quiere la mayora del electorado coinciden con las que nacen desde el 
proyecto poltico que venimos impulsando desde 1982.
Queremos cambiar, pero sin destruir lo que hemos logrado. No queremos 
alentar el miedo por lo que pueda venir, sino generar confianza e 
ilusin para movilizar de nuevo a todos los sectores sociales que 
ambicionan un futuro mejor.

Queremos que nuestro mensaje sea escuchado tambin por esa parte de la 
sociedad que est excesivamente tensa y crispada, que siente desafeccin 
por los asuntos polticos.

Tenemos vocacin de transformar la sociedad y de llevar a cabo nuestras 
ideas desde el gobierno. Como buenos demcratas, aceptaremos trabajar 
por ellas desde donde lo quieran los electores. Pero nos preocupa que un 
hipottico triunfo de la derecha sea el primer paso para cuestionar 
parte de lo que hemos logrado en estos aos, o para introducir de nuevo 
fracturas en una sociedad que ha avanzado en su cohesin y ha reducido 
las desigualdades entre sus miembros.

Porque sabemos que Espaa sera distinta si desde 1982 hasta hoy hubiese 
gobernado la derecha. Y en cambio ignoramos cules son sus propuestas de 
futuro, quienes son sus apoyos sociales, qu intereses concretos se 
esconden tras la ambigedad de su programa. La sociedad del futuro no es 
la sociedad desigual, egosta, desprovista de motivaciones colectivas, 
en la que est pensando la derecha.

Nuestro proyecto se basa en la defensa y asuncin crtica de lo que 
hemos hecho durante trece aos. Pero el impulso de 1982 necesita una 
reformulacin y nuevas energas. No todo lo que hemos hecho nos 
satisface. Sabemos, adems, que hay muchas cosas por hacer. Unas, porque 
se trata de afrontar nuevos problemas, otras porque no hemos sido 
capaces de hacerlas en aos anteriores.

Los jvenes deben ser los protagonistas en la definicin de su propio 
futuro, no pueden seguir al margen de la vida poltica. El empleo, la 
vivienda y otros muchos bienes pblicos no pueden ser objetivos 
inalcanzables para toda una generacin, que se siente postergada e 
incluso a veces imposibilitada para hacer or su voz.

Frente a una economa global en la que parece imponer su ley inapelable 
la opinin de los mercados, oponemos nuestra conviccin de que la accin 
pblica es insustituible para reducir desigualdades y proporcionar un 
marco de justicia en el que cada ciudadano pueda ejercer libremente sus 
derechos y desarrollar sus capacidades.

Frente a la resignacin a que las instituciones se debiliten ante nuevos 
poderes emergentes que no reciben el respaldo popular en las urnas, 
queremos revalorizar el papel de las instituciones basadas en la 
soberana popular y vigorizar nuestro sistema democrtico.

Frente a la idea de que corrupcin y poltica estn condenadas a 
convivir, reafirmamos nuestro compromiso por la limpieza de la vida 
pblica y la expulsin de ella de quienes han mantenido o pretendan 
mantener en el futuro comportamientos irregulares.

Lo que hemos conseguido los espaoles en esta ltima etapa de nuestra 
vida colectiva es evidente. En una parte nada despreciable, lo 
conseguido ha sido fruto de una accin de gobierno. Pero esencialmente 
ha sido el resultado de un gran esfuerzo colectivo y plural, posible 
gracias a un clima general de respeto y tolerancia y a la conciencia 
compartida e incentivadora de que determinados objetivos de mejora y 
reforma estaban cubrindose y el pas mejoraba gracias a la aportacin 
de los distintos sectores de la sociedad,
Muchos objetivos de reforma, innovacin y mejora quedan por delante en 
nuestro pas. Si la vibracin intensa y fecunda de los dos ltimos 
decenios de nuestra vida colectiva se amortiguara y quebrara, muchas de 
las transformaciones iniciadas quedaran sin consumarse y muchos logros 
alcanzados podran deshacerse. Sucedera como en tantos momentos de 
nuestra historia, cuyas etapas de renovacin poltica, econmica, social 
y cultural fueron siempre fugaces y sustituidas por perodos de reaccin 
o inmovilismo.

Los pases que han logrado un alto grado de libertad y bienestar para 
sus ciudadanos lo han conseguido gracias al esfuerzo aplicado durante 
dcadas y en unas determinadas condiciones colectivas que nosotros 
debemos preservar en Espaa: un marco estable de libertades; una vida 
pblica con instituciones respetables y respetadas; una 
organizacin del Estado que garantice la solidaridad y la cohesin entre 
regiones y nacionalidades; valores dominantes y controles eficaces para 
asegurar la legalidad y honestidad en la vida econmica, social y 
poltica; primaca de los intereses pblicos generales, democrticamente 
expresados, sobre los intereses privados de los ms poderosos. 

Nuevas reformas para avanzar

La mayora que surja de las elecciones de Marzo liderar, desde el 
gobierno, el trnsito de nuestro pas hacia el siglo XXI. En los 
prximos aos hemos de hacer frente a un escenario en el que ya estn 
teniendo lugar cambios econmicos, sociales y polticos muy profundos. 
De la orientacin que adopten las reformas que se pongan en marcha de 
aqu al ao 2000 va a depender la suerte de las generaciones venideras.
A pesar de su reduccin en los dos ltimos aos, el paro sigue siendo el 
principal problema de la sociedad y, por ello, la primera preocupacin 
poltica, social y cultural de los socialistas.

La creacin de empleo va a seguir siendo el principal imperativo de 
nuestra poltica y el mejor soporte de una estrategia de reduccin de 
desigualdades. La mayor de ellas es la de los ciudadanos ante el 
trabajo. Cualquier otro objetivo debe ceder el paso ante la creacin de 
empleo.

Pero el crecimiento por s solo no genera el trabajo necesario para 
absorber el paro de larga duracin y atender las nuevas demandas de 
ocupacin. Hay que redistribuir las oportunidades de trabajar, poner en 
marcha nuevas formas de organizacin y reparto del tiempo de trabajo, 
fomentar el desarrollo de nuevas actividades de carcter social, 
facilitar las iniciativas individuales premiando el esfuerzo y el 
mrito, hacer que la formacin permanente de los recursos humanos juegue 
un papel beligerante como instrumento favorecedor de la adecuacin entre 
oferta y demanda de trabajo, mejorar el funcionamiento del mercado 
laboral. Hemos de ganar la batalla frente al paro de larga duracin, la 
discriminacin de jvenes y mujeres ante el empleo, y la escasa calidad 
de una parte del empleo existente.

Para crear empleo son necesarias unas relaciones laborales basadas en el 
dilogo y la participacin, en la que los interlocutores sociales deben 
jugar un papel primordial. La negociacin colectiva debe ser el marco 
regulador de las condiciones de trabajo, y servir de ayuda para 
relacionar la evolucin de los salarios con la de la productividad. 
Tambin debe asumir responsabilidades encomendadas hasta hace poco 
tiempo a las leves, facilitando la adaptacin a las circunstancias de 
cada empresa. Pero ello no puede confundirse con una vuelta hacia la 
individualizacin de las relaciones laborales, como propone la derecha, 
que supondra un factor de desproteccin de los trabajadores.
Es preciso dar mayor importancia a la mejora de la situacin de los 
trabajadores, para lo cual propugnaremos desde todos los mbitos su 
participacin en la toma de decisiones de las empresas.

Creemos en los sindicatos. Deseamos un sindicalismo fuerte y 
representativo en nuestro pas, que represente y defienda los intereses 
generales del conjunto de los trabajadores. Mantendremos un contacto 
permanente con los sindicatos representativos porque creemos en el 
dilogo social para llevar a la prctica nuestra poltica social y 
econmica.

Profundizaremos en nuestro apoyo a la economa social y desarrollaremos 
la normativa en salud laboral existente.

Sin un aumento del empleo no ser posible dotar de solidez financiera a 
medio y largo plazo al sistema de proteccin social, ni hacer frente a 
la aparicin de nuevas formas de pobreza, de marginacin y, en 
definitiva, de dualizacin social.

En los aos ms recientes, hemos configurado un sistema de proteccin 
coincidente con las aspiraciones de la sociedad espaola que ha 
dignificado la vida de millones de personas. Lo ha hecho en los buenos y 
en los malos momentos del ciclo econmico. El ncleo fundamental de ese 
sistema son las pensiones pblicas, cuya solvencia de cara al futuro nos 
comprometemos a garantizar. Hay que poner en marcha sin dilacin el 
conjunto de medidas previstas en el Pacto de Toledo para despejar las 
incertidumbres que se ciernen sobre la capacidad de mantener en 
equilibrio un sistema de pensiones que ha mejorado notablemente sus 
niveles de cobertura.

El reto que tenemos planteado es sencillo: mantener los logros 
alcanzados hoy como un deber ineludible con los pensionistas actuales y, 
muy en particular, con los futuros pensionistas. Tenemos tiempo, tenemos 
mrgenes para asegurar el equilibrio y la equidad del sistema. Hay que 
incrementar los ingresos, incentivando la cotizacin por los salarios 
reales y hay que adecuar los beneficios a las aportaciones realizadas.
Defendemos la intervencin de los poderes pblicos para garantizar la 
igualdad de oportunidades de todo ciudadano a la hora de proteger su 
salud o recibir educacin con independencia de su nivel de renta, frente 
a las propuestas de la derecha para reintroducir intereses privados en 
la prestacin de esos servicios. Afirmamos que la articulacin pblica 
de la solidaridad es compatible con la poltica econmica adecuada para 
lograr crecimiento y empleo.

La proteccin de la salud, su promocin y cuidado constituyen una de las 
prioridades fundamentales de la accin poltica del PSOE. Ello implica 
un claro compromiso en dos lneas de trabajo distintas y complementarias 
de accin pblica para los prximos cuatro aos: dar un nuevo impulso a 
la salud pblica en Espaa, y consolidar y mejorar el Sistema Nacional 
de Salud.

En la frontera del siglo XXI el recurso natural ms valioso son las 
personas. El nico bien imprescindible es la inteligencia y 
cualificacin de los hombres y mujeres de nuestro pas. La actitud ms 
necesaria es la de la innovacin. La manera ms segura de adaptarnos a 
los cambios es la solidaridad Y el instrumento ms til para afrontar 
todo ello es la educacin.

Los socialistas entendemos la educacin y la formacin como factores de 
progreso individual y social. El gran esfuerzo que este pas viene 
realizando en educacin y formacin est dando sus frutos. Se ha 
conseguido que todos reciban enseanza, sin privilegios por razn de 
sexo La origen social, Los jvenes de hoy constituyen la generacin 
mejor cualificada de toda nuestra historia. Con nuevos valores y nuevas 
pautas culturales. Ms solidarios con los dems y ms preocupados por el 
medio ambiente que quienes les precedieron.

Pero tienen grandes dificultades para encontrar un trabajo digno, y por 
ello para acceder a una vivienda, planificar su vida, ser autnomos. Y 
el mercado por s solo no aporta solucin a este gran problema. Por ello 
es necesario un gran Plan para los jvenes, que coordine las distintas 
polticas y a las distintas Administraciones. Que ponga en relacin 
esfuerzos y resultados en las polticas de educacin, empleo, vivienda, 
participacin ciudadana, defensa, voluntariado. Un Plan capaz de generar 
la ilusin de los jvenes por su propio futuro, y su confianza en que el 
resto de la sociedad colabora con ellos para construir un pas mejor, 
por el que merezca la pena comprometerse.

Las mujeres constituyen una enorme fuerza renovadora. Su proyecto de 
emancipacin y superacin de las discriminaciones de que son objeto en 
la sociedad conecta con los ideales del socialismo democrtico, que 
persigue la desaparicin de todo tipo de dominacin a travs de la 
igualdad de oportunidades y la accin positiva en favor de los ms 
dbiles.

Las socialistas y los socialistas queremos que las mujeres asuman, de 
manera paritaria con los hombres, el trabajo y las responsabilidades 
polticas. Queremos conseguir adems que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres, lo que requiere polticas especficas de 
empleo, programas educativos y servicios sociales adecuados. Y por 
encima de todo ello aspiramos a un reparto equitativo de las 
responsabilidades y de las cargas familiares que haga posible avanzar 
sin trabas hacia la igualdad real entre los sexos.

Queremos consolidar la integracin social frente a la exclusin de los 
sectores y grupos de poblacin tradicionalmente marginados. Ante los 
cambios producidos en nuestra sociedad y en sus demandas, nos proponemos 
priorizar en mayor medida polticas activas y participativas que 
combinen el Estado de Bienestar con las capacidades crecientes de la 
sociedad civil, sus ONGs y fundaciones y sus voluntarios.

Todo ello, en la perspectiva de que las responsabilidades frente a 
nuestros mayores, a la infancia, discapacitados, minoras tnicas y 
grupos de alto riesgo, son compartidas y que las soluciones tienen que 
venir a travs de la cooperacin y la participacin social.

la cultura es un factor decisivo para constituir un pas abierto, 
tolerante, plural, dinmico y europeo. Un pas de todos y para todos. 
Con instituciones e infraestructuras culturales de calidad, modernas y 
con recursos suficientes. Donde las lenguas y las culturas de las 
diferentes regiones y nacionalidades sean parte de nuestra riqueza 
social y humana. En el que todos participen de la cultura, como elemento 
prioritario de bienestar social.

El acceso a la vivienda es un elemento necesario para abordar cualquier 
proyecto de vida autnomo. Y los socialistas creemos que el Estado puede 
ayudar en esta tarea. Es mucho el esfuerzo realizado en los ltimos 
cuatro aos, pero siguen existiendo necesidades por cubrir. Entre 1996 y 
1999 queremos impulsar la construccin de medio milln de viviendas, 
mediante ayudas a las familias de rentas medias y bajas, la promocin de 
la vivienda en alquiler, facilidades para el acceso a la primera 
vivienda y tambin para la adquisicin de viviendas usadas y la 
rehabilitacin de las mismas.

Trabajamos para asegurar el desarrollo econmico de las ciudades, para 
que sean ciudades con rostro humano, atractivas para vivir. Ciudades 
pensadas para ser utilizadas. Donde la actuacin pblica est al 
servicio del protagonismo de los ciudadanos.

La defensa del medio ambiente en su ms amplia concepcin, su 
conservacin y su mejora deben de constituir uno de los ejes 
fundamentales de nuestra accin poltica. Para ello es necesario 
proteger la totalidad de nuestro medio natural con especial atencin 
hacia reas de relevante importancia, supeditando la explotacin de 
nuestros recursos naturales a ese objetivo. Todo ello se puede conseguir 
con polticas ordenadoras del territorio y de desarrollo rural integral 
que, garantizando niveles de calidad de vida homologable a sus 
habitantes, eviten la despoblacin de amplias zonas de Espaa.
Debemos evitar la desertizacin de amplias zonas de Espaa, y garantizar 
el suministro de agua a quienes la necesitan. Aprovechando todos los 
recursos a nuestro alcance y llevando agua de donde sobra a donde falta, 
mediante el Plan Hidrolgico Nacional.

Empleo y bienestar social deben conjugarse simultneamente. Para ello es 
necesario disponer de una economa eficiente y en crecimiento. Espaa 
puede y debe aumentar su potencial de crecimiento, tiene que invertir 
ms y mejorar sus niveles de productividad.

La empresa es un espacio imprescindible para la obtencin de esos 
objetivos. La creacin de un marco adecuado para la tarea de los 
emprendedores es perfectamente compatible con la equidad de las 
polticas que se emprendan. Es ms, sin empresas eficientes no habr 
creacin de empleo estable, ni podremos generar suficiente riqueza para 

profundizar en la redistribucin.
Adems, es preciso controlar los desequilibrios econmicos mediante la 
reduccin de la inflacin y del dficit pblico. En 1997, la economa 
espaola debe cumplir las condiciones de convergencia que le permitan 
participar, desde el primer momento, en la moneda nica europea. 

Pertenecer a la Unin Econmica y Monetaria es la mejor -y posiblemente 
la nica- garanta de que los logros sociales alcanzados no sean puestos 
en cuestin a partir de los comienzos del prximo siglo.

El aumento del gasto pblico experimentado en la pasada dcada ha sido 
debido fundamentalmente a la extensin de servicios pblicos bsicos al 
conjunto de la poblacin. Una vez alcanzada la cobertura universal de 
estos servicios el objetivo debe ser asegurar la eficacia y la calidad 
de los mismos, evitando situaciones de despilfarro y fraude. Y 
devolviendo a los ciudadanos, a travs de los servicios que reciben, el 
esfuerzo fiscal que soportan.

Los impuestos deben adecuarse a los condicionantes; de una economa 
abierta al exterior, avanzar hacia la corresponsabilidad fiscal y 
extremarse los instrumentos para perseguir y castigar el fraude fiscal. 
Los impuestos directos tienen que repartir justamente los esfuerzos de 
los contribuyentes sin descargar todo su peso sobre las rentas del 
trabajo, y deben tener en cuenta la desigual distribucin de cargas 
familiares. Las cargas sociales deben tomar en consideracin la 
necesidad de incentivar el uso del factor trabajo.

La gestin pblica debe asegurar calidad de vida a millones de 
ciudadanos que pagan responsablemente sus impuestos. Frente a la inercia 
de un sector pblico que necesitaba crecer para seeficaz, ahora la norma 
debe ser gastar mejor, y si es posible gastar menos; saber con claridad 
qu se debe hacer y qu cosas no tienen que encomendarse al Estado.
El desarrollo de nuestras infraestructuras debe recibir un impulso 
adicional que nos permita alcanzar el nivel medio europeo y corregir 
diferencias entre territorios. Desarrollo solidario y fruto del mayor 
consenso posible. Que integre y coordine las propuestas de los distintos 
niveles de gobierno. Abierto y flexible, tal como se contempla en el 
Plan Director de Infraestructuras.

El territorio debe quedar unido por una vasta red de carreteras y de 
telecomunicaciones, que aumente su competitividad y reequilibre unas 
zonas con otras. Y tambin debemos potenciar un nuevo concepto del 
ferrocarril, especializado y modernizado. El coste de esas polticas 
exige la cooperacin en su financiacin tanto del sector pblico como de 
agentes privados y de los propios usuarios.

Las comunicaciones, y en especial las ms avanzadas tecnolgicamente 
estn cambiando nuestras vidas, nuestro entorno y nuestros modos de 
trabajar. Tienen capacidad para transformar la sociedad, permitindonos 
vivir ms y mejor, mejorando nuestra salud, nuestra educacin, nuestros 
ratos de ocio, nuestro medio ambiente. Permitindonos tener una 
democracia ms participativa, una administracin ms transparente y 
mejorando la produccin de riqueza por nuestras empresas. Queremos poner 
estas tecnologas al servicio de todos los ciudadanos sin discriminacin 
ni exclusin de nadie.

Ante el papel de futuro que representan las telecomunicaciones y las 
autopistas de la informacin, el Estado deber facilitar que todos los 
ciudadanos tengan igualdad de oportunidad de acceso a las nuevas 
tecnologas, as como a la informacin suministrada por los nuevos 
servicios de telecomunicaciones. Debe velar, en definitiva, porque no se 
creen desequilibrios entre territorios y personas como consecuencia de 
la no generalizacin de dichos servicios. Hay que apostar decididamente 
por su extensin y rpido crecimiento de modo que, en este campo, Espaa 
pueda situarse desde el primer momento en el grupo de pases ms 
avanzados.

Las reglas del juego de nuestro sistema democrtico necesitan ser 
revitalizadas bajo el escrupuloso respeto al principio de legalidad. Sin 
respeto a la ley no hay igualdad posible. Quienes pretenden situarse al 
margen o por encima de la ley slo buscan conquistar posiciones de 
fuerza y de abuso de poder, incompatibles con el Estado de Derecho.
Profundizar la democracia es sinnimo de ms democracia poltica, y sta 
exige un delicado equilibrio de controles y contrapesos que debe 
vigilarse y perfeccionarse constantemente. Adems, hay que mejorar el 
nexo de unin entre representantes y representados, para lo cual se 
analizarn las posibles modificaciones de la legislacin electoral.
Queremos ofrecer ante el problema nacional una cultura poltica de 
lealtad, mostrando nuestro reconocimiento y asuncin del pluralismo 
lingstico, cultural e histrico de Espaa. Y frente a quienes tratan 
de explotar el rechazo hacia quienes no son como ellos, nos 
comprometemos a garantizar la tolerancia ante los hechos diferenciales 
de nuestras nacionalidades y regiones.

Es necesario impulsar una nueva etapa de reformas en las 
Administraciones Pblicas, evitando conflictos competenciales y 
promoviendo la cooperacin activa entre el Gobierno, las Comunidades 
Autnomas y las Corporaciones Locales. Igualmente, seguiremos apoyando 
la descentralizacin poltica y administrativa hacia nuestros 
Ayuntamientos. Porque es en nuestras ciudades y entornos metropolitanos 
donde se dan con mayor intensidad las cuestiones bsicas que afectan a 
nuestro proyecto de transformacin: empleo, vivienda, transporte 
pblico, seguridad y justicia, desarrollo urbanstico, atencin a las 
personas, medio ambiente, residuos, cultura, promocin econmica.
Slo es posible concebir el futuro de Espaa dentro de Europa. De una 
Europa fuerte, segura, cohesionada social y territorialmente, solidaria. 
Que coopere con sus vecinos. Cuyo objetivo principal sea incrementar el 
bienestar de los ciudadanos. Dispuesta a realizar el esfuerzo que sea 
necesario en la lucha contra el paro.

Los socialistas queremos que nuestro pas est en condiciones de acceder 
desde el primer momento a la tercera fase de la Unin Econmica y 
Monetaria. Para ello cumpliremos los criterios de convergencia, que son 
los que necesita nuestra economa para crecer y crear empleo de forma 
sostenida y estable.

Defenderemos que entre los objetivos de la Unin figure en lugar 
relevante la creacin de empleo, y que se refuercen las capacidades de 
sus instituciones. Avanzaremos en la definicin de la poltica europea 
de seguridad y defensa. Apoyaremos cuantas iniciativas se desarrollen 
para conseguir una Europa ms segura, que luche eficazmente contra el 
narcotrfico y el terrorismo internacional.

Desde nuestro punto de vista como socialistas, ni Espaa ni Europa 
pueden concebir su futuro desentendindose de lo que sucede en el borde 
mismo de las fronteras del continente. Por el Este, los nuevos pases 
democrticos solicitan su ingreso en la Unin Europea como va para 
consolidar su sistema de libertades, progresar econmicamente y ponerse 
al abrigo de los conflictos surgidos al desaparecer los regmenes 
comunistas. Por el Sur, los pases de la cuenca mediterrnea necesitan 
de la cooperacin solidaria de sus vecinos del Norte para superar su 
atraso y amortiguar las tensiones que les amenazan en su seguridad. La 
solidaridad en nuestra poltica hacia ese grupo de pases y hacia 
Latinoamrica no es slo un imperativo moral sino un requisito de 
nuestra propia seguridad. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: MS EMPLEO Y MS BIENESTAR.

En 1982, propusimos a los espaoles un esfuerzo colectivo para alcanzar 
una gran transformacin social de nuestro pas, que, al mismo tiempo, 
asegurase su modernizacin, su integracin en el mundo exterior y la 
mejora de las condiciones de vida de todos los espaoles.

En este momento podemos decir que hemos cumplido satisfactoriamente el 
objetivo que nos propusimos. El xito no es slo mrito de los 
socialistas, aunque nuestra contribucin haya sido decisiva.
Sin embargo, y a pesar de ser importantes los avances sociales 
conseguidos, no nos damos por satisfechos ni hemos agotado el proyecto 
socialista de transformacin de la sociedad espaola. Hay problemas 
antiguos y nuevos que solucionar y tenemos voluntad e ideas para 
hacerlo.

As, tenemos que proseguir el acercamiento a los niveles de desarrollo y 
de bienestar social de los pases ms desarrollados de la Unin Europea.
Tendremos tambin que hacer un gran esfuerzo para lograr un mayor 
crecimiento del empleo pues el que hemos hecho estos aos, aun siendo 
importante, no ha sido suficiente.

Para aumentar las oportunidades de empleo, otro reto importante al que 
tenemos que hacer frente los prximos aos es el de la formacin. El 
potencial de desarrollo de un pas depende, cada vez ms, de sus 
recursos humanos, del nivel de cualificacin profesional que los mismos 
hayan alcanzado.

La capacidad de adaptacin de las empresas y de la economa a las nuevas 
condiciones de mercado, al cambio tecnolgico y a las transformaciones 
en el entorno internacional, dependen, en gran medida, del nivel de 
cualificacin profesional de los recursos humanos.
La formacin es, tambin, un factor decisivo para favorecer la insercin 
laboral y la promocin social y profesional de los trabajadores puesto 
que determina, de una forma importante la probabilidad de tener o no un 
empleo.

Adems, tenemos que afrontar la consolidacin del Estado de Bienestar y 
su adaptacin a las nuevas circunstancias econmicas y sociales en las 
que vamos a vivir durante los prximos aos.
El impulso que en estos ltimos aos se ha dado, en nuestro pas, para 
la construccin del Estado de Bienestar ha sido decisivo. Nuestro 
objetivo, durante los prximos aos, ser continuar en esta direccin y 
para ello nos proponemos desarrollar nuevas polticas de calidad de vida 
y de bienestar.

Para llevar adelante este compromiso necesitamos volver a obtener el 
apoyo de la mayora social de progreso con que hemos contado estos 
ltimos aos.

Tambin lo necesitamos para evitar la disminucin del Estado de 
Bienestar que est implcita en el programa de la derecha: sus 
propuestas de reduccin de los ingresos, se hacen de forma demaggica, y 
se traduciran en una reduccin de los derechos sociales y del bienestar 
social de los espaoles, especialmente de los ms necesitados.
Queremos poner especial nfasis en las polticas de participacin social 
porque queremos ampliar la base de solidaridad de la sociedad con las 
polticas de bienestar as como propiciar su participacin directa en el 
desarrollo de las mismas.

Creemos necesario potenciar una participacin social responsable en las 
polticas de bienestar, que no sirva slo para reivindicar sino tambin 
para priorizar esas reivindicaciones y contribuir a su satisfaccin.
Nos proponemos, por tanto, activar la participacin de las 
Organizaciones No Gubernamentales y de los movimientos sociales, en 
general, en el desarrollo de las polticas de bienestar.

La sociedad espaola tiene, pues, que afrontar todava importantes retos 
en el terreno social. Y creemos que el compromiso de cambio y de 
progreso social que los socialistas asumimos con la sociedad espaola en 
los aos 1982, 1986, 1989 y 1993, y que sta apoy, en todos los casos, 
mayoritariamente, sigue teniendo plena vigencia.

Proponemos a todos los espaoles un nuevo contrato social, para que 
nuestro pas avance en su modernizacin, con el empleo como objetivo 
primordial, sobre bases de cohesin social y de solidaridad, utilizando 
siempre el dilogo, el compromiso colectivo y la participacin, que 
nutren la democracia econmica desde la profundizacin de la democracia 
poltica. 

Ante todo el empleo

Nuestro primer objetivo para los prximos aos es la creacin de empleo. 
Los principales esfuerzos de nuestra accin poltica van a concentrarse 
en este terreno. Pero el paro es, fundamentalmente, un problema social y 
es en el seno de la sociedad donde ha de encontrarse la solucin. Nos 
proponemos, por ello, desarrollar una estrategia compartida por toda la 
sociedad y en particular por los agentes sociales que, junto a los 
propios parados, son los verdaderos protagonistas. Una estrategia capaz 
de crear las mejores condiciones para potenciar la generacin de empleo 
en la economa espaola.

A lo largo de 1995 el empleo ha aumentado en casi 400.000 personas, ms 
de 1.000 puestos de trabajo netos cada da. Se est produciendo una 
mejora en la situacin del empleo, que no se fundamenta slo en el 
crecimiento econmico de los dos ltimos aos. La moderacin salarial y 
la reforma laboral han tenido efectos favorables para la reduccin del 
nmero de parados. Ahora se crea ms empleo para un mismo nivel de 
crecimiento del PIB.

En los prximos cuatro aos queremos que aumenten todava ms los 
efectos favorables de la reforma laboral sobre el empleo. Con esa misma 
intencin, se propiciarn acuerdos con empresarios y sindicatos que den 
lugar a un mayor reparto de trabajo, a una distribucin del tiempo de 
trabajo ms flexible y a una mejor organizacin del trabajo.

No slo queremos nuevos puestos de trabajo, sino tambin el aumento de 
la estabilidad del empleo y la consecucin de una autntica igualdad de 
oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres. Adems, promoveremos 
el fomento del empleo de los colectivos con mayores dificultades de 
integracin laboral as como el desarrollo y mejora de la formacin 
profesional, adaptndola plenamente a las necesidades del sistema 
productivo.

No cabe duda que el paro se debe resolver en el espacio europeo 
aprovechando el refuerzo que representa la concertacin de polticas de 
empleo en la Unin Europea. En ese mbito es posible avanzar no slo en 
la identificacin de los obstculos a la reduccin del desempleo sino 
tambin en los aspectos macroeconmicos y estructurales que favorecen la 
creacin de nuevos empleos. Durante nuestra presidencia se ha alcanzado 
una convergencia en el anlisis de la va a seguir, y se han sentado las 
bases para una accin coordinada.

PREPARAR LA ECONOMA

Conseguir un crecimiento econmico sostenido es el requisito 
indispensable para la creacin de empleo. La lucha contra la inflacin, 
la reduccin del dficit pblico, la estabilidad monetaria, son 
instrumentos imprescindibles para contar con una economa sana y 
competitiva, en la que se invierta como para generar un nmero 
suficiente de puestos de trabajo.

En especial, la lucha contra el dficit reviste gran importancia de cara 
al cumplimiento de las condiciones  de acceso a la moneda nica. Estamos 
convencidos que ese aspecto puede y debe lograrse sin disminuir las 
prestaciones sociales, educativas o sanitarias.

Pero no basta con esto, pues todava se produciran insuficiencias. 
Traducir el crecimiento econmico en empleo exige, adems, situar la 
poltica de empleo en el ncleo de las estrategias polticas y sociales, 
dando as coherencia a las polticas macroeconmicas y a las mejoras de 
la competitividad.

Es preciso tambin favorecer el desarrollo de nuevas actividades, 
facilitar las iniciativas empresariales e individuales, adecuar la 
oferta y la demanda, mejorando el funcionamiento del mercado de trabajo, 
conseguir un mayor reparto de trabajo y una mejor organizacin del 
mismo, y mantener el proceso de moderacin salarial.

Para que la moderacin salarial y las mejoras de la productividad no se 
conviertan en una mera distribucin de la renta nacional ms favorable a 
las rentas del capital es imprescindible que sirvan, efectivamente, para 
la creacin de empleo.

Para todo ello pedimos una mayor participacin y colaboracin de las 
organizaciones empresariales y sindicales ms representativas.
Tambin trataremos de obtener un grado suficiente de consenso social 
para las actuaciones de poltica econmica y social que se llevarn a 
cabo en los prximos aos con el objetivo de crear ms empleos. Estas 
sern las siguientes:

- Establecer un programa de reformas estructurales, a ejecutar en los 
dos primeros aos de la prxima legislatura, que modifique la 
legislacin sobre colegios profesionales, oficinas de farmacia y rgimen 
del suelo, de cara a introducir competencia en estos sectores y 
favorecer, por tanto, la mejora en la calidad del servicio. Tambin en 
ese plazo se adoptarn medidas para avanzar en la liberalizacin de los 
sectores del transporte y de las telecomunicaciones. Todo ello con el 
fin de mejorar la competitividad de la economa espaola y de facilitar 
la integracin de Espaa en el ao 1999 en la Unin Monetaria.

- Seguir favoreciendo la creacin de un clima favorable a la empresa, 
mediante actuaciones especficas de mejora de la competitividad de las 
pequeas y medianas empresas. Para ello, se eliminarn los obstculos 
administrativos y normativos existentes para su creacin y desarrollo, 
se mantendrn los incentivos a las nuevas iniciativas empresariales, el 
apoyo al esfuerzo inversor de las empresas en I+D y en formacin 
profesional de sus recursos humanos y los incentivos fiscales a la 
creacin de empleo, as como el apoyo a la internacionalizacin de las 
empresas espaolas.

- Apoyar la creacin de iniciativas locales de empleo, mediante la 
utilizacin de los instrumentos financieros comunitarios. En esta tarea 
debemos generar confianza en las comunidades locales y en sus ciudadanos 
sobre sus propias posibilidades de desarrollo, y comprometer a los 
agentes locales y a los interlocutores sociales y econmicos. Con ellas 
podemos obtener un mayor rendimiento de los nuevos yacimientos de 
empleo. Adems, el abandono de los medios de produccin (en), los 
nuevos requerimientos de calidad y las nuevas tecnologas de la 
comunicacin propician que nuevas PYMES puedan crearse en el territorio.

- Favorecer el mantenimiento de una poltica salarial adecuada para 
favorecer el empleo. Esto nos lleva a propugnar un pacto, tcito o 
expreso, por la productividad y por el empleo. En todo caso, los 
incrementos y las estructuras salariales deben vincularse ms a la 
productividad, para lo cual la negociacin colectiva debe tender a ser 
ms flexible en funcin de los trabajadores y las empresas afectadas.

REPARTO DEL TRABAJO

El acelerado incremento de la productividad derivado de la revolucin 
tecnolgica y los modernos sistemas de organizacin del trabajo 
determinan, a nivel global, una disminucin de las necesidades de 
trabajo humano. De ah que la idea de trabajar menos para trabajar todos 
sea correcta y que el objetivo de la reduccin de la jornada de trabajo 
resulte razonable y necesario. Pero tal reduccin, para que ejerciera 
efectos importantes y positivos sobre el empleo, habra de ser notable y 
exigira una amplia generalizacin pues, de lo contrario, afectara a la 
competitividad de unos pases respecto de otros. Por todo ello, sin 
cuestionar la justeza de las reivindicaciones que en este sentido 
plantean, entre otros. la Confederacin Europea de Sindicatos y los 
sindicatos espaoles entendemos que, aqu y ahora, podran darse pasos 
adelante en el reparto del trabajo.

Repartir el trabajo significa, ante todo, ordenar de otra manera el 
trabajo. Para que todos trabajen, es necesario trabajar de otra manera y 
en otras actividades. Se trata de un objetivo social que todos 
-Gobierno, Sindicatos, Organizaciones empresariales- debemos asumir, y 
cuya aplicacin exige promover la cultura del dilogo y la concertacin.
El reparto del trabajo no se limita a distribuir el empleo disponible, 
sino que persigue tambin aumentar la cantidad de trabajo al organizarlo 
de otra manera y al fomentar nuevas actividades que puedan desarrollarse 
a travs de trabajos remunerados.

Adems, el aumento del trabajo slo se logra si somos ms productivos. 
Por ello, toda poltica de reparto del trabajo debe descansar sobre el 
compromiso de no poner en riesgo la productividad. Y ese compromiso 
tiene que llevarse a la prctica a travs del dilogo y la negociacin 
colectiva.

Distribuir mejor el trabajo disponible es una exigencia derivada de los 
valores de justicia, igualdad y solidaridad que defendemos y es tambin 
una posibilidad que queremos explorar. sin poner en riesgo la necesaria 
competitividad de las empresas. El reparto del trabajo disponible puede 
favorecer la incorporacin al empleo de ms personas, especialmente de 
aqullas que tienen ms dificultades objetivas para desempear puestos 
de trabajo de jornada ordinaria completa.

Existen mecanismos e instrumentos que deben ser potenciados porque 
contribuyen a distribuir mejor el trabajo existente y a favorecer un uso 
ms flexible del tiempo de trabajo. Una nueva y mejor ordenacin del 
tiempo de trabajo, que permita un uso ms flexible de ste, puede 
contribuir a mejorar las perspectivas de empleo de amplias capas de 
nuestra poblacin, y en especial de muchas mujeres.

Con esta finalidad se favorecern los acuerdos entre empresarios y 
trabajadores, especialmente al nivel de empresa, destinados a estimular 
el reparto de trabajo, la mayor flexibilidad en la distribucin del 
mismo en el seno de la empresa y los cambios de organizacin del 
trabajo.

Actuar sobre el tiempo de trabajo, sobre el salario y sobre la 
organizacin supone apoyar procesos de negociacin entre los agentes 
sociales para que las ganancias de productividad se dirijan 
fundamentalmente a la reduccin del tiempo de trabajo y a la creacin 
simultnea de nuevos empleos.

Para favorecer acuerdos en esa direccin, se tomarn las siguientes 
iniciativas:

- Se fomentar el cmputo anual del tiempo de trabajo.

- Se apoyar la reduccin de horas extraordinarias y su compensacin por 
tiempo libre.

- Se estimular el uso flexible del tiempo de trabajo a lo largo del 
ao.

- Se propiciar la utilizacin ms intensa del capital, as como los 
trabajos en turnos, que vengan acompaados de acuerdos de reduccin del 
tiempo de trabajo y de contratacin de nuevos trabajadores.

- Se apoyarn los acuerdos de empresa que supongan un mayor reparto de 
trabajo y una mejora de la productividad de las empresas.

- Se estudiarn, con los interlocutores sociales, los incentivos 
fiscales o de otro orden capaces de apoyar acuerdos en materia de 
reparto del trabajo.

- Se seguir fomentando los contratos a tiempo parcial y se modificar 
la normativa reguladora de los contratos de relevo para estimular su 
utilizacin.

- Se establecern medidas experimentales de reparto del trabajo en el 
mbito de las Ofertas de Empleo Pblico y de la Administracin Pblica, 
mediante el establecimiento de jornadas reducidas con carcter 
voluntario.

Por otra parte, trabajar de otra manera significa, tambin, actuar sobre 
la organizacin de la produccin. Por ello:

- Se incentivar la investigacin relacionada con tcnicas de 
organizacin del trabajo y nuevas formas de relacionar tiempo y trabajo, 
y trabajo y ocio, a lo largo de la vida laboral.

- Se fomentarn los permisos temporales de formacin o de 
maternidad-paternidad para el cuidado de los hijos de los trabajadores o 
para actividades de voluntariado consideradas de inters social, siempre 
que supongan la sustitucin en ese empleo por otro trabajador 
desempleado.

Para conseguirlo se favorecern los acuerdos entre los interlocutores 
sociales y se apoyar la negociacin colectiva de planes de empleo que 
contemplen la conversin de trabajo a tiempo completo en trabajo a 
tiempo parcial, la jubilacin parcial progresiva y las reducciones de 
jornada, con la sustitucin de esos trabajadores por desempleados.
El apoyo pblico se concretar en medidas normativas y financieras que 
permitan la utilizacin de las prestacin por desempleo para ayudas 
salariales y la bonificacin de cuotas a la Seguridad Social, en 
especial para la contratacin de jvenes.

Hay que promover, tambin nuevas actividades de trabajo. A travs del 
trabajo pueden satisfacerse necesidades sociales individuales y 
colectivas que hoy no estn atendidas. Parte de la crisis del trabajo es 
un reflejo de una organizacin social inadecuada.

En este sentido, queremos explorar nuevos yacimientos de empleo, 
promover iniciativas territoriales de empleo y los Servicios Integrados 
de Empleo, fomentar la participacin de la economa social en la gestin 
de nuevos servicios as como el desarrollo del autoempleo.

En especial, queremos favorecer:

- Los empleos de proximidad para la atencin de servicios personales, 
labores domsticas, atencin de menores, ancianos y discapacitados en el 
hogar.

- Los trabajos de inters para la colectividad.

- Los empleos relacionados con nuevas necesidades en la conservacin de 
la naturaleza y la proteccin del medio ambiente.

- Los empleos de mantenimiento y recuperacin del patrimonio artstico y 
cultural.

Para la contratacin de estos servicios se simplificarn y eliminarn, 
en su caso, trmites burocrticos y se potenciarn en especial las 
polticas activas de empleo, orientando a su vez la proteccin por 
desempleo para promover la colocacin de sus perceptores en estas 
actividades.

EMPLEO MS ESTABLE

No slo queremos que haya ms empleo. Tambin aspiramos a que los 
puestos de trabajo sirvan para dar ms perspectivas de estabilidad y de 
futuro a quienes los desempean. El empleo estable es una aspiracin del 
trabajador y un requisito para la productividad de las empresas.

Una vez que las nuevas condiciones laborales han permitido reducir 
nuestro nivel de desempleo y asegurar el crecimiento del empleo, nuestro 
propsito es dotar al mercado de trabajo de mayor estabilidad. De 
acuerdo con la reforma laboral, debe respetarse la relacin de 
causalidad entre la duracin del contrato y la naturaleza del trabajo 
que se realiza.

Igualmente mantendremos, en todo caso. la causalidad en la extincin de 
la relacin laboral.

A estos efectos, pretendemos quebrar la tendencia a la temporalidad en 
el empleo que existe desde hace ya algunos aos y reducir, de forma 
significativa, la tasa de temporalidad. Para ello, se tomaran las 
siguientes medidas:

- Mantendremos el uso restrictivo de la contratacin temporal 
configurndola exclusivamente. bien como medida de fomento del empleo 
para los desempleados con dificultades de insercin laboral, bien como 
frmula de contratacin para trabajos de verdadera naturaleza temporal.

- Se establecern medidas de inspeccin especficas para impedir los 
abusos en la utilizacin de contratos temporales, y en la aplicacin de 
la normativa sobre empresas de trabajo temporal.

- Se reservarn los incentivos, fundamentalmente, al fomento de los 
contratos indefinidos.

Para analizar estas medidas, y todas aqullas que los interlocutores 
sociales estimen adecuadas, el Gobierno convocar, al comienzo de la 
legislatura.. a los sindicatos ms representativos y a las 
organizaciones empresariales a una conferencia sobre la estabilidad del 
empleo.

FORMACIN DE CALIDAD

La riqueza de un pueblo se mide por la formacin de sus ciudadanos. La 
inversin en educacin es pieza bsica de la poltica de empleo pues un 
pueblo cuyos habitantes estn bien preparados es un pueblo cuya riqueza 
y patrimonio estn consolidados.

La mejora del sistema de formacin profesional ser prioridad en la 
prxima legislatura. Esto no significa slo aumentar en lo posible las 
inversiones, sujetas como todo gasto a un techo presupuestario, sino 
sobre todo, elevar su calidad. A este objeto debemos contribuir todos: 
poderes pblicos, agentes sociales, empresas e individuos.

- Por ello, la primera medida que emprenderemos ser la elaboracin de 
un Libro Blanco del que surgir la aprobacin de una Ley que contenga 
las bases de la Formacin Profesional.

- Vamos a mantener los compromisos adquiridos y profundizar en su 
desarrollo. No slo los que se derivan del Plan Nacional de Formacin e 
Insercin Profesional, sino tambin los que tienen su origen en el 
Acuerdo Nacional de Formacin Continua, que debe renovarse en 1996.

- Queremos que el nuevo Acuerdo Tripartito posibilite una formacin 
continua ms desburocratizada y cercana a las necesidades del sistema 
productivo. Pretendemos una gestin ms descentralizada con mayor 
presencia de los territorios y de los poderes pblicos, porque este 
acercamiento, a sus beneficiarios incrementar su eficacia. Igualmente 
pretendemos poner ms nfasis en las acciones en favor de los 
trabajadores menos cualificados y menos productivos. Los trabajadores de 
la PYME, los trabajadores autnomos, los agrarios y las mujeres sern, 
por tanto, los colectivos que mayor beneficio habrn de obtener de este 
tipo de formacin.

En formacin ocupacional vamos a proporcionar a los parados, 
especialmente a los de larga duracin, una oferta formativa adaptada a 
sus necesidades individuales y a las de las empresas, de manera 
integrada con el conjunto de medidas de apoyo a la bsqueda de empleo y 
con la proteccin por desempleo. Para ello, adems de la red de centros 
colaboradores, pondremos en marcha un Plan de Formacin a Distancia para 
llegar al mayor nmero posible de beneficiarios, fundamentalmente a los 
del medio rural.

ATENCIN ESPECIAL A LOS JVENES

Los socialistas prestaremos una atencin preferente a la incorporacin 
de los y las jvenes al mundo del trabajo. Para ello proponemos:

- Establecer un "Plan Nacional de Orientacin Profesional" dedicado a la 
informacin de las posibilidades profesionales de cada carrera y 
profesin en los ltimos cursos de BUP, F.P. de primer grado y COU, as 
como de las salidas profesionales de los universitarios.

- Establecer programas en favor de los trabajadores desempleados que 
hayan finalizado, estudios universitarios. Para ello, se potenciarn las 
prcticas temporales en empresas, y se regularn jurdicamente las 
prcticas no laborales de los jvenes trabajadores, impulsando su 
ejercicio, en empresas e instituciones privadas sin fines de lucro y 
ejercitndolo en las entidades pblicas.

- Fomentar los contratos de aprendizaje y el trabajo a tiempo parcial.

- Dotar de mayor contenido formativo a los contratos destinados a los 
jvenes no cualificados y fomentar la conversin en contratos 
indefinidos de los contratos temporales realizados con estos 
trabajadores.

- Seguir impulsando los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

- Crear unidades especiales para el seguimiento y control de los 
contratos de aprendizaje y los contratos a tiempo parcial de los 
jvenes.

- Desarrollar un plan especfico destinado a ofrecer una cualificacin 
mnima a los jvenes que accedan al mercado de trabajo por primera vez.

- Promover la creacin de empresas por los jvenes, poniendo en marcha 
fondos de garanta que disminuyan el riesgo de su financiacin y 
simplificando los trmites administrativos para su creacin.

APOYO A LA MUJER

Tomaremos las siguientes medidas:

- Combatir toda forma de discriminacin laboral por motivo de sexo, bien 
sea en el acceso al empleo, formacin y promocin o salario.

- Desarrollar los programas de informacin y orientacin profesional 
dirigidos a diversificar las opciones profesionales de las mujeres y a 
su reciclaje y especializacin hacia actividades con demanda en el 
mercado laboral.

- Disminuir la segregacin en el mercado de trabajo, favoreciendo la 
formacin de mujeres en nuevas tecnologas y en gestin de empresas.

- Continuar con. los programas de formacin y asesoramiento a mujeres 
del medio rural sobre oportunidades de acceso al empleo.

- Fomentar la capacidad empresarial de las mujeres y facilitar la 
creacin de redes de empresarias.

- Continuar con los programas de accin positiva en la empresa pblica, 
y en el sector privado, para que incluyan a mujeres en sus rganos 
directivos y en la toma de decisiones.

PLANES ESPECIALES PARA COLECTIVOS CON DIFICULTADES

Para ello, se pondrn en marcha las siguientes actuaciones:

- Se establecer un "Programa cuatrienal" en el que se incluirn todas 
las medidas de fomento del empleo y de formacin ocupacional de la 
Administracin Central, buscndose la mxima colaboracin con el resto 
de Administraciones.

- Se apoyar la puesta en prctica de nuevas fuentes creadoras de 
empleos, tales como empleos de proximidad vinculados a actividades o 
servicios personales y de calidad de vida.

- Se reducirn las cotizaciones sociales de los trabajadores menos 
cualificados con el fin de fomentar su contratacin, previndose los 
ingresos fiscales alternativos para garantizar la solvencia del sistema.

- Se dedicar especial atencin, a travs de los Servicios Integrados de 
Empleo y con la colaboracin de los agentes sociales, al fomento del 
empleo de las personas de mayor edad, parados de larga duracin y 
trabajadores minusvlidos. Para estos colectivos se establecern planes 
conjuntos de orientacin profesional, mtodos de busqueda de empleo, 
cursos de formacin profesional y medidas de incentivacin a la 
contratacin.

- Para responder al reto de la reinsercin laboral de los parados de 
larga duracin aprobaremos un Plan especfico de lucha contra la 
exclusin y el paro de larga duracin cuyos ejes bsicos sern los 
siguientes:

- Se garantizar un tratamiento personalizado e individualizado al 
parado de larga duracin.

- Se establecern planes de prevencin, a travs de medidas activas de 
empleo y formacin profesional, para impedir que los trabajadores 
desempleados se conviertan en parados de larga duracin.

- Se ofrecer al parado de larga duracin alguna de estas alternativas: 
un empleo, una oferta de formacin o un trabajo de utilidad social.

- Se apoyarn las empresas de insercin laboral que creen empleos 
especficos para los parados de larga duracin.

UN SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO EFICAZ

La poltica de intermediacin en el mercado de trabajo ha quedado 
reforzada con la autorizacin de las Empresas de Trabajo Temporal y de 
las Agencias de Colocacin sin nimo lucrativo, mediante convenio con el 
INEM. Se permite as, de manera coordinada, una mayor capacidad para el 
rpido emparejamiento de las ofertas y demandas de empleo.

La prdida del monopolio en la intermediacin ha de permitir al INEM 
reforzar los dos principios que sustentan su quehacer: el principio de 
solidaridad y el principio de igualdad de oportunidades. Pretendemos que 
el INEM dedique una especial atencin a los trabajadores ms necesitados 
ofrecindoles en los procesos de insercin o reinsercin laboral un 
valor aadido: la personalizacin de las acciones que sirva para romper 
con el proceso de marginalizacin que viven.

Para hacer ms ocupables a los desempleados, generalizaremos, 
extendindolos a todo el territorio, los Servicios Integrados para el 
Empleo con la participacin de los municipios y de los interlocutores 
sociales. Queremos ofrecer a todo aquel que se acerque a una Oficina de 
Empleo un plan personal que comprenda, hasta su colocacin, acciones de 
informacin, orientacin y clasificacin profesional, acompaamiento en 
la bsqueda de empleo y planes de adquisicin de experiencias 
profesionales.

La actuacin del INEM quedar sujeta a un Contrato Pro() suscrito con 
el Gobierno a travs del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 
que quedarn fijados los objetivos de incrementar el nivel de 
intermediacin y reducir el tiempo medio de atencin de las ofertas de 
trabajo.

Para crear una dinmica favorable al empleo y poner al alcance de todos 
las oportunidades existentes, teniendo presente la potencia de 
comunicacin del medio televisivo, se promover la inclusin en la 
televisin pblica de programas centrados en la divulgacin de todo lo 
concerniente al empleo, iniciativas empresariales. Informacin de la 
Unin Europea y presentacin de experiencias.

UNA JUSTA PROTECCIN POR DESEMPLEO

Una vez que se ha alcanzado un nivel adecuado de equilibrio entre la 
proteccin de los desempleados y la incentivacin de la bsqueda de 
empleo por parte del trabajador, el objetivo ser mantener y mejorar el 
sistema de proteccin por desempleo.

Para aumentar la eficacia del sistema de prestaciones por desempleo se 
tomarn las siguientes medidas:

- Se vincularn progresivamente las prestaciones por desempleo a las 
polticas activas de empleo. Para ello, se establecern frmulas por las 
cuales se podr utilizar la capitalizacin de las prestaciones 
pendientes en subvencionar a las empresas la contratacin indefinida de 
esos trabajadores.

- Se establecern planes especiales de orientacin profesional, tcnicas 
de bsqueda de empleo y de formacin profesional en favor de los 
perceptores de prestaciones por desempleo.

- Se reforzarn los mecanismos de vigilancia y control para evitar 
situaciones de fraude.

Dilogo y participacin en las relaciones laborales.

El marco de relaciones laborales ha experimentado en nuestro pas, en 
los ltimos aos, una importante transformacin para adaptarse a los 
cambios producidos en Espaa en el orden poltico, econmico y social y 
hoy disponemos de un marco jurdico y de unos cauces de negociacin e 
interlocucin modernos y plenamente homologables con el de los pases de 
nuestro entorno europeo.

Los rpidos y constantes cambios que estamos viviendo y los que 
previsiblemente viviremos nos obligan a una adaptacin permanente de 
nuestras relaciones laborales. Profundizar en su modernizacin ser una 
tarea de los prximos aos. Pero ese reto plantea la necesidad de 
avanzar hacia un modelo de relaciones laborales ms participativo y 
cooperativo que favorezca una mayor integracin de los trabajadores en 
la empresa y una mayor cualificacin profesional de los mismos.
Para ello, resulta imprescindible, en primer lugar, potenciar el papel 
de la negociacin colectiva y el de los interlocutores sociales en la 
configuracin y desarrollo de las relaciones laborales. Resulta 
igualmente imprescindible, en segundo lugar, propiciar un cambio en los 
comportamientos y actitudes de los agentes sociales para avanzar hacia 
un modelo de relaciones entre ellos ms participativo y cooperativo. En 
tercer lugar, hay que proseguir el proceso de adaptacin de nuestro 
ordenamiento jurdico laboral al ordenamiento comunitario y avanzar as 
hacia una mayor convergencia a nivel europeo de las instituciones 
laborales. En definitiva, apostamos por un cambio cultural en el 
desarrollo de las relaciones laborales en favor de un sistema de 
corresponsabilidad entre trabajadores y empresa que se desarrolle a 
travs de la negociacin colectiva y que aumente progresivamente los 
puntos de conexin, colaboracin y corresponsabilidad en la marcha de la 
empresa, en su gestin y en su desarrollo. Sindicatos fuertes y empresas 
modernas que, en el respeto a su respectivo papel y a sus legtimos 
intereses, puedan proporcionar un impulso de competitividad y de 
respuesta social moderna desde las empresas espaolas a los nuevos 
retos.

De conformidad con estos objetivos, nos proponemos seguir profundizando 
en el desarrollo de la democracia industrial y para ello:

- Impulsaremos y apoyaremos la ampliacin de los derechos de informacin 
y consulta de los representantes de los trabajadores en la empresa.

- Apoyaremos la introduccin de mecanismos que favorezcan la 
participacin de los trabajadores en la empresa, y realizaremos las 
modificaciones legales necesarias para otorgar a las sociedades 
mercantiles la capacidad de fijar condiciones atractivas para la 
incorporacin de los trabajadores al accionariado de sus empresas, 
garantizando la proteccin de los accionistas minoritarios.

- Impulsaremos y apoyaremos los acuerdos entre los interlocutores 
sociales sobre procedimientos de solucin no jurisdiccional de 
conflictos colectivos.

- Prestaremos el apoyo institucional necesario a la implantacin de los 
rganos paritarios de conciliacin, mediacin y arbitraje que acuerden 
los interlocutores sociales.

- Promoveremos la reforma de la Ley del Consejo Econmico y Social para, 
a partir de la experiencia positiva de su actuacin desde 1991, aclarar 
el alcance de sus competencias consultivas y reforzar su independencia.
Nos proponemos tambin avanzar hacia unas relaciones laborales ms 
estables mediante el control de la temporalidad y la recuperacin plena 
de la causalidad en la contratacin laboral, facilitando para ello las 
tareas de control del cumplimiento de las normas vigentes que tiene 
encomendadas la Inspeccin de Trabajo.

Nos comprometemos a seguir incrementando la capacidad de adaptacin de 
los trabajadores al mercado de trabajo mediante la mejora de su 
cualificacin profesional y para ello reconoceremos el derecho a la 
formacin permanente como un derecho individual de los trabajadores.
Tambin creemos necesario analizar, junto con los interlocutores 
sociales representativos, el funcionamiento de los actuales mecanismos 
de participacin institucional, para deducir los cambios que se precisen 
en orden a mejorar su eficacia y asegurar la participacin real de 
trabajadores y empresarios en la orientacin de las cuestiones que 
directamente les afectan.

Finalmente, y para mejorar el medio ambiente de trabajo y reducir la 
siniestralidad laboral, concertaremos con los interlocutores sociales el 
desarrollo de la Ley de Prevencin de Riesgos Profesionales, en materias 
tales como los Servicios de Prevencin, los procedimientos para la 
evaluacin de riesgos de los trabajadores, proteccin de los menores de 
18 aos, etc. y estableceremos programas que incentiven a los 
empresarios en la puesta en marcha de las previsiones de esa ley.
Las pensiones: tranquilidad de hoy, seguridad de maana
Las pensiones son, ante todo, la principal fuente de seguridad de 
millones de trabajadores y sus familias en la vejez, la incapacidad, la 
viudedad o la orfandad.

Pero el sistema pblico de pensiones est sufriendo ataques de todo tipo 
que, de forma velada o directa, atentan contra su estabilidad. Unas 
veces afirmando que el sistema es insostenible a corto plazo y por tanto 
debe ser sustituido. Otras exagerando las supuestas virtudes de los 
sistemas privados de capitalizacin individual y abogando por la 
transformacin hacia stos, ms o menos gradual. Y, otras, simplemente 
proponiendo polticas que de manera indirecta pero inexorable, 
conduciran a la quiebra del sistema.

Frente a esos ataques, el PSOE se compromete a mantener y consolidar el 
actual sistema de pensiones, pblico, obligatorio y basado en el reparto 
y la solidaridad entre personas, sectores, territorios y generaciones, 
en el convencimiento de que este sistema es el que mejor defiende los 
derechos sociales de los trabajadores y del conjunto de la sociedad en 
general.

Tambin manifestamos nuestro compromiso de defensa del nivel no 
contributivo, y avanzamos nuestra intencin de seguir fomentando un 
nivel libre y complementario de prestaciones, que no debe sustentarse 
sobre la fragilidad del sistema pblico, sino sobre la voluntad de los 
ciudadanos que quieran utilizar su capacidad de ahorro para mejorar las 
prestaciones que reciben de aqul.

CON EXPERIENCIA Y RIGOR

En el caso del PSOE el compromiso de mantener el sistema de pensiones no 
se basa en simples afirmaciones pblicas. Tiene un respaldo slido 
basado en la experiencia de gobierno y en el anlisis profundo de la 
situacin del sistema.

En los aos de gobierno socialista, el sistema de Seguridad Social, del 
que ya en 1982 se deca que estaba en quiebra y deba ser desmontado y 
sustituido por la iniciativa privada, no slo se ha mantenido y 
consolidado sino que ha ampliado y mejorado su proteccin. Se ha 
universalizado el derecho a pensin, a asistencia sanitaria, a 
prestaciones familiares y a los servicios sociales. Y las pensiones se 
han mejorado notablemente.

Desde esta experiencia es desde la que el PSOE asume el compromiso para 
el futuro.

Un compromiso que, adems, viene avalado por los estudios tcnicos ms 
rigurosos realizados hasta la fecha, que demuestran, con datos y sin 
lugar a dudas, que el sistema pblico de pensiones puede mantenerse y 
mejorarse en el futuro si existe voluntad de hacerlo y se adoptan las 
medidas necesarias.

El PSOE compromete pblicamente esa voluntad de garantizar la 
estabilidad y solvencia del sistema de pensiones que asegure el derecho 
tanto de los actuales pensionistas, como de las generaciones futuras.

CON RESPONSABILIDAD

Para garantizar las pensiones no basta con hacer declaraciones 
grandilocuentes al respecto, hay que adoptar las medidas necesarias para 
asegurar esa garanta y el propio desarrollo del sistema.
Queremos consolidar el actual sistema pblico de pensiones y podemos 
realizarlo. Como el PSOE ha hecho en los ltimos aos, adaptando 
continuamente el sistema a la realidad existente en cada momento.
Slo desde la responsabilidad de adoptar esas decisiones puede ser 
creble el compromiso asumido.

Por eso, el PSOE propone a la sociedad el cumplimiento, global y 
consensuado con los agentes sociales, de las recomendaciones del "Pacto 
de Toledo", como mejor medio de garantizar el mantenimiento del sistema 
y su desarrollo futuro. En ese Pacto, el Congreso de los Diputados 
estableci las lneas maestras que deban servir para la adaptacin del 
sistema de pensiones de la Seguridad Social en el futuro. Queremos su 
aplicacin global, y no de forma fragmentaria, con una amplia 
participacin de los agentes sociales en la puesta en marcha de las 
medidas que contiene.

CON CLARIDAD

Queremos un compromiso social para la defensa del sistema pblico. Sin 
"frmulas mgicas" que prometen al mismo tiempo la disminucin de las 
cotizaciones -sin determinar recursos alternativos-, la mejora de las 
prestaciones y la consolidacin del sistema.

Y sin propuestas demaggicas que prometen mejoras de proteccin 
inalcanzables, sin decir los medios que se pretenden emplear para 
conseguirlas.

El PSOE asume su compromiso con el sistema pblico y obligatorio de 
pensiones, desde el rigor y la responsabilidad, con plena transparencia 
y proponiendo las diversas medidas que ofrece a la sociedad para 
asegurar su equilibrio, equidad y solidaridad.

CON PROPUESTAS CONCRETAS

Los socialistas proponemos llevar a cabo las siguientes medidas:

- Mantener nuestro compromiso con los pensionistas asegurando el poder 
adquisitivo de las pensiones.

- Reforzar, de forma progresiva y sin perjuicio de la solidaridad, los 
principios de contribucin y proporcionalidad del sistema de pensiones, 
para que stas sean un mejor reflejo de la vida activa del trabajador. E 
incrementar, a su vez, la equidad del mismo, de manera que a igualdad de 
esfuerzo de cotizacin se obtenga el mismo nivel de pensin.

Para ello, se aumentar paulatinamente el perodo de clculo de la base 
reguladora de las pensiones de jubilacin, a razn de un ao en cada 
ejercicio, hasta llegar a considerar 15 aos en el 2003. Se establecer 
una mayor proporcionalidad entre los aos cotizados y el porcentaje 
aplicable en las pensiones de jubilacin, manteniendo la obtencin del 
100 por ciento con 35 aos de cotizacin. Y se extender el criterio de 
proporcionalidad a las pensiones de invalidez.

- Incrementar la proteccin de las pensiones ms bajas, equiparando la 
cuanta mnima de las pensiones de viudedad para beneficiarios con menos 
de sesenta aos a los importes que perciben los pensionistas con sesenta 
o ms aos.

- De igual modo, se ampliar hasta los 21 aos el lmite de edad para 
poder percibir las pensiones de orfandad. Y en los casos de inexistencia 
de ambos padres, dicho lmite se fijar en 23 aos.

- Se incrementar la cuanta de la prestacin por hijo a cargo a partir 
del tercer hijo.

- Se considerar como cotizado a efectos de jubilacin el perodo de 
excedencia para el cuidado de hijos menores de hasta tres aos.
- En cuanto a la edad de jubilacin:

Manteniendo la edad legal de jubilacin voluntaria en los 65 aos, sin 
perjuicio de la reduccin que proceda en los casos de trabajos penosos, 
txicos, peligrosos o insalubres.

A su vez, se incentivar la permanencia voluntaria en el trabajo ms 
all de los 65 aos, y se ajustarn las condiciones en que puede 
procederse a la jubilacin anticipada, para evitar el excesivo recurso a 
la misma.

- Continuar con la separacin de las fuentes de financiacin segn la 
naturaleza de la proteccin. Se har de forma paulatina y en el 
transcurso de la legislatura, de modo que no se ponga en riesgo el 
proceso de reduccin del dficit pblico. De manera que las prestaciones 
de carcter universal y no contributivas se financien a travs de 
impuestos. Mientras que las cotizaciones sociales se destinarn 
exclusivamente a la cobertura de las pensiones y otras prestaciones 
contributivas.

En cuanto a las cotizaciones sociales:

- Culminar el proceso de aproximacin de las bases de cotizacin a los 
salarios reales hasta hacer coincidir plenamente ambas magnitudes, con 
el lmite del tope mximo de cotizacin nico para todas las categoras 
profesionales.

- Reducir las cotizaciones sociales de los trabajadores con salarios ms 
bajos y menos cualificacin, con el fin de fomentar su contratacin, 
previndose los ingresos fiscales alternativos para garantizar la 
solvencia del sistema.

- Establecer la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia 
del sector agrario puedan, de forma voluntaria, incrementar su base de 
cotizacin.

- Permitir la inclusin voluntaria en la modalidad contributiva del 
sistema de pensiones, de personas actualmente excluidas por no realizar 
actividades lucrativas (trabajos en el hogar familiar, voluntarios 
sociales, etc.).

En cuanto al nivel no contributivo:

- Las pensiones no contributivas han permitido dar cobertura econmica a 
las personas que en la vejez o en la incapacidad se encuentran sin 
recursos y sin otro mecanismo de proteccin. El PSOE se compromete a 
mantener el poder adquisitivo de estas prestaciones, que se seguirn 
financiando a travs de impuestos.

- De igual modo, los beneficiarios de las pensiones no contributivas de 
invalidez que cesen en el percibo de su pensin por obtener recursos 
derivados de una actividad laboral, recuperarn inmediatamente la 
pensin si cesan en esa actividad.

En cuanto a la gestin:

- En 1982, el tiempo que se tardaba en reconocer y pagar una pensin 
superaba los 150 das, actualmente se tarda menos de 20 das en el caso 
de la jubilacin y de 15 en el de la viudedad. La notable mejora en la 
gestin de las prestaciones econmicas de la Seguridad Social es hoy 
reconocida con carcter general.

- De cara al futuro hay que continuar con este esfuerzo, con nuevos 
avances en materia de gestin, eliminando totalmente los tiempos de 
espera en el reconocimiento de las pensiones, facilitando el contacto 
con la Seguridad Social, y proporcionando a los trabajadores informacin 
precisa sobre su vida laboral y las cotizaciones efectuadas por l y las 
empresas para las que trabaj.

Por ello, en este aspecto, nos proponemos:

- El reconocimiento automtico de las pensiones de jubilacin, viudedad 
y orfandad, sin ningn tiempo de espera.

- Facilitar la comunicacin con la Seguridad Social, as como las 
solicitudes de pensin, que se podrn realizar a travs de terminales 
automticos -mediante la utilizacin de la nueva tarjeta inteligente de 
afiliacin a la- Seguridad Social- o telefnicamente, sin que los 
interesados, si as lo desean, tengan que desplazarse de su domicilio y 
con plenas garantas de confidencialidad y seguridad.

- Conocimiento puntual por parte de los afiliados al sistema de la 
Seguridad Social sobre sus derechos de pensin. De manera progresiva y 
con una periodicidad anual, todos los afiliados a la Seguridad Social 
recibirn una comunicacin sobre los perodos de alta en la Seguridad 
Social y. las cotizaciones efectuadas por l y las empresas para las que 
trabaje.

En cuanto al sistema complementario:

- Desde una perspectiva de cobertura econmica, el sistema pblico de 
pensiones debe completarse con sistemas complementarios. En los aos 
1987 y 1995 hemos dado un impulso decisivo a esos mecanismos, que 
constituyen a su vez una fuente de ahorro a largo plazo. El PSOE est 
decidido a mantener y desarrollar tales sistemas, pero siempre desde la 
ptica de que los mismos no sustituyan ni debiliten las pensiones 
pblicas.

salud para todos

La proteccin de la salud y el aseguramiento pblico y universal de los 
servicios sanitarios forma parte de los ideales del socialismo 
democrtico y son un componente esencial del Estado de Bienestar. 
Garantizando un buen sistema sanitario pblico, los socialistas hacemos 
posible la solidaridad de los sanos con los enfermos, de los que tienen 
ms con los que tienen menos, de los que tienen trabajo con los 
desempleados, y de los jvenes con los ancianos.

Para ello presentamos un programa sanitario con dos grandes objetivos 
para la prxima legislatura: mejorar la salud de todos, luchando contra 
las desigualdades en salud, y garantizar un sistema sanitario pblico de 
calidad.

Para hacer frente a estos desafos daremos un nuevo impulso a programas 
ya existentes y pondremos en marcha nuevas iniciativas. Entre ellas:

- Modernizar la organizacin de la salud pblica espaola, clarificando 
las responsabilidades de las distintas administraciones y su 
coordinacin.

- Regular ms restrictivamente la publicidad y promocin de sustancias 
peligrosas para la salud, como el tabaco, las bebidas alcohlicas, los 
llamados productos 'milagro' y otros.

- Establecer, conjuntamente con las Comunidades Autnomas, una 
estrategia nacional para superar las desigualdades en salud, fijando 
objetivos de mejora de los indicadores sanitarios.

- La elaboracin de un Informe Anual sobre la situacin de la Salud 
Pblica en Espaa.

- Un nuevo impulso a la prevencin del SIDA, apoyando a las ONGs que 
trabajan contra la enfermedad y proporcionan apoyo a los afectados, 
desarrollando campaas generales de prevencin y solidaridad, donde se 
promocione el uso de preservativo, y proporcionando informacin sobre el 
SIDA en la enseanza y entre pre-adolescentes.

- Una atencin especial a los problemas de salud pblica que plantean 
las drogas ilegales, incorporando todo tipo de medidas de reduccin de 
riesgos asociados al consumo, y potenciando tratamientos de 
deshabituacin.

- La prevencin de los accidentes de trabajo y la promocin de la salud 
laboral.

- Nuevos esfuerzos en la prevencin de los accidentes de trfico, y en 
la mejora de los servicios a los accidentados.

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, MEJOR Y MS MODERNO

Aunque el SNS es quiz el mejor servicio pblico de nuestro pas, se 
enfrenta a retos y problemas que hacen necesario emprender reformas que 
mejoren la calidad de sus servicios y su organizacin y gestin. Para 
afrontarlos se requiere el mayor consenso y apoyo social.

Los socialistas reafirmamos nuestra voluntad de garantizar a todos los 
ciudadanos un Sistema Nacional de Salud caracterizado por:

- Aseguramiento sanitario pblico, universal e igual para todos, ligado 
a la ciudadana y a la residencia en Espaa.

- Financiacin pblica, mayoritariamente mediante impuestos, siendo 
gratuita para los pacientes.

- Equidad en el acceso a las prestaciones.

- Responsabilidad pblica en la provisin de los servicios, aunque 
abierta a la iniciativa privada, particularmente a aquella sin nimo de 
lucro.

Consecuentes con estos principios y completando la labor emprendida por 
anteriores gobiernos socialistas, aprobaremos una Ley de 
Universalizacin del Aseguramiento Sanitario Pblico que garantizar de 
derecho lo que ya es un hecho para casi el cien por cien de la poblacin 
espaola: el aseguramiento sanitario pblico individualizado, ligado a 
la condicin de ciudadano y residente.

Queremos consolidar y adaptar el SNS a las demandas y retos de la 
sociedad espaola. Para ello adoptaremos diversas iniciativas que, 
partiendo de la Ley General de Sanidad, tendrn cuatro objetivos 
fundamentales:

1. Mejorar la atencin a los pacientes, generando en la sanidad pblica 
una nueva cultura de servicio.

2. Dotar al SNS de un nuevo marco organizativo y de gestin, que 
posibilite mayores niveles de eficiencia, y garantice a largo plazo su 
viabilidad econmica.

3. Promover una medicina de la ms alta calidad y excelencia clnica, 
basada en la evidencia cientfica e inspirada en la tica del servicio 
pblico.

4. Impulsar un nuevo estilo de poltica sanitaria, que contribuya a 
rodear del mayor afecto popular a la sanidad pblica y a los 
profesionales que en ella trabajan.

5. Informatizar los Centros del SNS para facilitar una mejora en su 
gestin y en la atencin al paciente, evitando duplicidad de 
explotaciones.

MEJORAR LA SATISFACCION DE LOS PACIENTES Y LA CALIDAD HACIA UNA NUEVA 
CULTURA DEL SERVICIO EN LA SANIDAD PUBLICA

Con este fin, entre otras cosas, pondremos en marcha o generalizaremos:

- Sistemas eficaces de control permanente de la atencin y trato a los 
usuarios en cada uno de los centros y servicios del SNS.

- La revisin de la Carta de Derechos de los Pacientes del SNS, 
incluyendo garantas eficaces del secreto de la historia clnica y el 
acceso, cuando sea necesario, a la segunda opinin profesional.

- Un Sistema de Quejas y Reclamaciones para los pacientes y sus 
familiares (con una lnea telefnica 900 para facilitarlo) y un sistema 
eficaz de respuesta.

- Compromisos de tiempos mximos en lista de espera, definidos a nivel 
local, de acuerdo con directrices generales basadas en criterios de 
necesidad clnica.

- La publicacin de Guas de Servicios del SNS para cada ncleo 
importante de poblacin y mbito territorial, que informen sobre los 
servicios de la sanidad pblica, su organizacin y utilizacin.

- Una mayor personalizacin de la atencin sanitaria, cuidando los 
detalles y aumentando la capacidad de eleccin de los pacientes, 
poniendo a su disposicin la informacin que precisen, incluyendo la 
publicacin de indicadores de calidad de centros y servicios 
(operaciones canceladas, readmisiones, infecciones postoperatorias y 
otros).

- Revisin y simplificacin de los procedimientos administrativos y 
circuitos de servicio que afecten a los pacientes.

- Nuevos servicios que aporten mejoras a la atencin sanitaria y mayor 
comodidad a los pacientes, tales como hospitalizacin de da, enfermera 
domiciliaria, ciruga ambulatoria, telfono nico coordinado de atencin 
a urgencias, experiencias de consultas todo-eyel-da, etc.

- La implantacin de una nueva cultura de servicio en la sanidad pblica 
que implique profundamente a todo el personal sanitario, que tendr 
acceso a cursos de formacin sobre atencin y trato al pblico, para que 
el SNS pueda responder a las nuevas expectativas de los usuarios.

UN GRAN RETO REFORMAR LA ORGANIZACIN DEL SNS PARA LOGRAR MAYOR 
EFICIENCIA Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD

El SNS precisa una serie de reformas que den mayor autonoma y 
flexibilidad, particularmente en los Hospitales y Centros de Salud. 
Entre ellas, se incluirn:

- La separacin real entre la autoridad sanitaria que financia, 
planifica y evala los servicios sanitarios pblicos, y las 
organizaciones pblicas proveedoras de los servicios, tanto 
hospitalarios como de atencin primaria.

- La creacin para estas ltimas del marco legal de organizacin y 
gestin adecuado a sus funciones.

- Una regulacin especifica y actualizada del rgimen de personal al 
servicio del SNS, diferencindolo del rgimen general de los 
funcionarios pblicos.

Estas reformas suponen un cambio importante en el SNS, y por ello 
debern ser objeto de debate pblico y un slido consenso social. Por su 
propia naturaleza y complejidad su puesta en prctica habr de ser 
gradual y prudente, incluyendo experiencias piloto y la evaluacin 
rigurosa de sus resultados.

UNA MEDICINA DE CALIDAD, BASADA EN LA EVIDENCIA CIENTFICA Y LOS VALORES 
DEL SERVICIO PBLICO

Para impulsarla nos proponemos:

- Seguir mejorando la formacin mdica a todos los niveles, 
perfeccionando el sistema MIR y atendiendo especialmente a la formacin 
continuada.

- Impulsar la investigacin clnica y sobre los servicios sanitarios.

- Facilitar el acceso del personal sanitario a informacin cientfica 
rigurosa.

- Estimular que la prevencin y la promocin de la salud sean parte de 
la cultura de excelencia clnica del SNS.

- Impulsar el trabajo de las Comisiones de Calidad, junto con otros 
sistemas de auditoria y evaluacin de la prctica profesional por los 
propios mdicos.

- Facilitar la participacin de las organizaciones profesionales en este 
esfuerzo.

UN NUEVO ESTILO DE POLTICA SANITARIA

Los socialistas promoveremos un nuevo estilo de poltica sanitaria, 
caracterizado por dos esfuerzos complementarios:

a) hacer ms transparentes y participativos los procesos de toma de 
decisin y, b) promover una mayor vinculacin local de la poblacin con 
sus servicios sanitarios pblicos.

LOS CENTROS DE SALUD Y LOS HOSPITALES
UN NUEVO IMPULSO A LA ATENCIN PRIMARIA

Una sanidad pblica de calidad para todos y con coste asumible slo es 
posible con buenos servicios de Atencin Primaria. Los socialistas 
continuaremos el esfuerzo de mejora de la Atencin Primaria en las 
siguientes lneas:

a) Potenciar los Centros de Salud y los Equipos de Atencin Primaria. 

b) Mejora y personalizacin de los Servicios del Mdico de Familia. Para 
ello nos proponemos:

- Seguir mejorando los procedimientos de eleccin de mdico, e 
incentivando la continuidad y la atencin a las necesidades particulares 
de los pacientes.

- Incentivar una prctica mdica de la ms alta calidad, potenciando la 
formacin continuada, impulsando Comisiones de Calidad.

- Dotar de mayor autonoma organizativa y profesional al mdico.

c) Creacin de un servicio eficaz de Enfermera Domiciliaria
Nos proponemos desarrollar, y generalizar los servicios de Enfermera 
Domiciliaria, poniendo a disposicin de toda la poblacin cuidados de 
enfermera en el domicilio de los pacientes.

d) Hbitos de vida saludable.
Promoveremos en los centros de atencin primaria programas de educacin 
preventiva para los usuarios con problemas de salud benignos.

e) Servicios de farmacia de calidad, a un coste razonable para todos.
Continuaremos el proceso de racionalizacin de este servicio, mejorando 
su calidad y tomando todo tipo de medidas para evitar costes 
innecesarios, tanto para el SNS como para los pacientes. Entre otras:
Incentivando la prescripcin por principio activo, poniendo a 
disposicin de los mdicos una amplia oferta de medicamentos genricos 
de calidad controlada y menor precio que los productos con marca. Hacer 
posible que los pacientes reciban de las farmacias los medicamentos en 
la cuanta precisa para cada tratamiento.
Simplificar, tanto para los pacientes como para el mdico, el sistema 
actual de prescripcin de medicamentos.

El sistema farmacutico espaol se comporta de forma razonablemente 
satisfactoria aunque con problemas que aconsejan su reordenamiento en 
algunos aspectos.

La dispensacin de medicamentos debe mantenerse como un acto sanitario 
integrado en el conjunto del sistema sanitario, no susceptible, por 
tanto, de un tratamiento estrictamente mercantil.

Ello debe hacerse compatible con una menor especificidad en la 
regulacin de los aspectos econmicos inherentes a toda oficina de 
farmacia, con el fin de evitar situaciones de privilegio que encarecen 
el sistema y generan disfunciones de tipologas muy diversa.
Habr que abordar una nueva regulacin, que trate entre otras, de:

- La flexibilizacin de las condiciones de implantacin de nuevas 
farmacias garantizando una cobertura territorial y poblacional 
suficiente.

- La delimitacin ms precisa entre medicamentos y productos de otra 
ndole, liberalizando la venta de estos ltimos en otros 
establecimientos.

LA REFORMA DE LOS HOSPITALES

Los hospitales precisan reformas que modernicen sus estructuras 
organizativas para mejorar la eficiencia y productividad y la calidad de 
sus servicios, tanto mdicos como hoteleros. Por ello, proponemos 
emprender una reforma de los hospitales, que incluya:

- Dotarlos de un amplio margen de autonoma organizativa y de gestin.

- Establecer nuevos rganos de gestin.

- Profesionalizar la funcin directiva hospitalaria y consolidar sus 
estructuras.

- Establecer las bases generales de la carrera profesional de los 
mdicos de hospital.

- Adecuar y hacer eficaces los rganos y mecanismos de participacin del 
personal en la gestin del hospital.

- Favorecer la financiacin complementaria de los hospitales mediante 
aportaciones privadas y de Fundaciones.

- Continuar en la coordinacin entre las diversas entidades, y 
especialmente entre el Ministerio de Defensa y el INSALUD, para la 
optimizacin de la utilizacin de algunos de sus hospitales.

OTROS RETOS SANITARIOS

Atencin a los problemas sanitarios de los ancianos.

La vejez requiere ms atencin sanitaria y que sta proporcione cuidados 
y atencin continuada. En este sentido, la puesta en marcha generalizada 
de los servicios de Enfermera Domiciliaria ser un avance muy 
importante. La coordinacin de los servicios sociales y sanitarios, 
contribuir tambin de forma significativa a mejorar la calidad de vida 
de los ancianos.

La salud de la mujer

La salud de la mujer requiere una atencin sanitaria especfica, desde 
una perspectiva integral. Sigue siendo necesario potenciar:

- La planificacin familiar, la informacin, la prevencin del embarazo 
en la adolescencia y la atencin al embarazo y al parto, dando un 
especial impulso a la informacin y formacin social hacia la poblacin 
joven y hacia los servicios de educadores para que asesoren tambin a 
los padres y madres.

- La prevencin de los cnceres ginecolgicos a travs de la educacin 
para la salud, la prevencin y la deteccin precoz, especialmente en los 
cnceres de mama.

- La promocin de la salud y, la atencin integral a la menopausia.
El sistema sanitario debe garantizar una aplicacin ms gil de la 
interrupcin voluntaria del embarazo y la introduccin de mtodos 
farmacolgicos que puedan evitar en muchos casos mtodos quirrgicos ms 
traumticos.

Los servicios de salud mental.

El gobierno socialista seguir considerando prioritaria la atencin a 
los grupos de poblacin ms desfavorecidos, entre ellos los enfermos 
mentales. Los servicios de salud mental sern objeto peridicamente de 
informes para su revisin y evaluacin, de modo que se garantice siempre 
un adecuado nivel de calidad, de respeto a los derechos de los pacientes 
y de apoyo a sus familias.

La salud escolar.

La salud de los nios y jvenes requiere tambin una atencin especial. 
Por ello, en colaboracin con las Comunidades Autnomas y las Sociedades 
de Pediatra- Puericultura y Salud Pblica, el gobierno socialista 
elaborar un Plan de Salud Infantil y juvenil, cuyo objetivo fundamental 
ser luchar contra las desigualdades de salud y promover hbitos 
saludables en la infancia y juventud.

La salud dental.

Constituye uno de los xitos mayores de la medicina preventiva de 
nuestro tiempo, particularmente en la infancia y juventud. Por ello, 
extenderemos a todos los nios entre 7 y 14 aos los servicios dentales, 
como una prestacin generalizada del SNS.

La sanidad y la cooperacin internacional.

La sanidad es un campo especialmente indicado para la cooperacin y la 
solidaridad internacional. Los socialistas apoyamos el creciente 
movimiento de solidaridad internacional que se desarrolla en Espaa y 
consecuentemente, facilitaremos que los profesionales del SNS puedan 
ayudar temporalmente en la cooperacin sanitaria con los pases en vas 
de desarrollo. Ayudaremos tambin a la reincorporacin a la sanidad 
espaola de aquellos cooperantes que hayan servido en estos pases.
Reduccin de desigualdades con respecto a la salud.

El desempleo, la vivienda marginal o la exclusin social son, entre 
otras, causas de desigualdad para los ciudadanos que los sufren. Y esa 
desigualdad se manifiesta tambin en su capacidad de disfrutar de una 
buena salud y de acceder a los servicios del SNS. Por eso, el Gobierno 
constituir en su seno una Comisin Interministerial para que los 
departamentos implicados analicen los mecanismos susceptibles de 
combatir esa desigualdad, que se manifiesta de manera especial entre los 
jvenes y los mayores.

Educacin, la mejor inversin

La educacin ha sido y es, para los socialistas, una constante prioridad 
en la accin de gobierno. Durante estos aos, se ha impulsado una 
importante transformacin de nuestro sistema educativo con el fin de 
terminar con atrasos histricos y conseguir una educacin moderna y de 
calidad, capaz de formar ciudadanos libres y responsables, preparados 
para incorporarse a una sociedad abierta, plural, tolerante y solidaria.
En un mundo sometido a rpidos cambios: con relaciones cada vez ms 
estrechas entre los ciudadanos de los distintos pases, con veloces 
transformaciones en el campo de la informacin y la comunicacin. y con 
serias incertidumbres para incorporarse al trabajo por parte de los 
jvenes que terminan su formacin inicial: la educacin es para los 
socialistas la mejor inversin, la mejor garanta de futuro.

Al final de la legislatura. estar totalmente en vigor el nuevo sistema 
contenido en la LOGSE. La educacin infantil cubrir toda su demanda, 
ser una realidad la educacin obligatoria hasta los 16 aos, estar 
implantado un sistema completamente renovado de Formacin Profesional y 
de Bachillerato, se habrn mejorado progresiva y notablemente los 
indicadores de calidad y la amplitud de la oferta y de los medios 
educativos.

Es pues el momento apropiado para propiciar cambios. e incluso para 
fomentar algunos debates que nuestra sociedad debe afrontar de cara al 
futuro inmediato. Apostamos porque nuestros hijos sigan teniendo un 
fuerte sistema pblico de calidad, en el que se inscriba la enseanza 
concertada. Apostamos por una oferta educativa equilibrada 
territorialmente. Apostamos porque la educacin sea una garanta de 
derechos y un factor capaz de armonizar la movilidad y la seguridad, un 
catalizador de empleo y la base de los procesos de modernizacin que 
debemos afrontar en el umbral del siglo XXI.

Sobre estos presupuestos. el proyecto educativo que impulsamos los 
socialistas se basa en cinco ejes principales:

- Garantizar a todos los espaoles el derecho a la educacin.

- Mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.

- Culminar la reforma de la Formacin Profesional.

- Contribuir a compensar las desigualdades sociales.

- Favorecer la participacin de la comunidad escolar en la gestin de la 
educacin.

Por todo ello, proponemos al resto de fuerzas polticas y agentes 
sociales, un Pacto por la Educacin que garantice, con la gradualidad 
que se derive de la poltica presupuestaria, una financiacin acorde con 
la media de los pases de la Unin Europea, y unos niveles mnimos 
organizativos comunes que garanticen la calidad y continuidad del actual 
modelo educativo. Este Pacto, deber contribuir a consolidar el sistema 
pblico educativo y hacer de la educacin un componente bsico del 
Estado de Bienestar.

EDUCACIN DE CALIDAD PARA TODOS
UN OBJETIVO PRIORITARIO IMPLANTAR LAS NUEVAS TITULACIONES DE FORMACIN 
PROFESIONAL

El impulso a la formacin profesional es la tarea prioritaria de los 
prximos aos. Con este impulso se facilitar la insercin laboral de 
los jvenes y se ayudar al desarrollo econmico y social de las 
Comunidades Autnomas espaolas. Para conseguir este objetivo:

- Implantaremos las 150 nuevas titulaciones de Formacin Profesional en 
todo el territorio con la colaboracin de las Comunidades Autnomas y 
aseguraremos la formacin en centros de trabajo de todos los alumnos.

- Ampliaremos los programas de garanta social de forma que lleguen a 
todos los jvenes sin titulacin y que aseguren una formacin 
profesional inicial para todos ellos.

- Incrementaremos los medios para que todos los jvenes puedan recibir 
una orientacin profesional en la ltima fase de sus estudios que 
facilite su incorporacin al mercado del trabajo.

- Estableceremos un nuevo sistema de homologaciones y convalidaciones 
entre la Formacin Profesional, la formacin ocupacional y la 
experiencia laboral

UNA OFERTA EDUCATIVA MS COMPLETA

Para conseguir este objetivo formulamos las siguientes propuestas:
- Ampliar los puestos escolares en la etapa de educacin infantil para 
que todos los nios de 3 aos, cuyos padres lo soliciten, tengan una 
plaza asegurada.

- Establecer convenios con las corporaciones locales y otras entidades 
sin nimo de lucro para incrementar la oferta de educacin infantil para 
nios menores de 3 aos.

- Aumentar el nmero de institutos de educacin secundaria y establecer 
frmulas alternativas de trabajo y, estudio a tiempo parcial para los 
alumnos mayores de 16 aos, con el fin de facilitar su progreso 
educativo.

- Desarrollar convenios entre Institutos y Empresas para los alumnos de 
Educacin Secundaria y Bachillerato que les faciliten nuevas 
experiencias formativas en conexin con el mundo empresarial.

- Lograr que todos los centros que impartan Enseanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) cuenten desde la puesta en funcionamiento del primer 
ciclo (12-14 aos) con un mximo de 30 alumnos por aula, con talleres y 
con departamento de orientacin.

- Conseguir que al menos el 80% de los jvenes de 16 a 18 aos estn 
escolarizados en el ao 2.000.

UNA ESCUELA DE CALIDAD

La mejora de la calidad de la enseanza es el gran reto de los sistemas 
educativos modernos. Para ello nos proponemos:

- Lograr que todos los centros de educacin primaria tengan profesores 
especialistas de educacin fsica, lengua extranjera y msica.

- Incrementar la oferta pblica de enseanzas artsticas y de idiomas.

- Incrementar la oferta de idiomas en todas las etapas del sistema 
educativo con profesores especialistas. Los centros podrn organizar una 
iniciacin a la lengua extranjera desde los 4 aos y una segunda lengua 
durante la educacin primaria.

- Dotar de conexiones y equipos informticos a los centros para que los 
alumnos puedan familiarizarse en su trabajo con los sistemas multimedia 
y el acceso a redes de comunicaciones, asegurando la igualdad de 
oportunidades en el uso de estas nuevas tecnologas y creando una mayor 
continuidad entre los medios de trabajo y los de ocio.

- Evaluar a todos los centros sostenidos con fondos pblicos cada cuatro 
aos. Padres, profesores y alumnos podrn conocer los resultados de la 
evaluacin.

- Colaborar con los centros educativos para que informen a la comunidad 
educativa sobre sus proyectos propios y sus planes de mejora de la 
calidad del centro.

- Asegurar que todos los centros docentes pblicos estn abiertos por 
las tardes con el fin de que se organicen actividades complementarias y 
educativas para los alumnos y actividades extraescolares para la 
comunidad.

- Ampliar las zonas de escolarizacin para incrementar la posibilidad de 
eleccin de centro por parte de los padres.

- Crear un departamento de orientacin en todos los centros de educacin 
secundaria en los que no exista en la actualidad, as como en todas las 
zonas escolares de Enseanza Primaria.

- Fomentar la educacin moral y cvicas, apoyar programas para que los 
centros docentes sean escuelas para la convivencia, la tolerancia y la 
participacin.

- Promover aquellas actividades educativas que supongan un apoyo a los 
Derechos Humanos, fomentar cursos de especializacin para profesores en 
estos temas y elaborar los materiales educativos de apoyo necesarios.

- Potenciar el deporte escolar.

- Ampliar los intercambios con los pases de la Unin Europea y 
favorecer el conocimiento de la historia y de la cultura europea.

- Facilitar la estancia de los alumnos de Bachillerato en otros pases, 
a travs de becas, ayudas y programas de intercambios.

- Incorporar a los planes de estudios la educacin ambiental con un 
doble objetivo: la sensibilizacin de los jvenes hacia las cuestiones 
medioambientales y la orientacin profesional hacia un sector econmico 
con gran posibilidad de futuro.

UN COMPROMISO CON LA FORMACIN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 
PROFESORES 

La calidad de la enseanza depende principalmente de la preparacin y, 
profesionalidad de los docentes. Para avanzar en este objetivo nos 
proponemos:

- Incrementar las posibilidades de formacin permanente del profesorado.

- Facilitar y consolidar el acceso de los maestros y profesores tcnicos 
de formacin profesional, con titulacin superior, al cuerpo de 
profesores de secundaria.

- Desarrollar el curso de cualificacin pedaggica y definir las 
posibilidades para que los profesores de secundaria puedan incorporarse, 
inicialmente, a la Universidad como profesores.

- Aumentar el nmero de licencias por estudio para la especializacin 
del profesorado durante el perodo de implantacin de la Reforma 
Educativa.

- Establecer los trmites oportunos para que el profesorado que los 
solicite pueda obtener la reduccin de jornada con la disminucin 
retributiva correspondiente.

- Promover la normativa que posibilite la adscripcin a puestos 
administrativos o de apoyo a la docencia a profesores afectados por una 
notoria merma de facultades fsicas, psquicas o sensoriales.

LAS LENGUAS DE ESPAA: UNA PRIORIDAD EN LA EDUCACIN

Queremos proporcionar un mayor apoyo a los centros y a los profesores 
para asegurar que todos los alumnos aprenden mejor la lengua espaola y 
la lengua propia de las Comunidades Autnomas, en aquellas que la 
posean. Para ello:

- Se incrementar el tiempo dedicado al estudio de las lenguas de Espaa 
y su literatura en la educacin obligatoria.

- Se apoyar especialmente a aquellos centros que amplen su oferta 
educativa en tomo a las lenguas.

- Se impulsarn las bibliotecas escolares en los centros.

- Los programas de evaluacin tendrn especialmente en cuenta los 
progresos de los alumnos en este rea.

UN SISTEMA EDUCATIVO AL SERVICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

La oferta educativa debe llegar a todos los espaoles para conseguir 
aumentar sus niveles de formacin. Con esta finalidad desarrollaremos 
las siguientes iniciativas:

- Garantizar el derecho de todo ciudadano a una formacin continua a lo 
largo de su ciclo profesional, especialmente en el campo de la formacin 
tecnolgica.

- Facilitar la transicin desde el modelo actual de educacin a otro 
caracterizado por la posibilidad de dedicar perodos de tiempo a 
aprender a lo largo de toda la vida. Estudiaremos la posibilidad de 
implantar una cuenta personal en condiciones fiscalmente ventajosas, 
en la que el titular y su empresario, en caso de que lo tenga, podrn 
aportar parte de los ingresos para financiarse, en el futuro, perodos 
de formacin.

- Mejorar la cualificacin y formacin permanente de los jvenes 
trabajadores estableciendo horarios apropiados y flexibles de cursos 
adecuados a sus intereses y actividad laboral.

- Facilitar la obtencin del ttulo de Graduado de Educacin Secundaria 
a travs de los cursos impartidos por televisin.
- Ampliar las posibilidades de aprender idiomas a travs de la 
televisin.

- Incrementar la oferta de bachillerato y de formacin profesional en 
horarios nocturnos y a distancia.

UN SISTEMA EDUCATIV0 COMPROMETIDO CON LA igualdad

Para asegurar una mayor igualdad de oportunidades y una educacin ms 
solidaria, proponemos:

- Incrementar los programas de formacin de personas adultas. tanto en 
la modalidad de enseanza presencial corno a distancia.

- Incrementar los recursos a aquellos centros docentes situados en zonas 
ms desfavorecidas.

- Continuar la poltica de becas ayudas al estudio, con el fin de 
aumentar el nmero de becarios y la cuanta de las becas.

- Poner en marcha un programa de ayudas-becas al transporte escolar y/o 
comedor, que permita la escolarizacin de alumnos de primaria Y 
secundaria residentes en el medio rural, cuando, superado el lmite de 
ingresos actual para acceder a las ayudas, las cargas familiares lo 
determinen.

- Abrir un nuevo programa de ayudas de Residencias para alumnos que 
cursen estudios de ciclos formativos de bachillerato en institutos 
ubicados en localidades diferentes a la que le corresponda, cuando no 
existan en l bachilleratos o ciclos, o no disponga de plaza en el 
mismo.

- Mejorar el servicio de comedores escolares, ampliando su nmero, de 
forma que cualquier alumno de la enseanza obligatoria pueda utilizar un 
comedor prximo a su domicilio. Se extender, asimismo, el servicio de 
desayunos con acogida de alumnos en horario previo al de las actividades 
docentes.

- Continuar con el programa de integracin escolar y asegurar que todos 
los centros sostenidos con fondos pblicos atiendan a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, de forma solidaria y equilibrada.

- Valorar especialmente la dedicacin del profesorado de estos centros.

- Se pondrn en marcha medidas de discriminacin positiva a favor de los 
centros escolares en el medio rural.

LA EDUCACIN COMO ELEMENTO DE IGUALDAD ENTRE SEXOS

El sistema educativo proporciona un entorno para actuar en favor de la 
igualdad entre sexos, permitiendo que las nias tengan pleno acceso a 
todos los tipos de formacin y que nios y nias sean educados para 
tener autonoma en la vida privada y para acceder y cultivar su vida 
emocional, relacional y sexual en igualdad de condiciones. Por ello, nos 
comprometemos a:

- Elaborar mdulos educativos para que niosy nias adquieran los 
conocimientos necesarios para compartir en un futuro las 
responsabilidades familiares.

- Fomentar carreras no tradicionales para hombres y mujeres.

- Garantizar la oferta de cursos de educacin afectivo-sexual para 
alumnos y alumnas en todas las etapas educativas.

- Detectar y suprimir las calificaciones de patologa o enfermedad 
respecto de la homosexualidad en todo texto escolar o universitario.

- Avalar la permanencia en los centros y la continuidad de los 
itinerarios formativos de las alumnas de menos de 18 aos que decidan 
proseguir su embarazo.

COMPLETAR LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS A LAS COMUNIDADES A AUTNOMAS

Se culminar el proceso de transferencias educativas de la educacin 
primaria, secundaria y Formacin Profesional a todas las Comunidades 
Autnomas, garantizando en dicho proceso los recursos necesarios para 
asegurar una educacin de calidad para todos los alumnos.

Adems, desde el Gobierno se ejercern las competencias estatales con 
objeto de:

- Llevar a la prctica el compromiso constitucional de garantizar unos 
mnimos en la formacin comn.

- Garantizar la permeabilidad del sistema para facilitar la movilidad de 
profesores y estudiantes.

- Adaptar la estructura del Ministerio de Educacin a la nueva 
distribucin de competencias educativas.

LA UNIVERSIDAD, MIRANDO AL FUTURO

La Universidad est inmersa en un proceso de cambio y de adaptacin a 
las nuevas exigencias sociales, a partir del intenso ritmo de 
crecimiento y democratizacin que ha registrado en aos pasados. Y en 
este proceso deben participar activamente todos los agentes sociales 
implicados.

Queremos profundizar en la reforma iniciada de los planes de estudio, al 
tiempo que se impone la planificacin estratgica de las universidades y 
la insercin ajustada en esta planificacin de las nuevas enseanzas.
Es preciso hacer transparentes los niveles de calidad mediante la 
evaluacin institucional externa de las universidades. Se ha iniciado ya 
un proceso de estas caractersticas a travs del Plan Nacional de 
Evaluacin de la Calidad de las universidades que deber estar 
plenamente ejecutado al finalizar la Legislatura.

Elementos como la evaluacin del profesorado, junto a medidas como las 
referidas a mecanismos de acceso, carrera formativa ms racional, etc., 
son imprescindibles para la mejora de la calidad docente.
Sin duda, estas medidas deben ir acompaadas de las polticas de fomento 
de la investigacin en la universidad y de las acciones para facilitar 
la adecuada transferencia de los conocimientos y resultados cientficos 
y, tecnolgicos al entorno social y econmico.

UNA MEJOR OFERTA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Para conseguir mejorar y ampliar la oferta universitaria y los servicios 
que la Universidad ofrece a sus estudiantes, proponemos las siguientes 
medidas:

- Crearemos nuevos ttulos de ciclo corto, tanto para atender a los 
sectores econmicos que demanden nuevas profesiones como para permitir 
el reconocimiento acadmico de estudios universitarios parciales.

- Impulsaremos la concesin de prstamos bancarios a estudiantes, 
subvencionados y avalados por el Estado.

- Promoveremos programas promocionando las estancias de estudiantes en 
las empresas para favorecer su futura insercin en el mundo laboral y 
ampliaremos la oferta de becas a los estudiantes de postgrado y 
doctorado.

- Incrementaremos la oferta de residencias a bajo precio para 
estudiantes universitarios, as como un programa de ayudas de 
residencia, para alumnos que no disponiendo de plazas en las residencias 
oficiales, ni becas, se vean obligados a residir fuera de la residencia 
familiar.

- Pondremos en marcha un programa de ayudas por desplazamientos para 
gastos determinados por razn de la distancia, entre el domicilio 
familiar y el centro de estudio, en aquellas zonas donde por razones 
geogrficas exista gran dispersin de la poblacin.

- Fomentaremos la prctica del deporte universitario.

- Incrementaremos el nmero de becas y de becarios, mejorando y 
agilizando los mecanismos de adjudicacin y gestin de las ayudas.

- Aumentaremos la oferta de la Universidad Nacional de Educacin a 
Distancia (UNED) y consolidaremos la red bsica de centros asociados 
para hacer posible una adecuada cobertura en todo el territorio espaol.

- Incorporaremos masivamente las nuevas tecnologas aplicables a la 
educacin a distancia.

UNA UNIVERSIDAD VOLCADA EN LA INVESTIGACIN Y EN EL DESARROLLO

La Universidad debe incrementar su contribucin a la Investigacin y 
Desarrollo espaoles. En la Universidad la calidad debe venir de la mano 
de la actividad investigadora. Para alcanzar este objetivo:

- Seguiremos fomentando la investigacin bsica de calidad.

- Promoveremos la creacin de unidades mixtas de I+D entre la 
Universidad, el sector empresarial y, los centros tecnolgicos.

- Potenciaremos los mecanismos de difusin de los resultados de I+D 
entre los agentes del sistema Ciencia y Tecnologa a travs de la red 
OTRI.

- Orientaremos las becas de formacin de personal de I+D a las 
necesidades de la demanda social.

- Activaremos la divulgacin al ciudadano de los resultados de I+D de 
nuestras Universidades.

MEJORA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

La Universidad espaola ha crecido mucho en los ltimos aos. Ello ha 
permitido atender la demanda de muchos jvenes que sin esa expansin 
nunca hubieran podido acceder a los estudios superiores.

la poltica universitaria de los prximos aos debe buscar. sobre todo, 
el incremento de la calidad de los servicios que la Universidad presta a 
sus estudiantes y a la sociedad en general. Para ello:

- Potenciaremos las funciones de planificacin y coordinacin del 
Consejo de Universidades con una nueva regulacin de su composicin para 
adaptarlo a la actual situacin competencial en la educacin 
universitaria.

- Intensificaremos el proceso de evaluacin de las Universidades, 
recientemente iniciado y financiado por el Ministerio de Educacin y 
Ciencia, para mejorar la calidad de la enseanza universitaria.

- Impulsaremos, junto con las Comunidades Autnomas y los agentes 
sociales, la implantacin de enseanzas de postgrado de carcter 
eminentemente prctico, con el fin de facilitar a los licenciados 
universitarios el ejercicio de su profesin. De igual modo, fomentaremos 
los estudios de doctorado para garantizar la formacin de profesores e 
investigadores para la Universidad y para nuestro sistema de 
Ciencia-Tecnologa.

- Propiciaremos las medidas que permitan a las universidades desarrollar 
aquellos centros que puedan alcanzar una mayor excelencia nacional e 
internacional, para avanzar hacia la especializacin en el mbito 
universitario.

- Fomentaremos la insercin de las Universidades espaolas en las redes 
temticas europeas para coordinar nuestro sistema universitario con los 
de los pases de la Unin Europea.

- Propondremos la ampliacin progresiva del nmero de estudiantes que 
accedan al distrito compartido para garantizar la movilidad en todo el 
sistema universitario. Esta ampliacin ir acompaa del incremento de 
las becas de residencia para garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades.

- Fomentaremos la formacin continuada para facilitar la actualizacin 
profesional con especial atencin a los temas relacionados con la 
innovacin tecnolgica.

- Garantizaremos la coordinacin de la nueva Formacin Profesional de 
Grado Superior con la oferta de estudios universitarios.

REFORMA DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los socialistas estamos convencidos de que la demanda de las diversas 
carreras universitarias debe jugar un papel cada vez ms importante en 
la oferta de plazas que hacen las universidades. Creemos que es bueno 
que sean satisfechas las vocaciones de los jvenes que acceden a la 
Universidad en la medida en que sea materialmente posible.

La reforma de las pruebas de acceso a la Universidad es una tarea que 
emprenderemos de acuerdo con los principios establecidos en la LOGSE y 
de forma que, sin perder su carcter comn para todos los alumnos, 
supongan:

- Una mejor coordinacin entre la enseanza secundaria y la 
universitaria.

- Una mayor autonoma de los centros universitarios para efectuar esta 
valoracin.

- Una mayor presencia del profesorado de enseanza secundaria en la 
organizacin de las pruebas.

- Una mayor valoracin de los conocimientos relacionados con los 
estudios a los que se quiere acceder. 

JVENES Y MUJERES EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Jvenes: desde hoy, protagonistas del maana

Nos encontramos, en este momento, ante la generacin de jvenes ms 
activa, ms preparada y tolerante, de todas las conocidas a lo largo de 
la historia de Espaa. Ello es un gran motivo de esperanza en nuestro 
futuro como pas.

Los jvenes de ahora se encuentran en mejor posicin que los de 
generaciones pasadas y, vivirn en un pas y en un mundo que ha superado 
problemas histricos en este final de siglo.

Pero tambin tienen dificultades para conseguir un trabajo digno, y por 
ello para acceder a una vivienda y planificar su vida. Los jvenes 
quieren emanciparse, ser autnomos, y el mercado por s solo no aporta 
solucin a este gran problema.

Nos planteamos como reto recuperar la confianza de los jvenes: les 
ofrecemos un proyecto compartido. Un proyecto que coordine las distintas 
polticas y a las distintas administraciones. Un gran Plan para los 
jvenes que ponga en relacin esfuerzos y resultados en las acciones de 
empleo, educacin, vivienda, calidad de vida, defensa y servicio social, 
voluntariado. Les planteamos desarrollar juntos propuestas que 
garanticen un nivel de formacin ms elevado, que les pongan en igualdad 
de condiciones con los dems jvenes europeos, mayores oportunidades de 
empleo, un acceso a la vivienda ms fcil y una vida ms saludable.
Queremos trabajar con ellos, cooperando en la construccin de su futuro. 
Un futuro mejor con mejores perspectivas, basado en los valores de 
solidaridad, tolerancia, igualdad y participacin social y poltica.

MEJOR FORMACIN

Las demandas que nuestros jvenes formulan, en este momento, al sistema 
educativo no son tanto de ms formacin, cuanto de un tipo de formacin 
que les permita insertarse ms rpidamente en el mercado de trabajo.
En los prximos aos tendremos que atender prioritariamente esta 
demanda, aprovechando para ello el desarrollo de la Ley Orgnica General 
de la Educacin, (LOGSE), en particular en lo que se refiere a la 
formacin profesional.

Como objetivo general se trata de mejorar la calidad del sistema 
educativo y su vinculacin con el mercado de trabajo, para lo cual 
proponemos:

- Incrementar la calidad de la formacin profesional, adaptndola a las 
demandas del mercado de trabajo.

- Potenciar los programas de garanta social para jvenes que abandonan 
el sistema educativo.

- Desarrollar acciones formativas especficas para los jvenes 
demandantes del primer empleo.

- Generalizar las experiencias de oferta de prcticas de trabajo en la 
formacin profesional reglada.

- Reformar el sistema de acceso a la universidad.

- Potenciar los programas de prcticas en las administraciones pblicas 
en empresas privadas para jvenes inscritos en estudios de postgrado.

MS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Nuestro propsito es que nuestros jvenes cuando concluyan su ciclo 
educativo se encuentren en alguna de estas situaciones: trabajando. 
recibiendo formacin. aprendiendo una profesin, o prestando un servicio 
de utilidad social.

Nos proponemos perfeccionar y ampliar los actuales mecanismos de 
insercin laboral de los jvenes en la siguiente direccin:

- Impulsando los centros de informacin y orientacin profesional. 
creando una red nacional de informacin juvenil en materia de empleo.

- Desarrollando los programas comunitarios Leonardo de Vinci y Scrates.

- Potenciando los instrumentos de poltica de empleo juvenil que 
combinan empleo y formacin: las Escuelas Taller Casas de Oficios y los 
contratos de aprendizaje.

- Manteniendo los actuales incentivos para la contratacin de jvenes.

- Fomentando el trabajo a tiempo parcial los contratos en practicas.

- Promoviendo la creacin de pequeas y medianas empresas por los 
jvenes. A tal efecto pondremos en marcha fondos de garanta que 
disminuyan el riesgo de su financiacin y procuraremos la simplificacin 
de los trmites administrativos.

VIVIENDA MS BARATA Y ACCESIBLE

El problema de la vivienda afecta de forma especial a los jvenes. La 
vivienda es determinante para que los jvenes puedan construir su propio 
proyecto personal y laboral.

Queremos impulsar polticas que permitan un acceso menos costoso y ms 
flexible de los jvenes a la vivienda. En concreto nos proponemos:

- Desarrollar un programa de construccin de viviendas en rgimen de 
alquiler regulado, con opcin a compra, y por debajo del precio de 
mercado, dirigido principalmente a parejas jvenes y jvenes con cargas 
familiares.

- Ampliar los programas de bolsas de vivienda en alquiler para jvenes, 
que ofrezcan seguridad al propietario y al inquilino.

- Conceder subsidios para las rentas pagadas en alquiler por jvenes 
trabajadores desplazados que tengan escasos recursos o por jvenes 
vinculados con un contrato de aprendizaje.

- Intensificar el programa de construccin concertada de viviendas de 
alquiler a estudiantes desplazados.

- Desarrollar programas de rehabilitacin de viviendas en cascos 
antiguos para alquiler o venta a jvenes con bajos niveles de renta.

- Promover las viviendas en propiedad para jvenes con bajos ingresos y 
subsidiar los crditos hipotecarios a jvenes segn niveles; de renta.

- Apoyar programas de informacin a jvenes sobre ayudas y viviendas 
disponibles, as como la creacin de Oficinas Regionales o Municipales 
de Vivienda para Jvenes.

- Apoyar y fomentar las Cooperativas de viviendas juveniles.

MS DERECHOS Y PARTICIPACIN

Los jvenes se caracterizan por asumir como propia la cultura de la 
solidaridad. Los valores de tolerancia e igualdad no les son para nada 
ajenos. Sienten, como necesaria, la participacin en la sociedad y la 
implicacin a la hora de dar solucin a los problemas que afectan a la 
misma. Para ello:

- Potenciaremos el movimiento asociativo juvenil aportndoles las ayudas 
necesarias para que puedan consolidar su funcin de vertebracin social 
y de prestacin de servicios a los jvenes.

- Incentivaremos el desarrollo de la actividad voluntaria en tareas de 
ndole humanitaria, medioambiental y de solidaridad social, a travs de 
las ONGs.

- Consolidaremos la prestacin social sustitutoria igualando su duracin 
a la del Servicio Militar, desarrollando programas de inters social e 
introduciendo en el Reglamento de la Prestacin Social Sustitutoria los 
beneficios previstos en la Ley del Voluntariado.

- Mejoraremos la calidad de las condiciones materiales de prestacin del 
Servicio Militar para los soldados de reemplazo, incrementando las 
posibilidades de eleccin de destinos y potenciando el sistema de 
gratificaciones que garanticen que el Servicio Militar no suponga un 
gasto aadido a las familias.

VIDA MS SANA

El objetivo es promover los hbitos de vida saludables entre los y las 
jvenes, prevenir los riesgos a los que estn expuestos y mejorar su 
calidad de vida a travs de la preservacin del medio ambiente, el 
consumo responsable y el uso formativo del ocio y el tiempo libre.

- Desarrollar programas de formacin de profesores en educacin para la 
salud, y de adquisicin de hbitos de vida saludable entre escolares y 
adolescentes.

- Avanzar en la compatibilizacin entre los derechos de los y las 
jvenes a divertirse y el descanso de los ciudadanos, mediante acuerdos 
entre las organizaciones juveniles y las asociaciones de vecinos y de 
comerciantes.

- Continuar el desarrollo de programas informativos sobre sexualidad y 
mtodos anticonceptivos y de proyectos de educacin afectivo-sexual.

- Proseguir las campaas de prevencin de embarazos no deseados de 
jvenes, del SIDA y de las enfermedades de transmisin sexual 
garantizando en cada caso una asistencia sanitaria digna y sin 
discriminacin.

- Incrementar el control sobre la venta de bebidas alcohlicas y tabaco 
a adolescentes as como de su publicidad, y desarrollar campaas 
preventivas contra el consumo de alcohol, tabaco y drogas por la 
juventud.

- Promocionar modalidades de alimentacin ms sanas entre la juventud.

- Proseguir la cooperacin interministerial para la prevencin de los 
accidentes de trfico entre la juventud y para prevenir la violencia de 
grupos ultraconservadores.

- Propiciar la educacin y formacin de la juventud en materia de medio 
ambiente.

- Fomentar las prcticas deportivas saludables entre los y las jvenes.

- Continuar con la promocin de nuevos creadores jvenes en artes 
plsticas, audiovisuales, msica, cine y teatro estimulando la 
cooperacin con jvenes artistas europeos.

- Promover la participacin de entidades juveniles y de consumidores y 
usuarios en el desarrollo de la poltica de salud y consumo.

JVENES DEL MUNDO

- Favoreceremos la movilidad de los jvenes en periodo de formacin, 
facilitando su insercin laboral a travs de sistemas de intercambio con 
jvenes de otros pases, en particular de pases comunitarios.

- Intensificaremos la cooperacin al desarrollo con los pases 
Iberoamericanos y del Mediterrneo, ampliando los programas de formacin 
de jvenes cooperantes.

JVENES LIBRES, TOLERANTES, SOLIDARIOS Y PARTICIPATIVOS

El papel de una juventud organizada y participativa es cada vez ms 
importante. Orientar a los jvenes en los valores democrticos 
ofrecerles cauces adecuados para expresar sus opiniones y participar 
activamente en la sociedad constituyen ejes de actuacin para el futuro. 

En este sentido:

- Se desarrollarn las previsiones de la Ley del Voluntariado y se 
impulsarn otros proyectos legislativos como una Lev de Fomento del 
Asociacionismo y la Participacin Ciudadana.

- Se fomentar la igualdad de oportunidades entre los sexos en los 
centros educativos, en el trabajo y en los lugares de ocio de la 
juventud.

- Se promovern entre la juventud los valores de solidaridad y 
tolerancia, continuando con la realizacin de campaas de prevencin 
contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

- Las asociaciones juveniles sern asesoradas y ayudadas, impulsando los 
foros de encuentro y formacin y, se mantendr la cooperacin con el 
Consejo de la juventud de Espaa.

- Continuar la promocin y coordinacin de los centros de informacin 
juvenil y mejorar las redes informativas nacionales y europeas.

- Reformar el rgimen jurdico penal juvenil para que, adems de 
orientarse hacia la reeducacin la integracin social, site la edad 
penal en los 18 aos.

Mujeres en igualdad

Las mujeres constituyen, en estos momentos, un gran potencial de cambio 
social y renovacin porque son una fuerza en plena actividad y 
expansin. que ha avanzado en su preparacin y formacin.

Las mujeres han accedido masivamente a la educacin y tratan de 
incorporarse crecientemente al mercado de trabajo. Quieren hacerlo, 
lgicamente, en igualdad de condiciones que el hombre. Demandan asimismo 
una participacin paritaria en la esfera poltica, cultural y, social, 
lo que exige tanto la mejora y ampliacin de los servicios pblicos como 
una verdadera revolucin en la vida cotidiana, con un reparto 
equilibrado de las responsabilidades domsticas y familiares.

EL RETO DE LA IGUALDAD

Los socialistas consideramos que los valores de igualdad y solidaridad 
constituyen nuestras seas de identidad. Por ello entendemos que la 
igualdad entre hombres y mujeres no es una conquista individual sino 
colectiva.

Para la consecucin de la real y efectiva igualdad entre hombres y, 
mujeres, hay que actuar en diferentes frentes.

Un objetivo fundamental en este sentido es trabajar, en el Partido 
Socialista y en todas las instituciones polticas, para lograr una 
presencia paritaria de las mujeres en los rganos representativos y de 
toma de decisiones: el siglo XXI debe ser el siglo de la democracia 
paritaria. Para avanzar en esta direccin es necesario que desde el 
Gobierno y las instituciones existan mecanismos que desarrollen medidas 
de accin positiva.

CONTRATO SOCIAL: CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y SOCIAL

Los socialistas reclamamos un nuevo contrato social entre hombres y 
mujeres que incluya la participacin de las mujeres en la vida pblica y 
una mayor implicacin de los varones en el mbito privado. Queremos 
relaciones libres entre iguales no condicionadas por viejos esquemas del 
pasado.

Las tareas domsticas constituyen un trabajo importante de la actividad 
cotidiana, pero resulta fundamental que estas tareas no estn asignadas 
nicamente a la mujer. Deben ser compartidas por todos los miembros de 
la pareja y de la familia.

En el mbito privado es necesario promover una nueva cultura de reparto 
equitativo de las responsabilidades familiares entre el hombre y la 
mujer, como base para una autntica insercin social y laboral de las 
mujeres.

Los poderes pblicos tienen que:

- Incrementar la oferta de infraestructuras propias o concertadas de 
servicios sociales que se hagan cargo del cuidado de nios, personas 
mayores, enfermas o discapacitadas.

- Flexibilizar los horarios laborales, comerciales, profesionales y 
administrativos.

- Adecuar los horarios de apertura de los centros educativos. 
Incrementar la oferta de escuelas infantiles y comedores escolares, con 
horarios amplios y flexibles, para los nios y nias de 0 a 3 aos.
- Cubrir la cotizacin de la Seguridad Social, por un ao, cuando se 
solicite excedencia, por hombres o mujeres, para atender a familiares 
que necesiten cuidados especiales.

- Permitir la inclusin voluntaria en la modalidad contributiva del 
sistema de pensiones, de personas actualmente excluidas por no realizar 
actividades lucrativas (trabajos en el hogar familiar, voluntariado 
social).

- Apoyar el proceso de cambio de actitudes desde una educacin no 
sexista.

En 1985 los socialistas reformamos el Cdigo Penal para introducir la 
despenalizacin del aborto a travs del sistema de indicaciones. La 
aplicacin de esta reforma, que supuso un gran avance para las mujeres, 
ha puesto de manifiesto sin embargo que hay, todava situaciones, 
distintas de las legalmente previstas, en las que la continuacin del 
embarazo supone graves inconvenientes para la mujer y exigir que lo haga 
por medio de la amenaza penal resulta impropio de un orden jurdico 
democrtico. Por ello en la pasada legislatura, a la vez que se reform 
el Cdigo Penal, propusimos una despenalizacin ms amplia de la 
interrupcin voluntaria del embarazo a travs de una Ley que contempla 
los diversos aspectos sanitarios, sociales y jurdicos. Esta Ley no ha 
podido ser aprobada por la actitud obstruccionista de los partidos que 
representan a la derecha en nuestro pas. Entendemos que la mujer debe 
decidir de manera autnoma y responsable sobre su maternidad. As, en el 
primer perodo de sesiones aprobaremos la Ley que ampla la 
despenalizacin de la interrupcin voluntaria del embarazo con el fin de 
reforzar y respetar la decisin libre e informada de la mujer.

POLTICAS DE ACCIN POSITIVA PARA LA IGUALDAD

Empleo.

En las estrategias de empleo es preciso superar la visin del trabajo 
femenino como subsidiario o complementario de los ingresos del hombre.
Las medidas que proponemos para ello son:

- Combatir toda forma de discriminacin laboral por motivo de sexo. bien 
sea en el acceso al empleo. formacin y promocin o salario.

- Disminuir la segregacin en el mercado de trabajo, alentando a las 
mujeres a realizar trabajos no tradicionales y a los hombres a buscar 
empleo en el sector social, favoreciendo la formacin de mujeres en 
nuevas tecnologas y en gestin de empresas.

- Desarrollar los programas de informacin y orientacin profesional 
dirigidos a diversificar las opciones profesionales de las mujeres y a 
su reciclaje y especializacin hacia actividades con demanda en el 
mercado laboral.

- Continuar con los programas de formacin asesoramiento a mujeres del 
mbito rural sobre oportunidades de acceso al empleo.

- Continuar con los programas de accin positiva en la empresa pblica, 
y en el sector privado para que incluyan a mujeres en sus rganos 
directivos y en la toma de decisiones.

- Fomentar la capacidad empresarial de las mujeres y facilitar la 
creacin de redes de empresarias.

Educacin.

Es importante que todos los procesos educativos incorporen la 
perspectiva de gnero que siente las bases para una nueva generacin con 
actitudes nuevas.

- Detectar las imgenes sexistas que se transmiten en los libros de 
texto y su sustitucin por otras que reflejen ms adecuadamente la 
igualdad entre las personas.

- Despertar el inters, especialmente entre las nias, por materias 
tcnicas y cientficas.

- Desarrollar programas de informacin y, orientacin profesional 
dirigidos a diversificar las opciones profesionales de las mujeres hacia 
actividades con mayor demanda en el mercado laboral.

- Organizar seminarios y cursos dirigidos al profesorado de ambos sexos 
y de todos los niveles educativos. continuando los programas de 
coeducacin.

EL ACCESO DE LAS MUJERES A PUESTOS DE PODER Y DECISIN

En los prximos aos hay que seguir avanzando hacia una democracia en la 
que exista una participacin equilibrada de hombres y mujeres.
El objetivo es incrementar la participacin de las mujeres en la 
representacin poltica nacional, autonmica y local, as como en las 
instituciones Y administraciones pblicas, para ello impulsaremos 
acciones positivas que corrijan el dficit democrtico que supone la 
escasa presencia de mujeres en los puestos de representacin poltica.
Asimismo, resulta imprescindible que la mujer alcance la igualdad en 
todos los mbitos de la vida poltica, econmica, cultural y social y 
ejerza su estatus de ciudadana europea de una forma real y efectiva.

Para ello proponemos:

- El impulso de los mecanismos gubernamentales a favor de la igualdad. 
El mantenimiento y fortalecimiento del Instituto de la Mujer y el 
desarrollo del III Plan para la Igualdad en consonancia con el IV Plan 
de Accin de la Unin Europea.

- La creacin del Consejo de la Mujer de Espaa.

- El establecimiento de subvenciones y, ayudas formativas y tcnicas a 
las ONGs de mujeres y en especial a las de mujeres jvenes, potenciando 
su participacin en las asociaciones.

LA NUEVA IMAGEN DE LA MUJER

Un aspecto fundamental es avanzar en el cambio cultural, de modo que la 
imagen de hombres N mujeres que se transmite en los medios de 
comunicacin responda a las formas de vida actuales y no a los 
estereotipos del pasado.

Por ello incorporaremos como objetivo principal la eliminacin de la 
imagen discriminatoria de las mujeres, y la lucha contra la publicidad 
que utiliza la imagen de las mujeres o se dirige a ellas desde roles 
exclusivamente tradicionales.

Lo haremos a travs de las siguientes medidas:

Actuar de oficio contra la publicidad que atente contra la dignidad de 
las mujeres y de forma positiva, estimular la produccin de la que 
transmite imgenes y, contenidos igualitarios.

Colaborar y, facilitar la labor de asociaciones o redes de mujeres 
periodistas y trabajadoras de los medios de comunicacin, que acten 
como autnticas dinamizadoras en este tema.

APOYO A LAS MUJERES EN CONDICIONES DE POBREZA

En la actualidad una inmensa mayora de personas que vive o sobrevive 
con rentas mnimas son mujeres. muchas de ellas con hijos y ancianos a 
su cargo. Urge dar respuestas de accin positiva para mejorar sus 
condiciones de vida. A tal fin, proponemos:

- Realizar informes bianuales donde se identifiquen propongan medidas 
para corregir las causas de extrema pobreza que afectan a las mujeres.

- Garantizar para estos colectivos de mujeres el desarrollo de programas 
de atencin a la infancia, a personas mayores y con discapacidad. as 
como mecanismos de ayuda a las mujeres que cuidan o se ocupan de sus 
hijos o miembros enfermos, mayores o impedidos de su familia.

- Apoyar de forma especial el acceso a la vivienda a mujeres con cargas 
familiares no compartidas.

- Desarrollar programas de integracin social, empleo y formacin 
profesional, de forma concertada entre todas las Administraciones 
Pblicas y en colaboracin con los agentes econmicos y sociales. 
dedicando una atencin preferente a la situacin de las mujeres 
inmigrantes.

- Favorecer la reagrupacin familiar de los inmigrantes establecidos de 
forma permanente.

- Introducir la perspectiva de gnero en todos los programas de 
educacin y cooperacin para el desarrollo, con el fin de asegurar que 
las estrategias de desarrollo tengan en cuenta las necesidades de las 
mujeres y apoyen su esfuerzo en la superacin de la pobreza, evitando su 
marginacin de las actividades econmicas y sociales.

- Fortalecer la cooperacin con las mujeres de los pases en vas de 
desarrollo, con el fin de promover y proteger sus derechos civiles. 
culturales, econmicos, polticos y sociales.

- Apoyar los programas de solidaridad para los grupos de mujeres 
vctimas de la violencia y de los conflictos armados.

ESPAA SOMOS TODOS

La lucha contra la exclusin: que nadie se quede fuera
Los socialistas queremos construir un pas en el que los derechos 
sociales sean una garanta para todos. Para avanzar en el desarrollo de 
las polticas de bienestar y, calidad de vida, continuaremos trabajando 
para favorecer la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestro pas y facilitar el acceso a los servicios 
pblicos de los sectores de poblacin en situaciones de mayor 
precariedad econmica y social.

Pese al aumento global del bienestar y la prosperidad, se producen 
nuevos riesgos de desigualdad y de marginacin e inadaptacin social y 
se extienden los fenmenos de exclusin social que impiden a aquellos 
que la padecen cualquier posibilidad de ejercer los derechos sociales 
fundamentales y bsicos para el resto de la poblacin. Las vctimas de 
la pobreza, del abandono, de la delincuencia, de la violencia familiar, 
necesitan ayuda social para salir de ella.

Algunos de los problemas sociales con que se enfrenta nuestra sociedad, 
ya sea a nivel local, nacional o internacional, slo pueden ser 
resueltos con la participacin coordinada de todos los elementos que 
determinan la dinmica social: el mercado, el sector pblico y las 
expresiones de solidaridad que surgen de la propia sociedad.

La democracia del siglo XXI debe ser participativa. El Estado, la 
poltica y lo pblico encontraron sus lmites hace ya algn tiempo para 
resolver en solitario los retos de nuestra sociedad. Para mantener la 
cohesin social, garantizando un desarrollo justo e igualitario, el 
Estado necesita de la ayuda del resto de agentes y mecanismos de la 
sociedad civil. Pero tampoco se puede rechazar la poltica, ni convertir 
a las Administraciones y Gobiernos en los nicos responsables de los 
problemas sociales o de la falta de soluciones.

Un Estado que lucha contra la exclusin fomenta el papel de la sociedad 
civil, la participacin ciudadana, el voluntariado y las Organizaciones 
No Gubernamentales. Pero adems exige favorecer una institucin social 
bsica: la familia. Fortalecer la familia es tambin luchar contra la 
marginacin social.

Continuaremos introduciendo las reformas necesarias para garantizar la 
igualdad ante la Ley y realizando polticas integrales para favorecer la 
igualdad de oportunidades, especialmente de los colectivos ms 
vulnerables y desfavorecidos socialmente: la infancia, los mayores, las 
minoras tnicas. las personas discapacitadas, los inmigrantes, los 
refugiados y desplazados, etc.

Este compromiso est basado en una batera de acciones a favor de la 
reinsercin laboral y social. Todos los instrumentos y ayudas se 
orientarn prioritariamente a la formacin y al empleo de los excluidos. 
Sern ms propuestas para hacer que para recibir, ms orientadas a 
facilitar y menos a dar.

El conjunto de polticas en este mbito quedarn recogidas en un Plan 
Integral de lucha contra la exclusin que racionalizar y coordinar 
todas los recursos existentes en los distintos niveles de la 
Administracin y en la sociedad.

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO

Queremos tambin poner especial nfasis en las polticas de 
participacin social y en la promocin de la participacin directa de 
los interesados en las polticas de integracin social. Para ello nos 
proponemos aprobar una nueva Ley de Asociaciones y desarrollar la Ley 
del Voluntariado en todos sus aspectos.

En esta lnea desarrollaremos los siguientes compromisos:
- Crear el Consejo Social de Organizaciones No Gubernamentales y la 
Fundacin Nacional del Voluntariado. Garantizaremos su autonoma as 
como su funcionamiento democrtico y carcter participativo.
- Estudiar la creacin de un Servicio Nacional de Voluntarios que se 
ocupe de las situaciones de emergencia de potenciar aquellas reas de 
voluntariado que la iniciativa social no cubra o cubra 
insuficientemente.

- Impulsar la formacin de personal civil voluntario para acciones 
humanitarias a travs de la creacin de escuelas de accin humanitaria 
que puedan ser gestionadas por las ONGs.

- Convocar la Conferencia Nacional sobre el Voluntariado y la 
Solidaridad para conseguir la mxima participacin de las organizaciones 
y movimientos sociales en estas iniciativas.

- Crear el Censo Nacional de ONGs y organizaciones de voluntariado.

- La financiacin y homologacin de los cursos de formacin de 
voluntarios en las diferentes reas de trabajo -bienestar y asistencia 
social, cooperacin internacional- correra a cargo de los nuevos foros 
NI organismos.

- Bonificar con exenciones fiscales a aquellas ONGs que pudieran 
calificarse como de inters social.

- Subvencionar las primas de seguros de riesgos de las actividades 
voluntarias de asistencia social y de cooperacin internacional que 
cumplan unos requisitos mnimos.

- Desarrollar campaas y actividades de promocin global del 
voluntariado y de actividades voluntarias especficas calificadas de 
prioritarias en un momento dado o ante una emergencia.

SERVICIOS A LAS PERSONAS Y EMPLEOS DE PROXIMIDAD

En la sociedad actual existen grandes necesidades de servicios sociales 
que a menudo no son satisfechas por falta de estructuras o de 
iniciativas rentables para hacerlo, mientras que miles de personas no 
pueden trabajar por falta de un empleo.

Para resolver estos dos problemas de forma conjunta nos proponemos 
consolidar la red pblica de Servicios Sociales e impulsar y desarrollar 
los servicios o empleos de proximidad. promover empleos a travs de 
servicios que se prestan a una persona, una familia o una colectividad.
Para ello, fomentaremos o facilitaremos la creacin de empresas de 
insercin laboral como empresas sin nimo de lucro cuyo objetivo ser, 
por una parte, favorecer la insercin laboral de los colectivos ms 
desfavorecidos en el mercado de trabajo y, por otra, prestar un servicio 
a una persona, una familia o una colectividad.

Su puesta en marcha requerir un fuerte impulso por parte del movimiento 
asociativo que se mueve bien en torno a las personas que buscan empleo o 
bien a las personas que buscan un servicio y, de este modo, fomentaremos 
la actividad de Organizaciones No Gubernamentales y la colaboracin de 
voluntarios, especialmente de los jvenes.

COOPERACIN POR EL DESARROLLO, UN PACTO DE SOLIDARIDAD

Una de nuestras seas de identidad ha sido desde siempre la constante 
preocupacin por las desigualdades y las injusticias tanto a nivel local 
como a nivel planetario. Por ello pensamos que la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo, la marginacin, el profundo subdesarrollo que sufren las 
dos terceras partes de la humanidad constituyen una lacra insoportable y 
el ms importante y urgente problema que debe afrontar la comunidad 
internacional.

El instrumento ms adecuado para avanzar en la solucin de este problema 
es la cooperacin al desarrollo, que debe orientarse al desarrollo 
autosostenido de los pueblos y encaminarse, en primer lugar, a solucionar 
los problemas ms perentorios: salud, educacin, vivienda, nutricin: 
promoviendo a su vez la institucionalizacin y consolidacin de la 
democracia y, el respeto de los derechos humanos y las libertades.

Espaa ha avanzado mucho en este terreno desde 1981, primer ao en que 
dej de ser considerada pas receptor de ayuda exterior por el Banco 
Mundial. Hemos pasado de una ayuda exterior prcticamente inexistente a 
situarnos por encima de la media de los pases donantes ms importantes. 
Del desinters prcticamente generalizado por el tema se ha pasado a una 
movilizacin social y poltica para una mayor y mejor ayuda.
Continuaremos contribuyendo al desarrollo sostenido de todos los pueblos 
de la tierra. Para ello incrementaremos no slo la cantidad sino tambin 
la calidad de nuestra ayuda. Los criterios que guiarn nuestra actuacin 
sern:

- Priorizar la atencin a las necesidades reales definidas por las 
poblaciones receptoras.

- Impulsar eficazmente un desarrollo integral y sostenido de los pases 
en vas de desarrollo.

- La transformacin de los FAD, a fin de mejorar su eficacia en su doble 
vertiente de apoyo a la exportacin y de ayuda al desarrollo.

El objetivo para el ao 2000, al trmino de la prxima legislatura, es 
llegar a destinar un 0.7% de nuestro PIB a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo. Apoyamos un Pacto por la Solidaridad, que permita llegar a 
un amplio consenso social y poltico en la materia. Desde los 
Presupuestos y desde la sociedad se debe ayudar a la consecucin de este 
objetivo.

Para ello propugnamos las siguientes medidas:

- Mejorar la eficacia de la accin de cooperacin para que redunde en un 
desarrollo sostenido de los pases receptores. Apoyamos la eliminacin 
gradualy equilibrada de trabas comerciales a las importaciones 
procedentes de pases del Tercer Mundo: el alivio del peso de la deuda 
externa de estos pases; una mejor y ms rpida transferencia de 
tecnologas, y una mayor atencin a las necesidades reales de los pases 
en vas de desarrollo, definidas por las propias poblaciones receptoras, 
con el objetivo de conseguir un desarrollo integral.

- Incrementar y concentrar los programas de ayuda bilateral no 
reembolsable en las reas bsicas de la educacin y la sanidad, que 
mejoran sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones ms 
desfavorecidas. A ellas destinaremos al menos el 20% del total de 
nuestra ayuda.

- Mejorar la estructura y funcionamiento de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo espaola (AOD), con la aprobacin de una Ley de Cooperacin 
que d las respuestas adecuadas a los problemas que tiene planteada la 
cooperacin al desarrollo espaola. desde su estructura de gestin -que 
debe estar lo ms coordinada posible- a los mecanismos de participacin 
a travs del Consejo de Cooperacin, pasando por la mayor participacin 
del voluntariado y la modificacin del Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD).

- Desarrollar mecanismos que faciliten a la sociedad espaola continuar 
mostrando su solidaridad hacia pases en vas de desarrollo. 
Impulsaremos la puesta en marcha de campaas pblicas para la recogida. 
a travs de las ONGs, de fondos privados y voluntarios destinados a la 
ayuda de emergencia y a acciones humanitarias concretas.

Una vejez digna

En los ltimos quince aos se ha producido en nuestro pas una 
transformacin importante en el colectivo de las personas mayores, un 
colectivo cada da ms numeroso, que vive ms seguro econmicamente, 
cuya salud y autonoma es cada da mayor y, que han optado, de forma 
mayoritaria. por un modelo de vida independiente.

Las demandas de este colectivo en este momento inciden sobre todo en la 
proximidad de los servicios y los equipamientos y en la necesidad de 
avanzar en un mayor protagonismo social, econmico y poltico.
Merece especial mencin la atencin a las mujeres mayores: en ellas 
concluyen los riesgos y circunstancias de todas las personas mayores, 
pero con una historia personal generalmente dotada de menos 
oportunidades de desarrollo personal y, social y de acceso a los 
derechos y, beneficios que la sociedad ha otorgado generalmente a los 
hombres.

Queremos impulsar el reconocimiento de derechos bsicos de los mayores. 
como el derecho a una calidad de vida digna durante la vejez, fomentando 
la permanencia en el entorno familiar, en condiciones dignas, y la 
dotacin de una red suficiente de alojamientos alternativos. 
preferentemente en el mbito local o comarcal, para aquellas situaciones 
que lo requieran.

Los mayores tienen derecho a estar presentes en la convivencia 
comunitaria, tanto individualmente como a travs de un movimiento 
asociativo, para aportar su experiencia, recogiendo la memoria histrica 
y siendo el cauce para transmitir los valores ticos a las nuevas 
generaciones. Tambin deben ser consultados en todas las iniciativas 
pblicas. Para ello, debemos promover los Consejos de Mayores e impulsar 
sus actividades all donde estn ya constituidos.

Seguiremos cumpliendo los compromisos asumidos en anteriores 
Legislaturas con las personas mayores a travs del Plan Gerontolgico. 
En concreto nos comprometemos a:

Seguir garantizando su seguridad econmica a travs de la cobertura de 
las pensiones. y en consecuencia a aplicar las medidas previstas en el 
Pacto de Toledo para garantizar la solvencia del sistema pblico de 
pensiones. continuar garantizando la equiparacin de la pensin mnima 
familiar al salario mnimo neto y a revalorizar las pensiones de acuerdo 
con la evolucin de los precios para garantizar el poder adquisitivo de 
las mismas. Tambin planteamos, de acuerdo con el Pacto de Toledo. 
mecanismos para permitir que la edad de jubilacin sea cada vez ms una 
opcin individual, y no una imposicin legal.

Mejorar su bienestar fsico, y psquico, protegiendo su salud y 
ofreciendo la asistencia sanitaria adecuada. Una parte esencial de 
nuestra propuesta es crear una red articulada de servicios que cubran 
las necesidades de atencin a las personas mayores. Los objetivos 
especficos de estos servicios son:

- Mantener la continuidad de los cuidados entre los diversos niveles de 
atencin.

- Evitar internamientos hospitalarios inapropiados.

- Coordinar los distintos niveles y los servicios sanitarios y sociales.

- Primar los equipamientos asistidos residenciales, descargando as a la 
red hospitalaria de una atencin que no requiere de cuidados mdicos 
sofisticados.

- Potenciar la prevencin del deterioro funcional y la promocin de la 
salud, favoreciendo el mantenimiento de los ancianos en su medio 
habitual.

En este sentido continuaremos la implantacin de los servicios de 
Coordinacin Sociosanitaria hasta cubrir todo el trmino nacional, para 
proporcionar tratamientos integrales y cuidados alternativos a la 
hospitalizacin de las personas mayores dependientes.

LA VIVIENDA DE LOS ANCIANOS Y SU ENTORNO

La vivienda es un problema que atae tambin a los mayores. Muchos de 
ellos habitan en viviendas que no renen las condiciones para garantizar 
una digna calidad de vida. Es importante que las Administraciones 
garanticen a los mayores con bajos ingresos econmicos, la ayuda para la 
rehabilitacin y mejora de las viviendas, y para la eliminacin de 
barreras arquitectnicas en sus domicilios.

Debern potenciarse programas que favorezcan la convivencia de varias 
personas mayores en pisos de su propiedad, o en pisos tutelados de 
convivencia intergeneracional (mayores y jvenes), o de experiencias de 
acogimiento de mayores en familias.

Tambin los transportes pblicos, especialmente los municipales, pueden 
facilitar a los mayores su relacin con el entorno social: los 
socialistas promovernos en los Ayuntamientos que las flotas de autobuses 
vayan incorporando vehculos de plataforma baja ms accesibles, tanto a 
los mayores como a minusvlidos o personas con dificultades transitorias 
de movilidad.

LOS SERVICIOS SOCIALES

Hay mayores en situaciones de marginacin, que necesitan medidas 
especficas de apoyo, para compensar las desigualdades.- pero tambin 
cada vez ms, hay mayores que tienen otras demandas comunes a la mayora 
de los ciudadanos. Los Servicios Sociales dirigidos a los mayores con 
carcter especfico sern:

Programas destinados a personas mayores que presentan determinados 
niveles de dependencia:

- Atencin domiciliaria, a travs de servicios de ayuda a domicilio, 
servicios de teleasistencia y adaptacin de viviendas.

- Servicios Sociales Intermedios, que se concretaran en: servicio de 
estancias diurnas, servicio de estancias temporales y sistemas 
alternativos de alojamiento. En colaboracin con las Comunidades 
Autnomas y los Ayuntamientos se potenciar la creacin de 
miniresidencias en el medio rural.

- Atencin Institucional, mediante residencias asistidas y centros de 
atencin socio-sanitaria, garantizando los cuidados especficos de 
carcter humano y social, que el anciano incapacitado necesita, y los 
servicios mdicos y rehabilitadores adecuados.

- Programa de Coordinacin Socio-Sanitaria para la atencin a las 
personas mayores, dirigido principalmente a aquellas personas en las que 
coexisten necesidades de atencin por parte de los servicios sanitarios 
y de los servicios sociales.

- Programa de Apoyo Familiar, fomentando el desarrollo de servicios de 
apoyo a los cuidadores informales. como estancias diurnas y estancias 
temporales en residencias. Deducciones en el sistema impositivo. Acceso 
a nuevas tecnologas. Estudio de posibles mejoras a introducir en el 
sistema de incapacitacin legal de las personas mayores.

- Programas destinados a personas mayores de 65 aos con un nivel de 
autonoma personal y funcional aceptable, capaces de una vida 
independientes:

- Fomentar el uso creativo del tiempo libre en las personas mayores. 
entrenndoles para una vida til y creativa.

- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, incidiendo en el 
Turismo Social y el Termalismo Social.

- Mejorar la imagen social de los mayores, abundando en su funcin 
social y en las actividades con las que los mayores contribuyen al 
bienestar de la comunidad.

- Prevenir la soledad de las personas mayores independientes y estimular 
su corresponsabilidad y la posibilidad de apoyo mutuo: a travs de, por 
ejemplo, viviendas tuteladas.

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIN DE LAS PERSONAS MAYORES

Nos proponemos:

- Dar el apoyo preciso para el desarrollo y fortalecimiento del 
asociacionismo de la Tercera Edad.

- Establecer cauces de participacin en los que los mayores, a travs de 
sus representantes, puedan participar en la concrecin de todas aquellas 
polticas que afectan a su bienestar como colectivo.

- Reforzar y difundir el Consejo Estatal de Mayores, constituido en la 
legislatura pasada.

- Regular medidas para prevenir y en su caso castigar los abusos en 
cuanto al uso y disfrute de los bienes de los mayores, por parte de sus 
descendientes.

En Familia

En las ltimas dcadas, la familia espaola ha experimentado una gran 
transformacin. El nuevo papel de las mujeres en la sociedad, la 
democratizacin de las relaciones en el seno de las familias y el mayor 
protagonismo de los nios, las nias y los adolescentes han sido 
factores decisivos en esa transformacin, que estn dibujando nuevos 
modelos de padre y de madre, nuevos valores que afectan a la igualdad en 
cuanto a derechos y obligaciones de hombres y mujeres Y nuevos estilos 
educativos.

El descenso de la fecundidad y de la nupcialidad por un lado, y el 
aumento de las rupturas matrimoniales y de las parejas de hecho por 
otro, han originado nuevos tipos de familias. Debemos admitir que todas 
las formas familiares son legtimas respetables y merecen la solidaridad 
y la consideracin de la sociedad y  de las administraciones pblicas.
Todas las polticas de accin positiva realizadas hasta ahora han jugado 
un papel importante para la familia y se tienen que seguir 
desarrollando. El Plan Integral de juventud, los Planes de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres, el Plan Gerontolgico para los Mayores y 
el Plan de Accin para las Personas con Discapacidades deben seguir 
jugando un papel importante para las familias con menos recursos, con 
ms problemas o ms desestructuradas.

En el plano legal proponemos las siguientes medidas:

- Apoyar fiscalmente a las familias con personas mayores a su cargo.

- Revisar y adecuar los procesos de contenciosos familiares para que 
exista mayor eficacia judicial en nuestro Derecho de Familia.

- Especializar los Juzgados de Familia con jueces especializados y con 
equipos interprofesionales de apoyo.

- Ampliar el concepto de familia numerosa a favor de las personas 
discapacitadas y de las familias con nios con discapacidad, incluyendo 
en la Ley que sern consideradas familias numerosas de primera 
categora:
a)	las constituidas por el la cabeza de familia y su cnyuge, cuando 
ambos fueran minusvlidos y tuvieran un hijo.

b) Las familias con dos hijos de los que uno de ellos sea minusvlido.

- Reforzar y ampliar, todo lo que est en nuestras manos, los convenios 
bilaterales entre pases para fomentar la adopcin internacional y 
propiciar y hacer frente a la demanda creciente que de adopciones existe.

- Priorizar en el acceso a las viviendas de promocin pblica a las 
familias con hijos e hijas a su cargo.

- Contemplar ayudas domsticas y ventajas fiscales a las familias que 
tengan hijos e hijas a su cargo en concepto de guarderas.

Todos estos cambios legales se articularn en un Plan de Accin Integral 
hacia la Familia

MEDIDAS DE APOYO A LA NATALIDAD

En los ltimos 20 aos. Espaa ha reducido significativa mente su tasa 
de natalidad.

El mantenimiento de esta tendencia planteara graves repercusiones para 
el futuro de nuestro pas, y, en particular para sostener el Estado de 
Bienestar y el sistema de pensiones pblicas. Corresponde, por tanto, a 
los poderes pblicos situar el problema ante los ciudadanos. propiciar 
una reflexin colectiva sobre las causas que inciden en esta situacin y 
adoptar las medidas necesarias para atajarla.

El apoyo a la natalidad que proponemos los socialistas debe conciliarse 
con el derecho de las mujeres al trabajo y la igualdad entre los sexos. 
Las medidas que se adopten deben favorecer el compatibilizar trabajo y, 
familia, tanto en los hombres como en las mujeres, y un reparto ms 
equitativo de las responsabilidades familiares.

LAS PAREJAS DE HECHO

Cada da son ms frecuentes las uniones estables de personas bajo forma 
distinta del matrimonio. Los socialistas queremos garantizar, a travs 
de la correspondiente Ley, que esas formas estables de convivencia 
puedan generar una serie de derechos y obligaciones mutuos y frente a 
terceros. As entendemos que se evitan discriminaciones injustificadas.
Esas uniones de hecho debern ser con consentimiento mutuo, pblicas y 
notorias, estables, constituidas por dos personas mayores de edad y, con 
independencia del sexo y orientacin sexual de sus componentes.

Tambin los nios tienen derechos

Los socialistas compartimos plenamente la Declaracin Universal de los 
Derechos de la Infancia (Convencin de los Derechos de la Infancia): 
hemos de tratar a los niosy las nias como individuos como ciudadanos y 
facilitar los procesos de participacin en los asuntos que les afectan. 
En base a este principio, proponemos:

- Garantizar la proteccin de los derechos del nio, a partir de la Ley 
de Proteccin del Menor ya aprobada.

- Proteger el derecho a la intimidad de los nios y las nias en los 
procesos civiles y penales.

- Apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales que tienen como 
objetivo la proteccin de los derechos de los nios y nias como sujetos 
de pleno derecho. Crear el Consejo de Infancia como instrumento de 
participacin y de consulta del movimiento asociativo.

- La regulacin de la programacin de los medios de comunicacin 
dirigidos a la infancia, de forma que promuevan valores ticos y de 
solidaridad y que eviten los mensajes de violencia y discriminacin.

- Establecer la obligatoriedad de desarrollar actividades de educacin 
para la paz, la salud y seguridad vial en los centros de enseanza.

- Establecer normas de especial proteccin a la intimidad de los nios y 
nias en los medios de comunicacin y desarrollar normas sobre la 
publicidad dirigida a la infancia o protagonizada por los nios.

- Desarrollar un plan de accin sobre infancia que promueva medidas de 
apoyo a los menores en situaciones de dificultad social, de promocin de 
los derechos y de participacin de los nios y las nias. de 
compensacin de las desigualdades sociales en el mbito de la educacin 
y la salud, el tiempo libre, el consumo y la convivencia y socializacin 
en el seno de la familia.

Todos contra las drogas

La lucha contra las drogas es una tarea de todos. Requiere de un 
esfuerzo cultural y solidario de toda la sociedad. Un compromiso en la 
respuesta a los problemas generados por el uso indebido de drogas, en 
las actitudes y valores que se deben promover. y en el apoyo a la lucha 
policial e institucional contra el narcotrfico.

Para ser eficaces en esa batalla, es necesario seguir manteniendo el 
consenso bsico que existe entre todos los grupos polticos en relacin 
con el problema de las drogas y mejorar los niveles de coordinacin 
institucional a travs del Plan Nacional sobre Drogas. 

La respuesta social y poltica pasa, en este momento por reforzar la 
eficacia de las medidas preventivas y rehabilitadoras que tienen como 
destinatario el drogodependiente o al que tiene el riesgo de serio, y de 
las medidas represivas que tienen el objeto de combatir el narcotrfico.

PARTICIPACIN SOCIAL CONTRA LAS DROGAS

La participacin social es clave para hacer frente al problema de las 
drogas. Es lo que realmente puede cambiar el curso de la lucha contra 
las drogas.

Sin un decidido firme rechazo de las drogas por parte de la sociedad no 
ser posible ganar la batalla. Por ello, nuestro propsito es seguir 
estableciendo cauces para que se produzca dicha participacin. En este 
sentido nos proponemos:

- Crear el Consejo Asesor de respuesta a las drogas, en el que 
participen las diversas asociaciones.

- Intensificar y extender los programas de prevencin de drogas en el 
medio educativo.

- Impulsar programas de prevencin de drogas en el mbito laboral.
La participacin social es clave para hacer frente al problema de las 
drogas. Es lo que realmente puede cambiar el curso de la lucha contra 
las drogas. Sin un decidido y firme rechazo de las drogas por parte de la 
sociedad no ser posible ganar la batalla. Por ello, nuestro propsito 
es seguir estableciendo cauces para que se produzca dicha participacin.
 
En este sentido nos proponemos:

- Crear el Consejo Asesor de lucha contra las drogas, como rgano 
permanente de dilogo con los distintos agentes sociales, en el que 
participen las diversas asociaciones.

- Intensificar y extender los programas de prevencin de drogas, y 
actividades de educacin para la salud previstos en la LOGSE, en todos 
los centros educativos, incluyendo la cooperacin de las asociaciones de 
padres, vecinales, servicios sanitarios, sociales, policiales y 
entidades locales.

- Impulsar programas de prevencin de drogas en el mbito laboral, 
apoyando la implicacin de los agentes sociales de la empresa.

- Reforzar las estrategias dirigidas a los procesos de incorporacin 
social de las personas con problemas de drogodependencias (programas de 
formacin. de incorporacin laboral de apoyo residencial).

- Favorecer la participacin de la propia sociedad. mediante las ONGs, 
en los programas y actividades de prevencin del uso de drogas.

SERVICIOS DE ATENCIN A LOS DROGODEPENDIENTES

Mediante una asistencia integrada y programas de reduccin del dao, 
utilizando para la atencin a los drogodependientes el sistema pblico 
de salud y de servicios sociales. Proponindonos:

- Diversificar la red de recursos asistenciales constituida, aumentando 
su eficacia y completando sus prestaciones, a travs de centros de 
desintoxicacin, centros de da y centros teraputicos.

- Desarrollar e impulsar los programas de objetivos intermedios y de 
reduccin de daos, con el objetivo de adelantar la toma de contacto de 
los consumidores con los dispositivos asistenciales.

- Procurar que Centros de Salud y Ambulatorios estratgicos realicen 
polticas de reduccin de dao, con sustitutivos de opiceos (metadona) 
y programas de intercambio de jeringuillas mediante convenios con las 
CC.AA en su caso.

- Aumentar el nmero de plazas hospitalarias en unidades de 
desintoxicacin, dentro de la red sanitaria pblica.

- Generalizar las lneas telefnicas de informacin las 24 horas del 
da, como sistema de ayuda inmediata.

- Impulsar la coordinacin y realizacin de actividades conjuntas entre 
los Ministerios de justicia e Interior y el Plan Nacional sobre la 
Droga, para la prevencin del SIDA, y el desarrollo de programas de 
metadona en los centros penitenciarios. As como la extensin de los 
programas asistenciales.

- Desarrollar plenamente las medidas de tratamiento de toxicmanos 
condenados, alternativas a la prisin, previstas en el nuevo Cdigo 
Penal.

- Continuar potenciando el apoyo a las ONGs que participen en el proceso 
de reinsercin social.

Los refugiados, entre nosotros

La solidaridad demostrada por la sociedad espaola con las personas que 
se ven obligadas a abandonar sus pases a causa de persecuciones, 
conflictos o disturbios de carcter poltico, tnico o religioso, 
requiere una respuesta que contemple:

- Una mayor presencia espaola en los programas internacionales de 
atencin a los colectivos de personas refugiadas y desplazadas 
desarrollados en otros pases.

- Una atencin prioritaria a los programas de ayuda al retorno al pas 
de origen y al asentamiento en terceros pases.

- Continuar con el impulso de programas de acogida temporal de los 
solicitantes de asilo y desplazados, cuidando especialmente su 
alojamiento.

- Incrementar las garantas y ayudas prestadas a los solicitantes de 
asilo, procurando que todos ellos cuenten con asistencia letrada desde 
el primer momento; garantizando que el examen de la solicitud se har de 
forma individualizada y, en caso de que la resolucin sea denegatoria, 
que contenga las razones individualizadas que han motivado la 
denegacin.

- Avanzar en la integracin social de los ya refugiados, para que sta 
se alcance lo antes posible.

- Colaborar con las otras Administraciones y las ONGs especializadas de 
apoyo a este colectivo.

- Proporcionar formacin especializada a los agentes policiales 
destinados en las fronteras para el control de las personas.

- Apoyar el movimiento asociativo entre refugiados y desplazados.

La comunidad gitana: vivir y convivir

Para continuar avanzando en la mejora de las condiciones de vida de los 
gitanos , facilitar su insercin social y propiciar una mejor 
convivencia entre gitanos y no gitanos, se mantendr el actual Plan de 
Desarrollo del Pueblo Gitano, mediante el que:

- Continuarn desarrollndose acciones positivas en el campo educativo, 
laboral y de vivienda.

- Se dar prioridad al acceso a la educacin de las mujeres gitanas.

- Se fomentar el respeto de los valores del patrimonio y la cultura 
gitana, protegiendo la imagen del pueblo gitano y combatiendo las 
actitudes discriminatorias y racistas. 

Los discapacitados, capaces de integraron

Las personas con discapacidad siguen constituyendo un colectivo 
prioritario en nuestra accin poltica. Es el momento de iniciar una 
nueva etapa caracterizada por el impulso de su calidad de vida y para 
ello es necesario fomentar la corresponsabilidad de todas las 
Administraciones y de los actores sociales para disear y ejecutar las 
polticas sociales necesarias.

La nueva etapa supone primar las polticas activas frente a las pasivas; 
es decir, que sin mermar los actuales niveles de proteccin, potenciemos 
las medidas de formacin, el fomento del empleo de los discapacitados y 
el desarrollo de tecnologas al servicio de la superacin de las 
discapacidades.

Para avanzar en el proceso de integracin social y laboral de este 
colectivo, se llevarn a cabo actuaciones enmarcadas en el "Plan de 
Accin para las Personas con Discapacidad 1996-2000", como instrumento 
especfico que, entre otras actuaciones, propiciar:

- La progresiva extensin de los servicios de ayuda a domicilio y 
teleasistencia.

- La aplicacin de tratamientos rehabilitadores y especializados en 
centros residenciales.

- Los programas de promocin e integracin comunitaria.

- La educacin integrada que favorezca la socializacin.

- La promocin para las personas con discapacidad de la prctica de 
deportes y el acceso normalizado al ocio y la cultura.

Adems, queremos:

- Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones 
econmicas por hijo minusvlido y de las pensiones no contributivas por 
invalidez.

- Potenciar la integracin laboral de los discapacitados. Exigiremos el 
cumplimiento de la obligacin legal sobre la reserva de puestos de 
trabajo en empresas y en las administraciones pblicas.

- Garantizar a las personas discapacitadas con pensin no contributiva 
de invalidez y que sean contratadas por cuenta ajena o que se 
establezcan por cuenta propia la recuperacin automtica de las 
prestaciones econmicas cuando se extinga el contrato o dejen de 
desarrollar la actividad laboral.

- Promocionar la salud y la prevencin de deficiencias e inadaptaciones.

- Generalizar la implantacin de programas de accesibilidad integral de 
las ciudades y el transporte.

- Regular las condiciones de acceso, los recursos y procedimientos para 
que las personas con minusvalas tengan acceso y movilidad a bordo en el 
transporte pblico martimo de pasajeros.

- Desarrollar programas de investigacin de nuevas tecnologas aplicadas 
a la discapacidad. En colaboracin con empresas, universidades, 
comunidad cientfica y movimiento asociativo, se pondr en marcha un 
Proyecto Integrado de Tecnologas de la Rehabilitacin.

- Fomentar el derecho a llevar una vida independiente de las personas 
sordas, eliminando y derogando toda la normativa legal vigente que las 
discrimina, a partir del reconocimiento ya realizado de la Lengua de 
Signos Espaola y la figura del intrprete de lengua de signos espaola, 
con su programa lectivo y titulacin.

- Facilitar y subvencionar la adquisicin de aparatos de fax por sordos 
y mudos con la finalidad de promover su integracin social y su derecho 
a una vida propia.

- Adecuar la normativa existente para garantizar el libre acceso a 
establecimientos, locales y transportes pblicos de las personas 
afectadas por disminuciones visuales, con su perro-gua.

- Apoyar a las fundaciones y entidades sin nimo de lucro, que promuevan 
la insercin social y laboral y la generacin de empleo para ciudadanos 
con discapacidad.

Migraciones: acortar distancias

Las migraciones son tan antiguas como la propia humanidad. Pero adems 
estamos adentrndonos en un mundo en el que los flujos migratorios 
tienden a ser intensos. Como consecuencia, nos encontramos en transicin 
hacia una sociedad plural en todos los mbitos de la estructura social.
Espaa ha sido tradicionalmente un pas de emigracin. Sin embargo, en 
las ltimas dcadas, Espaa comienza a recibir no slo a los espaoles 
que retornan, sino tambin a refugiados e inmigrantes.

Esta nueva realidad debe abordarse promoviendo la participacin y el 
desarrollo de los derechos civiles y sociales; evitando la exclusin e 
impulsando la integracin y el bienestar colectivo, fomentando la 
tolerancia y aceptando la pluralidad y la dignidad de las personas.

LOS EMIGRANTES, ESPAOLES DE PLENO DERECHO

La realidad actual de los espaoles residentes en el exterior muestra un 
doble proceso: unos han decidido permanecer en el lugar de residencia 
habitual sin renunciar a sus seas de identidad espaola y otros estn 
participando activamente en un proceso de retorno a sus lugares de 
origen.

A ambos colectivos, los socialistas debemos garantizarles los derechos 
reconocidos en nuestras normas legales en igualdad de condiciones que a 
los residentes en Espaa, eliminando los obstculos que puedan darse por 
razn de la residencia.

Por ello proponemos las siguientes medidas:

DERECHOS CIVILES Y PARTICIPACION

- Aplicaremos la reforma del Cdigo Civil en materia de Nacionalidad 
recin aprobada, para que cualquier espaol que la haya perdido la pueda 
recuperar si la desea y modificaremos el art. 24 del Cdigo Civil para 
que ningn espaol se vea privado de su nacionalidad al haber adquirido 
la de un pas de la Unin Europea por motivos de trabajo.

- Haremos que sea posible ejercer el derecho de voto en mesas 
electorales constituidas en las Embajadas y Consulados.

- Reforzaremos los cauces de participacin institucional - Consejo 
General de la Emigracin y Consejos de Residentes Espaoles- facilitando 
el ejercicio de sus funciones. Asimismo, impulsaremos la unificacin del 
calendario de eleccin de los distintos Consejos.

EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

- Consolidaremos las pensiones no contributivas para los mayores de 65 
aos carentes de recursos.

- Extenderemos la asistencia sanitaria bsica para los espaoles 
residentes en Iberoamrica que la precisen, mediante el establecimiento 
de convenios con entidades preferentemente de origen espaol.

- Facilitaremos la acogida de ancianos en instituciones tuteladas por la 
Administracin Pblica y apoyaremos la apertura de centros de da para 
emigrantes jubilados y prejubilados en los pases que no dispongan de 
esas estructuras sociales.

- Mantendremos y extenderemos los Programas de Viajes de la Tercera Edad 
para los espaoles residentes en el exterior.
CULTURA Y Educacin

- Impulsaremos la difusin de la lengua y cultura espaolas mediante las 
instituciones creadas y los medios de comunicacin pblicos.

- Divulgaremos los programas comunitarios e iberoamericanos de 
intercambio de estudiantes y jvenes en prcticas (Erasmus, Scrates, 
Leonardo...).

- Apoyaremos las iniciativas culturales promovidas por los colectivos de 
espaoles residentes en el exterior.

EL RETORNO

El proceso de retorno a nuestro pas no puede significar para nuestros 
emigrantes vivir un nuevo proceso migratorio Los socialistas aplicaremos 
medidas especficas que impidan estas situaciones, para ello:

- Potenciaremos, en colaboracin con las CC.AA., los instrumentos de 
informacin y asesoramiento a los emigrantes que pretendan retomar.

- Apoyaremos, mediante programas especficos aquellos procesos de 
retorno en los que participen emigrantes en situacin laboral activa y 
sus familias.

- Realizaremos programas especficos de apoyo a los hijos de los 
emigrantes que retornen especialmente en lo relativo a la homologacin 
de estudios y el acceso a los programas de formacin y empleo.

- Propiciaremos, en igualdad de condiciones con los residentes, el 
acceso a las Residencias de Mayores para los emigrantes que retornen.

LOS INMIGRANTES UNA PARTE DE NUESTRA SOCIEDAD

Los nuevos ciudadanos que escogen nuestro pas como una nueva residencia 
quieren y deben formar parte de nuestra sociedad. La mejor manera de 
facilitrselo es promover, para ellos, la mejor y ms rpida integracin 
en plenitud de derechos y deberes ciudadanos desde el respeto a sus 
culturas de origen.

Para ello, y en la lnea trazada por el Plan para los Inmigrantes 
aprobado en 1994, los socialistas proponemos:

DERECHOS CIVILES Y PARTICIPACIN

- Facilitaremos la adquisicin de la nacionalidad espaola a los hijos 
de inmigrantes que nazcan en nuestro pas y a los inmigrantes 
establecidos de forma permanente.

- Favoreceremos y agilizaremos la reagrupacin familiar de los 
inmigrantes, extendiendo sus derechos a todos los miembros de la unidad 
familiar.

- Propiciaremos el ejercicio del derecho a voto en las elecciones 
municipales para todos los inmigrantes con ms de tres aos de 
residencia legal en nuestro pas, sobre la base de la reciprocidad.

- Potenciaremos el Foro para la Integracin Social de los Inmigrantes, 
promoviendo su intervencin como rgano de participacin y 
representacin de inmigrantes.

- Fomentaremos el movimiento asociativo de los inmigrantes en nuestro 
pas.

- Impulsaremos una Ley de Proteccin de Minoras, antidiscriminatoria, 
de apoyo a las minoras y grupos diferenciados que combata la 
discriminacin por motivos racistas, xenfobos, antisemitas La otros 
referentes a la ideologa, religin o creencias, origen nacional, sexo, 
orientacin sexual, enfermedad, discapacidad o cualquier otro tipo.

EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

- Facilitaremos la insercin de los inmigrantes en el mercado de 
trabajo.

- Propiciaremos acuerdos entre las organizaciones empresariales y los 
sindicatos para que en la negociacin colectiva se protejan los derechos 
laborales de los inmigrantes como trabajadores y perseguiremos las 
irregularidades y discriminaciones que se pretendan realizar.

- Impulsaremos la suscripcin y aplicacin de acuerdos bilaterales en 
materia de emigracin y Seguridad Social con los pases de origen de los 
flujos migratorios.

- Promoveremos el acceso de los inmigrantes a un alojamiento digno, en 
rgimen de alquiler o propiedad.

- Garantizaremos a todos los inmigrantes el acceso a las prestaciones 
sanitarias ofertadas por los servicios pblicos de salud.

- Revisaremos Y actualizaremos el Real Decreto de empleados de hogar 
para que contemple las peculiaridades de los trabajadores inmigrantes.
EDUCACIN:  CULTURA Y COMUNICACIN

- Facilitaremos, con becas y ayudas, el acceso de los hijos de los 
inmigrantes al sistema educativo.

- Incorporaremos la enseanza de la lengua y cultura de origen en la 
educacin compensatoria para los hijos de inmigrantes.

- Promoveremos la enseanza del espaol y de la lengua propia de la 
Comunidad Autnoma de acogida para los inmigrantes de otras lenguas y 
sus familias.

- Promoveremos su participacin en las actividades deportivas y 
culturales.

- Desarrollaremos programas de retorno para aquellos inmigrantes que as 
lo decidan.

CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

Un compromiso: medio milln ms de viviendas protegidas

Los socialistas venimos desarrollando una poltica constante para 
facilitar el acceso a la vivienda y reducir el esfuerzo a los sectores 
ms necesitados, a travs de las deducciones fiscales en el IRPF y las 
ayudas, en forma de subvenciones directas y ayudas (subsidios) para pago 
de los intereses, contenidas en los sucesivos Planes de Vivienda.
Esto ha permitido, en el ltimo perodo 1992-1995, el acceso a ms de 
450.000 viviendas protegidas a personas y familias con ingresos medios y 
bajos.

Queremos seguir con este esfuerzo. Para ello proponemos un Plan de 
Viviendas 1996-1999 que pretende facilitar el acceso a la vivienda tanto 
en propiedad como en alquiler, a un precio asequible, a 500.000 
familias, a travs de las siguientes actuaciones:

AYUDAR AL COMPRADOR

- Manteniendo el derecho a prstamos subsidiados para las familias con 
ingresos de hasta 5,5 veces el SMI.

- Definiendo las ayudas en funcin de las circunstancias econmicas de 
las personas beneficiarias de las mismas, sin distincin entre promotor 
pblico o privado.

AYUDAR A LOS JVENES

- Concentrando mayores ayudas en el primer acceso a la vivienda en 
propiedad, dirigida especialmente a los jvenes, para viviendas de 70 m2 
tiles y unos ingresos ponderados de hasta 3,5 veces el SMI.

- Fomentando el ahorro previo en cuentas-vivienda, concediendo 
subvenciones adicionales en la modalidad de primer acceso y subsidiando 
el 100% de los intereses del primer ao de amortizacin de los 
prstamos.

OTRAS AYUDAS PARA COMPRAR VIVIENDAS 

- Manteniendo las ayudas para la adquisicin de viviendas libres que no 
superen los 120 m2 y cuyo precio est tasado, subsidiando los intereses 
de forma anloga a la establecida para la vivienda de proteccin 
oficial.

- Estableciendo la posibilidad de sustituir la subsidiacin de tipo de 
inters aplicable durante el perodo de amortizacin por una subvencin 
inicial equivalente.
APOYO AL ALQUILER

- Intensificando las ayudas a la promocin de viviendas para alquiler, 
estableciendo para la promocin pblica de viviendas para alquiler una 
subvencin estatal a fondo perdido del 40% de su coste, cuando estn 
destinadas a beneficiarios con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI.

- Ampliando de 20 a 25 aos el plazo de amortizacin de los prstamos 
para promocin de VPO-Rgimen Especial en alquiler y estableciendo una 
subvencin del 40% del coste de la edificacin, sustitutoria del 
prstamo subsidiado.

- Mejorar el tratamiento de la desgravacin, en el IRPF, relativa a la 
vivienda de alquiler que acerque su tratamiento al de la propiedad.

SUELO MS BARATO

- Manteniendo las ayudas destinadas a la compra y urbanizacin de suelo 
para su inmediata edificacin, con prstamos a 6 aos y un tipo de 
inters del 4%.

- Creando una nueva lnea de financiacin especfica para la formacin 
de patrimonio pblico de suelo, con destino preferente a VPO, mediante 
prstamos subsidiados de hasta 12 aos, al 4%.

- Legislando para que en todo suelo urbanizable y en el suelo urbano se 
haga una reserva obligatoria para viviendas protegidas.

- Destinando una proporcin del suelo de titularidad pblica a la 
construccin de VPO.

- Flexibilizando los plazos y procedimientos del proceso urbanstico 
para aumentar la oferta de suelo urbanizado.

- Las Administraciones Pblicas, Ayuntamientos, Comunidades Autnomas y 
Sociedades Pblicas de promocin de viviendas, facilitarn a bajo coste 
suelo urbanizado a la iniciativa privada, para que sta en derecho de 
superficie pueda edificar viviendas de Proteccin Oficial.

- Se llevar a cabo una actuacin y control sobre el parque de viviendas 
vacas incentivando la entrada al mercado de este parque.

REGENERAR LA CIUDAD

- Potenciando operaciones integrales de regeneracin urbana concentradas 
en reas de Rehabilitacin, mediante la elevacin de las subvenciones 
estatales, pasando del 30% al 40% del coste de las actuaciones.

- Intensificando las ayudas en el caso de la rehabilitacin estructural 
y en particular cuando la antigedad de los inmuebles supera los 30 
aos.

COLABORACIN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

- Perfeccionando el contenido de los Convenios entre el Estado y las 
CCAA, incorporando una mayor territorializacin de los objetivos y de 
los compromisos presupuestarios y de gestin de suelo a asumir por parte 
de ambas Administraciones.

- Estableciendo la posibilidad de que las CCAA incluyan en la 
financiacin del Plan nuevas tipologas de edificacin, ms adecuadas 
para grupos con necesidades especificas, como jvenes, tercera edad, 
etc.

- Ampliando el objeto social de la Sociedad Estatal para la Promocin y 
Equipamiento del Suelo (SEPES) para que, previo acuerdo con la CCAA, 
promueva suelo urbano y viviendas protegidas

- Establecer mecanismos de mayor difusin de la informacin relativa a 
las ayudas a la vivienda y suelo, impulsando la creacin de Oficinas 
autonmicas y locales que acerquen la gestin al ciudadano.

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

- Estableciendo ayudas para la financiacin de viviendas en las que se 
apliquen experiencias piloto de nuevas tcnicas de construccin que 
supongan un menor uso de productos contaminantes y un mayor ahorro 
energtico y de consumo de agua.

APOYO FISCAL A LA VIVIENDA

- En materia fiscal nos proponernos en primer lugar un mayor 
equiparamiento del tratamiento del alquiler con el de la propiedad. Para 
ello limitaremos el valor deducible por adquisicin de vivienda a los 
primeros 30 millones del valor de compra de la vivienda. Esta medida no 
tendr efecto sobre las viviendas adquiridas con anterioridad.

- Por otra parte, destinaremos los mayores ingresos generados por esta 
medida a ampliar los lmites actuales de la deduccin por alquiler.

- Alargar el plazo de las cuentas vivienda a 6 aos.

- Eximir del pago del impuesto de sucesiones las transmisiones mortis 
causa de la vivienda habitual los primeros 20 millones de pesetas de 
valor catastral.

- Estudiar la modificacin de la normativa fiscal para compraventa de 
viviendas de segunda mano.

PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS COMPRADORES

- Aprobacin de una Ley de Ordenacin de la Edificacin en la que se 
establezcan las responsabilidades de todos los agentes que intervienen 
en el proceso, y se determinen las garantas del usuario frente a los 
defectos y negligencias constructivas.

- Potenciar el Plan de Calidad de la Edificacin como instrumento que 
permita alcanzar los estndares adecuados de calidad.

Ciudades para convivir y progresar

Para los socialistas las ciudades son un espacio de convivencia que hay 
que preservar, y en el que deben conciliarse la generacin de riqueza y 
la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.

TRABAJAR Y CREAR RIQUEZA EN LA CIUDAD

Queremos ciudades dinmicas, foco de atraccin de inversiones y de 
actividad econmica ligada al desarrollo de nuevos sectores, de forma 
que se evite la dualizacin del espacio urbano y se respete su medio 
ambiente.

Queremos un desarrollo urbanstico que sea el resultado de un proceso 
participativo de cooperacin y de corresponsabilidad de todos los 
implicados en l, impulsando acciones y medidas para:

- Dinamizar los suelos con mayor potencialidad prximos a puertos, 
aeropuertos, terminales ferroviarias y enlaces de carreteras, 
favoreciendo la intermodalidad y la creacin de Zonas de Actividades 
Logsticas, en Barajas, Delta de Llobregat, Ra de Bilbao, Valencia y 
Baha de Algeciras-La Lnea.

- Intervenir de forma directa a travs de la Sociedad Estatal para la 
Promocin y Equipamiento del Suelo (SEPES) en la produccin de suelo 
estratgico para las ciudades en concertacin con las Administraciones 
Locales y Autonmicas.

- Promover nuevas oportunidades urbanas a partir de los suelos centrales 
ocupados por instalaciones obsoletas, tales como:

- Bilbao Ra 2000, Cinturn Verde de Oviedo y Jerez, y desarrollar 
operaciones anlogas en Santander. Burgos, Valladolid, Palencia, 
Murcia, Granada, Cdiz, Huelva, Cuenca y Nuevo Langreo.

- Operaciones de integracin Puerto-Ciudad en La Corua, Vigo, 
Gijn, Santander, Bilbao, Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, 
Mlaga, Algeciras, Cdiz y Huelva.

- Crear Agencias de Desarrollo y promocin econmica de carcter 
supramunicipal, en las que participen las instituciones pblicas, 
empresas, sindicatos, asociaciones y universidades.

VIVIR Y DISFRUTAR EN LA CIUDAD

Queremos ciudades integradas y armnicas, humanas y atractivas para 
vivir dignamente. Para ello, nuestra poltica se centrar 
prioritariamente en:

- Garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos y 
especialmente a los jvenes, mediante el Plan 1996-1999.

- Propiciar una ordenacin espacial racional que evite la creacin de 
bolsas de marginacin, la masificacin y la degradacin, integrando 
espacialmente polticas de infraestructuras, vivienda, promocin 
econmica y atencin social.

- Promover la creacin de polgonos industriales y nuevas ofertas de 
suelo para la actividad econmica, especialmente orientadas a las 
pequeas y medianas empresas.

- Incentivar la participacin ciudadana en el planeamiento y en la 
gestin de la ciudad, favoreciendo el tejido asociativo y encauzando y 
gestionando la disponibilidad del voluntariado.

- Potenciar el transporte colectivo y la estructuracin de las 
periferias urbanas a travs de La participacin estatal en la 
financiacin de redes urbanas y en las Autoridades de Transporte urbano.

- El impulso a los Planes Intermodales Concertados y los Planes de 
Cercanas.

- La integracin urbanstica de los pasillos ferroviarios a su paso por 
las periferias urbanas, en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Baha 
de Cdiz.

- La participacin estatal en las polticas de ciudades sostenibles con 
programas de modos de transporte alternativos, de apoyo al medio 
ambiente urbano y de ahorro de energa.

- Potenciar los servicios pblicos de transporte en las grandes ciudades 
y reas metropolitanas.

- Preservar la calidad del medio ambiente mediante una normativa de 
salubridad ambiental que combata activamente la polucin y el ruido, y 
establezca los criterios de aplicacin general en el tratamiento 
correcto de los residuos urbanos.

- Continuar creando espacios verdes o anillos en las infraestructuras de 
circunvalacin de las ciudades.

- Poner en marcha un Plan contra la violencia urbana.

- Aumentar la coordinacin y reforzar los medios operativos, materiales 
y humanos de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados en la 
lucha contra las diferentes formas de criminalidad en las ciudades.

- Impulsar en colaboracin con las CCAA y Ayuntamientos un Plan de 
Integracin y Autonoma de las personas en las ciudades, especialmente 
para los mayores, las mujeres y colectivos diferentes o con escasos 
recursos.

USAR LA CIUDAD

Queremos que adems de vivir y trabajar en las ciudades stas puedan ser 
utilizadas como un espacio de relaciones sociales, de intercambios y 
enriquecimiento personal. Para ello, proponemos:

- Establecer circuitos internos de turismo para conocer bien su ciudad, 
su historia y patrimonio y dar a conocer las excelencias propias de la 
ciudad y su entorno.

- Ayudar al pequeo comercio en su modernizacin y expansin permitiendo 
una mayor proximidad y facilidad a los usuarios y una mayor proyeccin.

- Colaborar con las asociaciones de vecinos, consumidores y cualquier 
otra expresin del movimiento asociativo con implantacin en la ciudad.

Cultura es libertad

La cultura es un factor decisivo para constituir un pas abierto, 
tolerante, plural y dinmico. Un pas de todos y para todos. Con 
instituciones e infraestructuras culturales de calidad, modernas y con 
recursos suficientes. Donde las lenguas de las diferentes comunidades y 
regiones sean parte de nuestra riqueza social y humana. En el que todos 
participen de la cultura, corno elemento prioritario de bienestar 
social.

La conservacin y difusin de nuestro patrimonio, la defensa y promocin 
de los creadores, la garanta del acceso de los ciudadanos a los bienes 
culturales y la proyeccin de nuestra cultura exigen el concurso de un 
sector pblico activo, capaz de realizar esta tarea. Conscientes de 
ello, defendemos la existencia del Ministerio de Cultura, que junto con 
las Comunidades Autnomas y la Administracin Local deben preservar y 
potenciar, las culturas y lenguas de Espaa.

LAS OBRAS DE NUESTROS CREADORES SON UN PATRIMONIO DE TODOS

El mayor patrimonio cultural de nuestro pas lo constituyen las obras de 
nuestros artistas, arquitectos, literatos, msicos, intrpretes y 
cineastas, que deben estar al alcance de todos.

El disfrute de estos bienes culturales ha de servir de estimulo a la 
expresin de la creatividad de cada persona. Para ello, disponemos de un 
amplio y moderno conjunto de infraestructuras y equipamientos 
culturales, que es preciso seguir completando hasta lograr un adecuado 
equilibrio territorial, en colaboracin con las Comunidades Autnomas. 
Las redes de bibliotecas, archivos, museos, auditorios y teatros 
pblicos constituyen la base fundamental para garantizar el derecho de 
todos los ciudadanos a la cultura.

RECONOCER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE AUTOR

Hemos asegurado el reconocimiento de la propiedad intelectual y de los 
derechos de autor de nuestros creadores. Derechos, que seguiremos 
desarrollando y apoyando. La defensa de estos derechos supone, por un 
lado, el reconocimiento de la sociedad a quienes dentro de ella hacen de 
la cultura su trabajo cotidiano y, por otro, la mejor garanta para 
lograr que sus beneficios reviertan a la propia sociedad.

Apostamos por la formacin y el fortalecimiento de las industrias 
culturales. En la actual sociedad de la informacin, estas industrias 
tienen un papel cada vez ms importante, debido a la demanda de trabajo 
cualificado que generan y a sus claras perspectivas de crecimiento y de 
que, en ellas, el capital humano es un factor esencial.

Haremos una inversin de futuro para nuestro pas intensificando el 
esfuerzo en las tareas de formacin de creadores, tcnicos y gestores.
En razn de la rapidez de los cambios tecnolgicos y de las 
caractersticas de la produccin cultural, es preciso reforzar el 
intercambio de formacin y de experiencias, especialmente con el resto 
de Europa.

Crearemos, en colaboracin con las industrias y las entidades de 
gestin, los instrumentos ms giles y eficaces para que la formacin 
sea continua y eminentemente prctica.

Seguiremos apoyando, tambin, el fortalecimiento industrial de sectores 
como el libro y el cine, para llegar a contar con unas industrias 
culturales slidas y competitivas, absolutamente necesarias para que 
sigan existiendo cauces para la libre expresin de nuestros creadores y 
para la difusin de nuestra pluralidad cultural tanto dentro de nuestro 
territorio como del exterior.

El cine, y, el conjunto del audiovisual como sector estratgico, 
requiere no slo el mantenimiento del apoyo pblico a nivel nacional 
sino tambin un decidida accin concertada en el marco de la Unin 
Europea que evite la tendencia a la concentracin y equilibre el 
potencial de la industria cinematogrfica extraeuropea.

Incentivaremos al sector privado teatral, dirigiendo las ayudas a 
mejorar la financiacin y continuidad de las empresas con una actividad 
estable, priorizando la actuacin pblica en mbitos culturalmente 
imprescindibles, pero de altos costos como en el caso de la lrica, de 
especial relevancia para nuestro patrimonio como el teatro clsico, o de 
escasa oferta privada como la danza. Adems, apoyaremos a travs de los 
centros pblicos de produccin la representacin de las obras de autores 
contemporneos espaoles y de los nuevos autores.

LA CULTURA, EMBAJADORA DE ESPAA

La proyeccin de nuestra cultura es clave para el desarrollo de nuestra 
industria cultural, el conocimiento y difusin de nuestros creadores y 
la presencia de Espaa en el mundo.  La enseanza del castellano es 
estratgica para Espaa y merecer todo nuestro esfuerzo.

Potenciaremos el programa de formacin y asistencia tcnica a 
Iberoamrica, con el fin de asentar bases estables de cooperacin, y 
seguiremos organizando encuentros culturales como los realizados 
ltimamente en Argentina, Paragay, Cuba y Centroamrica.

Continuaremos ayudando a las galeras de arte, editoriales y productoras 
cinematogrficas a participar en las ms importantes ferias y festivales 
internacionales, as como a integrarse en redes europeas de difusin.

DEFENDER EL PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO

Las catedrales y el rico conjunto de nuestro patrimonio histrico ya 
cuenta, gracias a la iniciativa socialista, con la proteccin jurdica 
necesaria, que hemos contribuido a extender al marco europeo. No 
obstante, dada su amplitud y estado de conservacin, requiere un mayor 
esfuerzo de cooperacin y participacin por parte de todas las 
Administraciones, de los propietarios y de una sociedad que, adems de 
reconocerse en la herencia del pasado, debe ser capaz de recuperar el 
uso de estos bienes culturales para las expectativas y prcticas de la 
vida de hoy.

As, desarrollaremos la Ley del Patrimonio Histrico Espaol, 
concibiendo el acervo cultural y el patrimonio natural como un gran 
filn de empleos, para el que potenciaremos el programa de 
Escuelas-Taller.

EDUCAR EN LA CULTURA

Los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, adems de contar con los 
necesarios equipamientos y servicios pblicos, disponen de un reciente 
marco normativo, articulado en torno a la Ley de Fundaciones y del 
Mecenazgo, capaz de incentivar una creciente participacin y 
financiacin del hecho cultural por parte de fundaciones, empresas y 
personas.

No tiene sentido tratar de controlar la oferta cultural con una poltica 
dirigista. No se puede pretender la imposicin de los criterios de 
calidad de la Administracin a los ciudadanos, restringiendo el acceso 
de stos a los hechos culturales que se consideren inadecuados. Desde el 
sector pblico, por el contrario, se debe aspirar a crear o reforzar 
cauces y plataformas para aquellos trabajos culturales que, aun siendo 
real o potencialmente valiosos, no encuentren vas de expresin en el 
mercado. Es decir, que el sector pblico no debe restringir la oferta 
cultural sino ampliarla y completarla, superando las limitaciones del 
mercado.

El acceso masivo a la educacin y las facilidades ofrecidas por el 
proceso de la reforma del sistema educativo, va a permitir integrar de 
forma ms fluida a la cultura en el mbito de la enseanza. Ya contamos 
para ello con el bachillerato artstico y con la posibilidad de utilizar 
el horario extraescolar prevista en la LOGSE.

Pero es necesario dar un paso ms all para lograr que el conocimiento y 
la prctica cultural sean parte de la vida cotidiana de todos los 
ciudadanos, especialmente de los nios y jvenes durante su etapa 
educativa y de quienes por razones sociales o de edad no han tenido 
ocasin de acceder a la cultura. Se trata de pblicos especficos, de 
nuevos pblicos para la cultura, que ya disponen de algunos programas 
concretos como el de bibliotecas escolares y el de pera para nios, 
pero que es necesario extender y ampliar, contando para ello con 
instrumentos tan eficaces como el voluntariado y, el turismo cultural.
Proponemos la incorporacin creciente de las prcticas culturales a los 
propios currculos escolares, en la lnea en que ya se ha venido 
trabajando desde el Gobierno. Trataremos que los centros de enseanza 
sean los principales usuarios institucionales de los equipamientos 
culturales y que exista una demanda activa de alumnos y padres para dar 
mayor uso a los recursos disponibles. Se plantear la formacin y 
contratacin de profesionales que introduzcan a los nios de forma 
activa en las prcticas culturales y artsticas. Se incentivar la 
lectura como instrumento fundamental para la formacin y el desarrollo 
de la persona.

Los medios audiovisuales y las nuevas tecnologas multimedia han pasado 
a ser ya una realidad cotidiana para la mayor parte de los nios, y 
constituyen su opcin preferente para el tiempo de ocio. A la vista de 
lo cual, la opcin ms deseable y realista es que estos medios se 
introduzcan en un proceso de formacin integral. Nos comprometernos a 
incorporar en las escuelas los multimedia (los CD-ROM, en particular) 
como herramientas de trabajo. Las rutinas y hbitos prcticos del tiempo 
de ocio podrn integrarse as en el proceso educativo. Las nuevas 
tecnologas sern cada vez ms un medio fundamental de acceso a la 
cultura, y la familiaridad con ellas una necesidad en muchas formas no 
slo de ocio sino tambin de trabajo.

CULTURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIN

En la tarea de aproximar los bienes culturales al disfrute y la prctica 
de todas las personas, los medios de comunicacin son el instrumento ms 
poderoso en la sociedad actual.

Como garanta de pluralidad y de estmulo a una produccin cultural 
propia de calidad, los socialistas nos proponemos potenciar el papel que 
juegan ya a este respecto los medios de comunicacin audiovisual 
propiedad del Estado, adecuando su estructura y gestin a las 
necesidades de la importante misin que desarrollan y a la evolucin del 
campo en el que actan, haciendo que la cultura goce de ms y mejores 
espacios en estos medios.

El doblaje de calidad desempea un papel fundamental en el desarrollo 
del sector audiovisual, realizando una importante contribucin a la 
normalizacin lingstica en las autonomas con lengua propia y permite 
que los programas producidos en el seno de la Unin Europea pueden 
superar las barreras multilingsticas. Por ello, y por su condicin de 
vehculo de difusin cultural, los socialistas crearemos las condiciones 
necesarias para promoverlo y potenciarlo.

COOPERACIN PARA LA CULTURA

Slo as, mediante la asuncin compartida de responsabilidades y el 
desarrollo de una autntica cultura de la cooperacin entre las 
Administraciones y entre el sector pblico y el privado, podr la 
cultura desempear el papel central que le corresponde en la vida de los 
ciudadanos y en el desarrollo global de la sociedad, impulsada por los 
valores de la libertad, la igualdad y la tolerancia.

La televisin del futuro

La televisin desempea en Espaa un papel social sumamente relevante, 
hasta el punto de haberse convertido en el medio de comunicacin 
exclusivo para una franja mayoritaria de la poblacin y en su medio de 
entretenimiento central.

Esa es una de las razones por las que la legislacin espaola asigna a 
la televisin una funcin de servicio pblico. Pero esa funcin legal no 
siempre se corresponde con la realidad de nuestras televisiones.
Nuestro sistema televisivo vive fuertemente condicionado por:

- Un creciente dficit econmico: su equilibrio slo ser posible 
mediante una drstica reduccin de sus gastos ordinarios y una 
ordenacin ms eficaz de sus estructuras empresariales y de su gestin.

- La dependencia exterior: las productoras independientes espaolas son 
an extraordinariamente dbiles, hasta el punto de no poder hablarse en 
rigor de una industria espaola audiovisual digna de tal nombre.

- El desfase normativo: las leyes que rigen el sector tienen muy 
distinta procedencia, han sido elaboradas en distintos momentos y 
respondiendo a necesidades pasajeras, hasta el punto de encontrarse 
claramente desbordadas por los hechos y de incurrir en contradicciones 
flagrantes.

- La insatisfaccin social: se est generando un claro divorcio entre la 
televisin y los sectores cultural y socialmente ms sensibles que 
tienen dificultades en reconocerse en la programacin, y no slo de las 
cadenas privadas.

UN NUEVO MODELO TELEVISIVO

Las caractersticas bsicas que debe reunir este nuevo modelo, que 
quedar plasmado en un nuevo estatuto para las televisiones pblicas 
adaptado al contexto de la liberalizacin, son:

- La definicin de un sistema de financiacin que evite el drenaje 
constante de recursos desde los presupuestos o el sistema financiero 
hacia la televisin y que cierre la brecha deficitaria que arrastran la 
mayora de las televisiones pblicas.

- La renovacin y profesionalizacin de los Consejos de Administracin 
de las televisiones pblicas y el trasvase de sus facultades de control 
a las Comisiones Parlamentarias.

- La definicin de la misin de servicio pblico de las televisiones 
pblicas, con especial hincapi en las acciones positivas que, en 
relacin con la educacin, la cultura y la difusin de los valores 
constitucionales, deben desarrollar.

- La delimitacin de las reas de los entes pblicos de radiodifusin 
que deban funcionar en rgimen de exclusivo servicio pblico y aquellas 
otras que tengan que sufragarse recurriendo al mercado publicitario.
Adems de esa nueva regulacin, de las televisiones pblicas, pensamos 
que, en el caso concreto de RTVE procede:

- Su mantenimiento como motor de la industria audiovisual espaola y de 
su competitividad, dinamizando el sector y fomentando la creatividad y 
la formacin de nuevas generaciones de profesionales.

- Un esfuerzo creciente en la programacin territorial que emite desde 
sus centros, dada la pluralidad cultural y lingstica espaola y la 
configuracin autonmica del Estado. Para ello pondr en marcha un Plan 
Complementario de Produccin y Emisiones para aplicar en desconexin y 
en colaboracin con los gobiernos autonmicos.
Por lo que se refiere a las televisiones autonmicas, creemos 
conveniente la regularizacin de la situacin atpica de la FORTA y de 
las emisiones de las TV autonmicas fuera de su demarcacin.

ORDENACIN DEL SECTOR

Adems, para la ordenacin del sector proponemos:

- La regularizacin de los cableoperadores y de las televisiones 
locales, con arreglo a la legislacin recin aprobada.

- La constitucin de un Consejo de lo Audiovisual, con las competencias 
apuntadas por la ponencia del Senado.

- El control estricto de todas las vulneraciones legales que en la 
actualidad se producen en relacin con la proteccin de la infancia, 
cuotas de produccin, cuotas de programacin, coproduccin y la 
titularidad de los canales.

REFORZAR LA PRODUCCIN NACIONAL

Queremos reforzar la presencia de las producciones nacionales 
independientes de las televisiones en stas, as como articulacin entre 
la televisin y las restantes industrias culturales, mediante:

- El fomento de la coproduccin y de todas las formas de colaboracin 
horizontal entre televisiones pblicas para la adquisicin de derechos, 
comercializacin, emisiones satelitales o por cable.

- El apoyo a las producciones independientes.

- La articulacin de las ayudas a la cinematografa con la implicacin 
de las televisiones pblicas en coproducciones cinematogrficas y de 
series de ficcin.

- La rentabilizacin de los canales internacionales de TVE.

- La apertura de la explotacin del Canal Hispanoamericano de Hispasat a 
los distintos grupos televisivos pblicos y privados nacionales.

- El apoyo a la penetracin de los programas televisivos espaoles en 
los mercados internacionales mediante programas complementarios al Plan 
Media de la Unin Europea.

- El respaldo a la formacin de tcnicos audiovisuales en todos los 
escalones profesionales y en los diversos niveles educativos, con 
especial atencin al aprendizaje en el seno de las empresas 
audiovisuales y con programas de becas y de intercambios 
internacionales.

El deporte, practica y aficin

El deporte y la educacin fsica forman parte de la educacin integral 
de la persona, son factores vertebradores de la sociedad y constituyen 
elementos esenciales del Estado de Bienestar. Los socialistas queremos 
fomentar la prctica deportiva y la educacin fsica con el objetivo de:

- Mantener el modelo deportivo vigente, que separa el deporte 
profesional del de promocin, asumiendo aquel su responsabilidad 
econmica.

- Hacer accesible el deporte y la educacin fsica a todos los 
ciudadanos, sin discriminacin por edad, sexo, lugar de residencia o 
situacin econmica.

- Incentivar la prctica deportiva y la generalizacin de la educacin 
fsica como elementos de la calidad de vida de nuestra sociedad, en 
combinacin con el tejido asociativo.

-	Potenciar el asociacionismo deportivo.
-	
Por ello proponemos las siguientes medidas de actuacin:

DEPORTE EN LA ESCUELA

- Finalizacin del Plan de Extensin de la Educacin Fsica en los 
centros escolares pblicos.

- Potenciacin del tejido asociativo en los centros escolares, 
incrementando e incentivando, en colaboracin con las Corporaciones 
Locales y las Asociaciones de Padres de Alumnos, las actividades 
deportivas fuera del horario escolar.

- Definicin de la tipologa de las instalaciones deportivas en los 
centros escolares, en el marco de la LOGSE (Ley de Ordenacin General 
del Sistema Educativo) y de la Ley del Deporte.

- Incremento del programa de deteccin de los nuevos valores deportivos 
en el marco del Programa 2000.

- Incorporacin progresiva de nuevos deportes a los campeonatos 
escolares y en edad escolar.

DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD

- Finalizacin del Plan de Construccin de Instalaciones Deportivas, en 
colaboracin con las Comunidades Autnomas y las Universidades.

- Incorporacin progresiva de nuevos deportes a los campeonatos 
universitarios,

- Apoyo a la Universiada de Palma de Mallorca de 1999.

- Proteccin, apoyo y estmulo a los programas de cooperacin entre las 
Universidades y las Federaciones Deportivas.

COMPARTIR EL ESFUERZO CON LAS DEMS ADMINISTRACIONES

- Consolidaremos el convenio de cooperacin con la FEMP (Federacin 
Espaola de Municipios y Provincias) para el desarrollo de actividades 
de inters comn en el mbito de la promocin deportiva, la gestin y la 
formacin de personal cualificado.

- Crearemos, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, nuevos 
Centros de Perfeccionamiento Tcnico, aumentando el nmero de deportes 
que desarrollen sus programas de trabajo en los Centros de Alto 
Rendimiento.

- Promoveremos, en colaboracin con las Comunidades Autnomas y las 
Corporaciones Locales, la creacin de carreteras especficas para la 
prctica del cicloturismo.

- Paralelamente , plantearemos la reforma de la Ley de Seguridad y del 
Cdigo de Circulacin para dar respuestas adecuadas a la prctica del 
ciclismo en la carretera y en las ciudades.

- Mantendremos los convenios de cooperacin con las Comunidades 
Autnomas y las Corporaciones Locales para las construccin conjunta de 
instalaciones deportivas de inters federativo, con incidencia en los 
Centros de Tecnificacin Deportiva.

- Realizaremos, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, el II 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

- Fomentaremos, junto a las Comunidades Autnomas y otras instituciones, 
la puesta en marcha de una red de laboratorios de homologacin y control 
de material deportivo, y regularemos sus condiciones de seguridad.

- Desarrollaremos los planes de estudio de las nuevas titulaciones y 
pondremos en marcha los nuevos mdulos de formacin profesional 
deportiva.

DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE

- Elaboraremos una Carta del Deporte y el Medio Ambiente que permita 
compaginar la prctica deportiva con el respeto al medio.

- Facilitaremos la actividad fsica practicada en el medio rural bajo 
frmulas distintas de las habituales.

- El diseo de las instalaciones, su ubicacin y gestin se realizarn 
protegiendo los espacios naturales.

LAS FEDERACIONES Y LA ALTA COMPETICIN

- Continuaremos con el programa de preparacin deportiva para los juegos 
Olmpicos de Atlanta a travs del Plan ADO'96, renovando esta 
experiencia con vista a los juegos del ao 2000.

- Defendemos la celebracin en Espaa de competiciones deportivas de 
relieve internacional, por lo que apoyamos:

* La candidatura de Sevilla para la organizacin de los juegos Olmpicos 
del ao 2004.

* La candidatura de Jerez a los juegos Ecuestres del ao 2002.

* La candidatura de Almera a los juegos del Mediterrneo del ao 2005.

En relacin con las Federaciones Deportivas espaolas, prestaremos todo 
tipo de apoyo posible en su gestin mediante las siguientes actuaciones:

* Incorporacin de las que an restan a la aplicacin del presupuesto 
por programas y objetivos.

* Colaboracin en la elaboracin, seguimiento y evolucin de sus 
programas y planes de preparacin deportiva.

* Mantenimiento del nivel de financiacin actual del sistema federativo, 
colaborando con las federaciones en el incremento progresivo de su grado 
de autofinanciacin.

OTRAS PROPUESTAS

- Impulsaremos las actividades del Centro Nacional de Investigacin y 
Ciencias del Deporte.

- Plantearemos la modificacin del Titulo IX de la Ley del Deporte, 
relativo a la violencia, para adecuarlo a la realidad actual.
En el terreno de la cooperacin internacional:

- Intensificaremos los programas de intercambio tanto con los pases 
deportivamente desarrollados como con los pases iberoamericanos.

- Pondremos en marcha, en colaboracin con organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales, programas de desarrollo deportivo 
para las zonas deprimidas y asoladas por la violencia y la marginacin.

- Propondremos regular, en coordinacin con los restantes pases de la 
Unin Europea, la publicidad del tabaco y del alcohol en el deporte.

En defensa del consumidor

La defensa y proteccin de los consumidores forma parte ya de la cultura 
de nuestro pas. En los prximos aos nos proponemos reforzar el 
protagonismo de los consumidores y la dimensin del consumo en las 
polticas de competencia, de mejora de la calidad de vida y del 
bienestar social.

Seguiremos desarrollando una accin decidida en defensa de los usuarios 
y consumidores en el plano normativo, en el de la participacin y 
representacin colectiva de sus intereses, y en el relativo a la 
solucin de los conflictos de consumo.

Pretendemos dar un impulso renovado al movimiento asociativo de los 
usuarios y consumidores y, sobre todo, reforzar sus estructuras 
organizativas y de participacin institucional, en particular el Consejo 
General de Usuarios y Consumidores.

Los socialistas apostamos por una participacin responsable en las 
polticas de consumo por parte del movimiento de consumidores, que no 
est orientada slo a reivindicar sino tambin a priorizar esas 
reivindicaciones y a contribuir a su solucin; buscamos, en definitiva. 
la corresponsabilizacin del movimiento asociativo en el diseo y 
definicin de las polticas de consumo.

Eso favorecer la competitividad de nuestro sistema productivo y 
permitir lograr una mayor transparencia del mercado y una mejora de los 
precios y calidades de los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mismo. Tambin, desde luego, pensamos que una mayor participacin de los 
consumidores puede contribuir a mejorar el entorno medioambiental y con 
ello una vida ms saludable a los ciudadanos.

Nos proponemos continuar desarrollando el Sistema Arbitral de Consumo 
hasta lograr su total cobertura en todo el territorio nacional; mejorar 
los sistemas de control e inspeccin de consumo y propiciar una ms 
decisiva participacin en estas tareas de los propios consumidores; para 
ello aumentaremos la informacin y formacin de los mismos; 
desarrollaremos las acciones sectoriales que resulten necesarias. Sobre 
todo en el mbito de la vivienda, en el que pretendemos reforzar las 
garantas tcnicas y jurdicas de los usuarios de vivienda y aprobar la 
Ley de Multipropiedad.

Tambin queremos acabar con la publicidad engaosa, en especial la que 
va dirigida a los sectores ms sensibles y ms vulnerables de nuestra 
sociedad, como son los nios y los jvenes.

Incorporaremos a nuestro ordenamiento jurdico toda la normativa europea 
de proteccin a los consumidores incluyendo la regulacin general de los 
contratos para asegurar la proteccin de los ciudadanos y un sistema 
justo y gil para resolver los conflictos entre las partes.

NECESITAMOS LA NATURALEZA

Un medio ambiente para vivir en el siglo XXI

El proyecto socialista asume la urgencia de reforzar el compromiso 
solidario de todos los ciudadanos con su entorno natural, mediante una 
accin pblica que conceda la prioridad necesaria a la proteccin del 
medio ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales.

En este contexto seguiremos promoviendo un desarrollo sostenible, que 
garantice conjuntamente el crecimiento econmico y la proteccin del 
medio ambiente tanto del mundo rural como del mundo urbano e industrial. 
La estrategia y las polticas ambientales que promuevan dicho desarrollo 
debern ser interdisciplinarias y transversales, afectando a todos los 
niveles administrativos y territoriales y a todas las polticas 
sectoriales.

Se est iniciando la transicin hacia la sostenibilidad de los modelos 
de desarrollo econmico y social, pues empieza a reconocerse la 
limitacin del capital disponible de recursos naturales. Esta transicin 
implica profundos ajustes estructurales en los sistemas de produccin y 
de consumo, cuyos costes deben ser distribuidos de manera equitativa. 
Esto, a su vez, requiere la aplicacin de polticas horizontales y de 
sistemas de contabilidad pblica que integren los datos econmicos 
tradicionales y tambin los ambientales.

LA DIVERSIDAD ECOLGICA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Espaa posee una extraordinaria riqueza en biodiversidad. Ello supone la 
existencia de espacios y especies que deben ser adecuadamente protegidos 
y gestionados. Propondremos en las Cortes Generales completar el 
Catlogo de Parques Nacionales, mediante la Declaracin de los espacios 
que no pudieron culminar su tramitacin parlamentaria en la anterior 
legislatura. Nos comprometemos a desarrollar la Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad potenciando la investigacin y el desarrollo 
tecnolgico que permita una utilizacin sostenible de nuestra riqueza 
gentica, en estrecha cooperacin con los pases en vas de desarrollo 
-en cuyos territorios se concentra la mayor diversidad biolgica del 
planeta-, as como a fomentar la participacin de las comunidades 
locales en la gestin de los recursos naturales.

MS PARTICIPACIN CIUDADANA

Los socialistas impulsaremos la educacin y la formacin en temas 
ambientales, garantizando el derecho efectivo de acceso a la informacin 
ambiental, con el fin de conseguir una cultura ecolgica de nuestros 
ciudadanos, y promoveremos el mximo rigor en el anlisis de los 
problemas ambientales concretos, dotando de operatividad a los cauces de 
participacin, ciudadana. Se aprobar una nueva legislacin sobre 
evaluacin de impacto ambiental, ampliando las categoras de proyectos 
que deben someterse a la declaracin de impacto ambiental, e 
introduciendo la evaluacin ambiental previa a la aprobacin de planes o 
programas sectoriales de importante incidencia ambiental (planes 
hidrolgicos, plan energtico, plan de regados... ). El Consejo Asesor 
del Medio Ambiente deber ser consultado antes de la aprobacin de 
dichos planes y programas, y participar en los mecanismos de vigilancia 
sobre el cumplimiento de la legislacin en materia de informacin 
ambiental.

UNA ADMINISTRACIN COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

Los socialistas consideramos que una poltica ambiental efectiva debe 
conseguir impregnar de objetivos y consideraciones ambientales el diseo 
de todas las dems polticas.

Por otra parte, Espaa es un pas muy descentralizado, donde las 
competencias de gestin ambiental corresponde a las Comunidades 
Autnomas y, en la prctica, son ejecutadas por los Ayuntamientos en 
aspectos tan importantes como aguas residuales y gestin de residuos.
En consecuencia, nuestra poltica ambiental quiere reforzar la 
coordinacin entre la Administracin Central, las Comunidades Autnomas 
y Ayuntamientos, y entre los Ministerios cuyas polticas sectoriales 
inciden en los problemas ambientales.

Para ello, se crear una Comisin Nacional para el Desarrollo Sostenible 
y se potenciar la ya existente Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
a la que deben de incorporarse representantes de los Ayuntamientos.

COOPERACIN INTERNACIONAL

Hay que reforzar la cooperacin internacional en favor del medio 
ambiente y el desarrollo. En particular respecto de los Convenios 
Internacionales sobre Cambio Climtico, Diversidad Biolgica y 
Desertificacin, incluidos en la Agenda 21 (Conferencia de Ro 92), y 
del "V Programa de Accin Comunitaria en materia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible".

FINANCIACIN DE LA POLTICA AMBIENTAL

An no ha calado en la sociedad la idea de que la conservacin no es 
gratuita ni que la gestin ambiental puede y debe ser rentable a medio 
plazo. Es por ello que nos proponemos avanzar en la internalizacin 
progresiva de costes ambientales, que conduzca a una corresponsabilidad 
econmica y fiscal, entre individuos, agentes socio-econmicos y 
Administraciones Pblicas.

En este sentido, profundizaremos en el concepto de impuestos especficos 
ambientales con carcter finalista, as como aquellas otras figuras 
impositivas que favorezcan el ahorro o disminuyan la produccin de 
residuos. Los precios debern reflejar progresivamente los costes 
ambientales asociados al uso de los recursos naturales y en los 
residuos, los costes derivados de su recogida, tratamiento, valorizacin 
y reciclaje.

EL SUELO

Las caractersticas fsicas de nuestro pas, unido a los efectos de 
accin del hombre, estn provocando un proceso de degradacin de la 
calidad del suelo que afecta ya a ms de la mitad de nuestro territorio 
y que es urgente detener. Espaa, como pas firmante del Convenio de 
Lucha contra la Desertificacin, ha asumido el compromiso de elaborar un 
Plan Nacional en esta materia y de cooperar con los pases en vas de 
desarrollo para frenar y compensar el avance de la desertificacin.
Nos comprometemos a promover medidas de prevencin que reduzcan la 
contaminacin del suelo y la sobreexplotacin de los acuferos, los 
incendios forestales, la ocupacin de terrenos de elevada calidad 
edafolgica y la erosin del litoral.

A partir de la Estrategia Nacional de Conservacin Integrada de la 
Naturaleza (ENCINA) armonizaremos el desarrollo de las actividades 
agrarias con la conservacin del espacio y la proteccin de los recursos 
naturales. Los objetivos se basan en el control de la erosin, en 
prcticas agroambientales, en la proteccin de la cubierta vegetal y el 
mantenimiento de la diversidad biolgica. Propugnamos:

- Forestar montes y superficies agrarias para alcanzar y sostener un 
ritmo de 200.000 hectreas por ao.

- Regenerar durante cinco aos 1,2 millones de hectreas de masa 
forestal mediante un Programa para la proteccin de la cubierta vegetal.

- Aplicar un programa a cinco aos de medidas agrarias compatibles con 
el medio natural, fomentando la agricultura extensiva, la ecolgica, las 
razas autctonas y el mejor uso de mtodos de produccin en las zonas 
sensibles de especial proteccin (Espacios Naturales y Humedales).

- Establecer ayudas a los agricultores que cultiven productos 
ecolgicos, intensificando las campaas de promocin de los mismos.

- Ampliar la Red Estatal de Parques Nacionales, hasta completar todos 
los espacios representativos de los diferentes sistemas naturales 
espaoles.

- Garantizar la biodiversidad mediante la conservacin de los habitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres e incorporarlos a nivel 
comunitario a la Red Natura 2000.

- Aprobar una Ley de Montes y Aprovechamientos Forestales, impulsando la 
gestin ordenada y sostenible del monte, incrementando las penas y 
multas para los delitos ecolgicos en general y en especial los que se 
refieren a incendios forestales, y recomendando a las Administraciones 
Pblicas competentes la no clasificacin de aquellos terrenos 
incendiados que hayan sido calificados de especial proteccin forestal o 
paisajstica.

PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR LAS AGUAS

Los socialistas no queremos resolver los problemas del agua creando 
disfunciones ambientales. En cambio, nos proponemos implicar a todos los 
ciudadanos en una utilizacin cada vez ms eficaz del agua, avanzar en 
la prevencin de la contaminacin al medio hdrico y en la depuracin de 
las aguas residuales, reforzar la gestin y el control pblico en el uso 
de los acuferos y mejorar en general, el medio hdrico.
Nos comprometemos a dedicar especial atencin a la proteccin, 
conservacin y recuperacin del medio hidrolgico, profundizando en una 
poltica de calidad de las aguas que permita:

- Alcanzar el objetivo de que las aguas residuales urbanas del 90 por 
ciento de la poblacin espaola estn tratadas adecuadamente al final de 
la legislatura, a travs de la ejecucin del Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuracin.

- Mejorar la calidad y garanta de suministro del agua para usos 
domsticos impulsando en los Ayuntamientos la profesionalizacin de la 
gestin del ciclo urbano del agua.

- Eliminar la contaminacin industrial de las aguas, impulsando la 
depuracin previa al vertido a cauce pblico.

- Contribuir a la recuperacin de los acuferos sobreexplotados y 
eliminar la contaminacin de las aguas subterrneas y superficiales, 
promoviendo con las autoridades agrarias correspondientes, Ayuntamientos 
y con las Comunidades de Regantes, la adopcin de prcticas ambientales 
en el riego.

- Para la revalorizacin del medio hidrolgico, se continuar la 
ejecucin de los programas LINDE para la delimitacin de los cauces; 
ARYCA para el registro y catlogo de todos los aprovechamientos legales; 
SAICA para el control de la calidad de las aguas superficiales y la 
deteccin de episodios de contaminacin; y PICHRA para la recuperacin 
ambiental de mrgenes y riberas.

- Defenderemos una poltica europea del agua dirigida a garantizar el 
desarrollo sostenible.

GESTIONAR LAS COSTAS EN BENEFICIO DE TODOS

Los socialistas pensamos que la gestin integral de la costa es la 
respuesta necesaria para una proteccin ambiental frente a los diversos 
factores que amenazan su integridad, de forma que exista la mxima 
coordinacin en la planificacin y la gestin de los recursos y 
actividades de la franja litoral.
Para ello proponemos:

- Aplicacin estricta de la Ley de Costas de 1988 y su normativa de 
desarrollo.

- Asegurar la integridad y adecuada conservacin del Dominio Pblico 
Martimo Terrestre.

- Garantizar el acceso y el uso pblico y gratuito del mar y su ribera.

- Establecimiento de polticas de gestin integral de la costa, 
diseando mecanismos de colaboracin entre las distintas 
Administraciones Pblicas.

LA PRODUCCIN LIMPIA

En Espaa se requiere un notable esfuerzo empresarial y del conjunto de 
la sociedad, en la configuracin de nuevas pautas de produccin y de 
consumo, caracterizadas por la creciente incorporacin de tecnologas 
limpias. Desde los poderes pblicos se incentivar este proceso mediante 
el uso de todo tipo de instrumentos econmicos, fiscales o normativos, 
de acuerdo con la prioridad -ya recogida en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos- de reduccin en origen de cualquier forma de contaminacin.
Estos criterios deben, entre otras cosas, permitir el cumplimiento de 
los compromisos que Espaa ha asumido en los Convenios establecidos en 
el marco de las Naciones Unidas (Convenio de Basilea, Protocolo de 
Montreal, Convenio de Barcelona, Convenio sobre Cambio Climtico, ...). 
En relacin con este ltimo, los socialistas proponemos la adopcin de 
nuevas medidas que permitan en el ao 2005 la estabilizacin de las 
emisiones de C02 al nivel alcanzado en 1990 y su progresiva disminucin 
a partir de esa fecha.

Los socialistas proponemos la introduccin gradual y obligatoria de 
auditorias energticas y el uso de las energas renovables en todos los 
edificios pblicos, as como en todos los edificios privados para cuya 
construccin o rehabilitacin se conceden ayudas pblicas.

PROTECCIN DEL MEDIO ATMOSFRICO Y CONTROL METEOROLGICO

Promoveremos la proteccin del medio atmosfrico y el control 
meteorolgico mediante:

- La regulacin del ruido, incluyendo de manera explcita la 
contaminacin acstica en todas sus manifestaciones y los lmites de 
exposicin y la proteccin de la poblacin frente a ella, a travs del 
estudio y la adopcin de las medidas antisonido de carcter preventivo.

- Un Plan Nacional de Calidad del Aire.

- Un sistema de avisos sobre fenmenos meteorolgicos adversos.

- El desarrollo y puesta en aplicacin de un sistema avanzado de apoyo 
meteorolgico a las actividades de prevencin y extincin de incendios 
forestales.
- Las predicciones meteorolgicas de carcter anual.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para resolver los problemas medioambientales creados por la produccin y 
eliminacin de residuos urbanos, industriales y ganaderos:

- Elaboraremos una Ley Marco de Residuos.

- Apoyaremos y daremos prioridad a los programas de reduccin en origen, 
reciclaje y reutilizacin.

- Ejecutaremos los Planes Nacionales de Residuos Peligrosos y 
Recuperacin de Suelos Contaminados.

- Elaboraremos y desarrollaremos el Plan Nacional de Residuos Slidos 
Urbanos, incluyendo como programas nacionales el programa de envases y 
residuos de envases, el programa de compostaje, el de sellado de 
vertederos, y el de residuos especficos (neumticos, vehculos fuera de 
uso, escombreras y residuos de demolicin, pilas y acumuladores, muebles 
y enseres domsticos).

- Aprobaremos el Plan Nacional de Residuos Agroganaderos.

- Garantizaremos que las ubicaciones de las infraestructuras necesarias 
para el tratamiento de los residuos sern determinadas tras un proceso 
adecuado de informacin, debate y participacin de las instituciones, 
agentes sociales y ciudadanos implicados.

Agua de todos y para todos

El agua como un recurso natural, con gran incidencia en el desarrollo 
econmico, en el medio ambiente y en equilibrio territorial, es uno de 
los problemas que debemos afrontar de cara al futuro. Los socialistas 
tenemos la obligacin de resolverlo con criterios de solidaridad -y de 
racionalidad. S no somos capaces de resolver el problema del agua no 
podremos asegurar el futuro de nuestro pas.

El agua es escasa en Espaa, pero tenemos recursos hdricos suficientes 
para atender las necesidades razonables de todos los territorios si 
aplicamos los adecuados sistemas de regulacin y gestin.

Los problemas del agua en los ltimos tiempos, causados por la ms 
intensa y duradera sequa del siglo, no deben ocultar la tarea que hemos 
realizado en todos los aspectos de la poltica hidrulica. La capacidad 
de los embalses construidos por el Estado ha crecido en casi un 50% 
durante los gobiernos socialistas. En Andaluca y Extremadura hemos 
duplicado la capacidad de regulacin preexistente.

Las recientes circunstancias climatolgicas, que han acabado con la 
larga sequa en la mayor parte de las cuencas, han generado en poco 
tiempo grandes recursos excedentarios que no han sido regulados. Pero, 
al mismo tiempo, se mantiene un grave dficit de agua en algunas cuencas 
mediterrneas. Esta situacin es un buen ejemplo de la posibilidad y 
necesidad de una poltica de transferencia entre cuencas que complemente 
las polticas bsicas de ahorro, reutilizacin y uso eficiente del agua.
Pese a las dificultades que debemos afrontar, los socialistas 
manifestamos la capacidad de las instituciones y de la sociedad espaola 
para dotar a nuestro pas de un marco de desarrollo en el que la gestin 
y el reparto del agua jueguen un papel de transformacin y progreso.
A este respecto constituyen objetivos polticos de los socialistas:

- Mantener el agua como bien de dominio pblico, gestionado conforme el 
inters general con criterios de eficacia, cohesin y austeridad.

- La correccin del dficit hdrico para atender las necesidades de agua 
en abastecimiento, riegos y proteccin medioambiental.

- La mejora y modernizacin de los sistemas actuales de utilizacin del 
agua, impulsando el ahorro y aumentando la eficacia, especialmente en lo 
que se refiere a los usos agrcolas.

- La promocin de la reutilizacin de las aguas residuales y de la 
desalacin, en los casos y situaciones que la hagan necesaria. La 
regulacin del ciclo natural incrementando los recursos propios de cada 
cuenca.

- La interconexin de las cuencas para equilibrar dficits y excedentes 
entre ellas.

Para ello proponemos:

- Remitir a las Cortes, en 1996, el Proyecto de Ley del Plan Hidrolgico 
Nacional, con el mximo grado de consenso posible.

- Aprobar los doce Planes de Cuenca, en coordinacin con el Plan 
Hidrolgico Nacional.

- Remitir a las Cortes un Proyecto de Ley de Actuaciones en caso de 
sequa.

- Anular el dficit hidrulico, fijado actualmente en el 10% de las 
necesidades de abastecimiento y riego, mediante las adecuadas polticas 
de ahorro y regulacin.

- Revisar el rgimen econmico de la Ley de Aguas para que los precios 
del agua tiendan a cubrir los costes de provisin del recurso teniendo 
en cuenta, en todo caso, sus; efectos sobre determinadas producciones 
agrarias.

- La introduccin obligatoria de contadores individualizados por 
vivienda, por fincas y por establecimientos industriales.

- La introduccin generalizada de las, tecnologas de ahorro de agua, y 
el desarrollo de campaas de informacin y divulgacin de las mismas.

- Facilitar la revisin del Rgimen Concesional en situaciones que as 
lo demandan o cuando las concesiones no sirvan adecuadamente a los 
motivos de su otorgamiento

- Acometer polticas de mejora y modernizacin de los sistemas de 
regado actuales. Se est trabajando ya en medio milln de Ha. y nos 
proponemos llegar a 1.200.000 Ha.

- Aumentar la reutilizacin de aguas residuales hasta alcanzar el 
objetivo de multiplicar por 8 veces el volumen de agua reutilizada, y en 
la desalacin en Canarias Baleares, Ceuta, Andaluca, Murcia y Alicante, 
hasta multiplicar por 5 el volumen desalado.

- Mantener las Cuencas Hidrogrficas como unidad de gestin del agua, 
aumentando la regulacin de cada cuenca e interconectndolas de forma 
que se consiga el equilibrio hdrico global para el conjunto del pas.

- La interconexin de las cuencas que proponemos permitir, teniendo en 
cuenta las exigencias ambientales y las necesidades propias de cada 
cuenca, aumentar los recursos disponibles en la cabecera del Tajo, 
eliminando la hipoteca que ha venido pesando sobre ella, y contribuir a 
cubrir los dficits estructurales de las cuencas mediterrneas mediante 
aportaciones de otras cuencas.

El esquema bsico de esta poltica de interconexin se compondr de tres 
ejes norte-sur.

* Eje Ebro - Arco Mediterrneo.

* Eje Duero - Jarama - Alto Tajo - Alto Guadiana - Segura.

* Eje Tajo Medio - Guadiana - Gualdalquivir, y de conexiones 
generales entre las cuencas del Guadiana Bajo, Guadalquivir, Sur, Norte 
y Galicia-Costa.

- Culminar el acuerdo entre Espaa y Portugal sobre las cuencas 
internacionales que comparten.

- Acelerar la finalizacin de la puesta en riego de las Zonas de Inters 
General de la Nacin y de Inters Nacional de acuerdo con las CC.AA. 
afectadas.

ECONOMA PARA EL PROGRESO

La economa al servicio del empleo
1993-95: CMO LOGRAMOS SALIR DE LA CRISIS

La legislatura que ahora finaliza se inici en un momento en que la 
economa espaola todava sufra una recesin muy importante. A partir 
de la segunda mitad de 1992, el fuerte crecimiento econmico di paso a 
una cada aguda de la actividad y del empleo que deterior las cuentas 
pblicas.

La dureza de nuestra recesin no ha sido sin embargo muy distinta a la 
experimentada por los restantes socios comunitarios. De hecho, nuestra 
renta por persona no se alej de la media europea. Este perodo slo ha 
representado un parntesis temporal en el proceso de aumento del 
bienestar colectivo que se viene produciendo desde 1982, y que ha 
supuesto un crecimiento acumulado de la renta por persona de los 
ciudadanos espaoles superior al 35%. Adems la riqueza est mejor 
repartida gracias a la disminucin de las desigualdades sociales a lo 
largo de la dcada de los aos ochenta y los primeros aos noventa, un 
resultado que pocos pases desarrollados de nuestro entorno han sido 
capaces de obtener.

El aumento de la equidad de nuestra sociedad y el mayor nivel de renta y 
riqueza de los espaoles han sido factores decisivos para soportar los 
costes de la recesin. Pero tuvo un impacto muy negativo sobre nuestro 
mercado de trabajo. Las rigideces en nuestro mercado laboral, una 
evolucin de los salarios reales desligada de los incrementos de 
productividad y la cada de actividad llevaron nuevamente la tasa de 
paro a niveles por encima del 20% de la poblacin activa.
Ante esta situacin, el Gobierno emprendi una poltica econmica 
encaminada a sentar las bases de una slida y equilibrada recuperacin 
econmica, capaz de generar empleo y de reducir, simultneamente, la 
inflacin el dficit exterior y el desequilibrio presupuestario de las 
Administraciones Pblicas.

Los elementos de esta poltica fueron bsicamente cuatro:

1. corregir el desequilibrio presupuestario a travs de una poltica de 
austeridad en el gasto pblico, sin por ello modificar las prestaciones 
sociales;

2. reforzar el compromiso anti-inflacionista del Gobierno otorgando al 
Banco de Espaa plena autonoma para el diseo e instrumentacin de la 
poltica monetaria;

3. un conjunto de medidas fiscales selectivas para reactivar la 
inversin y la creacin de empleo a la vez que se mantena un elevado 
nivel de inversiones pblicas;

4. una reforma laboral que forzaba a un cambio en los comportamientos de 
los agentes sociales, priorizando la creacin de empleo. Ello se vio 
acompaado de una moderacin salarial ejemplar acorde con las elevadas 
tasas de paro de nuestra economa.

La opcin que seguimos fue acertada. Frente a quienes pronosticaban que 
no saldramos de la crisis, ya la hemos superado. Decan luego que la 
recuperacin sera tmida y vacilante, pero crecemos de manera sostenida 
y firme. Por ltimo, afirmaban que nuestras posibilidades de crecimiento 
se veran entorpecidas por la difcil situacin poltica. Nada de eso ha 
ocurrido.

Por primera vez en nuestra historia econmica reciente, hemos recuperado 
tasas de crecimiento positivas al mismo tiempo - y con una mayor 
intensidad - que el resto de pases miembros de la Unin Europea. En 
estos momentos, la actividad crece al tres por ciento. Es un ritmo algo 
inferior al experimentado en anteriores fases expansivas, aunque gracias 
a la poltica econmica que estamos aplicando, sta puede ser ms 
duradera y, estable, porque crecemos al tiempo que se van reduciendo los 
desequilibrios bsicos y se crea empleo.

En dos aos, el dficit pblico se ha reducido en ms de dos puntos 
porcentuales, los tipos de inters a largo plazo han cado en una 
cuanta similar y la inflacin puede situarse en los prximos meses por 
debajo del 4%, mientras que el tipo de cambio de la peseta ha vuelto a 
situarse por encima de su tipo central en el Sistema Monetario Europeo.
Junto a la reduccin de los costes financieros y, la recuperacin de la 
peseta, la moderacin salarial que se viene experimentando' desde 1994 
ha contribuido a sanear las empresas, reactivando con ello la inversin 
y el empleo. Desde que se inici la recuperacin, la inversin ha 
aumentado en torno a un 15% y se han creado ms de medio milln de 
empleos netos. Adems se ha vuelto a producir un supervit en la balanza 
por cuenta corriente, un resultado que no se registraba desde hace una 
dcada.

Todo lo anterior configura un tipo de crecimiento especialmente 
favorable a la consecucin de nuestro objetivo bsico: la creacin de 
empleo. Aunque crecer al 3% es un resultado apreciable, an lo es ms el 
hecho de que ese crecimiento se est logrando con un patrn estable, 
equilibrado y no inflacionario: sta es la mejor garanta de que podr 
ser mantenido durante un dilatado periodo de tiempo, contribuyendo as a 
absorber nuestra elevada tasa de paro.

CONVERTIR EL CRECIMIENTO EN EMPLEO

Consolidar este crecimiento generador de empleo es el principal reto de 
la prxima legislatura. Para superarlo con xito resulta imprescindible 
continuar aplicando polticas que, a la vez que preservan los niveles 
alcanzados de proteccin social, sean capaces de generar los aumentos de 
eficiencia productiva que son imprescindibles en una economa que quiere 
formar parte del ncleo de pases europeos que en 1999 participen en la 
tercera fase de la Unin Econmica y Monetaria.

Y para ello, hay que perseverar en la correccin de nuestros 
desequilibrios econmicos. Tal y como prev el Programa de Convergencia, 
nuestro objetivo es situar en 1997 el dficit pblico en el 3% del PIB y 
colocar la inflacin, de forma sostenida y duradera, tambin por debajo 
de ese porcentaje.

Las razones que nos llevan a considerar irrenunciables estos objetivos 
son claras: en una economa abierta. el crecimiento generador de empleo 
exige dficits pblicos y tasas de inflacin lo ms reducidas posibles. 
El dficit pblico absorbe recursos financieros que podran haber sido 
utilizados por la economa productiva, presiona al alza los tipos de 
inters y hace muy vulnerable a la economa ante los cambios de opinin 
de los mercados. Por su parte, la inflacin redistribuye regresivamente 
la renta, y erosiona la competitividad exterior de la economa, minando 
su estabilidad cambiaria y financiera, y, por tanto, su capacidad de 
crecimiento.

Los tipos de inters reales elevados, como es el caso en la actualidad. 
desaniman la inversin y, sobre todo, generan efectos regresivos en la 
distribucin de la renta. Crear las condiciones precisas para su 
reduccin es una tarea en cuyo empeo estn en juego un conjunto de 
equilibrios sociales. La capacidad adquisitiva de muchas familias 
empieza a verse afectada ms por el precio de su endeudamiento que por 
los salarios; se resiente la armona entre el sistema pblico de 
pensiones y los mecanismos de previsin complementaria. Y el margen para 
las polticas sociales o de inversin pblica se estrecha al elevarse el 
gasto financiero del Estado.

REDUCIR EL DFICIT DEFENDIENDO EL ESTADO DE BIENESTAR

Aunque ambos objetivos son compartidos con carcter casi general, la 
forma de llegar a ellos refleja claramente preferencias ideolgicas. El 
mantenimiento del Estado de Bienestar debe hacerse compatible con la 
reduccin del dficit pblico, para cumplir con los objetivos marcados. 
Ello exige un riguroso proceso de racionalizacin y control del gasto 
pblico. que mejore al mismo tiempo la eficacia econmica de la 
proteccin y la calidad de las prestaciones.

En este sentido nos proponemos aprobar una nueva Les, General 
Presupuestaria que mejore los procedimientos de planificacin, 
presupuestacin y gestin del gasto pblico, de contenido similar a la 
presentada por el Gobierno en la anterior legislatura y, que contenga 
entre otras las siguientes medidas:

- Impulsar el proceso de revisin de la eficacia y cumplimiento de los 
programas de gasto, que se ha puesto en marcha en ejercicios anteriores.

- Potenciar el papel de la Intervencin General de la Administracin del 
Estado en relacin al control y fiscalizacin del gasto pblico. En 
referencia al control previo de legalidad se delimitarn claramente los 
supuestos que impidan la tramitacin administrativa de los que produzcan 
una mera suspensin, establecindose procedimientos rpidos de solucin 
de las discrepancias entre los gestores y la intervencin.

- Establecer los mecanismos adecuados para evitar la aparicin de 
desviaciones entre el gasto presupuestado y el gasto realizado, 
restringiendo el recurso a los crditos extraordinarios y, ampliables, 
as-como las incorporaciones de crditos de ejercicios anteriores.

- Evitar la utilizacin de partidas de gasto pblico para fines 
distintos a los inicialmente previstos, reduciendo la posibilidad de 
modificaciones presupuestarias que en todo caso debern justificarse en 
funcin del cumplimiento de objetivos.

- Utilizar procedimientos contables que permitan conocer el coste real y 
los niveles de eficiencia del gasto realizado por el Sector Pblico.

- Reforzar los mecanismos de seguimiento del gasto por parte del gestor, 
aumentando la exigencia de responsabilidad a los funcionarios encargados 
de su ejecucin.

- Adems, nos proponemos reorganizar la Administracin Central 
adaptndola a los procesos de transferencias a las Comunidades 
Autnomas, evitando duplicaciones entre las distintas Administraciones y 
entre los distintos Organismos y Entidades de la Administracin Central.

- Las circunstancias por las que ha atravesado la legislatura que ahora 
concluye, nos han impedido cumplir el compromiso que habamos asumido en 
1993, de someter a la aprobacin de las Cortes una nueva Les, del 
Tribunal de Cuentas. En este momento reafirmamos nuestro compromiso en 
los mismos trminos que lo hicimos entonces, esto es, una ley que 
fortalezca sus mecanismos de control, sus facultades de carcter 
sancionador y los medios materiales NI personales puestos a su 
disposicin para el ejercicio de sus funciones.

- La poltica de ingresos tambin tiene que colaborar en la consecucin 
del objetivo marcado para la reduccin del dficit. Para ello. nos 
proponemos mantener el peso de los ingresos pblicos en el PIBy los 
actuales niveles de presin fiscal individual, a travs de las medidas 
tributarias que se detallan ms adelante. La consolidacin de una tasa 
de crecimiento econmico elevada, la continuidad del programa de 
privatizaciones y la intensificacin de la lucha contra la fraude 
generarn los recursos suficientes para lograr los objetivos de dficit. 
Una vez conseguido ste. emprenderamos una revisin de la tarifa del 
IRPF que, conservando su naturaleza progresiva, conllevara una 
reduccin de los tipos marginales de todos los tramos de renta en los 
trminos previstos en la Ley de 1991.

CONTROL DE LA INFLACIN Y REFORMAS ESTRUCTURALES

Por lo que respecta a la inflacin, la distancia que nos separa del 
objetivo del 3% es considerablemente ms reducida que en el caso del 
dficit presupuestario. Ello permite anticipar que el Banco de Espaa 
-salvo que la poltica presupuestaria y la salarial se comportasen de 
manera divergente no slo no tendr necesidad de endurecer adicionalmente 
su actual poltica monetaria. sino que incluso podr actuar para que los 
tipos de inters reales disminuyan.

Para conseguir que este escenario se haga realidad, es imprescindible 
que los agentes econmicos y sociales mantengan una posicin 
cooperadora, tanto en lo que respecta a los mrgenes empresariales como 
a los niveles salariales. Continuar ligando los aumentos de salario real 
a los incrementos de productividad, y hacerlo cada vez de forma ms 
descentralizada, es la ruta ms segura para afianzar la favorable 
evolucin del empleo.

De otra parte, tenemos la certeza de que la introduccin de ms 
competencia en el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios 
contribuye a la evolucin moderada de los mrgenes empresariales. El 
control de la inflacin se ver favorecido por las actuaciones que 
queremos desarrollar en ese sentido, en especial en aquellos sectores de 
la actividad econmica que gozan todava bien de proteccin corporativa 
o de posiciones prximas al monopolio injustificado. La reduccin de 
subvenciones y la adopcin de medidas liberalizadoras de esos mercados 
deben permitir poner fin a situaciones de privilegio y de falseamiento 
de la competencia no slo injustificables en trminos de equidad. sino 
tambin extremadamente costosas en trminos de estabilidad de precios.
Por ello, proponemos llevar adelante las polticas de liberalizacin 
recogidas en el Programa de Convergencia. y en otros captulos de este 
programa electoral, referidas a Colegios Profesionales, farmacias, 
sector transporte y telecomunicaciones. Es preciso, por ejemplo, 
afrontar de inmediato la adecuacin del ejercicio de las profesiones 
colegiadas a la legislacin sobre libertad de competencia. lo que 
repercutir en la mejora de la relacin calidad/precio de los mismos y 
en la mayor eficiencia en la asignacin de recursos a la actividad 
productiva. Para ello promoveremos una ley de modificacin de la Ley de 
Colegios Profesionales.

Adems, propondremos las normas necesarias para aumentar la 
transparencia de los costes de los servicios financieros, y nos 
opondremos a cualquier iniciativa que suponga la minoracin de los 
actuales niveles de competencia entre las distintas entidades del sector 
bancario.

Las anteriores medidas estructurales se complementaran con actuaciones 
en tres mbitos especficos: el sistema de pensiones, el sector pblico 
empresarial y el mercado de suelo urbanizable.

La reforma de nuestro sistema de Seguridad Social debe hacerse 
desarrollando los principios establecidos en el Pacto de Toledo. El 
objetivo es mantener nuestro sistema pblico de proteccin social 
introduciendo algunas modificaciones en su estructura a fin de 
garantizar las prestaciones presentes y futuras.

En segundo lugar, la racionalizacin del sector pblico empresarial. Las 
medidas en el mbito de la empresa pblica debern pasar por la 
progresiva privatizacin de aquellas que operen en sectores que no se 
consideren prioritarios. La poltica de privatizaciones debe tener como 
principal objetivo mejorar la competitividad empresarial de la economa 
y, por ello, deber mantenerse bajo control del sector pblico 
exclusivamente aquellas empresas que tengan un carcter de clara 
importancia estratgica para la economa. Tambin se deber valorar la 
posibilidad de mantener aquellas otras empresas que, an no teniendo 
viabilidad econmica, sean de especial relevancia para el tejido social, 
aunque deber buscarse el camino ms adecuado para su redimensionamiento 
o incluso, si fuera imprescindible, para el cese de su actividad.
Finalmente. nos proponemos impulsar la flexibilizacin del mercado de 
suelo urbanizable recogiendo las conclusiones de la Comisin sobre el 
Suelo creada por el Gobierno, a fin de conseguir una vivienda ms 
barata, y, un mejor urbanismo.

LA UNIN MONETARIA, UNA META IRRENUNCIABLE

El cumplimiento del Programa de Convergencia permitir la obtencin de 
elevados beneficios para nuestro pas. El resultado ser una economa 
ms competitiva, ms transparente y ms justa, que pueda tener un 
crecimiento ms duradero, con una menor inflacin y unos tipos de 
inters ms bajos.

En definitiva, una economa lista para integrarse en la tercera fase de 
la Unin Econmica y Monetaria Europea desde el primer momento, siendo 
capaz de adoptar la moneda nica el 1 de enero de 1999.
Quienes se oponen a que Espaa forme parte desde el principio de la 
Europa de la primera velocidad. argumentan que eso supondra menos 
crecimiento, ms paro y prdida de cohesin social. Para ellos, la 
reduccin de la inflacin, del dficit y la deuda pblica y la renuncia 
al ajuste del tipo de cambio son sacrificios que poco aportan al 
bienestar del pas, y que, por tanto, sera preferible que la ciudadana 
se ahorrase. En posicin distinta, pero tambin reticentes, estn los 
que niegan la posibilidad de que Espaa consiga llevar a cabo las 
reformas necesarias para satisfacer los criterios de convergencia, y, 
consecuentemente, se resignan de antemano a que en 1999 nuestro pas 
quede relegado a un papel perifrico.

Nosotros estamos persuadidos que la Unin Econmica y Monetaria es un 
objetivo posible y altamente beneficioso para el bienestar de los 
espaoles, y, por ello, lo consideramos que vale la pena hacer el 
esfuerzo necesario para estar en ella desde el comienzo.
Creernos que es un objetivo posible. En los ltimos dos aos hemos ido 
acercndonos al cumplimiento de los criterios establecidos en el Tratado 
de la Unin, sin. por ello renunciar ni al crecimiento, ni a la 
generacin de empleo, ni a las polticas de solidaridad. En este mismo 
ao estaremos en posicin de satisfacer los criterios de inflacin y 
tipos de inters, al tiempo que se crean las condiciones para cumplir en 
1997 con los otros dos criterios de estabilidad cambiara NI de dficit 
pblico.

Y es un objetivo altamente beneficioso. Porque la experiencia de los 
pases ms prsperos y ms solidarios nos demuestra que la estabilidad 
macroeconmica que garantiza la pertenencia a la Unin Monetaria Europea 
es el mejor camino para sostener el crecimiento econmico y, la 
generacin de empleo en una economa abierta e interdependiente. La 
supuesta contradiccin entre el crecimiento estable y no inflacionario y 
la creacin de empleo no existe. La amplia experiencia internacional 
indica que con ms dficit y ms inflacin lo que se consigue es ms 
paro y menos prosperidad. lo que hace imposible las polticas de 
solidaridad.

Estamos convencidos que nuestra participacin en el ncleo inicial de la 
Unin Europea nos va a proporcionar beneficios econmicos inmediatos, en 
forma de sustanciales reducciones en los tipos de inters, una vez 
emprendidas las reformas estructurales y la correccin de nuestros 
desequilibrios. Y la reduccin de los tipos de inters estimular la 
demanda compensando con creces el impacto contractivo que pudiese tener 
la reduccin del dficit.

Por contra, quedar fuera de la Unin Monetaria no nos ahorrara 
sacrificios, sino que tan slo elevara el coste social de unas reformas 
que hay que llevar a cabo en todo caso, no por Maastricht sino porque la 
economa mundial ha cambiado drsticamente. Pero en esta ocasin el 
ajuste econmico habra que hacerlo desde la frgil posicin de un pas 
de la Europa de la segunda velocidad, privado de parte de los fondos 
comunitarios, con tipos de inters ms elevados, y habiendo dejado pasar 
las posibilidades de crecimiento que la euforia de la culminacin del 
Tratado de la Unin seguramente producir.

Por todo ello, consideramos que la participacin de Espaa en la tercera 
fase de la Unin Monetaria es un objetivo irrenunciable. No slo porque 
hay que evitar que el siglo XX se cierre con una nueva ola de desnimo 
colectivo. o por los efectos econmicos positivos que la estabilidad 
macreoconmica nos reportar. sino adems porque la participacin de la 
moneda nica es la mejor forma de mantener el compromiso de 
modernizacin del pas que siempre hemos perseguido. La Unin Monetaria 
es la Europa del siglo XXI, y nosotros queremos y podemos pertenecer 
desde el principio a ella.

REFORMAS EN LOS IMPUESTOS

Las reformas tributaras llevadas a cabo en la pasada legislatura han 
supuesto la actualizacin de importantes normas para adaptarlas a la 
evolucin de la economa. La reformas efectuadas han sido bien acogidas 
por los ciudadanos y estn dando fruto, entre otros aspectos, en la 
regulacin de las situaciones tributaras y, por tanto, en la correccin 
del fraude.

Se est configurando un sistema tributario progresivo y moderno: que 
incorpora las tendencias actuales en el pensamiento hacendstico y las 
orientaciones bsicas de las reformas que se llevan a cabo en los otros 
pases de la Unin Europea; que est recogiendo las exigencias de las 
Directivas Comunitarias; y que coincide con los criterios imperantes en 
los pases avanzados en la lucha contra el fraude fiscal.
Los socialistas nos proponemos proseguir en la lnea de las reformas 
realizadas, manteniendo la coherencia con los principios que han 
orientado el desarrollo del sistema tributario en los pasados aos, 
atendiendo a problemas actuales y teniendo presente las caractersticas 
de la presin fiscal en Espaa, y el objetivo de reduccin del dficit 
pblico sin poner en peligro los logros sociales alcanzados.
Respetando las facultades tributaras de los llamados territorios 
histricos, es voluntad de los socialistas avanzar en la coordinacin 
fiscal con el fin de que no se produzcan desigualdades en el modelo 
fiscal espaol.

LA MEJORA DE LOS INGRESOS FISCALES

La presin fiscal en Espaa es inferior a la de la mayora de los pases 
de la Unin Europea. Segn las ltimas estadsticas comunitarias, Espaa 
se sita en el penltimo lugar de los Quince, detrs de Gran Bretaa, y 
entre 10 y 15 puntos por debajo de los pases ms avanzados como 
Dinamarca, Suecia y Holanda.

Nuestra presin fiscal, sin embargo, ha crecido a lo largo de estos 
aos. Ese incremento ha sido necesario para desarrollar el Estado de 
Bienestar en Espaa y modernizar nuestro pas. El esfuerzo realizado por 
la sociedad espaola ha sido muy importante, ya que se ha hecho en menos 
de 20 aos el equivalente a lo que otros pases han realizado en 40 6 50 
aos. Hoy los ciudadanos espaoles podemos sentirnos orgullosos del 
camino recorrido y, en particular, debe valorarse como un gran logro 
colectivo que Espaa sea uno de los pases que ms han reducido las 
desigualdades desde el ao 1980 de la Unin Europea.

Mirando al futuro, el incremento de los ingresos fiscales y, por tanto, 
de la presin fiscal global ha de provenir de un ensanchamiento de las 
bases de los impuestos, Como consecuencia del aumento de la actividad 
econmica y de la correccin del fraude.

Paralelamente, se cumplir el compromiso establecido en el Programa de 
Convergencia de mantener estable la presin fiscal individual, aunque si 
la reduccin del dficit lo permite se realizarn ajustes en la 
imposicin personal, a fin de reducir la presin que soportan algunas 
rentas medias y de trabajadores.

Tambin a partir de 1996, la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre 
Sociedades aliviar la carga tributara de las empresas, contribuir a 
la mejora de la competitividad, y apoyar de forma importante a las 
PYMES en la inversin y creacin de empleo.

REDUCIR EL DFICIT PUBLICO. MANTENER LA COHESIN SOCIAL

Los planteamientos sobre un sistema impositivo no pueden realizarse al 
margen del empleo que se haga de los recursos obtenidos. Es preciso, en 
nuestro pas, mantener el nivel de proteccin y de servicios sociales 
alcanzados -pensiones, sanidad, educacin, vivienda, servicios sociales 
y proteccin al desempleo- y proseguir con la modernizacin del pas, al 
tiempo que se siguen realizando esfuerzos de austeridad en otros 
captulos.

Propiciar que los ciudadanos conozcan el destino de los impuestos, cmo 
se gastan y en que se gastan es la mejor manera de avanzar en la mayor 
aceptacin social de las obligaciones fiscales y en el reconocimiento de 
la funcin que tiene el sistema impositivo.
Nuestros compromisos de respetar los niveles de proteccin social 
alcanzados en los ltimos aos de aumentar la calidad y eficacia en la 
prestacin de los servicios pblicos y de realizar actuaciones 
selectivas de apoyo a la competitividad, el crecimiento y el empleo se 
combinan con el objetivo de reducir el dficit pblico al 3% del PIB en 
los prximos dos aos.

La reduccin del dficit permitir el descenso de los tipos de inters 
lo que repercutir positivamente en el crecimiento, el empleo y el coste 
de la deuda pblica. Los tipos de inters reales elevados, como es el 
caso todava hoy, desaniman la inversin y, sobre todo, generan efectos 
regresivos en la distribucin de la renta.
Crear las condiciones precisas para su disminucin es una tarea 
necesaria. De sus resultados depende la mejora de la capacidad 
adquisitiva de muchas familias y tambin el margen que la poltica 
presupuestaria necesita para las polticas de proteccin social y de 
inversin en infraestructuras.

AVANZAR EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El fraude fiscal se ha reducido en Espaa en los ltimos aos. A pesar 
de ello, sigue siendo alto y hay que seguir desarrollando el esfuerzo 
necesario para reducir su nivel al mnimo posible. Por razones 
recaudatorias y por razones de equidad. El fraude fiscal relevante se 
encuentra en bolsas concretas y no existe en las rentas del trabajo 
dependiente, que son as las grandes perjudicadas por el fraude fiscal.
Nos proponemos continuar la lucha contra el fraude. En este sentido se 
llevarn a cabo acciones selectivas sobre las bolsas concretas en las 
que se ubica el fraude -algunos sectores econmicos y profesionales, as 
como en el IVA- y las actuaciones necesarias para afrontar las nuevas 
modalidades de fraude.

Para avanzar en la cultura fiscal, promoveremos la educacin ciudadana 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y un mayor 
desarrollo de los valores propios de la tica de lo colectivo: la 
solidaridad y el sentido de la responsabilidad ante las cargas 
generales.

Debe avanzarse, asimismo, en mejorar las relaciones entre los 
contribuyentes y la Administracin Tributaria y potenciar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Se continuar 
mejorando los derechos y las garantas de los ciudadanos y se recopilarn 
los mismos en una Carta de Derechos en la lnea de las recomendaciones 
de la Unin Europea.

La lucha contra el fraude tanto en prestaciones como en fraude fiscal 
-en la que hay que involucrar al conjunto de la sociedad espaola 
propicindose el rechazo social de los defraudadores- ha de ser en los 
prximos aos uno de los ejes para incrementar los ingresos fiscales y 
reducir el dficit pblico.

Con este objeto, nos proponemos remitir a las Cortes un Plan estratgico 
y global, concertado entre las Administraciones Pblicas, de lucha 
contra el fraude que, desarrollando la estructura organizativa que 
precisa la Agencia Tributara, disee planes especficos de prevencin e 
inspeccin dirigidos a las grandes bolsas de fraude, contando con un 
aumento de la colaboracin policial con los rganos de la Agencia.

REFORMAS FISCALES

Nuestro sistema fiscal se ha orientado en los ltimos aos en torno a 
tres grandes principios: justicia, redistribucin y fomento de la 
produccin y, el empleo. Nos proponemos continuar las reformas concretas 
con arreglo a dicho, principios y, en particular centrar la atencin en 
crear las condiciones adecuadas para apoyar la inversin, tanto pblica 
como privada, a travs de impulsos selectivos de carcter fiscal, tanto 
en el Impuesto sobre Sociedades como en el IVA y dems impuestos 
indirectos.

Asimismo, como una de las reformas ms relevantes, se proceder a la 
adaptacin del impuesto sobre la Renta a fin de dar mayor coherencia al 
tributo, reordenar la tarifa y racionalizar los tipos impositivos. a 
medida que la reduccin del dficit vaya dejando margen para ello.
Esta adaptacin requerir paralelamente la revisin del presupuesto de 
los gastos fiscales, atendiendo a la prioridad social y econmica de los 
fines a los que se dirigen estos incentivos y su compatibilidad con 
otros instrumentos de poltica econmica.

REFORMAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS

El impuesto sobre la renta de las personas fsicas es moderno, ya que la 
Ley fue aprobada en el ao 1991. Nuestro deseo para la legislatura es 
aplicar completamente las previsiones de esa ley, cosa que hasta ahora 
no ha sido posible ya que hubiese supuesto una merma importante de su 
capacidad recaudatoria. La aplicacin de la ley producir una adaptacin 
gradual del conjunto de la tarifa hasta situar el tipo marginal mximo 
en el 50%. El ritmo de aplicacin de esa medida deber acompasarse, en 
todo caso, al objetivo de reducir el dficit pblico por debajo del 3% 
del PIB a partir de 1997.

Otros aspectos de la reforma consisten en:

- La deflactacin automtica de la tarifa y de los tipos de retencin en 
funcin de la inflacin para que el impuesto grave las rentas reales y 
no las nominales.

- Revisar las deducciones y desgravaciones manteniendo las de mayor 
fundamento social: cargas familiares, vivienda, medicina complementaria.
En particular se limitar la cantidad mxima de deduccin por compra de 
vivienda habitual, situando el techo en 30 millones de pesetas de valor 
de compra, y se dar ms apoyo fiscal a la vivienda en alquiler. Se 
alargar a seis aos el plazo de desgravacin de las cuentas 
ahorro-vivienda.

- La rebaja gradual y selectiva de la tabla de retencin aplicable a los 
rendimientos de trabajo en funcin de los tipos efectivos declarados con 
objeto de reducir el importante volumen de devoluciones que han de 
practicarse en cada ejercicio.

REFORMAS EN EL AHORRO

Nos proponemos estimular y apoyar el ahorro del sector privado en un 
momento propicio, debido a los cambios en los hbitos de los ciudadanos 
y el incremento en la propensin al ahorro que se est produciendo en 
Espaa y los otros pases desarrollados. El fomento del ahorro permitir 
la financiacin de la inversin y su contribucin a un crecimiento 
econmico estable.

Para apoyar el ahorro a largo plazo se efectuaran las siguientes 
reformas:

- Fondos de Inversin: se permitir la movilidad entre ellos, 
manteniendo las ventajas fiscales. arbitrando mecanismos suficiente de 
control a efectos tributarios.

- Planes de Pensiones: se facilitar la movilidad entre diferente Fondos 
y se introducirn supuestos de liquidez. entre ellos, el desempleo o la 
prejubilacin.

- Fiscalidad de las figuras de previsin social complementarias (Planes 
de Pensiones, Seguros, Mutualidades): se revisarn y mejorarn los 
incentivos fiscales, teniendo presente las ltimas modificaciones 
legales. El lmite debe situarse en las cargas fiscales que recaen sobre 
la previsin social pblica, de tal manera que sta no resulte en una 
peor situacin en su tributacin.

IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
SUCESIONES

En la pasada legislatura se ha introducido como reforma importante el 
diferimiento en el pago del impuesto. No obstante, parece necesario 
suavizar este tributo revisando la tarifa y la base imponible, as como 
reduciendo el tipo marginal.

En particular, se modificar la regulacin del impuesto a fin de tener 
en cuenta la situacin de quienes reciben como herencia la vivienda en 
la que habitualmente habitan, de modo que el pago del impuesto no les 
obligue a tener que enajenarla.

Por lo que respecta a la sucesin de bienes empresariales se aplicar 
una reduccin del 25% en la base imponible, con el requisito de 
permanencia de la empresa durante un determinado nmero de aos, a fin 
de evitar una nueva carga sobre la actividad empresarial adicional de 
padres a hijos en este impuesto, con limitaciones tanto para la 
afectacin de la vivienda a residencia habitual de los hijos como 
cuantitativas.

DONACIONES

Se equiparar al tratamiento de las sucesiones suprimindose el criterio 
del patrimonio preexistente como criterio que determina el gravamen a 
aplicar en este impuesto.

Se continuar con la armonizacin y aplicacin de Directivas 
Comunitarias y la mejora tcnica del impuesto.

IMPUESTOS ECOLGICOS

Se implantarn tasas ambientales o impuestos ecolgicos, como las tasas 
sobre la mala gestin de aceites usados o sobre envases y embalajes no 
reciclables, con el objetivo de contribuir a la proteccin del medio 
ambiente y atender los costes que ello supone.

APOYO A LA COMPETITIVIDAD EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

Una de las lneas centrales de la poltica econmica seguida en la 
pasada legislatura, ha sido el apoyo a la actividad de las empresas, a 
la inversin y el empleo. En esta poltica ha tenido un papel destacado 
la poltica fiscal.

Para los prximos aos, la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades en 1996, supondr continuar con esa lnea de apoyo a la 
actividad productiva y de forma estable, ya que la Ley contiene medidas 
fiscales de apoyo a las PYMES y a la internacionalizacin de las 
empresas espaolas. Asimismo se han mejorado los incentivos a los gastos 
en formacin profesional, a actividades en I+D y a la actividad 
exportadora, y se mantiene para el ejercicio de 1996 la deduccin por 
inversiones del 5%.

Debe destacarse tambin la reduccin en el impuesto de matriculacin en 
cinco puntos a fin de reducir la fiscalidad que grava al automvil y la 
prrroga para 1996, del Plan Renove de apoyo a la adquisicin de 
vehculos industriales nuevos. Con estas medidas se apoyarn las 
ventajas competitivas alcanzadas el pasado ao con los correspondientes 
efectos favorables sobre el empleo.

Asimismo se adoptarn cuantas medidas complementarias se consideren 
adecuadas para continuar impulsando la inversin y el empleo, as corno 
la mejora de la financiacin de las PYMES, a travs de reformas que 
favorezcan el acceso de las empresas al mercado financiero. En 
particular debe considerarse que los fondos de inversin puedan 
destinarse a dicha financiacin; aplicar un compromiso vinculante sobre 
los plazos mximos de pago o del derecho de aplicacin de inters de 
demora a los contratistas y proveedores de la Administracin; propiciar 
que las Cajas de Ahorro hagan una poltica activa en favor de las PYMES; 
as como potenciar el acceso de stas a los mercados de valores a travs 
de Instrumentos de renta fiscal. 

Apoyo a sectores productivos

COMERCIO INTERIOR

La primera fase del Plan Marco de Modernizacin del Comercio Interior 
1995-2001, recientemente aprobado, supondr una sustancial mejora de la 
competitividad y el cambio estructural del pequeo comercio. Este Plan 
Marco, desarrollado en colaboracin con las CC.AA. supondr una fuerte 
inversin inducida para el sector. En este contexto y sobre la base de 
la libre y leal competencia () de la ordenacin del territorio y, el 
urbanismo comercial, proponemos:

- La utilizacin de los fondos europeos para el desarrollo de polticas 
activas en el sector.

- Una fiscalidad equilibrada y, soportable para que el pequeo y mediano 
comercio mejore sus niveles de empleo, rentabilidad y eficacia.

- Una simplificacin administrativa efectiva para la puesta en 
funcionamiento de pequeas y medianas empresas comerciales.

- Fomentaremos y potenciaremos el asociacionismo y la integracin de los 
pequeos comerciantes mediante polticas de cooperacin empresarial, 
modernizacin tecnolgica y logstica, que permita al pequeo comercio 
de proximidad especializado ser un elemento creador de empleo integrador 
de nuestras ciudades y potenciador de una verdadera calidad de vida 
ciudadana.

- Reforzaremos una poltica de dilogo social entre el comercio de 
proximidad, las asociaciones de consumidores. los representantes de los 
trabajadores del sector y las grandes empresas de distribucin. 
Pondremos en marcha el Consejo Consultivo Nacional de la Distribucin 
Comercial como elemento de dilogo, propuesta y asesoramiento.

- Fomentaremos la liberalizacin de aquellos aspectos de la distribucin 
comercial cuya situacin actual de monopolio no es razonable desde 
ningn punto de vista ajeno a la actividad mercantil, y que en la 
actualidad genera posiciones de dominio que repercuten negativamente en 
el consumidor.

Nos comprometemos a estudiar la bsqueda de frmulas acordes con las 
existentes en otros pases europeos para regular:

- Un mecanismo razonable para que aquellos comerciantes individuales que 
deseen abandonar la actividad puedan hacerlo, asegurando el relevo 
generacional.

- Fomentaremos un tratamiento fiscal estimulante para el pequeo 
comercio, de tal manera que trabajar en este sector sea un acicate para 
los jvenes.

- Elaboraremos un Censo Nacional de Establecimientos Comerciales 
permanentemente actualizado que, junto al Observatorio Nacional de la 
Distribucin Comercial, permitir anticipar el modelo de distribucin 
comercial y el impacto de nuevas propuestas de grandes implantaciones 
comerciales.

CMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIN

Se actuar en las siguientes reas:

a) Desarrollar los planes de modernizacin de las Cmaras. Se buscar 
unas Cmaras ms austeras. ms eficaces y mejor coordinadas con las 
Administraciones Pblicas.

b) Disminucin de la contribucin empresarial a las Cmaras, reduciendo 
la cuota que las Cmaras giran en base al Impuesto de Sociedades.

c) Ampliacin de las funciones de las Cmaras, fundamentalmente en reas 
que reviertan en beneficio de las pequeas y medianas empresas. As, con 
objeto de ayudar a la simplificacin de los trmites administrativos que 
realizan nuestras empresas, se crear en las Cmaras una ventanilla 
nica de registros ante las Administraciones Pblicas.

TURISMO

Las polticas tursticas desarrolladas en los ltimos aos han producido 
un incremento notable en el nmero de turistas y en los ingresos que 
generan el sector. La competencia que han generado las empresas de 
pases desarrollados, as como la aparicin de nuevos destinos que 
compiten con el sector ms dinmico del turismo espaol, como es el de 
sol y playa, no han sido impedimento para este crecimiento.
Los socialistas nos proponemos continuar con los esfuerzos para 
diversificar el turismo, apoyar la competitividad de las empresas y 
mejorar la calidad de los servicios. Es la apuesta por un sector que 
contribuye intensamente a la creacin de empleo y al equilibrio 
econmico regional.

En esta nueva etapa y tras la experiencia positiva del Plan Marco de 
Competitividad de Turismo Espaol (FUTURES), nos proponemos ofrecer 
nuevos servicios a las empresas tursticas, contribuir a mejorar las 
zonas tursticas y diversificar la oferta con nuevas orientaciones hacia 
el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo de ciudades y 
turismo deportivo.

Para ello mantendremos y potenciaremos la actual estrategia de 
coordinacin entre las diversas administraciones y el sector turstico a 
travs de la Conferencia Sectorial, la Comisin Interministerial y el 
Consejo Promotor, articulando e impulsando el nuevo Plan FUTURES 1996-99 
ya aprobado por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Ministros.

PRESTACIN DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS TURSTICAS

Desde un nuevo planteamiento de las necesidades actuales del sector nos 
proponemos:

- Ofrecer un programa de formacin y reciclaje para trabajadores, mandos 
intermedios y directivos.

- Culminar el proceso ya iniciado de integracin de las enseanzas 
regladas de turismo en la Universidad.

- La realizacin de auditoras de calidad en aquellas empresas que lo 
requieran.

- Realizar anlisis sistemtico,-, de los mercados tursticos, y 
ponerlos a disposicin de las empresas tursticas.

- Realizar campaas de promocin.

ACTUACIONES SOBRE LAS ZONAS TURSTICAS

- Cooperaremos en la mejora del entorno de las zonas tursticas 
continuando con el desarrollo de Planes de Excelencia Tursticos que 
permitan la conservacin del patrimonio histrico, cultural y natural y 
que permitan mejorar la calidad de los destinos tursticos.

- Contribuir a la accin coordinada de la administracin sobre los 
servicios y las infraestructuras pblicas de los municipios tursticos.

COMBATIR LA ESTACIONALIDAD

El turismo de sol y playa es un segmento del turismo que padece una gran 
estacionalidad. Ello crea una infrautilizacin de las infraestructuras 
pblicas y privadas y de los recursos humanos con unos costes sociales 
muy elevados para la colectividad. La experiencia desarrollada por los 
gobiernos socialistas sobre turismo social ha significado un xito 
relevante en los aspectos humanos, sociales y econmicos siendo el ms 
notable la creacin de puestos de trabajo y el mantenimiento de la 
actividad econmica en los destinos utilizados por los programas de 
turismo social.

Por ello nos proponemos mantener la experiencia iniciada y ampliarla a 
otros segmentos de la demanda, as como a otros pases de la Unin 
Europea.

Tambin se establecern ventajas fiscales para todas aquellas empresas 
relacionadas con el turismo situadas en zonas tursticas estacionales 
que prolonguen sustancialmente la temporada hotelera manteniendo los 
puestos de trabajo existentes.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

El nuevo modelo de relaciones comerciales a nivel mundial, los recientes 
y futuros cambios en la Poltica Agraria Comn de la Unin Europea, as 
como los nuevos programas estructurales para el perodo 9()-99. junto 
con el compromiso adquirido a nivel internacional para la conservacin y 
proteccin de la biodiversidad, hace cada vez ms necesario establecer 
Polticas de Desarrollo Sostenible Regional y Rural, a fin de evitar el 
despoblamiento de amplias zonas del territorio.

En esa perspectiva debemos seguir apostando por la modernizacin de la 
agricultura espaola para hacerla ms dinmica y competitiva y por la 
revitalizacin del tejido social, diversificando las actividades 
econmicas como va complementaria para incrementar los ingresos de los 
habitantes del mundo rural.

Nadie puede dudar de los cambios que ha experimentado la agricultura con 
la incorporacin a la Unin Europea. Se ha consolidado un sistema de 
ayudas a los agricultores como no ha existido nunca. De los presupuestos 
comunitarios los agricultores reciben anualmente un billn de pesetas, 
en torno al 30 por ciento de su renta.

Pero estos avances no estn exentos de problemas principalmente de 
carcter estructural, entre los que destaca la escasa dimensin media de 
las explotaciones agrarias y el envejecimiento de sus titulares. La Ley 
de Modernizacin de Explotaciones Agrarias, aprobada en 1995 debe 
contribuir a variar la actual situacin elevando el nivel de las rentas 
y mejorando la calidad de vida.

UNA POLTICA COMN QUE CONTINE POTENCIANDO LA AGRICULTURA ESPAOLA

En algunas regiones espaolas las rentas de los agricultores NI 
ganaderos dependen en gran medida de los apoyos directos a ciertas 
producciones, y en otras, del dinamismo empresarial, innovacin y 
capacidad exportadora. Por ello, tanto la poltica comunitaria como la 
nacional deben orientarse hacia un mayor equilibrio en la distribucin 
de ayudas, as como en unas relaciones comerciales que garanticen la 
preferencia comunitaria.

Por ello se propugna:

- Consolidar nuestra agricultura competitiva, y, en especial sus 
actuales mercados de exportacin, potenciando su vocacin de crecimiento 
y el conocimiento mundial de nuestros productos de calidad.

- Exigir que se respeten y defiendan los principios comunitarios que 
rigen la Poltica Comn tanto al aprobar las futuras reformas de las 
Organizaciones Comunes de Mercado (aceite de oliva, frutas y hortalizas, 
vino, etc.), como en las nuevas Organizaciones que hay que implantar 
(patata, champin, apicultura) o en aquellas de inters especfico que 
hay que consolidar (pltano, frutos secos, etc.)

- Reestructurar el sector lcteo con programas voluntarios de abandono 
para los ganaderos, reivindicando para Espaa un incremento de cuota 
lctea, todo ello compatibilizando la defensa de unos precios 
remuneradores para la leche con la necesidad de que los jvenes 
ganaderos puedan incorporarse a la produccin.

- Modificar el Estatuto de la Vid, Vino y Alcoholes adaptando la nueva 
Ley a la reforma de la Organizacin Comn del mercado vitivincola.

- Modificar el Plan de Regionalizacin de cultivos herbceos (cereales, 
girasol...) que incluya una superficie base nacional, ajustando los 
rendimientos comarcales a la realidad productiva espaola.

- Implantar mecanismos automticos que flexibilicen la Poltica Agraria 
Comn, compatibilicen ayudas nacionales a los Seguros Agrarios y 
establezcan principios de solidaridad comunitaria en casos de 
catstrofes climticas que afectan a la renta de los agricultores y 
ganaderos.

- Tratar de que la reforma de la Poltica Agraria Comn favorezca a las 
pequeas y medianas explotaciones a la hora de acceder a las ayudas, de 
modo que no se vean relegadas en beneficio de las grandes.

- La futura ampliacin de la Unin Europea y los acuerdos con terceros 
pases no deben perturbar los principios fundamentales de su Poltica 
Agraria Comn.

EL REGADO, IMPRECINDIBLE PARA NUESTRO SISTEMA AGROALIMENTARIO

Es necesario impulsar una nueva poltica de regados para mejorar la 
competitividad de la agricultura espaola y consolidar el sistema 
agroalimentario, estableciendo para ello un Plan Nacional de Regados 
corno parte integrante del Plan Hidrolgico, Nacional.
Por ello propugnamos:

- Un Programa de modernizacin y mejora de regados, que supere el 
milln doscientas mil hectreas en el ao 2005.

- Un Programa de transformacin de nuevos regados, que en diez aos 
aumente la superficie regable en 200.000 hectreas.

- Evaluar las necesidades de agua mediante un Programa de mejora de su 
gestin y uso.

- Poner a disposicin de las Comunidades de Regantes un plan financiero 
con bonificaciones del tipo de inters para inversiones en 
infraestructuras, en mejora y modernizacin de regados, y en ahorro de 
agua y mejoras medioambientales.

- Garantizar la disponibilidad de recursos para atender todas las 
necesidades regionales y poder afrontar futuros perodos de sequa, a 
travs del Plan Hidrolgico Nacional.

MAYOR PROTAGONISMO DE LOS AGRICULTORES EN LA COMERCIALIZACIN

An son varios los sectores productivos que no disponen de un suficiente 
grado de concentracin de la oferta, siendo por tanto mnima su 
capacidad para decidir en el mercado. Asimismo, el cooperativismo est 
avanzando a un ritmo muy lento junto a un sector industrial que viene 
actuando desde hace mucho tiempo de forma eficaz y organizada.
Por ello propugnamos:

- Desarrollar de manera equilibrada y firme las Organizaciones 
Interprofesionales como marco de relacin entre la produccin y la 
comercializacin.

- Apoyar el asociacionismo de produccin y comercializacin, en especial 
a las Organizaciones de Productores, as como las sociedades mercantiles 
participadas por cooperativas.

- Concentrar y consolidar grupos agroindustriales nacionales que de 
manera prioritaria utilicen materia prima de origen nacional (aceite de 
oliva, azcar, leche, conservas, etc.) y que defiendan la calidad de 
nuestros productos tradicionales.

- Fomentar la elaboracin de productos artesanales de calidad 
contrastada y favorecer su introduccin en el mercado.

- La participacin del sector productor en el accionariado de sectores 
estratgicos.

- Una Ley de bases para las denominaciones de origen, indicaciones 
geogrficas y otras denominaciones tradicionales para proteger los 
productos de calidad.

REVITALIZACIN DE LA ECONOMA RURAL

Continuar modernizando las explotaciones agrarias y la puesta en marcha 
de actividades econmicas complementarias de carcter rural y local, 
dentro de programas de desarrollo integrado, con la participacin de los 
jvenes y las mujeres. Ambos objetivos deben contribuir a que las 
actividades agrcolas, ganaderas y forestales continen generando empleo 
y riqueza en amplias reas rurales.

Por ello propugnamos:

- Acometer las reformas pendientes del Rgimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social clarificando su campo de aplicacin y modificando el 
sistema de acceso.

- Modificar la aplicacin del IBI de naturaleza rstica, basndose en el 
potencial agronmico en lugar de los rendimientos de los cultivos.

- Impulsar las ayudas y desgravaciones fiscales contempladas en la Ley 
de Modernizacin de las Explotaciones Agrarias.

- Incrementar las subvenciones y los crditos bonificados para la 
inversin en modernizacin de la explotacin y mejora de la vivienda 
rural.

- Realizar junto a las Comunidades Autnomas un plan estratgico de 
desarrollo rural, creando los instrumentos interministeriales de 
planificacin y ordenacin necesarios para activar programas comarcales 
de desarrollo.

- Fomentar la elaboracin de productos artesanales de calidad 
contrastada y favorecer su introduccin en los mercados apoyando su 
promocin.

- Apoyar las actividades econmicas generadoras de empleo, en especial 
las de carcter agroindustrial, artesanal, turismo rural y 
medioambiental.

- La participacin de los jvenes tanto para la modernizacin de las 
explotaciones como para la puesta en marcha de iniciativas 
complementaras mediante crditos bonificados.

- Poner en marcha las medidas necesarias para favorecer el 
rejuvenecimiento de la poblacin activa agraria.

DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL

La Estrategia Nacional de Conservacin Integrada de la Naturaleza 
(ENCINA) va a permitir armonizar el desarrollo de las actividades 
agrarias con la conservacin y proteccin de los recursos naturales. Sus 
objetivos se basan en el control de la erosin, prcticas 
agroambientales, proteccin de la cubierta vegetal y mantenimiento de la 
diversidad biolgica.

Por ello propugnamos:

- Continuar los programas de forestacin con los agricultores de montes 
y de superficies agrarias para alcanzar y sostener un ritmo de 200.000 
hectreas por ano.

- Regenerar durante cinco aos 1.200.000 de hectreas de masa forestal 
mediante un programa para la proteccin de la cubierta vegetal.

- Aplicar programas de medidas agrarias compatibles con el medio 
natural, fomentando la agricultura extensiva, la ecolgica, las razas 
autctonas y el mejor uso de mtodos de produccin en las zonas 
sensibles de especial proteccin (Espacios Naturales, Humedales Convenio 
RAMSAR, ZEPAS).

- Ampliar la Red Estatal de Parques Nacionales, hasta completar todos 
los espacios representativos de los diferentes ecosistemas naturales 
espaoles.

- Garantizar la biodiversidad mediante la conservacin de los hbitats 
naturales de la flora y fauna silvestres e incorporarlos a nivel 
comunitario a la Red Natura 2000, con el objetivo de alcanzar el 15 por 
ciento de la superficie nacional como espacio protegido.

- Una Ley de Montes y Aprovechamientos Forestales que impulse la gestin 
ordenada y sostenible del bosque, incentivando fiscalmente su uso 
compatible con el medio ambiente junto a prcticas culturales 
conservacionistas que eviten el deterioro de nuestro rico patrimonio 
natural y el riesgo de incendios forestales.

UNA NUEVA POLTICA DE PESCA

La consolidacin de los Recursos Pesqueros, obliga de una manera 
prioritaria a desarrollar en el seno de la Unin Europea una Polttica 
de Mercados de modo tal que las especies y tamaos que los pescadores no 
puedan pescar tampoco se puedan comercializar en el mercado europeo. As 
mismo continuaremos defendiendo a nivel internacional los principios de 
la pesca responsable implantado por la FAO.

Las lneas prioritarias a impulsar por Espaa, son:

PROMOVER LA PESCA RESPONSABLE

- Lograr que la poltica internacional en favor de una "pesca 
responsable" prevea reducir al mximo los descartes, la utilizacin de 
artes selectivas que minimicen el impacto ambiental y la gestin de las 
pesqueras multiespecficas habida cuenta de la aplicacin a partir del 
1 de enero de 1996 de un nuevo rgimen basado en el control del 
esfuerzo de pesca.

- Exigir a la Unin Europea la adopcin de las medidas oportunas que 
eviten la utilizacin de redes de enmalle a la deriva.

- La potenciacin del Instituto Espaol de Oceanografa para la 
investigacin de los recursos vivos, las especies objetivo de la pesca y 
capturas asociadas, as como de las artes de la pesca y selectivas en 
cada caso.

- La adopcin de medidas de conservacin, mantenimiento y regeneracin 
de los recursos: zonas de veda, reservas marinas, arrecifes artificiales 
y el desarrollo de los medios de inspeccin pesquera en dimensin 
adecuada a las obligaciones contradas con la Unin Europea.
ACCEDER A NUEVOS RECURSOS PESQUEROS EN AGUAS INTERNACIONALES Y DE 
TERCEROS PASES

- Mantener e incrementar en la medida de lo posible las posibilidades 
actuales de pesca de la flota espaola.

- Desarrollar nuevos acuerdos de pesca bajo modalidades de inters real 
para la industria pesquera espaola.

- Apoyar la consolidacin de la actividad de las empresas pesqueras 
espaolas en pases terceros y su viabilidad tanto de las empresas en la 
fase extractiva como en la transformadora y comercial.

- Creacin de comits bilaterales de pesca con pases en cuyas aguas 
faena la flota espaola con el fin de estrechar la cooperacin entre 
administraciones y pescadores de manera similar al comit 
franco-espaol, principalmente con Irlanda, Reino Unido, Portugal y 
Marruecos.

- Fomentar la cooperacin con terceros pases en los mbitos cientfico 
y de formacin.

ADAPTAR LAS CAPACIDADES PESQUERAS A LOS RECURSOS DISPONIBLES

- Potenciar el Plan Sectorial Pesquero y la Iniciativa Comunitaria de 
Pesca, en coordinacin permanente y estrecha con las Comunidades 
Autnomas, en base al principio de subsidiaridad.

- Desarrollo de las medidas socioeconmicas aprobadas bajo la 
Presidencia espaola de la Unin Europea.

- Preparacin de un Programa ad-hoc para las regiones pesqueras de 
Espaa, cuyas flotas explotan el caladero de Marruecos, para dar 
respuesta a las alternativas de futuro y a la necesaria cooperacin a 
desarrollar con este pas.

- Crear un rgano consultor en un marco adecuado y representativo del 
conjunto del sector pesquero que implique a todo el sector extractivo, 
de bajura, altura y gran altura, al sector transformador y al 
comercializador y a los colectivos de trabajadores profesionales, 
marineros, tcnicos y Patrones de pesca. ,

IMPULSAR LA CALIDAD Y EL CONSUMO RESPONSABLE

- Adecuar la normativa comercial a las medidas de conservacin de los 
recursos: las tallas mnimas dedesembarco a las tallas comerciales, la 
prohibicin expresa a nivel comunitario de pescar y desembarcar 
inmaduros cualquiera que sea su especie. Que cada medida de conservacin 
tenga su homloga en el plano comercial.

- Desarrollar una poltica de calidad integral a nivel europeo en 
particular, implantar las normas comunes de comercializacin para 
productos pesqueros congelados y de identificacin de las denominaciones 
de venta de las principales especies comerciales.

- Promover la internacionalizacin de la industria pesquera espaola, 
as como su integracin vertical desde la fase extractiva hasta la 
comercial.

- Reorientar las Organizaciones de Productores existentes especializadas 
en pesqueras que canalicen la oferta de producto de calidad con una 
demanda especfica y determinada conocida, con el fin de establecer el 
uso de las reglas de extensin.

- Desarrollar la acuicultura, en particular el control de la calidad de 
las aguas, las enfermedades, las importaciones, as como su eventual 
comercializacin en lonjas.

CREAR RIQUEZA DESDE LA EMPRESA

Poltica industrial

La economa mundial est inmersa en un proceso de rpida transformacin 
hacia un modelo perfilado por la globalizacin de mercados, el 
protagonismo de las grandes potencias comerciales y la competencia 
abierta. El nuevo entorno est propiciando tambin la revolucin de los 
mtodos productivos y los hbitos de consumo, muy influidos por los 
avances tecnolgicos y la homogeneizacin internacional de los gustos de 
la poblacin, respectivamente. 

La industria est en el centro de este gigantesco proceso de cambio que 
nos ha tocado vivir, tanto por ser el verdadero motor del mismo como por 
constituir el sector econmico ms propicio para utilizar sus ventajas y 
el ms expuesto a padecer, en otro caso, sus consecuencias.

El Gobierno socialista ha demostrado en la pasada legislatura su 
capacidad de percepcin de estos fenmenos y tom decisiones para situar 
la industria espaola en un lugar destacado del concierto internacional. 
El Libro Blanco de la Industria defini, adems, las lneas estratgicas 
de la futura poltica industrial, a travs de un proceso altamente 
participativo en el que intervinieron activamente los agentes sociales y 
representantes de numerosas instituciones con intereses y opinin sobre 
el sector.

Los objetivos polticos del Partido Socialista para nuestra industria se 
resumen en dos, competitividad y empleo, ntimamente relacionados entre 
si. Sin la primera ser imposible mantener la actividad necesaria para 
aumentar los puestos de trabajo y el bienestar de los ciudadanos. Sin el 
empleo se frustrarn sus lgicas aspiraciones de mejorar su nivel de 
vida y la confianza en el porvenir.

Alcanzar estos objetivos es un importante reto que tiene la sociedad 
espaola en los prximos aos, porque gran parte de lo que ser nuestro 
futuro econmico y social depende del xito del cambio cultural que 
pretendemos, que no es distinto del que afrontan otras naciones de 
nuestro entorno.

Por todo ello, el Partido Socialista considera prioritaria la Poltica 
Industrial y pretende implicar en ella a los agentes sociales, al 
conjunto de las Administraciones Pblicas y, en definitiva, a toda la 
sociedad espaola.

APOYO A LAS PYMES

La realidad industrial de Espaa, en la que las pequeas y medianas 
empresas desempean un papel vertebrador de la produccin y del empleo, 
impide disear una poltica industrial que no parta de medidas 
especficas (financieras, fiscales, tecnolgicas...) destinadas a este 
colectivo empresarial.

En consecuencia, el Partido Socialista se propone profundizar el apoyo a 
las PYME y materializar durante la prxima legislatura una nueva forma 
de hacer poltica industrial en este campo. Para ello se potenciar el 
esquema de la Iniciativa PYME de Desarrollo industrial que se viene 
desarrollando en colaboracin con las Comunidades Autnomas y la 
Comisin Europea y que alcanzar sus objetivos el ao 2000. La reduccin 
del nmero y el aumento de la eficiencia de los programas pblicos de 
ayuda y la coordinacin de las Administraciones para eliminar 
duplicidades y sumar los esfuerzos, sern esenciales para el xito de 
este Plan integrado.

Adems de los Programas ya contemplados en la Iniciativa PYME, 
relacionados con la cooperacin empresarial, la mejora del producto y la 
financiacin, en la prxima legislacin nos proponemos:

- La simplificacin radical de los trmites administrativos necesarios 
para la creacin de nuevas empresas.

- La potenciacin de los prstamos participativos, de las Sociedades y 
Fondos de Capital-Riesgo y de las Sociedades de Garantas Recprocas.

- Crear nuevos productos financieros, como los derivados de la 
titulacin de determinados activos, que superen la escasa oferta 
existente.

- Extensin a toda la geografa espaola de la red de servicios a la 
industria, en los campos de la informacin, el diseo y la calidad, as 
como dotar a las PYME de un espacio telemtico propio, va Internet, por 
medio de la red ARACNE.

- Crear unidades regionales de informacin tecnolgica para mejorar el 
acceso de las PYME a los programas de investigacin, la explotacin de 
sus resultados y a la transferencia de tecnologa.

- Articular la cooperacin de las PYME de cara a la creacin de paquetes 
tecnolgicos integrados, la participacin conjunta en programas europeos 
y la cesin de tecnologa a pases terceros.

- Potenciar la validez de los sistemas de homologacin y normalizacin 
espaoles, frente a los de otros pases, incluidos los de la Unin 
Europea.

- Mejorar el aprovechamiento de los fondos estructurales e incentivos 
econmicos de la Unin Europea mediante el acuerdo entre todas las 
Administraciones sobre poltica industrial.

LAS EMPRESAS DE LA ECONOMA SOCIAL

La economa social tiene ya en estos momentos una participacin notable 
en la generacin de riqueza y puestos de trabajo. Pero sus 
potencialidades para crear riqueza, empleo y bienestar social son 
todava mucho mayores y nuestro propsito es crear las condiciones que 
les permita competir con el resto de sectores de la economa.
En este sentido apoyaremos los procesos de integracin que tiendan a 
conseguir estructuras de mayor dimensin, as como iniciativas dirigidas 
a lograr una mayor profesionalizacin del sector a travs de medidas 
formativas y de apoyo tcnico.

Para perfeccionar el marco jurdico regulador de este sector de la 
economa, aprobaremos una Ley de Sociedades Laborales que actualice el 
rgimen jurdico de las sociedades annimas laborales y regule la 
sociedad de responsabilidad limitada laboral.

A estos efectos se intensificar la interlocucin con CEPES y con las 
dems organizaciones representativas del sector, para tomar en 
consideracin sus puntos de vista en las regulaciones que les afecten.

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Es preciso conseguir un desarrollo industrial sostenible, respetuoso con 
el medioambiente. Ello permite adems aprovechar las oportunidades que 
ofrece el nuevo mercado del medioambiente, como fuente de negocio y 
empleo, y como un factor de competitividad empresarial. Para ello nos 
proponemos:

- Lograr la incorporacin efectiva de las cuestiones medioambientales en 
los proyectos de infraestructura y de instalaciones industriales.

- Fomentar en las empresas la formacin, la investigacin medioambiental 
y la correccin de procesos contaminantes.

- Favorecer la instalacin de empresas, fabricantes de equipos e 
instrumentos de proteccin ambiental.

- Promover polticas de producto ecolgico y de gestin de residuos.

CALIDAD Y DISEO INDUSTRIAL

Es obligado integrar la calidad y el diseo como factores de 
competitividad, generadores de valor aadido en la empresa. Para ello el 
PSOE se propone:

- Optimizar el apoyo pblico y potenciar la agrupacin de esfuerzos 
empresariales en calidad, como la calidad concertada.

- Reforzar las actividades relativas al aseguramiento de la calidad, 
normalizacin, certificacin, inspeccin, ensayo y homologacin.

- Reforzar los apoyos a la implantacin de sistemas de gestin de la 
calidad a las empresas, como paso previo hacia sistemas de calidad 
total.

- Potenciar los instrumentos de apoyo con que cuentan las PYME para la 
incorporacin del diseo industrial a su gestin empresarial.

LA EMPRESA PBLICA

Superada la poca en la que el sector pblico empresarial en aumento 
serva de coartada para transferirle las actividades privadas incapaces 
de sobrevivir a la competencia, se trata de conseguir un sector pblico 
ms reducido y, sobre todo, ms saneado, con una cartera de negocios 
adecuada para competir a nivel internacional, y contribuir de esta forma 
a la dinamizacin del tejido productivo en Espaa. Para ello el PSOE se 
propone:

- Proseguir en el esfuerzo del sector pblico empresarial por 
incorporarse a la dinmica del mercado, dotndole de los instrumentos de 
gestin y de una moderna poltica de directivos.

- Continuar la profesionalizacin, iniciada en la pasada legislatura, de 
los Consejos de Administracin y dems rganos de gobierno de las 
empresas pblicas.

- Evitar la presencia de representantes de rganos reguladores en los 
Consejos de Administracin de las empresas sometidas al marco 
regulador.

- Salida a Bolsa del Grupo Teneo, al objeto de validar su trayectoria en 
el mercado y de propiciar la participacin del sector privado, 
mantenindose el control estratgico por parte del Estado.

- Proceder selectivamente a desinversiones que vengan aconsejadas por 
objetivos socioeconmicos y por las propias circunstancias del mercado, 
llegando en su caso, a la liquidacin de las empresas que hayan cumplido 
los objetivos que justificaron su creacin.

- Profundizar la poltica de alianzas entre empresas pblicas y 
privadas, espaolas o extranjeras, que permita un mejor aprovechamiento 
de las oportunidades de negocio y una utilizacin ms eficiente de los 
recursos.

- Comprometer una reduccin mnima del 50% ( de 390.000 a 160.000 
millones de pesetas) de las aportaciones del Estado a las empresas 
dependientes de la A.I.E., en un perodo de 4 aos.

- Adecuar el tamao de las empresas de defensa a las necesidades 
estratgicas reales de las fuerzas armadas, utilizando las capacidades 
industriales y tecnolgicas excedentes en proyectos de diversificacin.

Para innovar, ciencia y tecnologa

En la ltima dcada se ha logrado un crecimiento notable en cuanto a 
inversin de fondos pblicos, en personal dedicado a I+D y en presencia 
cientfica espaola en el contexto mundial. Sin embargo, tanto la 
inversin econmica, como el tamao del colectivo de innovacin es 
todava insuficiente. Adems, el sistema espaol adolece, como el 
europeo, de un desequilibrio entre la excelencia cientfica y los 
resultados tecnolgicos. Existe tambin un cierto desequilibrio entre 
los esfuerzos pblicos y privados, resultando estos ltimos muy escasos 
para las necesidades de la industria nacional.

Por todo ello, el Partido Socialista se propone:

- Consolidar los avances conseguidos y favorecer la convergencia con la 
Unin Europea, tanto en investigacin bsica como en desarrollo 
tecnolgico.

- Abordar la integracin del mbito cientfico y del sector productivo.

- Incrementar la divulgacin de los resultados cientficos y 
tecnolgicos entre las industrias espaolas.

- La mejora del sistema Ciencia-Tecnologa-Industria requiere su 
integracin con otras polticas sectoriales y un crecimiento sostenido 
de la inversin y de la formacin de investigadores.

- Un crecimiento gradual y sostenido, tanto en la inversin como en 
recursos humanos.

- La integracin de las polticas de Ciencia y Tecnologa en otras 
polticas sectoriales: industria, sanitaria, medioambiental, 
comunicaciones,...

- El aumento de la innovacin en las empresas, del nmero de empresas 
innovadoras y de la modernizacin de la estructura industrial.

- La mayor difusin de los resultados que produce el sistema, para 
aumentar la informacin y la penetracin social de los beneficios del 
progreso en ciencia y tecnologa.

- La profundizacin en la internacionalizacin del sector productivo a 
travs de la tecnologa y la innovacin.

- La asociacin de esfuerzos entre el sector cientfico-tcnico y el 
sector empresarial.

Teniendo en cuenta estos requerimientos, y como complemento y ampliacin 
de los instrumentos de apoyo existentes, que van a continuar en los 
prximos aos, el Partido Socialista se propone, desde el Gobierno:

MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ORGANIZATIVAS

- Aumentar las competencias de la Comisin Mixta Congreso-Senado de 
Ciencia y Tecnologa para una ms eficaz planificacin y seguimiento de 
las acciones pblicas en este campo.

- Revisar y desarrollar la Ley de la Ciencia para mejorar, entre otros 
aspectos, los mecanismos de coordinacin, estimulando la 
descentralizacin de los efectivos de I+D y la cohesin 
interterritorial.

- Potenciar la CICYT, hacindola ms ejecutiva y dotndola de mayor 
capacidad de coordinacin.

- Dar ms flexibilidad a la gestin de la I+D en los organismos pblicos 
de investigacin (OPI).

MEDIDAS DE ESTMULO

- Potenciar sectores y nichos tecnolgicos en los que Espaa presente 
ventajas comparativas.

- Potenciar los instrumentos del sistema que cumplen la misin de nodo 
difusor de tecnologas.

- Incremento de la eficacia de los instrumentos financieros de estmulo 
a la investigacin, el desarrollo tecnolgico y la innovacin, 
especialmente capital-riesgo, desgravacin fiscal, crditos y 
subvenciones.

- Crear programas tecnolgicos institucionales que movilicen a los 
diferentes agentes involucrados en la I+D hacia objetivos de inters 
econmico y social.

- Utilizacin adecuada de la capacidad de compra de las Administraciones 
Pblicas.

- Desarrollo de programas institucionales para la creacin de tecnologa 
bsica propia.

- Desarrollar flujos eficientes de informacin sobre las posibilidades 
que ofrece la demanda pblica y la oferta local.

MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO DE LA BASE CIENTFICO-TECNOLGICA

- Consolidacin e incremento de la red de centros tecnolgicos, en 
coordinacin con las CC.AA., para dar soporte a la actividad innovadora 
de la PYME.

- Potenciacin de los mecanismos de conexin entre los distintos agentes 
del sistema, como la Red OTRI, empresas de ingeniera, centros de 
innovacin, etc.

- Favorecer la creacin de unidades mixtas de I+D entre empresas, 
centros tecnolgicos, universidades y organismos pblicos de 
investigacin.

MEDIDAS DE FORMACIN Y DIFUSIN

- Mejorar la dotacin de servicios tecnolgicos de valor aadido a 
disposicin de las empresas, particularmente las PYMES.

- Incrementar los esfuerzos en prospectiva tecnolgica, en la 
capacitacin de empresas, y en formacin de tecnlogos, aumentando los 
apoyos para su incorporacin a las empresas.

- Promover la formacin de personal tcnico para las tareas de I+D.

- Reforzar el sistema de patentes y marcas como medio de estimular el 
proceso inversor en I+D.

- Fomentar la participacin de las empresas espaolas en programas 
internacionales de I+D e incrementar el acceso y los retornos de los 
programas internacionales de I+D.

- Reforzar el papel del CDTI como organismo representante de Espaa en 
materia tecnolgica en organizaciones y en su papel de promotor y 
difusor de tecnologa.

El sector exterior de la economa global

A medida que nuestras empresas se han ido modernizando, ha aumentado el 
peso del sector exterior en la economa espaola. La integracin en 
Europa y las tendencias hacia la mundializacin de los mercados no han 
hecho sino acelerar una evolucin que con el paso del tiempo se ha hecho 
ya irreversible. Nadie puede pretender, a estas alturas, sacar ventaja 
del proteccionismo ni del miedo a la competencia con el exterior.

Por supuesto, la apertura de nuestros mercados y la bsqueda de 
compradores para nuestros bienes y servicios tienen que ser procesos 
simtricos. Pero mientras que el primero es fcil de llevar a cabo, el 
segundo requiere de un esfuerzo concertado entre las propias empresas y 
los poderes pblicos.

APOYAR LA INTERNACIONALIZACIN DE NUESTRAS EMPRESAS

Queremos seguir impulsando polticas activas que favorezcan la presencia 
de nuestros productos y de nuestros servicios en los mercados 
exteriores, mediante:

a) Medidas dirigidas a mejorar la eficacia del sistema de crdito a la 
exportacin.

* Potenciar el acceso de un mayor nmero de empresas, con atencin 
especial a las PYMES, al crdito a la exportacin con apoyo oficial y a 
las diversas plizas de seguros de CESCE. Para ello:

- Se incrementar el nmero de lneas especiales para pequeas 
operaciones, dentro de las facilidades financieras concedidas a terceros 
pases, en el marco de los Acuerdos de Cooperacin Econmica y 
Financiera suscritos por Espaa.

- Se incrementar la informacin, dirigida especialmente a este tipo de 
empresas, sobre los mecanismos financieros y aseguradores existentes, 
tanto espaoles como internacionales.

* Mejorar la eficacia del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), en su 
doble vertiente de apoyo a la exportacin y de ayuda al desarrollo.

- Se tramitar parlamentariamente la Ley del Fondo de Ayuda Econmica al 
Exterior, que supondr una importante mejora en los criterios de gestin 
del actual FAD.

- Se financiarn especialmente aquellas operaciones que redunden en una 
mejor implantacin empresarial espaola en mercados emergentes.

- Se potenciar la coordinacin con otros instrumentos de promocin 
exterior (en especial las EXPOTECNIAS del ICEX) y las actuaciones de 
otros financiadores, tanto espaoles como internacionales.

b) La reorganizacin del grupo empresarial dependiente del Ministerio de 
Comercio y Turismo. En especial:

- Potenciar la compaa de capital-riesgo COFIDES, para incrementar su 
papel de fomento de las inversiones espaolas en pases en desarrollo.

- Proceder a la privatizacin parcial de FOCOEX, manteniendo una 
presencia significativa del sector pblico en la empresa. 

Simultneamente, incrementar la participacin de FOCOEX en concursos 
internacionales, en especial aqullos que cuenten con financiacin 
proveniente de programas de organismos internacionales de financiacin 
al desarrollo.

POTENCIAR LOS SERVICIOS PBLICOS DE PROMOCIN EXTERIOR

Las actuaciones anteriores requieren una eficaz gestin por parte de las 
Administraciones implicadas en el fomento de nuestra actividad econmica 
exterior. Por ello, nos planteamos fomentar la coordinacin y actuacin 
conjunta del Estado, las CC.AA. y dems instituciones, seguir mejorando 
los servicios de la red de oficinas comerciales en el exterior, as como 
completar y profundizar la red territorial del Ministerio de Comercio y 
Turismo.

Poltica energtica

La apertura de los mercados mundiales, el aprovechamiento de nuevas 
fuentes energticas como el gas natural y la puesta en valor de nuevos 
yacimientos y reservas han restado importancia a los problemas de 
seguridad de suministro de recursos energticos.

Aunque Espaa es ms dependiente que el conjunto de los pases de la 
Unin Europea, la seguridad del suministro no debe ser en el futuro el 
fundamento nico de la poltica energtica espaola. No en vano, la 
coordinacin de esa poltica con la del resto de los pases europeos y 
las inversiones en infraestructuras de interconexin garantizan que 
nuestro pas puede contar con los mismos niveles de disponibilidad 
energtica que Europa.

La cesta energtica espaola es bsicamente equiparable a la de los 
pases de nuestro entorno. Y lo es en los distintos parmetros de 
precios, tipos de energa y origen de los suministros.

Esta coincidencia no ha sido casual, sino que ha sido el fruto de una 
determinada poltica, eso s, sostenida durante los ltimos quince aos. 
Por eso, nuestro propsito ahora es mantener esa identidad de nuestra 
cesta energtica y mejorarla en determinados aspectos. Con esa voluntad, 
nuestra poltica energtica girar sobre cuatro ejes bsicos.

MORATORIA NUCLEAR Y RESIDUOS RADIOACTIVOS

El Gobierno socialista tom en su da la decisin de paralizar la 
construccin de nuevas centrales nucleares y someti, por tanto, a este 
tipo de energa a una moratoria que hoy sigue apoyando: No hay razones 
para variar aquella decisin sino para mantenerla y prorrogarla 
indefinidamente en el tiempo.

No obstante, mantendremos la participacin espaola en los programas 
internacionales de investigacin sobre las nuevas perspectivas de 
energa de origen nuclear, que tienen previstos los primeros resultados 
en trminos de aplicaciones en campos muy diversos de la vida humana en 
un plazo de entre diez y veinte aos.

Pero, quiz, los problemas ms importantes ligados a la energa nuclear 
se sitan en el mbito de la gestin de los residuos radiactivos. El 
Gobierno socialista ha resuelto ya el problema de los residuos de baja y 
media actividad; est pendiente la solucin a dar a los residuos de alta 
actividad. En este sentido, es obligado continuar el estudio sistemtico 
de la geologa de nuestro pas, por si la solucin del almacenamiento a 
gran profundidad fuera finalmente la elegida. Dado que el horizonte para 
la disponibilidad de una solucin definitiva para la gestin del 
combustible gastado se adivina muy lejana, es necesario disponer de 
soluciones para un horizonte ms limitado. Se dispone ya de tecnologas 
suficientemente comprobadas como son contenedores metlicos y bvedas.
Tales soluciones son aplicables indistintamente a almacenamientos 
locales o centralizados. En todo caso debe subrayarse que las decisiones 
sobre los residuos de alta actividad corresponden a la sociedad.
En esta lnea y como actuaciones concretas para la prxima legislatura, 
nos proponemos :

- Fomentar la mxima transparencia informativa sobre cuanto afecte a la 
seguridad de las instalaciones nucleares en nuestro pas.

- El Gobierno socialista fomentar la tecnologa ligada a soluciones 
distintas del almacenamiento geolgico profundo, como son los 
contenedores metlicos o bvedas.

- Para cualquier instalacin de un centro de almacenamiento de residuos 
radioactivos de alta actividad, se solicitar un informe al Consejo de 
Seguridad Nuclear y se buscar el consenso social y poltico en base a 
dicho informe.

- Se articular un debate poltico y social para determinar los plazos y 
la naturaleza de las decisiones a adoptar. Resultado de tal debate ser 
un instrumento legislativo, cuya aprobacin deber requerir un consenso 
poltico amplio.

CONTENCIN DE LAS TARIMAS ELCTRICAS

El sector elctrico en Espaa va a disfrutar de una gran capacidad de 
generacin de recursos y de inversin en otros pases y sectores. En 
este sentido, existe un cierto margen para que una parte significativa 
de la mejora del sector d lugar a una disminucin de precios de la 
electricidad en Espaa, favoreciendo as la competitividad del conjunto 
de la economa espaola e incrementando las rentas de las familias.
En 1996, el Gobierno Socialista ha dado un paso significativo en esta 
direccin al aprobar para este ao un crecimiento cero de las tarifas 
elctricas. Recordemos que en esta legislatura la tarifa domstica ha 
experimentado una disminucin en pesetas constantes del 2% acumulativo 
anual; por otra parte, la tarifa industrial ha observado, en los mismos 
trminos, una disminucin del 6,6% acumulativo anual. Ello ha sido 
compatible con un proceso acelerado de saneamiento financiero de las 
empresas.

El margen de disminucin de los precios de la electricidad en Espaa no 
se ha agotado. Nuestro propsito es asegurar que el precio de nuestra 
energa sigue bajando y, para ello, proseguiremos la poltica de 
disminucin de las tarifas elctricas, de eficiencia del sector 
elctrico y de introduccin de la competencia entre empresas, entre 
tipos de energas y entre tipos de centrales.

Recientemente, el Gobierno socialista ha revisado el Plan Energtico 
Nacional 1991-2000 (PEN). Una de las principales decisiones adoptadas es 
no incrementar, al menos hasta el final de la dcada, la potencia 
instalada para la generacin de energa elctrica. Tal decisin, 
juntamente con la introduccin gradual de competencia en el sector 
elctrico, debe asegurar una evolucin muy moderada de las tarifas 
elctricas. En este contexto, cabe plantear las siguientes actuaciones 
concretas a desarrollar en la legislatura:

- La tarifa elctrica disminuir en pesetas constantes al menos el 3 % 
acumulativo anual, si los precios de los combustibles se mantienen en 
niveles similares a los actuales y los tipos de inters se sitan en el 
escenario de convergencia econmica con la U.E.

- Se proceder a la regulacin del acceso de terceros a la red de 
transporte de energa elctrica, de manera que en el ao 2000 al menos 
el 25 % de la demanda final de electricidad pueda elegir entre compaas 
suministradoras de electricidad. Se establecern las bases normativas, a 
travs de la regulacin de la comercializacin, para que a partir de esa 
fecha los consumidores domsticos tengan tambin la facultad de 
eleccin.

- El Gobierno socialista proceder en la legislatura a la convocatoria 
de concursos del equipamiento elctrico que entrarn en funcionamiento a 
comienzos de la siguiente dcada. Esos concursos debern estar abiertos 
a nuevas capacidades y alargamiento o sustitucin de las existentes. En 
este contexto, el Gobierno socialista solicitar de manera inmediata a 
la Comisin del Sistema Elctrico Nacional un informe sobre las 
consecuencias econmicas y energticas que se derivaran de la orden de 
cierre de Zorita y Santa Mara de Garoa.

DESARROLLO DE LA RED DE GAS

En Espaa, a finales de 1995, un 7% del total de la energa consumida va 
a corresponder al gas natural. Este es el fruto de una apuesta decidida 
del Gobierno Socialista, que supo comprender el alcance de una opcin de 
diversificacin de nuestras fuentes de energa en beneficio, adems, de 
una energa limpia. Por eso, el PEN prev que en el ao 2000 ese 
porcentaje alcance el 12,5% para as aproximamos a la situacin de la 
Unin Europea, en la que el consumo de gas se sita actualmente en el 
20%.

El gas natural resulta hoy en da una energa competitiva con el carbn, 
el petrleo o la energa nuclear, y en general respecto a la energa 
elctrica, porque presenta mucho menor impacto respecto a la 
contaminacin ambiental, porque representa una ampliacin de la "dieta" 
energtica de los pases occidentales y por tanto nos ofrece mayor 
seguridad y porque est ligado con los ltimos desarrollos tecnolgicos 
en materia de utilizacin eficiente de la energa.

El acceso al gas natural y el desarrollo consiguiente de la red capilar 
de gasoductos, se ha convertido en un factor clave de competitividad y 
de localizacin industrial, del que Espaa puede verse particularmente 
favorecida dada su ms reciente implantacin de este suministro.
El PSOE considera prioritario la expansin geogrfica de esta red en 
cuanto elemento de desarrollo econmico y tambin como factor de 
articulacin del territorio nacional. En este sentido:

- El Gobierno socialista aplicar a la extensin de la red de gasoductos 
los recursos disponibles en el eje energa procedentes de los Fondos 
Estructurales Europeos, de manera que en el perodo 1996-2000 se 
subvencionar la inversin correspondiente en la cuanta precisa para el 
cumplimiento del objetivo siguiente.

Al final de la dcada, todas las regiones espaolas dispondrn de gas 
natural. Adems, ms de un milln de familias espaolas podrn 
incorporarse a la utilizacin de esta energa; multiplicaremos por 1,5 
el nmero de empresas que podrn incorporar el gas a sus procesos 
productivos.

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGA

Pese a los mrgenes abiertos como consecuencia de la poltica de 
diversificacin de nuestros suministros de energa, ella misma es un 
bien escaso y, siempre, un bien caro. Por ello, nuestro programa 
incorpora un plan de ahorro de energa que se articula sobre tres lneas 
principales de actuacin: gestin de la demanda por parte de las 
compaas distribuidoras de electricidad y de gas, promocin del 
transporte pblico, ahorro de energa en edificios de la Administracin.
Espaa consume entre un 65% y un 70% de energa por habitante en 
relacin con la media de los pases de la Unin Europea. Nuestro consumo 
de energa en la industria es sensiblemente parecido al resto de los 
pases europeos. En los ltimos aos, sin embargo, el consumo energtico 
en el sector transporte y en el sector residencial se ha incrementado de 
manera notable, especialmente en el primero, lo que ha dado lugar a -la 
aproximacin de los indicadores respectivos de intensidad energtica a 
las pautas europeas.

En razn del uso de la energa en estos dos ltimos sectores, la 
intensidad energtica de la economa espaola viene observando una 
evolucin a la que es preciso hacer frente a travs del estmulo al 
ahorro de energa. Ms all de los beneficios resultantes en el mbito 
energtico, las acciones previstas deben dar lugar a la adopcin de 
hbitos sociales consistentes con la preservacin del medio ambiente y 
con la calidad de vida. Por tanto, nos proponemos intensificar la 
poltica de uso racional de la energa, a travs de:

- Programas de gestin de la demanda: en Espaa se han iniciado estos 
programas, a instancias del Ministerio de Industria y Energa, mediante 
la fijacin de un determinado nivel de aplicaciones con cargo a la 
tarifa elctrica regulada. A partir de esa experiencia, queremos ampliar 
estas iniciativas.

- Programas de promocin del transporte pblico: nos proponemos ofertar 
a las otras Administraciones un programa para apoyar las vas de 
circunvalacin, los desarrollos de cercanas, los intercambiadores de 
transporte, los aparcamientos disuasorios, los espacios peatonales y las 
flotas de vehculos colectivos de carcter ms eficiente o menos 
contaminante.

- Programas de ahorro de -energa en edificios pblicos, mediante una 
poltica de conciertos que asegure inversiones pblicas de eficacia 
tanto interna (reduccin de gastos corrientes; medidas estructurales que 
evitan gasto pblico en el futuro; modernizacin de los gestores 
pblicos) como hacia el exterior: estos programas presentarn 
caractersticas de ejemplaridad para los ciudadanos, reforzarn el 
sector de mantenimiento de instalaciones energticas en edificios, 
despertarn la demanda de calidad respecto al consumo de energa por 
parte de los propios usuarios y liberarn recursos en hospitales o 
colegios pblicos que podrn destinarse a mejorar su oferta asistencial 
especfica.

- El ahorro de energa se constituye as en orientacin fundamental de 
la poltica energtica. El Gobierno socialista aplicar a tal poltica 
en esta legislatura al menos 100.000 Mpts. de recursos pblicos.

- Consecuencia de esa poltica y en general de la poltica energtica 
propuesta, las emisiones de C02 de origen energtico habrn crecido en 
el ao 2000 el 15 % respecto de 1990. Ese crecimiento es 
significativamente inferior al 25%, planteado hasta ahora en el PEN.

INDUSTRIA DEL CARBN

Espaa es un pas pobre en recursos energticos. El nico combustible 
fsil es el carbn, que seguir teniendo un peso relevante en la dieta 
energtica. Recientemente, el Gobierno socialista ha aprobado un nuevo 
marco regulador para el acero, compatible con las exigencias de la U.E. 
La industria del carbn cuenta, por tanto, con un horizonte de largo 
plazo ya determinado. En la prxima legislatura, el Gobierno socialista 
iniciar la aplicacin de ese marco, en el que las empresas podrn 
disfrutar de una mayor libertad de actuacin conducente a la acomodacin 
progresiva de su competitividad a la propia de energas alternativas. En 
concreto:

- El Gobierno socialista aplicar un total de 150.000 millones de 
pesetas al ao para que el sector pueda adaptarse sin traumatismos al 
nuevo escenario.

- La poltica del carbn debe ser tambin una poltica de cohesin y 
justicia social. El nuevo marco de apoyos a la industria del carbn 
apuesta por una poltica activa de reactivacin y diversificacin 
econmica de las comarcas mineras y sus zonas de influencia. El Gobierno 
socialista destinar el 0,5% de la tarifa elctrica para financiar 
actuaciones orientadas a este fin, es decir, ms de 10.000 millones de 
pesetas al ao, destinados tanto a la subvencin de la creacin de 
empleo directo como a la dotacin de infraestructuras y equipamiento 
Daremos una especial relevancia a la solucin de algunos problemas de 
carcter social que afectan a las comarcas a travs de acciones de 
promocin de acciones educativas de integracin social, apoyo a las 
iniciativas de ocio y tiempo libre, as como acciones positivas de 
incorporacin de la mujer al mercado de trabajo.

- La subsistencia de las cuencas mineras espaolas ha de garantizarse no 
slo por su importancia como fuente de energa autctona sino tambin 
como garanta del empleo en las mismas, de su poblacin y de su cohesin 
social.

- En consonancia con ello, preconizamos una aplicacin de la LOSEN en la 
que la separacin de centrales elctricas y mineras no desconozca el 
carcter de unidad de produccin de energa integrada, tal y como ocurre 
en Andorra (Teruel) y As Pontes (Corua) en el caso de ENDESA. Y, por 
ello, el mantenimiento de todas las actividades diferentes y de los derechos 
de los trabajadores.

UN PAS BIEN COMUNICADO

Infraestructuras y transportes: competitivdad y equilibrio territorial
En la ltima dcada el territorio espaol ha sido objeto de una 
importante transformacin gracias a la construccin de un conjunto de 
infraestructuras que han incrementado su vertebracin y accesibilidad.
Se han mejorado los tiempos y los costes de recorrido, la capacidad de 
red, la velocidad media, la seguridad, la comodidad y la proteccin del 
entorno. Gracias a este esfuerzo inversor, Espaa est prxima a 
alcanzar los estndares europeos de dotacin de infraestructuras. Pero a 
pesar de esta gran transformacin, el proceso de capitalizacin pblica 
no est todava concluido en nuestro pas.

Una aproximacin al escenario final la constituye el Plan Director de 
Infraestructuras (PDI), que muestra los objetivos para el medio/largo 
plazo en la dotacin de infraestructuras. El Plan aporta una visin 
integradora de todo el territorio y persigue una actuacin coherente y 
coordinada de la actividad inversora en los distintos sectores. El PDI 
responde a los principios del desarrollo sostenible y de cohesin 
territorial.

CARRETERAS DE CALIDAD

El primer paso a dar en la legislatura es la aprobacin del La Plan 
General de Carreteras, que con un horizonte de quince aos, a partir de 
1996, plantea los siguientes objetivos:

* Satisfacer la demanda previsible de movilidad por carretera.

* Garantizar la oferta bsica de accesibilidad en todo el territorio.

* Mejorar las comunicaciones viarias con los pases limtrofes.

* Garantizar la conservacin de la red.

* Eliminar las travesas de poblacin que todava generan problemas de 
congestin urbana.

* Aumentar la seguridad en la circulacin de los vehculos.
Para alcanzarlos se desarrollarn cuatro grandes programas: vas de gran 
capacidad, acondicionamiento de carreteras, conservacin y explotacin 
de vas y actuaciones en medios urbanos.

VAS DE GRAN CAPACIDAD

El Plan General de Carreteras propondr la construccin de 3.550 nuevos 
Km. de vas de gran capacidad, que completar los 5.300 Km. propuestos 
por el PDI, de los que 1.750 Km. se estn desarrollando en el Plan de 
Actuaciones Prioritarias de Carreteras.

- Las autovas de Galicia: Benavente-Lugo-La Corua (Noroeste) y 
Benavente-Orense-Vigo (Ras Bajas).

- La finalizacin de la autova Madrid-Valencia en el tramo 
Atalaya-Caudete.

- Completar la autova del Cantbrico, en una primera fase entre 
Santander y el centro de Asturias, tramo Torrelavega- Lieres, y 
posteriormente entre Asturias y Galicia.

- Las autovas de Andaluca Oriental: tramos Bailn y Granada-Motril y 
Mlaga-Motril-Adra.

- La conexin de Salamanca y Zamora a la Red de Alta Capacidad: tramo 
Tordesillas-Salamanca y Tordesillas-Zamora, este ltimo en los trminos 
ya acordados por el MOPTMA y la Comunidad Autnoma. Completar el eje 
Sagunto-Somport de comunicacin de Levante y Aragn con Francia.

- Las autovas de unin con la frontera portuguesa: tramos 
Huelva-Ayamonte y Salamanca-Fuentes de Ooro.

- La autopista Madrid-Navarra y los tramos Len y Astorga y Len y Benavente.

- Completar la relacin Lrida-Barcelona con el tramo Cervera-Igualada y 
la autova del Baix Llobregat.

- Comunicar Cantabria con la Meseta mediante autova.

- Completar el eje norte-sur que constituye la autova de la Plata.

- Finalizar la autova que conecta Murcia con Madrid: tramo 
Albacete-Murcia.

- Cerrar la autova del Mediterrneo en Andaluca Occidental: entre 
Mlaga, Algeciras y Cdiz.

- Construir las autovas Alicante-Cartagena y Elche-Alicante.

- Construir dos ejes transversales de alta capacidad entre 
Talavera-Toledo-Cuenca y entre Puercollano-Ciudad Real-Valencia.

- Comunicar mediante autova Burgos y Logroo, a travs de la Y120.

- Apoyar la ejecucin del eje transeuropeo, constituido por la autopista 
Eibar-Vitoria en conexin con la actual Bilbao-Behobia.

- Completar otros trayectos de autovas como: Crdoba-Antequera y 
Huesca-Lrida.

Adems, se llevarn a cabo importantes actuaciones en los archipilagos 
canario y balear, as como en Ceuta y Melilla:

- En el marco del convenio de carreteras Estado-Canarias se acometer la 
circunvalacin de Las Palmas, la prolongacin de la autopista del sur 
hasta Mogn y la variante Gua-Galdar-Agaete en la isla de Gran Canaria, 
y la conexin norte-sur y la ordenacin del rea metropolitana de Santa 
Cruz en la isla de Tenerife.

- Por lo que se refiere a Baleares, cuyas carreteras han entrado a 
formar parte recientemente de la red transeuropea, se actuar sobre las 
vas de enlace entre los principales centros de poblacin, los puertos y 
los aeropuertos, para lo que se suscribir el correspondiente convenio 
con la Comunidad Autnoma.

ACONDICIONAMIENTOS

A lo largo de 3.000 Km. de la red donde las previsiones de trfico no 
justifican vas de gran capacidad, se realizarn obras de 
acondicionamiento para dotarlos de las mejores caractersticas de 
calidad y seguridad.

Gracias a estos acondicionamientos se mejorar el trazado y la seccin 
transversal de los tramos no incluidos en el Programa de Vas de Gran 
Capacidad.

De acuerdo con las previsiones del PDI, se efectuarn las inversiones 
necesarias para:

- Permitir velocidades especficas de 60 Km/h en terreno montaoso y de 
120 km/h en terreno llano.

- Generalizar una seccin transversal mnima de 7/8 mts. mxima de 7/10 
mts. en funcin del volumen de trfico y tipo de terreno.

- Construir variantes de travesa urbana en 280 poblaciones.

- Suprimir puertos de montaa mediante la construccin de tneles o 
variantes de trazado (Somport, Viella, Piqueras y Xerallo-Pont de Suert, 
entre otras).

CONSERVACIN Y EXPLOTACIN

Estas actividades sern establecidas anualmente con carcter especfico 
para garantizar el ptimo mantenimiento del importante capital fsico 
acumulado y ofrecer a los usuarios las mejores condiciones de seguridad 
y calidad en su utilizacin.

ACTUACIONES EN EL MEDIO URBANO

De acuerdo con las previsiones del PDI. se efectuarn ms de un centenar 
de actuaciones para conseguir:

- La adecuada conexin de las redes interurbanas con las ciudades.

- la integracin de la infraestructura viaria en el medio urbano. con 
especial atencin a la intermodalidad.

- La continuidad y conexin de los itinerarios de inters general del 
Estado, garantizando el debido acceso a los ncleos de poblacin 
afectados.

- Estas actuaciones beneficiarn a 20 millones de habitantes residentes 
en ncleos de poblacin superior a 50.000 habitantes.

Algunas de las ms importantes sern:

- La construccin de una nueva circunvalacin de Madrid (M-50).

- la construccin del nuevo cinturn viario del rea metropolitana de 
Barcelona (B-40), all donde el anlisis de su impacto ambiental lo haga 
viable.

- La red periurbana de la gran rea metropolitana de Valencia.

- Las conexiones de las nuevas vas estatales de gran capacidad que 
confluirn en Zaragoza. 

TRANSPORTE POR CARRETERA

Nuestra poltica en relacin con los servicios de transporte por 
carretera, tendr como objetivos prioritarios:

- Preparar al sector para la nueva etapa de liberalizacin que debe 
afrontar en el marco del Mercado nico Europeo.

- Favorecer la implantacin de centros logsticos de transporte con 
objeto de proporcionar economas de escala a las empresas.

- Desarrollar planes de apoyo al sector, con especial incidencia en la 
formacin, el equipamiento, tecnolgico, la implantacin de certificados 
de calidad y el incremento de la capacidad de comercializacin y de 
prestacin de servicios de mayor valor aadido.

- Desarrollar los sistemas de clasificacin de autocares como forma de 
regulacin del mercado del transporte discrecional de viajeros.

- Desarrollar la normativa especfica referente al transporte sanitario 
y la reforma del reglamento del sector del taxi.

- Mejorar, en colaboracin con la CC.AA., la gestin de las 
autorizaciones de transporte y los niveles de inspeccin y, control.

UN FERROCARRIL  ESPECIALIZADO EN CERCANAS MERCANCAS Y ALTA VELOCIDAD

El ferrocarril no puede ya asegurar la accesibilidad general del 
territorio, pero lo consideramos como un modo de transporte con un claro 
futuro en aquellas actividades especializadas para las que ofrece 
ventajas comparativas frente a otros modos de transporte.

Su especializacin en cercanas, en itinerarios de largo recorrido, en 
el transporte de grandes masas a grandes distancias o en el transporte 
de viajeros a alta velocidad en corredores de alta densidad lo han hecho 
objeto, por sus menores costes ambientales, de una atencin preferente 
en el PDI.

Los objetivos que nos proponemos conseguir para el ferrocarril sern los 
siguientes:

- Especializarlo en aquellos mbitos territoriales y tipos de servicio 
en los que aporte mayor utilidad econmica y social.

- Consolidar la actual estructura de red.

- Lograr caractersticas de explotacin homognea en la red bsica.
- Articular una red de alta velocidad.

- Incrementar las actuaciones de mantenimiento de la red para evitar la 
descapitalizacin de la red. Para conseguir dichos objetivos proponemos 
los programas que se detallan a continuacin.

RED DE ALTA VELOCIDAD

- Integrar a Espaa en la red europea de alta velocidad, dando 
continuidad al itinerario SevillaMadrid, con el itinerario de nueva 
construccin Madrid-Zaragoza-lleida-Barcelona-Frontera Francesa.

- Completar las relaciones internacionales definiendo un nuevo enlace 
con la red europea a travs del Pas Vasco, mediante la construccin de 
la "Y" vasca y su conexin con la dorsal, Sevilla-Frontera Francesa, a 
travs del corredor del Valle del Ebro.

- Extender la red de alta velocidad a la Comunidad Valenciana mediante 
una nueva lnea que, apoyndose en la dorsal, se encamine hacia Valencia 
optimizando los beneficios asociados a la alta velocidad para el mayor 
nmero de ciudades y relaciones posibles.

- Definir una conexin con Portugal a travs de Extremadura.

- Evidentemente, la magnitud de las obras propuestas hacen prever para 
su pleno desarrollo un lmite temporal muy superior al de la prxima 
legislatura.

ACTUACIONES ESTRUCTURANTES

Proponernos efectuar las actuaciones necesarias para dotar a la red 
ferroviaria de altos niveles de calidad, que permitan velocidades de 
circulacin elevadas en los principales corredores.

Las actuaciones ms importantes que proponemos son:

- Completar las actuaciones para elevar a 200/220 km/h
 en el Corredor Mediterrneo entre 12 Encina Valencia-Barcelona,

- Elevar a 200/220 Km/h el tramo Albacete-La Encina para facilitar la 
conexin de Madrid con el corredor Mediterrneo.

- Realizar a 200 km/h el acceso Norte a Madrid, con la construccin de 
un nuevo enlace por el Guadarrama que mejore la conexin con el YNO de 
la Pennsula e iniciar los estudios tendentes a superar la problemtica 
ferroviaria del Pajares, mediante una futura variante.

- Elevar a 200 km/h los tramos Valladolid-Vitoria, y Venta de 
Baos-Len y Monforte, as como la conexin con Galicia.

- Corno extensin del Corredor Mediterrneo, elevar a 160/200km/h el 
tramo La Encina-Alicante y Chinchilla-Murcia.

- Elevar a 160 Km/h el tramo Len y La Robla.

- Introducir mejoras en las lneas Madrid-Cceres, Madrid-Badajoz, 
Sevilla-Huelva, Sevilla-Cdiz y Crdoba-Mlaga, que permitan incrementar 
sensiblemente la velocidad y reducir los tiempos de recorrido.

- Mejorar integralmente la lnea La Corua-Santiago-Vigo y la conexin 
Zaragoza-Huesca, as como el tramo Miranda de Ebro-Castejn.

CERCANAS

Gracias a las grandes inversiones efectuadas en infraestructuras y 
material, en la actualidad, ms de un milln de pasajeros utilizan 
diariamente los trenes de cercanas, que tienen una puntualidad media 
del 97% An as, mejorar la oferta de cercanas y su calidad y 
puntualidad es un objetivo prioritario que se contempla en el 
Contrato-Programa Estado-RENFE.

Los grandes problemas del sistema de transporte, en especial los de 
cercanas, se presentan en las reas metropolitanas y su solucin 
requiere de la accin concertada de todas las Administraciones Pblicas.
Por eso se propone:

- Concertar, con todas las Administraciones competentes, planes 
intermodales de transporte en las reas metropolitanas. Estos planes se 
concentrarn en las reas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Sevilla 
Bilbao, Valencia, Zaragoza Mlaga y Murcia.

- Actuaciones sectoriales en redes viarias y de ferrocarril en ncleos 
urbanos, en ciudades de ms de 50.000 habitantes.

- Actuaciones concertadas de transporte y urbanismo, como las de 
Barajas, Campamento, Delta del Llobregat, Valencia Intermodal, 
Bilbao-Ra 2000 y Cinturn Verde de Oviedo y Toledo.

- Tambin se dedicarn importantes esfuerzos a adaptar las vas frreas 
fuera de uso, a travs de convenios con otras Administraciones Pblicas, 
para usos alternativos como vas verdes que permitan desarrollar el 
turismo rural y el conocimiento de nuestros parajes naturales.

Para llevar a cabo todas las actuaciones anteriores, nos proponemos:

* Avanzar en el desarrollo del Contrato-Programa Estado-Renfe 1994-1998, 
con el objetivo de alcanzar el equilibrio econmico-financiero de las 
diferentes reas de prestacin de servicio.

* Continuar la especializacin de los servicios de transporte prestados 
por Renfe.

* Establecer un Contrato-Programa para FEVE, que oriente la 
especializacin de la empresa en los trficos de cercanas y de carga.

PROTECCIN DEL LITORAL

La proteccin y recuperacin de la costa, como propiedad colectiva de 
todos los espaoles, materia prima bsica de nuestra industria turstica 
y gran patrimonio natural del pas, seguir siendo un objetivo 
prioritario de los socialistas. Para ello nos proponemos:

-Completar las previsiones del Plan de Costas 1993/97.

- Desarrollar el PDI en el periodo 1993-2007, para los programas de:

* Mejora, ampliacin y regeneracin de playas y dunas, marismas y 
acantilados.

* Rehabilitacin del borde martimo mediante la construccin de paseos 
martimos y otras actuaciones.

* Accesibilidad a las playas y la ribera del mar.

Con estas actuaciones se conseguir:

* Corregir situaciones que impiden la utilizacin racional y pblica del 
litoral.

* Regenerar o rehabilitar espacios degradados, principalmente playas.

* Desarrollar actuaciones preventivas y protectora, para controlar los 
procesos de erosin y degradacin de la costa.

Estos programas de actuacin se ejecutarn con criterios de gestin 
integrada y de desarrollo y usos sostenibles y se efectuarn previa 
evaluacin escrupulosa de su impacto ambiental.

ESPECIALIZACIN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PORTUARIO

Para aprovechar al mximo las capacidades del sistema portuario de 
inters general del Estado, as como su notable influencia econmica, 
proponemos:

- Mantener la poltica de reduccin de las tarifas portuarias, gracias a 
los incrementos de productividad del sistema, y favorecer el 
abaratamiento de los servicios prestados por los operadores portuarios, 
incrementando el grado de competencia entre ellos, manteniendo un 
tratamiento singular de los puertos insulares y de Ceuta y Melilla.

- Gestionar los puertos con criterios de equilibrio econmico-financiero 
del sistema portuario, sin apelar a subvenciones de los Presupuestos 
Generales del Estado.

- Potenciar los niveles de autonoma de gestin de las autoridades 
portuarias.

- Redefinir la clasificacin de los puertos de inters general, que 
sern gestionados por el Estado, facilitando la transferencia a las 
CC.AA. de aquellos que no sean considerados como tales.

- Impulsar el papel de los puertos espaoles como puertas de entrada en 
la UE de los trficos intercontinentales.

- Continuar la poltica de integracin puerto-ciudad.

- Identificar las oportunidades de negocio especficas de cada puerto, 
especializndolo en la mejor atencin de la demanda prevalente.

- Mejorar la calidad de servicio, eliminando estrangulamientos en 
operaciones de carga y simplificando su tratamiento documental.

- Mejorar las instalaciones para trfico de contenedores.

- Potenciar el transporte combinado.

- Mejorar los accesos viarios y, ferroviarios especialmente en los 
puertos de Algeciras, Bilbao, Barcelona, Valencia y Cartagena.

- Ampliar los muelles de Algeciras, Barcelona y Valencia.

- Construir una nueva terminal de contenedores en Las Palmas y culminar 
las obras de modernizacin, entre otras. de los puertos de Cartagena, 
Bilbao y Melilla.

- Potenciar los puertos canarios, particularmente los de Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Construir nuevos puertos 
comerciales en la isla de El Hierro y en el suroeste de la isla de 
Tenerife, avanzando en las actuaciones dirigidas a la construccin de 
los puertos industriales de Arinaga y Granadilla.

- Potenciar los puertos de Baleares, particularmente las obras de abrigo 
y muelles en el de Ibiza.

TRANSPORTE MARTIMO

Promoveremos una profunda reestructuracin del sector martimo, cara a 
su definitiva liberalizacin en 1999, basada en las siguientes acciones 
concretas:

- Potenciar y favorecer la implantacin de nuevos servicios de cabotaje, 
con especial atencin a las conexiones entre Algeciras y Ceuta, y de la 
Pennsula con Melilla y los Archipilagos.

- Consolidar y potenciar el Registro Especial de Canarias, aumentando su 
competitividad no slo cara a los armadores nacionales, sino tambin 
como medio de captacin de buques de otras banderas pertenecientes a 
compaas extranjeras.

- Incrementar y mejorar los controles d buques en puerto para elevar 
los niveles de seguridad y eliminar los buques fuera de normas.

- Establecer mecanismos financieros y fiscales para la renovacin de la 
flota espaola como elemento para lograr su reactivacin y la 
potenciacin de la construccin naval especializada.

- Una vez finalizado el Plan de Salvamento aprobado para el cuatrienio 
1994-1997, se aprobar y desarrollar otro Plan que abarque al siguiente 
cuatrienio 1998-2001, que consolide y mantenga al da nuestras redes y 
servicios de salvamento.

- Fomentar la Formacin Ocupacional Continuada de personal martimo y 
portuario.

- Incrementar y mejorar los controles de buques en puerto para elevar 
los niveles de seguridad, eliminando los buques fuera de normas.

- Favorecer el desarrollo de la Marina Deportiva, fomentando la 
construccin de nuevas instalaciones, e incrementando la formacin de 
los usuarios cara a garantizar altos niveles de seguridad.

AEROPUERTOS

La red de aeropuertos espaoles ha experimentado, a lo largo de la 
ltima dcada, mejoras muy notables en sus instalaciones y en los 
servicios prestados al usuario a unos costes que son, con mucho, los ms 
bajos de Europa. Para mejorar la capacidad de integracin territorial de 
los aeropuertos y para que su capacidad evite los estrangulamientos que 
pudieran producirse en un futuro mediato, proponemos los siguientes 
objetivos:

- Gestionar AENA con criterios de equilibrio econmico-financiero, sin 
apelacin a subvenciones de los Prespuestos Generales del Estado.

- Reducir, en valores constantes, las tasas aeroportuarias y potenciar 
los ingresos comerciales no ligados estrictamente al trfico areo.

- Fomentar la autonoma y capacidad de decisin de los diferentes 
aeropuertos de la red.

- Prestar especial atencin a los aeropuertos regionales de carcter 
turstico y a los aeropuertos insulares como base de la conectividad 
inter-insular.

- Potenciar, en los casos en que de ello resulte un mejor nivel de 
servicios, la apertura al trfico civil de bases areas.

- Continuar con las actuaciones de transformacin y renovacin de las 
terminales aeroportuarias, con especial atencin al desarrollo de 
aeropuerto de Madrid/Barajas, cuya nueva pista de vuelo se construir 
con las adecuadas medidas correctoras de su impacto ambiental y las 
adecuadas prescripciones urbansticas.

- Incrementar los niveles de inversin y formacin en navegacin area.

- Facilitar el desarrollo de la aviacin general y deportiva.

- Potenciar la conectividad de los aeropuertos insulares, completndose 
la modernizacin de los aeropuertos canarios y -finalizando el de la 
isla de La Gomera.

- Desarrollar las acciones necesarias para lograr la. continuidad del 
espacio areo dependiente de los centros de control espaoles, de forma 
que resulten contiguas las zonas dependientes del Centro de Control 
Canarias y de los otros centros de control espaoles.

- impulsar, en la ciudad de Ceuta, un helipuerto de utilizacin civil.

TRANSPORTE AREO

Consideramos fundamental potenciar la adaptacin del sector al proceso 
de liberalizacin en curso en la Unin Europea. Esta poltica habr de 
completarse con la conclusin del proceso de liberalizacin de los 
servicios de asistencia en tierra (handling), y con la implantacin de 
segundos operadores en los aeropuertos de ms de un milln de 
pasajeros/ao.

TRANSPORTE INSULAR

Se continuar con el proceso de apertura de mercado y de disminucin de 
las tarifas portuarias y aeroportuarias, con objeto de proseguir en la 
lnea de abaratamiento de los costes de transporte areo y martimo, 
tendentes a favorecer la competitividad de las islas de los 
archipilagos balear y canario, as como de Ceuta y Melilla.

Comunicaciones: transmitiendo progreso

La rapidez de los cambios tecnolgicos est haciendo desaparecer las 
fronteras, las barreras las distancias y propiciando el nacimiento de 
una sociedad basada en la transmisin instantnea de informacin de un 
lado a otro del planeta.

En esta nueva sociedad, las comunicaciones tendrn un impacto importante 
en el crecimiento, la competitividad y, el empleo. En primer lugar, como 
soporte nervioso de la actividad econmica; en segundo lugar, por el 
efecto motor que la implantacin que las redes y servicios genera en los 
sectores ms dinmicos de nuestra economa.

Las comunicaciones tienen, sobre todo, una influencia decisiva en la 
calidad de vida de los ciudadanos, aumentando su grado de formacin e 
informacin, su capacidad de relacin, eliminando distancias y las 
situaciones de aislamientos, coadyuvando as a la configuracin de una 
sociedad ms informada, ms solidaria y ms democrtica.

En esta sociedad de la informacin, existe adems el peligro de que se 
establezcan brechas infranqueables entre los que tienen acceso a los 
logros del progreso tcnico 11 aquellas regiones o personas que pueden 
quedar excluidas del mismo, aumentando as sus dificultades sociales o 
econmicas.

La sociedad del futuro que queremos construir los socialistas no es slo 
una sociedad tecnolgicamente avanzada. Es, sobre todo, una sociedad en 
la que el progreso tcnico impregne de minera armnica el conjunto del 
tejido social.

Por ello, nuestro programa propone hacer de las comunicaciones. y en 
especial de las ms avanzadas tecnolgicamente, una herramienta de 
cambio social necesario que profundiza en los programas de cohesin 
sociales y territoriales.

Los socialistas queremos que compitan las empresas y queremos optimizar 
la gestin de los servicios pblicos, pero queremos hacerlo 
estableciendo mecanismos que eviten la exclusin.

Queremos promover el desarrollo de nuevos servicios, pero queremos 
hacerlo garantizando la prestacin de servicios pblicos de calidad y 
salvaguardando nuestra identidad cultural.

Queremos que la sociedad de la informacin espaola sea competitiva y 
tecnolgicamente avanzada y que ello le ayude a ser socialmente justa y 
territorialmente cohesionada.

Para conseguir estos objetivos utilizaremos las mejores tecnologas 
disponibles, como lo hemos hecho en el pasado reciente para resolver el 
problema secular de la universalidad de la telefona en el medio rural, 
o como estamos haciendo da a da conectando empresas y ciudadanos a las 
modernas redes mundiales de informacin.

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologas son fuente de 
oportunidades, pero tambin de riesgos: el teletrabajo tiene aspectos 
positivos que incrementan las modalidades de empleo y evitan 
desplazamientos, pero tiene el peligro de convertirse en factor de 
deslocalizacin de la actividad econmica.

Y lo mismo sucede con el resto de los nuevos servicios que las modernas 
redes interactivas van a poner a disposicin de los ciudadanos. Tienen 
ventajas indudables de modernizacin de nuestra sociedad, pero tiene 
riesgos evidentes de producir una dualizacin de efectos permanentes 
entre los que tienen acceso a estas nuevas oportunidades y aquellos 
otros, regiones o ciudadanos, que se ven excluidos del progreso.

POLTICA DE TELECOMUNICACIONES

El progreso de una economa moderna depende, cada vez ms, del 
desarrollo de las telecomunicaciones. Despus de haber superado 
completamente durante los ltimos cinco aos todos los problemas de 
acceso a la red telefnica bsica, los cuatro prximos aos sern los de 
la inmersin de nuestra sociedad en la sociedad de la informacin, 
caracterizada por la utilizacin masiva de las telecomunicaciones.
Por ello, nuestra poltica de telecomunicaciones se orientar a la 
creacin de nuevas redes y servicios de telecomunicaciones avanzadas, 
para dinamizar todos los sectores de actividad, las pequeas y las 
grandes empresas, el sistema educativo y las prestaciones sanitarias, 
las administraciones pblicas y la propia industria de las 
telecomunicaciones.

Nuestra poltica de telecomunicaciones est basada en tres objetivos 
irrenunciables:

1. Garantizar los servicios universales de calidad para todos los 
ciudadanos.

2. Introducir competencia en el sector, en el marco establecido en la 
Unin Europea.

3. Impulsar al desarrollo industrial y tecnolgico del sector espaol de 
telecomunicaciones.

Para cumplir estos objetivos ser necesario abordar acciones en 
distintos campos:

LIBERALIZACIN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y GARANTIA UNIVERSAL DEL 
SERVICIO PBLICO

- Se modificar la Ley de Ordenacin de las Telecomunicaciones, como 
marco global de la liberalizacin total de las telecomunicaciones el 1 
de enero de 1998, estableciendo los mecanismos de financiacin de un 
servicio pblico de extensin universal que garantice a todos los 
ciudadanos el acceso a las redes y servicios bsicos de 
telecomunicaciones.

- Se crear una entidad arbitral, dotada de la autonoma y medios 
adecuados para garantizar la rpida solucin de los potenciales 
conflictos entre operadores de redes y servicios y propiciar as la 
competencia efectiva entre ellos.

DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.

* Se impulsar el desarrollo de nuevas redes de cable y la modernizacin 
de las existentes para hacerlas capaces de suministrar de manera 
integrada toda clase de servicios de telecomunicacin, de voz, datos e 
imagen.

* Se promover la continuacin del programa HISPASAT, para incrementar 
los servicios de telecomunicacin por satlite y el uso de las 
tecnologas digitales.

* Se impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras de 
comunicaciones mviles, para incrementar la cobertura de estos servicios 
y extender los servicios de telecomunicaciones en las reas rurales.

* Se extender la cobertura de las cadenas de televisin pblicas y 
privadas a la totalidad del territorio.

* Se abordar la modernizacin tecnolgica de las redes de televisin, 
para la introduccin de la televisin digital en Espaa.

FORTALECIMIENTO DE LOS OPERADORES NACIONALES

- Se impulsar la modernizacin de los operadores espaoles, para que 
estn en condiciones favorables de enfrentarse a la competencia abierta 
a partir de 1998.

- Se crear un segundo operador integral de redes y servicios de 
telecomunicaciones de capital privado espaol. Este segundo operador se 
construir a partir de las infraestructuras de telecomunicaciones 
existentes en nuestro pas distintas de las de Telefnica de Espaa, SA.

MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIN 

- Se incrementar el nmero de cabinas telefnicas de servicio pblico 
en todo el territorio.

- Se introducir, en coincidencia con los dems pases de la Unin 
Europea, el nmero 112 como telfono integrado de todos los servicios de 
emergencia.

- Se facilitar la utilizacin del telfono por parte de las personas de 
edad avanzada y escasos recursos econmicos.

- Se intensificarn las acciones formativas y de difusin de los 
servicios avanzados de telecomunicaciones para las pequeas y medianas 
empresas.

- le disear e implementar un plan de actuaciones coordinadas para 
impulsar el desarrollo en Espaa de la sociedad de la informacin.
Entre estas actuaciones se prestar una atencin especial a las 
siguientes aplicaciones:

- La conexin de los centros de enseanza a las redes de 
telecomunicacin.

- Establecimiento de sistemas de teleeducacin interactivos, tanto para 
familiarizar a los jvenes en el uso de la tecnologa de la informacin, 
como para modernizar la enseanza a distancia.

- Desarrollo de servicios de telemedicina, dirigidos a la mejora de la 
asistencia sanitaria en las reas rurales.

- Mejora de los servicios de informacin al ciudadano por parte de las 
distintas administraciones pblicas.

- Generalizacin de sistemas de control y proteccin del medio ambiente, 
as como de gestin eficaz de los recursos hdricos utilizando las 
modernas tecnologas de la informacin.

- Establecimiento de una red nacional de centros de servicios de 
telecomunicaciones avanzados, dirigidos a las PYMES.

- Digitalizacin de la informacin referida al patrimonio histrico 
cultural espaol, para su acceso y distribucin por la redes de 
telecomunicacin.

- Se propondr por va legislativa el establecer normas ticas en el uso 
de las telecomunicaciones.

INCREMENTO DE LA PRESENCIA ESPAOLA EN EL EXTERIOR

- Se impulsar la internacionalizacin de la actividad de los operadores 
de telecomunicaciones, con atencin especial a Iberoamrica.

- Se utilizarn los cauces abiertos por la internacionalizacin de las 
actividades de los operadores espaoles para el incremento de la 
exportacin de equipos fabricados en Espaa.

- Se impulsarn la programacin audiovisual y los servicios, multimedia 
transmitidos a travs de HISPASAT a otros pases europeos y a 
Iberoamrica.

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS

Los servicios postales y telegrficos forman parte de los servicios 
bsicos esenciales que deben prestarse a todos los ciudadanos, con 
independencia de su nivel de renta y su lugar de residencia.
En consecuencia, nos comprometemos a:

- Garantizar un servicio de comunicaciones postales a toda la poblacin, 
de calidad y a precios asequibles.

- Proseguir los esfuerzos de reduccin del dficit de explotacin de 
Correos y Telgrafos, mejorando los procedimientos de gestin.

- Adecuar la legislacin postal a la situacin real del sector, 
asegurando que la competencia se desarrolle con respeto a los derechos 
de los usuarios y de acuerdo con las directrices de la Unin Europea.

- Controlar la calidad del servicio pblico postal.

- Mantener el esfuerzo dirigido a la modernizacin de los procesos 
postales y a la mejora de sus centros de trabajo.

- Garantizar que los servicios pblicos postales se adecuan a las 
necesidades de las personas y empresas que lo demanden, con especial 
atencin a las pequeas y medianas empresas y a los habitantes del medio 
rural y de la periferia de las grandes ciudades.

- Acercar los servicios a los ciudadanos y hacerles partcipes de su 
mejora.

- Extendiendo por el territorio las oficinas de reclamacin y de 
atencin al ciudadano.

- Incrementando las lneas telefnicas gratuitas dedicadas a estos 
fines.

DEMOCRACIA PARA EL PUEBLO Y DESDE EL PUEBLO

Poltica para la democracia

En 1993 los socialistas propusimos a los ciudadanos afrontar con 
decisin una accin impulsora que modernizase las estructuras polticas 
de nuestro pas, que contribuyese a combatir la desafeccin por la 
poltica, as como la lejana de los ciudadanos respecto de sus 
representantes y su desconfianza hacia el funcionamiento de las 
instituciones.

El origen de esa propuesta no resida especficamente en las condiciones 
en que se debata nuestra realidad poltica hace tres aos, sino que 
parta de una reflexin que se refiere a la vitalidad y a los problemas 
de la democracia en este fin de siglo, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.

La desaparicin o el debilitamiento profundo de los modelos 
contrapuestos a la democracia pluralista, ha conllevado paradjicamente 
un perceptible malestar o fatiga de la democracia, a la que se imputan 
simultneamente los costes que ha supuesto la adaptacin a los procesos 
derivados de la mundializacin de la economa, los cambios que requiere 
la evolucin demogrfica, o las dificultades en asegurar la paz en el 
propio entorno, adems de la lacra que supone la deslegitimacin 
provocada por los escndalos polticos, por los comportamientos 
corruptos o por la continua desviacin del debate sobre las necesidades 
percibidas como tales por los propios ciudadanos.

Ese clima, que profundiza la desconfianza en la poltica y que somete a 
presin negativa el funcionamiento normal de las instituciones, es el 
apropiado para que puedan surgir exaltaciones populistas o se produzcan 
reacciones intolerantes y fanticas.

Defender, en primer lugar, a la democracia de ese tipo de peligros es 
tarea comn para todos los demcratas. Conseguir que la accin poltica 
se desarrolle con rigor, dilogo, transparencia, proximidad a los 
ciudadanos y austeridad, es una tarea paciente, constante y prolongada 
que puede y debe ser igualmente compartida por todos los demcratas. Es, 
en todo caso, un objetivo estratgico para el socialismo democrtico, 
que propugna un proyecto solidario que requiere de la accin de los 
poderes pblicos, que no puede llevarse a cabo sino a travs de la 
poltica y que no puede prosperar, por tanto, ms que con una fuerte 
legitimacin de la poltica y de las instituciones. Al egosmo le 
molesta y le estorba la poltica. La solidaridad necesita de ella, del 
aprecio y la estima de los ciudadanos.

Si examinamos el balance de lo realizado desde 1993, hemos cumplido una 
buena parte de nuestros compromisos en este terreno, que giraron, 
fundamentalmente, en afrontar la reforma de la justicia, actualizar la 
legislacin penal, mantener una lucha abierta contra la corrupcin 
econmica y poltica.

En esta Legislatura:

- Hemos aprobado un conjunto de medidas legales y administrativas que 
han de servir para prevenir, investigar, perseguir y castigar la 
corrupcin. La creacin de la Fiscala Anticorrupcin, dificultar las 
actividades de los corruptos. La mejor tipificacin y mayor condena de 
esos delitos en el nuevo Cdigo Penal castigar ms severamente sus 
conductas.

- Hemos propiciado una mayor transparencia con la modificacin de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Pblicas y con la Ley de 
Incompatiblidades de miembros del Gobierno y de Altos Cargos, as como 
con la nueva regulacin de los gastos reservados.

- Hemos aprobado un nuevo Cdigo Penal que refleja. adecuadamente los 
valores constitucionales las formas de vida de un pas desarrollado como 
Espaa que tiene como objetivo fundamental proteger los derechos y 
libertades de los ciudadanos.

- Hemos aprobado la Ley, del Tribunal de jurado para incorporar a los 
ciudadanos a la tarea solidaria, responsable y democrtica de 
administrar justicia.

- Hemos reformado la Ley, Orgnica del Poder judicial para dotar al 
Consejo General del Poder judicial de nuevas competencias y facultades 
para incrementar la capacidad de autogobierno del Poder judicial, 
ordenar la correcta Administracin de la justicia, reforzar sus 
capacidades disciplinarias y mejorar la enseanza especializada de los 
jueces.

- Hemos reformado la Ley Electoral para acortar la duracin de las 
campaas, disminuir el coste de las mismas y, favorecer el ejercicio del 
derecho de sufragio por parte de todos los espaoles con independencia 
de su lugar de residencia.

Sin embargo, desde 1993, el clima de crispacin no se ha reducido sino 
que se ha incrementado, exasperado incluso en algunos periodos. Existe 
hoy un fuerte deseo de los ciudadanos de que se recupere el debate de 
las cuestiones que ms directamente les afectan, de que se recompongan 
los modos ms dialogantes, tolerantes serenos, de que se reconstruya el 
clima de cooperacin y respeto institucional que ha presidido la mayor 
parte del periodo transcurrido desde que se recuper la democracia.
Los socialistas estamos ms comprometidos que nadie en trabajar en esa 
direccin y en luchar denodadamente para que se coloquen en el lugar que 
merecen los valores asociados a nuestro concepto de la poltica: 
austeridad, dedicacin, honradez, cercana, desinters.

Algunos de los objetivos que nos propusimos en 1993 estn todava por 
cumplir. En algunos casos porque la convocatoria electoral ha 
interrumpido la tramitacin de proyectos ya remitidos por el Gobierno a 
las Cmaras. tales como los que regulan el Gobierno y la Administracin. 
En otros, porque la falta de acuerdo suficiente en el mbito 
parlamentario no ha permitido su aprobacin, como por ejemplo la reforma 
del Reglamento del Congreso o la nueva regulacin de los partidos 
polticos.

Otros objetivos se estn cumpliendo con un resultado que merece algunas 
reflexiones. Es el caso concreto de la lucha contra la corrupcin. Es 
una lucha que se dirige a la consecucin de la limpieza de la vida 
pblica, que requiere el compromiso conjunto de todos aquellos que 
quieran expulsar de la poltica a los corruptos, lo que no es compatible 
con la utilizacin de los casos con el nico objetivo de desgastar al 
Gobierno, an si al hacerlo as se debilita la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones.

Ello es tanto menos justificable cuando se utiliza contra nosotros 
aquello que nosotros hemos perseguido y hemos acabado poniendo a 
disposicin de la justicia. A pesar del coste que nos ha supuesto, del 
que ramos conscientes, ya que se trata de una lucha larga, difcil, 
slo superable en el medio y largo plazo, y utilizable siempre en 
nuestra contra en el escenario inmediato, estamos comprometidos a seguir 
hasta el final en ese combate contra la corrupcin.

Junto a la continuacin de la lucha contra la corrupcin, que debe tener 
un carcter permanente, pretendemos desarrollar a lo largo de la prxima 
legislatura, medidas tendentes a fortalecer el sistema democrtico, 
mejorar el funcionamiento de las instituciones, desarrollar la 
proteccin de los derechos y libertades pblicos, incrementar la 
participacin y el control ciudadano, mejorar la Administracin de 
justicia y convertir a la Administracin Pblica en el mejor aliado de 
los ciudadanos.

Para todo ello nos proponemos:

DINAMIZAR EL PARLAMENTO

Impulsaremos la reforma del Reglamento del Congreso, que no ha alcanzado 
el acuerdo poltico suficiente en anteriores Legislaturas. La 
experiencia acumulada en el funcionamiento del Reglamento actual, as 
como la conveniencia expresada de favorecer una manera ms directa de la 
accin poltica, aconseja ahora:

- Que la actividad legislativa ms tecnificada, descanse progresivamente 
en el mbito de las Comisiones, destinando prioritariamente el Pleno 
para el debate poltico global sobre esa misma actividad.

- Que se abra un mayor espacio para los debates especficos y frecuentes 
en la ordenacin de las sesiones plenarias.

- Que se formalicen las pautas de comparecencias semanales del 
Presidente del Gobierno para responder a los Grupos Parlamentarios en 
las sesiones de control.

- Que se establezca un mayor control de las incompatibilidades de los 
diputados, una mayor transparencia de sus actividades y un mayor rigor 
contra la transgresin de sus obligaciones en este campo.

- Que se facilite la constitucin de Comisiones de Investigacin, de 
manera que se requiera una mayora cualificada para su rechazo. En su 
constitucin y funcionamiento se asegurar la no interferencia en 
procedimientos judiciales, la garanta de los derechos de quienes 
comparezcan en ellas, as! como la salvaguarda de los intereses 
generales.

CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RGANOS CONSTITUCIONALES

La experiencia de las ltimas legislaturas ha mostrado la dificultad de 
proceder en tiempo apropiado a la provisin de miembros de los distintos 
rganos institucionales. Dicha situacin comporta objetivamente un 
deterioro en el funcionamiento normal de tales rganos, y refleja el 
desencuentro continuado entre las fuerzas parlamentarias transmitiendo 
un mensaje negativo sobre la exigible lealtad institucional.

Ninguna medida normativa podra por s sola evitar de una sola vez estos 
inconvenientes. Si la Constitucin, o las leyes correspondientes, han 
exigido mayoras de difcil consecucin por una sola o por varias 
fuerzas polticas es porque intencional y deliberadamente se ha querido 
que sean fruto del acuerdo ms amplio, surjan del dilogo y del 
consenso, y trabajen en el apoyo de los valores comnmente compartidos.
Por tanto, de lo que se trata es de una decisin sobre los 
comportamientos que ponga stos en consonancia con los valores que se 
proclaman, y de un ejercicio continuado de compromiso y de lealtad 
institucional con la existencia, la composicin, el funcionamiento 
normal y el respeto a la labor de tales rganos.

Los socialistas reiteramos que esos sern los principios con los que 
abordaremos este nuevo periodo, con el objeto de remontar las 
dificultades vividas en el pasado. Reforzando la base parlamentaria de 
su provisin, atendiendo a la idoneidad de sus miembros, evitando su 
entrega a intereses corporativamente organizados, facilitando su trabajo 
y la legitimacin social del mismo, propiciando para todo ello el 
dilogo y el acuerdo.

APROBAR UNA LEY DE PARTIDOS POLTICOS

Como establece nuestra Constitucin, los Partidos Polticos son 
instrumento fundamental para la participacin poltica y por tanto son 
esenciales a la vida democrtica. Su regulacin actual procede, sin 
embargo, de la situacin inmediatamente anterior a la propia norma 
constitucional y est fuertemente orientada al fortalecimiento de los 
Partidos como estructura homognea y estable. Conviene, ahora, compensar 
tal orientacin con una ampliacin de las garantas de los afiliados y 
con un ensanchamiento de la participacin de stos en los procesos 
internos de las organizaciones, as como una nueva regulacin de sus 
mecanismos de financiacin.

La reforma de la Ley de Partidos requiere, en todo caso, de un amplio 
consenso entre los distintos grupos polticos. Con el objeto de 
propiciar ese consenso hemos presentado un conjunto de propuestas e 
iniciativas en esta Legislatura, que volveremos a plantear tratando de 
alcanzar un acuerdo bsico sobre la organizacin, funcionamiento, 
financiacin y control de los Partidos Polticos.

El proyecto que ofreceremos:

- Establecer los requisitos mnimos para su creacin, constitucin, 
inscripcin, extincin y disolucin.

- Fijar el contenido bsico de sus Estatutos, publicidad de los mismos 
y control de legalidad.

- Regular su estructura, funcionamiento, actividad, y naturaleza de sus 
actos y responsabilidad ante los mismos de sus rganos y de sus 
dirigentes.

- Desarrollar ampliamente los derechos de los afiliados, su 
intervencin en los procesos de formacin de sus rganos y de 
designacin de sus representantes, as como de sus candidatos a los 
procesos electorales, asegurar la democracia y el pluralismo interno y 
establecer garantas para el respeto a los derechos de los afiliados.

- Mantendr su financiacin pblica, admitir donaciones desgravables de 
personas fsicas y prohibir las donaciones de entidades mercantiles.
- Limitar la capacidad de endeudamiento.

- Establecer sistemas de auditora y someter sus operaciones de 
crdito y tesorera y su contabilidad al control del Tribunal de 
Cuentas, cuya nueva Ley reforzar sus facultades de inspeccin y sancin 
y le dotar de nuevos instrumentos y prerrogativas.

INTRODUCIR CAMBIOS EN LA LEY ELECTORAL 

Los socialistas somos partidarios de un sistema electoral con el que 
todos los ciudadanos nos podamos sentir identificados, que permita 
expresar con la mayor claridad posible la preferencias y deseos de los 
electores, que facilite la participacin de todos, con independencia de 
su lugar de residencia y que sea econmico. Para ello, plantearemos las 
siguientes reformas en su funcionamiento:

- Estudiar un nuevo sistema electoral que haga compatibles el derecho de 
los Partidos a presentar sus candidatos, el derecho de los electores a 
manifestar sus preferencias entre ellos, y la necesaria gobernabilidad 
de las instituciones. Todo ello, manteniendo el sistema de 
representacin proporcional. En una primera fase, analizaremos de modo 
preferente la posibilidad de desbloquear las listas.

- Simplificacin de los mecanismos que dificultan el voto de los 
espaoles residentes en el extranjero y obstaculizan as el ejercicio de 
ese derecho por los inmigrantes.

- Aplicacin de la directiva comunitaria que obliga a los Estados 
Miembros de la UE a reconocer el derecho de sufragio en las elecciones 
municipales a los ciudadanos europeos residentes en su territorio.

UN DEFENSOR DEL PUEBLO PARA LOS MS DBILES

La institucin del Defensor del Pueblo ha logrado un gran arraigo 
social. El PSOE velar para que el Defensor pueda desempear sin trabas 
su funcin y denuncie todas aquellas acciones La omisiones que atenten o 
lesionen la dignidad de las personas. De modo muy especial, de los ms 
necesitados y de aqullos que pueden ser objeto de discriminacin en 
razn al lugar de su nacimiento, raza, sexo, religin, opinin o 
cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

Por ello, los socialistas pediremos al Defensor que extreme su celo en 
favor de los derechos de la infancia, las mujeres, los extranjeros, los 
homosexuales y cualquier otra minora que pueda ser objeto de 
discriminacin o agravio por parte de quienes mantengan actitudes 
intolerantes, racistas o xenfobas.

Adems, para la prxima Legislatura proponemos promover las medidas 
legislativas para que tres meses despus del debate del informe anual 
del Defensor del Pueblo, el Gobierno conteste por escrito a dicho 
informe respecto a las sugerencias, recomendaciones y recordatorios 
formulados por el Defensor.

NUEVA LEGISLACIN DE SECRETOS OFICIALES

Hechos recientes han mostrado algunas insuficiencias de la normativa que 
en nuestro pas regula los secretos oficiales. De acuerdo con ello nos 
proponemos revisar esta legislacin para adecuarla a la existente con 
carcter general en los pases de nuestro entorno y lograr, 
conjuntamente, los siguientes objetivos:

- La salvaguarda de los intereses de la defensa y la seguridad 
nacionales.

- La regulacin de la Autoridad Nacional de Seguridad y los sistemas de 
Habilitacin de Seguridad.

- El procedimiento de acceso de las Cmaras Legislativas y de los 
Tribunales de justicia a documentacin o informacin clasificadas.

- El rgimen de infracciones y sanciones para quienes violen por 
cualquier medio esta normativa.  

En justicia

La Administracin de justicia espaola ha sufrido dos grandes procesos 
de transformacin que se han llevado a cabo paralelamente. El primero ha 
sido la reforma estructural contenida en la Ley Orgnica del Poder 
judicial (1985) y, en la Ley de Demarcacin y Planta judicial (1988). El 
segundo ha sido el aumento de medios personales y materiales de la 
Administracin de justicia.

Sin embargo, ha quedado pendiente una profundizacin en la reforma 
cualitativa' de la Administracin de justicia.

Nuestra propuesta de futuro busca los siguientes objetivos:

a) Agilizar los procesos judiciales, sin merma de las garantas que se 
derivan del derecho a la tutela judicial efectiva ni de los derechos de 
las vctimas.

b) Implantar una Justicia de Paz municipal o de barrio en las grandes 
ciudades, con competencia objetiva en el orden penal, en el conocimiento 
de infracciones penales leves relacionadas con el trfico rodado y las 
derivadas de la convivencia ciudadana, as como en el orden civil las 
cuestiones litigiosas relativas a reclamaciones de pequea cuanta.

e) Potenciar los mecanismos de transaccin, mediacin, conciliacin y 
arbitraje.

d) Mejorar la gestin a travs de un nuevo diseo de la Oficina 
judicial.

Para lograr el objetivo de una justicia ms cercana al ciudadano es 
preciso conseguir una agilizacin de los procesos sin merma de la 
garanta a la tutela judicial efectiva, y para ello se hacen precisas 
las siguientes reformas:

- Desarrollo del procedimiento preferente y sumario del art. 53.2 de la 
Constitucin, de manera que cualquier ciudadano pueda recabar la tutela 
de sus derechos y libertades ante los Tribunales, clarificando al mismo 
tiempo las relaciones entre la jurisdiccin ordinaria y la jurisdiccin 
constitucional.

- Reforma de las leyes procesales tanto de Enjuiciamiento Civil como 
Criminal. Reduciendo los procesos civiles y limitando sus trmites. 
Profundizando en el principio acusatorio del proceso penal y devolviendo 
al juez su carcter imparcial y su condicin de garante de los derechos 
de los ciudadanos. Potenciando la figura del Ministerio Fiscal en su 
labor investigadora en la fase de instruccin.

- Modernizacin del derecho concursal, adecundolo a los nuevos 
requerimientos y exigencias de la vida econmica.

- Reforma del orden contencioso-administrativo cuyo proyecto no ha 
podido ser aprobado en la pasada legislatura, poniendo en funcionamiento 
los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

- Completar la reforma de la Ley Orgnica del Poder judicial, 
profundizando en medidas destinadas a la modernizacin de la justicia y 
a la potenciacin de su funcin de inspeccin de la Administracin de 
justicia.

- Propondremos a los dems Grupos Parlamentarios la inmediata eleccin 
del nuevo Consejo General del Poder judicial, presentando candidatos con 
el perfil profesional adecuado a las altas responsabilidades 
institucionales que tiene encomendadas ese rgano.

- Reglamentar y crear en el mbito provincial las oficinas de atencin a 
las vctimas de delitos, recogida en la Ley 35/95 de 11 de diciembre; 
as como actualizar la regulacin y la cuanta de las indemnizaciones a 
percibir por testigos y peritos en los procesos judiciales.

- Elaborar una Ley de Unificacin de la Fe Pblica Extrajudicial, 
buscando con ello un asesoramiento jurdico imparcial y el control de la 
legalidad de los actos sobre los que se da fe pblica.

Como conclusin y complemento de la reforma de la Administracin de la 
justicia, nos parece necesario abordar la reforma del Estatuto Personal 
de jueces y Magistrados. Para ello, propondremos la aprobacin de la 
correspondiente Ley que recoja, al menos, los extremos siguientes: 
Estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo, afirmando la 
naturaleza constitucional del mismo; garantizando su plena potestad para 
unificar los criterios interpretativos del Ordenamiento jurdico y la 
integridad del amparo jurisdiccional; regulando la figura de sus 
integrantes como magistrados en ejercicio; estando sometido a un 
riguroso rgimen de incompatibilidades, la regulacin de las categoras 
y sistemas de promocin, rgimen de especialidades, situaciones 
administrativas, rgimen de destinos, rgimen de responsabilidades y 
rgimen de infracciones y sanciones.

La Oficina judicial ser dotada de la estructura y organizacin adecuada 
que la convierta realmente en instrumento o medio que garantice la 
tutela judicial. Y para ello, se hace indispensable:

- Redefinir el papel del Secretario judicial.

- Asegurar la formacin continuada de los funcionarios.

- Proveer a la oficina judicial de profesionales, as como incorporar 
nuevas tecnologas.

Tambin procederemos a la reforma de la planta judicial, con 
circunscripciones que eviten los desequilibrios actuales entre juzgados. 
Sin olvidar, previo el necesario consenso, la reestructuracin de la 
Audiencia Nacional que, en todo caso, suponga una descentralizacin de 
sus competencias en lo relativo a los delitos econmicos y monetarios y 
a la jurisdiccin contencioso-administrativa.

ADAPTACIN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA AL ESTADO DE LAS AUTONOMAS

Continuaremos la poltica de transferencias de los medios materiales y 
personales al servicio de la Administracin de Justicia a las 
Comunidades Autnomas, de manera que se logre la adecuacin de la 
organizacin de la justicia al modelo autonmico.

POLTICA PENITENCIARIA

Los ltimos aos han visto llevar a la prctica una profunda 
transformacin de nuestra situacin penitenciaria que ha tenido, como 
puntos ms relevantes, la ejecucin de un ambicioso programa de creacin 
de nuevos establecimientos penitenciarios, el incremento de la seguridad 
de las prisiones y la incorporacin de un sistema de derechos y 
garantas para los internos mediante la aprobacin de un nuevo 
Reglamento Penitenciario.

Asimismo, se han potenciado las actividades de educacin y. formacin 
profesional de los internos, al tiempo que se les garantiza una 
asistencia sanitaria equiparable a la de los ciudadanos en libertad.
Es necesario llevar a cabo una adecuada poltica penitenciaria que 
combine las exigencias de intimidacin de la pena con las de 
recuperacin del delincuente. Queremos pues. defender el cumplimiento 
efectivo de las condenas, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo 
Cdigo Penal.

Pero la poltica penitenciaria no puede concluir en estos enunciados. La 
aplicacin del nuevo Cdigo Penal exigir, sin duda, la revisin de todo 
nuestro sistema penitenciario. Lo haremos tratando de preparar a los 
penados para la vida en libertad, haciendo de los internos unos 
ciudadanos capaces de vivir pacfica y solidariamente en sociedad una 
vez han cumplido la responsabilidad que esa misma sociedad les exige.
Para la presente legislatura, en todo caso, los socialistas nos 
proponemos:

- Aprobar un Plan especial de tratamiento mdico, penitenciario y 
asistencial para los internos enfermos de SIDA.

- Incorporar a la normativa penitenciaria la concesin de beneficios 
penitenciarios ligados a procesos de formacin seguidos por los internos 
desde la prisin.

- Realizar un programa de creacin de centros abiertos y semiabiertos 
que potencien la ejecucin de las medidas alternativas a la prisin al 
tiempo que limiten los inconvenientes y efectos perjudiciales de la 
crcel respecto de los delincuentes menores.

- Atender la puesta en prctica del arresto de fin de semana de modo que 
se evite la estigmatizacin social de quienes deban cumplirlo.

- Favorecer el cumplimiento de las condenas en las proximidades del 
entorno familiar de los internos siempre que as lo aconsejen el 
programa de tratamiento individualizado y el adecuado seguimiento de su 
proceso de reinsercin social.

- Establecer una "lnea caliente" que, sin menoscabo de la autoridad de 
los Directores de la Establecimientos Penitenciarios o de los jueces de 
Vigilancia Penitenciaria, permita a los interno dirigir con libertad sus 
reclamaciones a la Autoridad Penitenciaria Central competente.

UN ESTADO EFICAZ, UN PAS SEGURO

Ciudadanos libres y seguros

A travs de la seguridad pblica debemos garantizar un clima de paz, de 
convivencia y de confianza mutua, que permita y facilite a los 
ciudadanos el libre y pacfico ejercicio de sus derechos individuales, 
polticos, sociales, as como el normal funcionamiento de las 
instituciones pblicas y privadas.
Desde esta perspectiva, en la poltica de seguridad pblica que los 
socialistas proponemos es un eje fundamental la participacin ciudadana. 
As:

- Promoveremos la corresponsabilizacin de los ciudadanos en la 
formulacin de las polticas de seguridad y su posterior seguimiento.

- Profundizaremos en la cooperacin de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad con los ciudadanos y sus movimientos asociativos.

- Posibilitaremos un mayor acercamiento de la Administracin de la 
seguridad pblica al ciudadano y una mayor agilizacin en su 
funcionamiento.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El terrorismo de ETA ha vuelto a recrudecer su actividad en los ltimos 
tiempos. Frente a ste no valen los discursos demaggicos, por ms que 
pudieran ser eficaces para atraer algunos pocos votos.

Contra los violentos hay que mantener la serenidad e insistir en las 
grandes lneas que vienen orientando la actuacin de los poderes 
pblicos: la unidad de todas las fuerzas democrticas, la eficacia de la 
accin policial y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el 
reforzamiento de la cooperacin internacional, la llamada a la 
colaboracin ciudadana, y en general los principios establecidos en los 
pactos polticos de Ajuria Enea, Pamplona y Madrid, por las fuerzas 
polticas democrticas.

Frente a la accin terrorista no cabe imaginar va alguna de dilogo 
hasta que no cese de manera fehaciente la violencia.

La lucha contra el terrorismo -contra todo tipo de terrorismo- ha sido y 
es una constante prioridad del Estado por lo que pretendemos:

- Mantener y profundizar en la cohesin y colaboracin de todas las 
fuerzas polticas y sociales en la lucha contra el terrorismo.

- Impulsar la colaboracin ciudadana para marginar y erradicar a los 
violentos.

- Consolidar y profundizar los acuerdos de Madrid, Ajuria-Enea y 
Pamplona.

- Mejorar los mecanismos de extradicin y de cooperacin internacional 
tanto bilateral como multilateral.

- Fomentar la colaboracin y coordinacin entre las Fuerzas de Seguridad 
del Estado y la Polica Autnoma Vasca en la lucha antiterrorista.

- Hasta que se introduzcan las reformas legales que permitan una mayor 
eficacia en la lucha contra la violencia callejera, se llevarn a cabo 
acciones de mayor cooperacin, colaboracin y coordinacin entre el 
Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- Queremos tambin profundizar en lo posible los mecanismos de atencin 
y asistencia a las vctimas del terrorismo y a sus familiares.

- La reforma del Cdigo Penal establece el cumplimiento efectivo de las 
penas. La orientacin constitucional hacia la reeducacin reinsercin 
tendrn un tratamiento individualizado y personal de cada uno de los 
penados.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Nos proponemos seguir incrementando los niveles de libertad y reduciendo 
los de delincuencia a travs de las siguientes medidas:

- Desarrollar la distribucin territorial y operativa de las Fuerzas y 
Cuerpos de la Seguridad del Estado que haga ms eficaz su labor frente a 
las nuevas formas de delincuencia.

- Dotar de medios humanos y tcnicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, para favorecer su modernizacin.

- Fomentar la educacin en derechos humanos como contenido bsico de la 
formacin jurdico tica de estos cuerpos.

- Impulsar la colaboracin ciudadana a travs de la informacin adecuada 
y la cooperacin a travs de los movimientos asociativos con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- Profundizar en la colaboracin con las distintas policas, ampliando 
la presencia de la polica de barrio y potenciando la polica judicial.

- Prevenir los delitos econmicos NI medioambientales, y desarticular 
los mecanismos del blanqueo de dinero procedentes del delito, mediante 
la intensificacin de la lucha contra el crimen organizado.

- Incrementar los servicios de atencin y apoyo a las mujeres que sufren 
violencia sexual y malos tratos familiares.

- Profundizar en la ayuda a las vctimas de los delitos violentos a 
travs de la agilizacin de las indemnizaciones y de los programas de 
ayuda que mejoren su calidad de vida.

- Impulsar los Consejos de Seguridad Ciudadana, tanto de mbito 
nacional, provincial como local.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRFICO

Sin perjuicio de las medidas preventivas rehabilitadoras, es 
fundamental reforzar en la medida de lo posible la actuacin represiva 
contra el narcotrfico. Cada vez son ms evidentes los vnculos entre el 
trfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada y violenta, 
y es creciente el poder econmico e incluso poltico que pueden acumular 
las mafias de la droga. Estas, constituyen un autntico peligro para la 
seguridad del Estado que es preciso controlar y neutralizar.

Es necesario potenciar al mximo los sistemas de deteccin y, sancin de 
las conductas relacionadas con el blanqueo de dinero procedente del 
narcotrfico.

En este sentido, se proceder a una reorganizacin de las Fuerzas de 
Seguridad orientada hacia la vinculacin operativa entre trfico de 
drogas, fraude fiscal y blanqueo de capitales; se estudiar la 
posibilidad de crear una brigada de polica especial" para la 
investigacin y persecucin del blanqueo de capitales.
Adems planteamos:

- Una regulacin ms amplia y detallada de las intervenciones 
telefnicas necesarias para estos supuestos.

- Regular la posibilidad de investigar el patrimonio de las personas 
imputadas en narcotrfico. cuando en el marco del proceso penal se 
aprecien indicios de la adquisicin de aqul asociada a dicho 
narcotrfico.

- Promover en este mismo sentido una mayor presin e intensidad 
inspectora, crendose un grupo especial para detectar el narcotrfico a 
travs de sus finanzas.

- Utilizar la Ley de Fondo para incrementar los medios y dotaciones 
necesarios en la lucha contra el narcotrfico, as como para desarrollar 
programas de prevencin.

- Una reforma procesal que adece nuestra legislacin a las necesidades 
que origina un planteamiento moderno de lucha contra la criminalidad 
organizada.

- Promover la creacin de sistemas de coordinacin y participacin de 
los organismos administrativos de Inspeccin con el Poder judicial, los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Servicio de Vigilancia 
Aduanera y el Banco de Espaa.

- Desarrollar los programas estratgicos diseados por el Consejo 
Superior de Lucha contra las Drogas y el Blanqueo de Capitales.

- Intensificar la participacin de nuestro pas en la cooperacin 
internacional, as como en las relaciones bilaterales y reas 
geoestratgicas, en especial con el Norte de frica y Amrica Latina.

MEJORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Un fenmeno que deteriora la convivencia ciudadana es la violencia 
urbana. La solucin de los problemas derivados de los comportamientos 
violentos no depende nicamente de la actuacin directa de los poderes 
pblicos.

En el tratamiento y anlisis de estos fenmenos no hay que olvidar el 
aspecto preventivo de la cuestin, relacionado con la red familiar y 
educativa. En este sentido:

Realizaremos campaas educativas en centros de enseanza que transmitan 
a los jvenes valores sociales tolerantes y solidarios, en colaboracin 
con las asociaciones Y organizaciones no gubernamentales que propugnan 
esos valores.

- Emplearemos todos los recursos posibles en la lucha contra la 
violencia callejera y, en especial, contra la violencia que atente 
contra grupos nacionales, tnicos, raciales o religiosos.

- Seguiremos incidiendo en la erradicacin de la violencia en el 
deporte, profundizando en las medidas previstas al efecto en la Ley del 
Deporte.

- La convivencia ciudadana tambin se deteriora por el ruido, el consumo 
de drogas, y los escndalos callejeros.

- Deben aplicarse las medidas restrictivas de estos fenmenos previstas 
en nuestro ordenamiento jurdico, combinndolas con actuaciones que 
fomenten un cambio de actitudes y comportamientos sociales. Para ello, 
se adoptarn las siguientes medidas:

* Elaboracin de un "mapa" que indique los lugares que deben ser objeto 
de especial vigilancia.

* Intensificacin durante los fines de semana de controles de 
alcoholemia y velocidad en las carreteras.

* Aplicacin con el mximo rigor de las sanciones relacionadas con la 
conduccin bajo los efectos de bebidas alcohlicas.

* Establecimiento de patrullas policiales en polgonos de ocio.

* Aplicar con rigor las -disposiciones vigentes en materia de 
espectculos pblicos y actividades recreativas.

SEGURIDAD VIAL

Los accidentes de circulacin siguen siendo excesivos, pese a las 
medidas adoptadas en aplicacin de la Ley de Seguridad Vial aprobada 
hace algunos aos. Por ello planteamos:

- El incremento de las acciones y programas destinados a la prevencin 
de los accidentes de trfico, con especial incidencia en los conductores 
ms jvenes.

- Eliminacin de las denominadas "trampas del asfalto" (pasos de 
peatones, deficiencias de calzada o sealizacin inadecuada), 
fundamentalmente para peatones y motoristas, mediante un Plan de 
pavimentacin y pintura antideslizante en los pasos de peatones, la 
correccin de trazados inadecuados y desniveles, la sealizacin 
adecuada en los lugares donde se producen accidentes con frecuencia y la 
utilizacin de separadores de carril no cortantes y que amortigen los 
impactos.

- La creacin del Instituto de Seguridad Vial destinado a incrementar la 
investigacin cientfica, que permita la reduccin de accidentes a 
travs de la prevencin de los mismos.

- La puesta en prctica de las recomendaciones de la Ponencia 
Parlamentaria sobre accidentes de los ciclistas.

- Potenciar la cooperacin con la Administracin Sanitaria e 
Instituciones Privadas que permita una rpida y eficaz atencin a los 
heridos en accidentes de circulacin.

PROTECCIN CIVIL

Una vez diseado el Sistema Nacional de Proteccin Civil, en el que las 
tres Administraciones Pblicas contribuyen con eficacia a la proteccin 
de personas y bienes ante riesgos extraordinarios, a la Administracin 
General del Estado le corresponde asumir un papel a la vez 
complementario y subsidiario.

Procede avanzar en la consolidacin de ese sistema, para lo cual 
pondremos especial nfasis en:

- La formacin de responsables y actuantes en la nueva Escuela Nacional 
de Proteccin Civil.

- Culminar el desarrollo de la Ley de Proteccin Civil mediante la 
aprobacin de un conjunto normativo: Norma Bsica de Autoproteccin, Ley 
de Infracciones y Sanciones en materia de Proteccin Civil, norma 
reguladora de ayudas a los afectados por situaciones catastrficas.

- Completar los Planes Estatales de Proteccin Civil.

- Aprobacin de un Plan Concertado con las Comunidades Autnomas y la 
Administracin Local para el desarrollo de la Proteccin Civil 
Municipal.

- Impulsar convenios de colaboracin tcnica con las Comunidades 
Autnomas en la materia.

- Ayudar financieramente a los municipios que hayan aprobado sus Planes 
Territoriales Municipales.

- En particular, y en relacin con los incendios forestales, reforzar 
los mecanismos de seguimiento y coordinacin con las Comunidades 
Autnomas para la prevencin, vigilancia y extincin de los incendios 
forestales a fin de que extremen las medidas y el uso de los medios a su 
alcance en el cumplimiento de esos objetivos.

REFORMA DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

Pese a la crisis que han padecido recientemente los Servicios de 
Inteligencia y, especficamente el CESID, han realizado a lo largo de 
estos aos una importante contribucin a la consolidacin del estado 
democrtico, a la salvaguarda de la seguridad y defensa nacionales y a 
la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

No obstante, los ltimos acontecimientos aconsejan afrontar una reforma 
del CESID que, tras la aprobacin del reciente Decreto sobre su Rgimen 
del Personal, asegure el cumplimiento de sus funciones y modernice el 
rgimen jurdico de su organizacin y funcionamiento de acuerdo con las 
siguientes pautas:

- Mantenimiento de la actual diferenciacin entre los Servicios de 
Informacin de los Cuerpos y Fuerzas del Estado y el Servicio de 
Inteligencia que seguir constituido por el CESID, a quien tambin 
correspondern las funciones de informacin en el mbito de la defensa.

- El CESID mantendr su condicin de rgano de inteligencia del 
Presidente del Gobierno a travs del Ministro de Defensa.

- Establecimiento de una nueva organizacin interna mediante la 
correspondiente reforma de su estructura orgnica.

- Determinacin del rgimen jurdico de los procedimientos operativos 
del CESID y fijacin del rgimen de responsabilidades inherentes a los 
mismos.

- Regulacin del Plan Permanente de Informacin que con carcter anual 
el CESID deber someter a la aprobacin del Ministro de Defensa.

- Establecimiento de los sistemas de control poltico sobre el 
funcionamiento del CESID a travs de la correspondiente Comisin 
Parlamentaria.

- Previsin de los sistemas de proteccin de las informaciones y 
procedimientos operativos del CESID de acuerdo con la legislacin de 
Secretos Oficiales.

La Administracin al servicio del ciudadano

Una Administracin moderna y eficaz debe ser:

- Una Administracin que asegure la convivencia y el bienestar.

- Una Administracin que asegure bienes y servicios pblicos de calidad 
y que utilice formas plurales de provisin de los servicios, siempre 
bajo la frmula ms eficaz y ms eficiente.

- Una Administracin receptiva orientada al ciudadano, ms accesible, 
comprensible, transparente y con una actitud abierta y constructiva.
- Una Administracin equilibrada y austera, que discute prioridades y 
evala costes y beneficios.

- Una Administracin que respeta y alienta el pluralismo social.
En estos ltimos aos se ha avanzado en la consecucin de estos 
objetivos a travs de los planes de modernizacin que permitieron 
alcanzar resultados objetivamente medibles. Hay, sin embargo, que 
ahondar en este proceso, siendo dos los ejes de actuacin:

- Facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos, ya definidos, en 
sus relaciones con la Administracin.

- La ptima utilizacin de los recursos disponibles por la 
Administracin General del Estado.

Desde esta ptica, deben continuar y profundizarse los planes de 
modernizacin de la Administracin del Estado que se han iniciado en los 
ltimos aos, y concretamente:

- Fortalecer los derechos de los ciudadanos frente a la Administracin, 
estableciendo un "Estatuto del Ciudadano".

- Incentivar la comunicacin ciudadano-Administracin de forma ms gil 
y fluida, a travs de medidas como:

- La creacin de ventanillas nicas en la medida de lo posible.

- La supresin de duplicidades en la relacin con las Administraciones 
pblicas.

- El establecimiento de la "Carta de servicio" que agilice las 
respuestas e incremente los servicios que se ofertan a los ciudadanos.

- La aplicacin y generalizacin de medidas para hacer ms accesible la 
prestacin del servicio pblico al usuario: identificacin del empleado 
pblico, asesoramiento tcnico de la Administracin al pblico, 
extensin de los telfonos de consulta permanente, ampliacin de los 
horarios de atencin directa al pblico, reduccin de la documentacin 
que los ciudadanos han de aportar, etc.

- La creacin de oficinas de informacin en todas las provincias.

- El establecimiento en las oficinas pblicas del "Libro de Atencin al 
Ciudadano" donde ste pueda formular sus quejas, sugerencias o 
iniciativas.

- La implantacin de la Gua de Prestaciones, Servicios y Procedimientos 
de la Administracin, permanentemente actualizada.

- La elaboracin de manuales de procedimiento comunes a los 
Departamentos de la Administracin.

- La reduccin de los tiempos de respuesta de la Administracin.

- El incremento del uso de las tecnologas de la informacin.

- El establecimiento de sistemas de mejora de la calidad de los 
servicios que se prestan, promoviendo una Mesa de Dilogo para la 
Calidad de los Servicios Pblicos con la participacin de organizaciones 
de usuarios de dichos servicios.

- Asimismo, profundizaremos en mtodos de control del gasto pblico que 
contemplen tanto su utilidad social como su ajuste a la legalidad y, 
sobre todo, la adecuacin a unos estrictos criterios ticos de gestin 
de lo pblico.

Precisamente las importantes funciones que realiza exigen que 
conformemos una Administracin equitativa, eficaz y plenamente accesible 
a los ciudadanos, que cuente con unas estructuras sencillas y en 
continua adaptacin a las necesidades del servicio pblico.

La organizacin que proponemos, y que se plasmar en la futura Ley de 
Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado, 
supone un diseo de los departamentos ministeriales con estructuras 
sencillas y poco jerarquizadas -lo que implica reduccin de altos 
cargos- y de los Organismos Pblicos como instrumentos de gestin de los 
servicios que siguen siendo competencia del Estado.

La reduccin de unidades administrativas alcanzar su mayor intensidad 
en la organizacin territorial de la Administracin. En este mbito:

- Potenciaremos polticamente la figura del Delegado del Gobierno, que 
contar con un representante en cada una de las provincias, el 
Gobernador.

- Suprimiremos las Direcciones Territoriales y Provinciales, integrando 
sus servicios en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autnomas o en las provincias.

- Acercaremos los servicios territoriales a los ciudadanos mediante 
oficinas de informacin y tramitacin.

- Promoveremos la utilizacin de la lengua propia en las Comunidades 
Autnomas que tengan rgimen de cooficialidad lingstica.

Todo ello, garantizando la funcin estatal de cohesin territorial y 
evitando la aparicin de duplicidades administrativas.
En conexin con la LOFAGE, tambin presentaremos al Parlamento el 
Proyecto de Ley del Gobierno que no pudo ser aprobado en la pasada 
Legislatura.

Para conseguir la Administracin que queremos, es necesario avanzar en 
el reconocimiento social de la Funcin Pblica. Una Administracin 
eficaz al servicio de la sociedad ha de afianzar la estima profesional 
de los funcionarios y empleados pblicos. Para ello:

- Elaboraremos el Estatuto de la Funcin Pblica, consensuado con las 
dems Administraciones y con los representantes de los empleados 
pblicos.

- Promoveremos Planes de Empleo que mejoren la cualificacin de los 
empleados pblicos y favorezcan la promocin interna.

- Reordenaremos el sistema retributivo.

- Adecuaremos los niveles mnimos de los puestos de trabajo.

- Profundizaremos en un sistema de responsabilidad profesional de los 
empleados pblicos.

Adems, perseguiremos en todo momento la mejora de las estrategias de 
gestin de los recursos humanos como un factor importante del proceso de 
modernizacin de las Administraciones Pblicas, que deber basarse en:

- Aumentar la motivacin de las personas, a travs de la 
responsabilidad, la autonoma, la creatividad y los retos que se derivan 
de cada tarea.

- Lograr el compromiso de los empleados, facilitando la formacin, el 
desarrollo y la autoestima profesional.

- Desarrollar la comunicacin interna y la participacin, mejorando la 
transparencia, estableciendo nuevos canales para garantizar flujos de 
informacin dinmicos.

- Ofrecer un marco organizativo a la carrera profesional, intentando la 
definicin de nuevos sistemas de carrera ms flexibles, que diesen ms 
importancia a la evaluacin del trabajo y a la competencia profesional.

- Flexibilizar y desconcentrar la gestin de recursos humanos.

- Promover una formacin que permita el acceso a las nuevas tcnicas y 
modos de gestin.

El Estado de las Autonomas. El Pacto Local

Poco a poco, y a travs del dilogo y del pacto, se ha construido un 
slido y eficaz Estado autonmico y se ha evitado la dualizacin 
territorial, haciendo en la prctica viables los principios 
constitucionales de unidad, autonoma y solidaridad.

En la actualidad el reparto competencial, que presidi los primeros aos 
de la construccin del Estado autonmico, ha dejado de ser el principal 
motivo de preocupacin. Hoy, la discusin principal no estriba en qu 
competencias se reclaman desde las Comunidades Autnomas, sino cmo se 
gestionan las que ya se tienen.

Este marco de normalidad y de acuerdo, de descenso de conflictividad, ha 
tenido sus reflejos ms recientes tanto en el desarrollo completo de los 
Acuerdos Autonmicos de 1992 como en el importante consenso obtenido en 
el Senado en septiembre de 1994, con motivo del Debate sobre el Estado 
de las Autonomas. Y constituye la base de una mejor cooperacin entre 
el Estado y los poderes territoriales que nos obliga precisamente a 
seguir avanzando en el camino de la profundizacin del Estado 
autonmico.

Por este motivo, los socialistas planteamos como ejes prioritarios para 
el prximo perodo:

- Consolidar la cultura del pacto en materia territorial.

- Fortalecer los diversos mecanismos que garanticen la cohesin y la 
solidaridad, no slo entre los ciudadanos, sino tambin entre los 
territorios.

- Defender el papel del sector pblico como garanta de la efectiva 
igualdad de todos los ciudadanos y Comunidades Autnomas, compatible con 
el reconocimiento de las diferencias y peculiaridades de cada 
territorio.

- Estimular y acrecentar los hbitos y cauces de cooperacin entre las 
diversas Administraciones Pblicas reforzando la lealtad constitucional 
que deben presidir las relaciones entre ellas.

- Al mismo tiempo la realidad obliga a sostener el modelo abierto y 
flexible que permite la adecuacin de la distribucin territorial de las 
competencias pblicas a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, ha 
de continuar la tarea de perfeccionamiento del Estado autonmico, 
especialmente en estas cuestiones:

- Fortalecer el autogobierno de las Comunidades Autnomas:

- Prosiguiendo la lectura conjunta de los Estatutos de Autonoma 
con las Comunidades Autnomas del art. 151 para completar el 
desarrollo de los mismos.

- Completando los traspasos previstos en los Estatutos de 
Autonoma, modificados en virtud de los Acuerdos Autonmicos de 
1992.

- Actualizando esos Acuerdos, para que las posibles modificaciones 
estatutarias que pudieran plantearse se enmarquen en una visin 
global y coherente del desarrollo autonmico. En este marco 
analizaremos las propuestas de reforma de Estatutos ya presentadas 
ante el Parlamento.

- Profundizando el carcter federalizante de nuestra estructura 
territorial autonmica:

- Incrementando el papel de las Comisiones de Cooperacin Y las 
Conferencias Sectoriales entre el Estado y las CC.AA.

- Impulsando convenios de "Ventanilla nica" para facilitar la 
gestin gil y eficaz de las Administraciones Pblicas,

- Proseguir los traspasos de las ciudades de Ceuta y Melilla cuyos 
Estatutos de Autonoma se han aprobado recientemente.

- Llevar a cabo el Pacto Local:

Con la consecucin del llamado Pacto Local queremos relanzar el 
protagonismo de las Entidades Locales en esta nueva fase, dotndolas de 
ms competencias y, consecuentemente, de ms recursos econmicos, adems 
de reconocerles un mayor peso poltico en el conjunto del Estado 
autonmico.

La concrecin del Tacto Local' debe abarcar como mnimo:
* La atribucin a los municipios de las funciones que pueden ejecutar 
mejor por su mayor proximidad a los ciudadanos.

* La elaboracin de una Ley de Grandes Ciudades.

* La revisin y mejora de la financiacin local.

Perfeccionar el sistema de financiacin autonmica y local:

* Si bien la introduccin de la cesin del 15% del IRPF ha supuesto un 
avance, el compromiso de implantar un sistema genuino de 
corresponsabilidad fiscal y solidaridad financiera resulta ahora. si 
cabe, mas necesario, al estar completndose la autonoma en el gasto.

* Esta voluntad ha de traducirse en la adopcin de un sistema que 
conlleve la correlativa responsabilidad en el captulo de ingresos, sin 
aumentar la presin fiscal, y que a la vez garantice la solidaridad del 
sistema mediante la garanta de los servicios mnimos y la utilizacin 
de los fondos estructurales y de cohesin procedentes de la Unin 
Europea.

* Corolario de lo anterior, ser la mejora de los mecanismos de 
coordinacin que permitan que todas las Administraciones Pblicas, y no 
slo la del Estado, cumplan los compromisos en materia de dficit 
pblico y endeudamiento derivados de nuestra pertenencia a la Unin 
Europea.

En funcin de todo ello, proponemos:

- Incrementar el grado de responsabilidad fiscal de las Comunidades 
Autnomas, en el marco de la LOFCA.

- Establecer un mecanismo de nivelacin de servicios en desarrollo del 
artculo 15 de la LOFCA.

- Garantizar la previsin constitucional del nivel mnimo de prestacin 
de los servicios pblicos.

- Extender el reconocimiento de la suficiencia financiera al mbito de 
los municipios mediante la firma del Pacto Local.

- Reforzar la Coordinacin entre las Haciendas estatal y autonmicas, 
incrementando la participacin de las CC.AA. en la Agencia Tributara.

- Ampliar y potenciar el mbito de actuacin y la capacidad decisoria 
del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera.

- Culminar el desarrollo del Rgimen Econmico y Fiscal de Canarias. 
Adems, se apoyar un Plan de Empleo para Canarias y se pondr en 
funcionamiento la Zona Especial Canaria.

- Avanzar en la participacin de las Comunidades Autnomas y, en su 
caso, de los Municipios, en los asuntos comunitarios por lo que se 
refiere a:

* El fomento de la participacin de los Entes Territoriales, de acuerdo 
a la normativa comunitaria, en la gestin de los diversos Fondos 
europeos.

* La participacin de las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus 
competencias, en la formacin de la voluntad del Estado de cara a los 
procedimientos comunitarios de decisin.

LA REFORMA DEL SENADO

La adaptacin del Senado al grado de desarrollo autonmico alcanzado 
debe continuar por el camino ya emprendido con la creacin de la 
Comisin General de Autonomas, el debate anual sobre el Estado de las 
Autonomas y los trabajos de la Ponencia sobre la Reforma de la 
Constitucin.

Fortalecer el Estado de las Autonomas desde el Senado significa 
impulsar de nuevo, en la prxima legislatura. la reforma constitucional. 
Para ello, promoveremos el consenso entre todos los Grupos 
Parlamentarios, respetando siempre el pacto constitucional.
La reforma deber centrarse, bajo esta perspectiva, en el Ttulo III de 
la Constitucin, sin alterar el modelo y la distribucin territorial del 
poder poltico contenidos en el Ttulo VIII.

Se trata de potenciar el carcter de cmara territorial del Senado, a 
partir de estos principios:

- Reforzar el papel del Senado en la tramitacin de aquellas iniciativas 
legislativas que incidan en la distribucin de competencias entre el 
Estado, las CC.AA. y los Entes Locales, as como en el sistema de 
financiacin autonmico y local.

- Impulsar su papel en el fortalecimiento de las relaciones de 
cooperacin entre el Estado, las CC.AA., las Corporaciones Locales y de 
todas las entidades territoriales entre s.

- Definir su papel en el proceso de formacin de la voluntad del Estado 
respecto a materias de competencia autonmica sobre las que deban tomar 
decisiones los rganos de la Unin Europea.

- Hacer coincidir la eleccin de los Senadores con la celebracin de las 
elecciones autonmicas, convirtiendo al Senado en una Cmara permanente, 
gradualmente renovable. Las CC.AA. podrn regular, a partir de unas 
normas electorales de carcter general, determinados aspectos del 
procedimiento de eleccin de los Senadores que les correspondan.

- Especializar al Senado en el control de la poltica autonmica y en el 
seguimiento e impulso del desarrollo del Estado de las Autonomas.

- Introducir mecanismos de participacin especfica de todos los 
Senadores pertenecientes a una Comunidad Autnoma en la tramitacin de 
las iniciativas parlamentarias que afecten particularmente a sus 
intereses concretos o a un hecho diferencial constitucionalmente 
reconocido.

- Facultar a los Presidentes de las CC.AA. que no fueran Senadores para 
asistir e intervenir en los debates de la Cmara.

GARANTIZAR LA COHESIN TERRITORIAL

Los socialistas entendemos que la pluralidad derivada de la distribucin 
del poder poltico entre las Comunidades Autnomas debe estar 
estrechamente ligada al principio de cohesin territorial.

Y la mejor manera de garantizarla es perfeccionando los instrumentos de 
programacin y actuacin que, de forma solidaria y racional, contribuyan 
a la mejor distribucin de los recursos disponibles.

En primer lugar, a travs de los programas de correccin de 
desigualdades territoriales tales como el Fondo de Compensacin 
Interterritorial, los Fondos estructurales europeos y especialmente el 
Fondo de Cohesin previsto en el Tratado de Maastricht.

En segundo lugar, defendiendo la cohesin social, como elemento de 
solidaridad con los ms dbiles, a travs de los sistemas integrados de 
prestaciones sociales de carcter pblico, contributivas y no 
contributivas, que sirven para reducir las diferencias de rentas entre 
los ciudadanos de los territorios ms prsperos y los de las zonas menos 
avanzadas.

En tercer lugar, intensificando las actuaciones que se derivan del Plan 
Director de Infraestructuras, orientando las inversiones pblicas para 
seguir acortando diferencias entre territorios y para que ninguna 
Comunidad Autnoma corra el riesgo de hipotecar su futuro por carecer de 
las infraestructuras necesarias. Aplicando una poltica de 
Telecomunicaciones que impulse nuestras redes y sistemas y que 
desarrolle las potencialidades de cada Comunidad Autnoma y que haga 
partcipes a todos sus habitantes de los beneficios que las nuevas 
tecnologas generen, evitando la "dualizacin" del territorio a la que 
nos conduciran aquellos que confan ciegamente en el mercado.

Por ltimo, propiciando que el agua sea un elemento de cohesin 
interterritorial, proponiendo que los excedentes de la Espaa hmeda se 
puedan transferir a la Espaa seca. Repartindola justamente, abriendo 
con ello posibilidades de progreso desconocidas en aquellos territorios 
que, sistemticamente, sufren su escasez.

UNA ESPAA FUERTE EN UNA EUROPA FUERTE

Espaa en la Unin Europea

Nuestro bienestar y nuestra paz dependen en gran medida, y cada vez ms, 
de lo que ocurre allende las fronteras de Espaa. Ningn pas puede ya 
hacer frente de modo aislado a los desafos de un mundo en el que debe 
predominar la colaboracin. Espaa debe seguir manteniendo una buena 
posicin en la esfera internacional. Y de manera muy especial, Espaa 
tiene que jugar a fondo su identidad europea. La Unin Europea es el 
marco en el que se va a disear nuestro futuro como pas. Creemos en el 
proyecto de integracin poltica y econmica que representa la Unin 
Europea, y precisamente por eso, el compromiso con la integracin 
europea es uno de los elementos definitorios del proyecto de los 
socialistas para Espaa.

La integracin de Espaa en Europa ha resultado globalmente positiva, 
desde su impacto econmico hasta el poltico. la Unin Europea es hoy 
adems ms espaola. Ha desarrollado polticas y acciones en temas que 
nos interesan especialmente, como con la introduccin del concepto de 
ciudadana europea, que aproxima a todas los ciudadanos y ciudadanas de 
la Unin, desde. la poltica de cohesin econmica y social, la 
adaptacin de las polticas agrcola y pesquera, los planes de grandes 
redes de comunicacin o el lanzamiento de un gran proyecto de asociacin 
euromediterrneo o de unas ms intensas relaciones con Amrica Latina.
Ante los nuevos retos que se le plantean a Espaa y a Europa, la 
integracin europea debe proseguir, pues es la nica forma para nuestros 
pases de preservar, si bien colectivamente, un control y una influencia 
sobre nuestro entorno. Por ello defendemos avanzar decididamente en el 
camino de la integracin.

Europa no puede construirse sin conservar instrumentos de accin y 
polticas comunes vertebradoras y dotarse de otros nuevos. Es decir, que 
no puede limitarse a ser un gran mercado sin instrumentos comerciales, 
monetarios y sociales -pues se est defendiendo un modelo social en que 
la Carta Social Europea sea su piedra angular-, adems de polticos y 
defensivos, comunes. Por eso debe progresar.
En este sentido, la Presidencia espaola del Consejo de la UE en el 
segundo semestre de 1995 ha contribuido enormemente a la puesta en 
marcha de la Unin Europea hacia su nuevo nimbo, afrontando los retos 
internos y externos que tiene planteados ante s, y definiendo una 
agenda poltica que propicie un avance ordenado hacia la Europa del ao 
2000. En esta agenda destaca:

- Reformar el Tratado de Maastricht para adaptarlo a las nuevas demandas 
y necesidades, a travs de la Conferencia Intergubernamental que se 
abrir en marzo de 1996. Espaa defender en esta conferencia:

- Su peso institucional y la capacidad de defender plenamente sus 
intereses en esta negociacin que ha de preservar las polticas que 
forman el acervo comunitario.

- El acercamiento de la Unin al ciudadano, hacindola ms democrtica. 
ms transparente y ms comprensible.

- El avance hacia la creacin de un espacio cvico europeo y un fuerte 
impulso del concepto de ciudadana europea.

- La potenciacin del Comit de las Regiones europeo para que contribuya 
a la participacin democrtica de los ciudadanos y ciudadanas desde sus 
comunidades autnomas y ciudades.

- Una poltica comunitaria coherente de derechos humanos, tanto en lo 
que concierne al respeto de los derechos humanos dentro de la Unin 
Europea, como al papel de los derechos humanos en las relaciones 
exteriores.

- Una mayor seguridad al ciudadano, ya sea en trminos de empleo, de 
lucha contra la criminalidad organizada o de seguridad exterior. a 
travs de las polticas de la Unin Europea.

- La necesidad de consolidar un Estatuto especial, diferenciado y 
permanente para las regiones ultraperifricas, que atienda a la 
singularidad de Canarias.

- Realizar el paso a la moneda nica. con la plena participacin de 
Espaa, en los plazos y condiciones previstos. es decir, a partir de 
1999, lo que redundar en beneficio del crecimiento econmico y la 
creacin de empleo en nuestro pas.

- Abrir, a partir de 1998, y llevar a buen puerto las negociaciones de 
ampliacin con los Estados asociados de Europa Central, Oriental y 
Meridional, candidatos a la adhesin. Esta ampliacin se ha de hacer 
manteniendo y mejorando las polticas bsicas de la UE, como la agrcola 
y la de cohesin econmica y social.

- Proseguir a la vez de forma activa la poltica de dilogo. cooperacin 
y asociacin con los pases vecinos de la UE, y en particular con Rusia, 
Ucrania y Turqua.

- Fijar unas perspectivas presupuestarias para la UE a partir de 1999. 
que contemplen la realidad de la prxima ampliacin de la Unin.

- Impulsar una autntica Poltica Exterior y de Seguridad Comn, y 
conformar el establecimiento de una nueva arquitectura de seguridad. en 
la que la UEO se desarrolle plenamente, preservando la relacin 
transatlntica y la centralidad de la Alianza Atlntica en materia de 
seguridad.

- Avanzar hacia un rea de integracin y cooperacin en el Mediterrneo, 
tal y corno se aprob en la Conferencia Euromediterrnea de Barcelona.

- llevar a la prctica el plan de accin comn entre la Unin Europea y 
los Estados Unidos, contemplado en la Declaracin Transatlntica.

- Progresar en una mayor cooperacin y ms estrechas relaciones de toda 
ndole entre la Unin Europea y Amrica.

La integracin europea no se limita a la UE sino que () tambin sobre 
la buena marcha de otras instituciones. Entre stas, defendemos el 
fortalecimiento y la ampliacin del Consejo de Europa, cuya aportacin a 
las ()des y a la democracia, al respeto por los derechos humanos a la 
cultura y a la educacin, resultan esenciales para el desarrollo del 
concepto de seguridad democrtica en Europa. Defendemos en concreto el 
plan de accin del Consejo de Europa sobre lucha contra el racismo y la 
xenofobia, la defensa de los derechos de las minoras nacionales en el 
mbito de esta organizacin y el mejor acceso de los ciudadanos al 
Tribunal de Justicia de Estrasburgo.

Ahora bien, la reforma de Europa debe venir acompaada de nuevas 
reformas en Espaa en el siguiente sentido:

- Reforzar la presencia espaola en las instituciones y los rganos 
comunitarios, mejorando la coordinacin y la atencin a los funcionarios 
espaoles y favoreciendo la circulacin de funcionarios entre la 
Administracin espaola y las administraciones comunitarias

- Mejorar el diseo de la participacin de las Comunidades Autnomas en 
la poltica europea espaola, fortaleciendo el procedimiento y los 
contenidos de la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos.

- Reforzar los controles del Parlamento espaol en materia comunitaria, 
especialmente en el seno de la Comisin Mixta Congreso- Senado.

- Fomentar campaas de informacin y debates sobre la UE entre la 
ciudadana. que debe participar plenamente en la construccin de esta 
Europa del 2000.

PAZ Y SEGURIDAD PARA UN MUNDO NUEVO

La amenaza global a la paz prcticamente ha desaparecido, pero surgen 
nuevos riesgos. La globalizacin en muchos campos de la economa y de la 
informacin es un factor de acercamiento de las sociedades, pero no es 
capaz de evitar la aparicin de intolerancias excluyentes. Hay, adems, 
problemas colectivos que slo podrn encontrar una solucin en un marco 
de cooperacin supranacional.

Tenemos un proyecto para la ubicacin de Espaa en el mundo del ao 
2000. La integracin de Europa habr dado pasos decisivos. Las 
relaciones con Amrica, tanto Iberoamrica como con los Estados Unidos, 
estarn reforzadas y asentadas sobre bases renovadas. Habremos impulsado 
las relaciones con los pases asiticos y reforzado nuestra presencia en 
el frica Austral y construido un marco de cooperacin e integracin con 
nuestros vecinos del Sur. Dispondremos de una slida base para nuestra 
poltica de paz y seguridad. Promocionaremos la cooperacin 
internacional e impulsaremos la defensa de la libertad y de los derechos 
humanos, avanzando en esa poltica de forma que contine incluyendo, en 
los Acuerdos que se firmen, la clusula democrtica, que en todo caso 
puede mantener la ayuda humanitaria y de emergencia a travs de las ONGs 
con el fin de no penalizar a los sectores ms desfavorecidos de los 
pueblos receptores de dicha ayuda.

Los principios de nuestra poltica exterior

El objetivo central de nuestra poltica exterior es defender nuestros 
intereses y asegurar el bienestar de los ciudadanos espaoles y nuestra 
forma de vida. Tambin lo es velar por que la prosperidad y la paz, la 
concordia y el desarrollo de nuestro pas se proyecten a nivel 
internacional. Estos objetivos se defienden desde unos principios 
generales y desde unos ejes geogrficos.

LA PROMOCIN DE LAS LIBERTADES Y LA DEMOCRACIA

La accin exterior que hemos impulsado y que continuamos impulsando, 
busca ampliar las reas de paz, prosperidad y libertad.
La promocin de los derechos humanos, como valores universales, sigue 
estando en el centro de nuestras preocupaciones, y constituye el primer 
principio rector de nuestra poltica exterior. Ahora bien, el fomento de 
la libertad, la democracia y los derechos humanos se debe hacer 
partiendo de la comprensin, el enriquecimiento mutuo y la tolerancia y 
respeto entre culturas diferentes. Nos proponemos impulsar este 
principio de la tolerancia en todas sus dimensiones, desde el 
conocimiento mutuo y la cooperacin entre culturas distintas, hasta la 
lucha contra el racismo o la xenofobia en nuestra propia sociedad.
LA GOBERNACIN DEL MUNDO Y EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS
Hemos de continuar trabajando en la prevencin de posibles conflictos 
internacionales y en la defensa de nuestros intereses. Pero el nuevo 
mundo reclama de nuevos instrumentos. Entre estos se encuentra la 
diplomacia preventiva y disuasiva -para evitar conflictos- que nos 
proponemos desarrollar.

La gobernacin del mundo pasa por un papel activo y eficaz de las 
Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas y las decisiones del 
Consejo de Seguridad siguen siendo elemento esencial de legitimacin de 
toda accin internacional justa. Por ello, pondremos todo nuestro empeo 
en lograr un mejor y ms eficaz Consejo de Seguridad.
Impulsaremos el que la ONU -y las organizaciones nacionales en las que 
pueda delegar- se dote de mejores instrumentos para la diplomacia 
preventiva y para llevar a cabo operaciones de mantenimiento y 
vigilancia de la paz.

El sistema de las Naciones Unidas debe reforzar sus capacidades en 
terrenos que requieren una cooperacin global, como, el respeto a los 
derechos humanos, la preservacin o recuperacin del Medio Ambiente, o 
la lucha contra la criminalidad organizada, o el control del crecimiento 
de la poblacin mundial. En este sentido, apoyamos la creacin de un 
Tribunal Penal Internacional como elemento esencial en la defensa de los 
derechos humanos.

EL BIENESTAR DE LOS ESPAOLES FUERA DE ESPAA

Nos proponemos seguir mejorando la labor y la vida de los espaoles que 
se encuentran en el extranjero. A este respecto:

- Redistribuiremos y potenciaremos nuestra accin consular a la luz, 
entre otros factores, de la evolucin e inters de la poblacin espaola 
en los diversos pases y lugares.

- Consolidaremos e impulsaremos el desarrollo de la Ciudadana Europea 
para potenciar los derechos y medidas de asistencia y proteccin a los 
espaoles en el extranjero por parte de otros Estados de la Unin 
Europea.

- Aseguraremos los derechos econmicos y sociales de los trabajadores y 
residentes espaoles en el extranjero, por medio de convenios 
bilaterales y multilaterales.

- Defenderemos la identidad cultural de los espaoles que se encuentran 
en el exterior, reforzando las actividades culturales espaolas en el 
extranjero e impulsando las medidas piara que escolares y estudiantes 
espaoles puedan seguir la enseanza espaola cuando residen fuera del 
pas.

- Seguiremos favoreciendo el regreso de antiguos emigrantes espaoles, o 
de sus descendientes a Espaa.

- Para los que permanezcan como residentes en el exterior y carezcan de 
recursos, hemos establecido y seguiremos manteniendo -asegurando la 
capacidad adquisitiva- pensiones asistenciales de carcter no 
contributivo.

LA PROMOCIN INTERNACIONAL DE NUESTRA CULTURA

La cultura es parte de nuestra forma de vida, parte de nuestro 
patrimonio y tambin parte de lo que podemos y debemos compartir con el 
resto del mundo. impulsarla y defenderla es tambin un elemento 
importante de nuestra accin exterior.

A este respecto:

- Apoyaremos en el exterior, y muy fundamentalmente en Amrica y en 
Europa, la industria espaola de la lengua.

- Incrementaremos las medidas de apoyo a las empresas espaolas del 
mundo de la cultura, para que se integren en redes de difusin y 
participen en las ms importantes ferias y festivales internacionales.

- Consolidaremos y expandiremos la labor del Instituto Cervantes, en 
particular en su dimensin de promocin del conocimiento de la lengua 
espaola.

- Se colaborar con las Comunidades Autnomas con lenguas y culturas 
diferenciadas en las tareas de difusin y conocimiento de las mismas en 
el exterior.

LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONMICOS Y SOCIALES DE ESPAA

La dimensin econmica y social de la accin exterior ha cobrado mayor 
importancia, y as se ha ido reflejando crecientemente en la poltica 
desarrollada en los ltimos aos para defender y favorecer los intereses 
espaoles.

Ello obliga a integrar y coordinar an mejor las diversas instancias 
espaolas que actan en el mbito exterior, preservando su unidad de 
accin. Obliga adems, a participar plenamente en organizaciones 
internacionales que aumentan nuestra influencia en el escenario mundial.

LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIN INTERNACIONAL

Combatir la miseria y la pobreza en el mundo es, adems de un deber de 
solidaridad, una necesidad sentida por el conjunto de la sociedad 
espaola.

Para ello, continuaremos desarrollando una poltica de cooperacin al 
desarrollo, como uno de los instrumentos bsicos de nuestra poltica 
exterior, en la que incrementaremos la calidad y la cantidad de nuestra 
ayuda e impulsaremos mecanismos que faciliten y canalicen la solidaridad 
de la sociedad espaola hacia los pases en vas de desarrollo. Tal y 
corno propugnamos en el Pacto por la Solidaridad.

Las relaciones exteriores de Espaa

EUROPA. RELACIONALES BILATERALES

La poltica europea de Espaa no se agota en la UE, sino que debe verse 
complementada y reforzada por unas estrechas relaciones bilaterales con 
nuestros socios actuales, con los candidatos a la adhesin, adems de 
con otros pases europeos importantes como Rusia, los otros Estados de 
la CEI, o Turqua. A este respecto nos proponemos:

- Profundizar nuestras relaciones con Francia en todos los mbitos, 
especialmente el de la lucha contra el terrorismo y el desarrollo de las 
relaciones transfronterizas.

- Reforzar nuestras buenas relaciones con Alemania.

- Renovar las relaciones con Portugal para darles un nuevo impulso, y 
potenciar las relaciones de vecindad, aumentando la coordinacin de 
nuestras polticas econmicas as como en los asuntos de justicia e 
interior.

- Seguir el proceso de consultas regulares con Italia.

- Continuar mejorando nuestras relaciones con el Reino Unido en orden a 
encontrar respecto de Gibraltar no slo una solucin referida al fondo 
del problema colonial, sino tambin al paso a Espaa, a travs de este 
enclave, de drogas y al uso de ese territorio para el blanqueo de 
dinero.

Polonia destaca como un pas con el que debemos profundizar nuestras 
relaciones en la perspectiva de su ingreso a la UE. A este respecto, nos 
proponemos impulsar la participacin de Espaa en el "Dilogo de Weimar" 
entre Francia, Alemania y Polonia.

AMRICA COMO VOCACIN

La nueva configuracin mundial y europea ofrece a Espaa la oportunidad 
de ampliar, sobre nuevas bases, su cooperacin con Amrica, que incluye 
tanto al conjunto de Amrica Latina como a los Estados Unidos. En este 
sentido, Espaa juega un papel esencial como nexo entre Europa y 
Amrica, papel que hay que potenciar y enriquecer.

IBEROAMRICA, DESDE LA DEMOCRACIA

La colaboracin con Iberoamrica resulta fundamental para nuestra 
poltica exterior. El esfuerzo de cooperacin en Iberoamrica debe 
intensificarse ahora ms que nunca cuando la democracia es la regla en 
Amrica Latina y cuando se han llevado a cabo procesos de ajuste 
estructural dolorosos pero necesarios.

Debemos lograr asentar un mayor espacio social entre Amrica Latina y 
Espaa y ayudar a vertebrar la cohesin de la regin en s. Este 
objetivo impulsa y justifica nuestro esfuerzo por constituir 
progresivamente una Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Desde esta perspectiva, hemos de contribuir al establecimiento de 
relaciones polticas desde la igualdad, favoreciendo con esta actitud el 
impulso y consolidacin de los procesos de desarrollo poltico y 
econmico de la regin.

En todo este empeo Espaa se ha esforzado y ha de seguir esforzndose 
por atraer la ayuda y la colaboracin del conjunto de la Unin Europea 
hacia Amrica Latina.

Estos principios guiarn tambin nuestra poltica hacia Cuba. 
Reforzaremos nuestras medidas de acompaamiento al proceso de 
transformacin de la economa cubana y apoyaremos la apertura del 
sistema poltico y su transicin pacfica hacia una democracia plena, 
presionando por el respeto de los derechos humanos y las libertades. En 
este empeo contamos con el apoyo europeo para la futura suscripcin de 
un Acuerdo de Cooperacin entre la Unin Europea y Cuba. En este mismo 
sentido, defendemos el pleno levantamiento de toda medida restrictiva al 
comercio de Cuba con el resto del mundo, y en particular del embargo 
estadounidense.

Del mismo modo, el fortalecimiento de la democracia en Centroamrica ha 
de ser un objetivo prioritario en nuestra poltica hacia Amrica Latina. 
Hemos de contribuir a la pacificacin de la zona, no slo mediante la 
verificacin de los Acuerdos de Paz, sino mediante una cooperacin 
permanente que favorezca la estabilidad poltica, econmica y social.
La constitucin de bloques econmicos regionales son un elemento 
fundamental para el desarrollo poltico. Por ello, Espaa defiende la 
consolidacin de los mismos e impulsa el dilogo y los acuerdos entre 
estas comunidades de naciones y la Unin Europea.

RELACIN CON ESTADOS UNIDOS DESDE LA NORMALIDAD

Hemos impulsado un nuevo tipo de relaciones transatlnticas entre la UE 
y los Estados Unidos. La Nueva Agenda de Trabajo Transatlntica y el 
Plan de Accin Conjunto UE-EE.UU marcan una nueva etapa para las 
relaciones entre la UE y los EE.UU., pero tambin para Espaa y ese 
pas.

Una vez normalizada la relacin bilateral entre Espaa y los Estados 
Unidos y superados los lastres del pasado, se requiere una nueva 
dinamizacin de este vnculo esencial, principalmente en los campos de 
la cooperacin empresarial, las nuevas tecnologas, la enseanza y el 
medio ambiente.

La revolucin de la informacin aporta una nueva dimensin a las 
relaciones con los Estados Unidos donde el castellano es la segunda 
lengua hablada. En esta cooperacin hispanohablante hay grandes 
posibilidades de futuro.

EL MEDITERRNEO: ZONA DE PAZ, ESTABILIDAD Y DESARROLLO

La estabilidad y prosperidad de nuestro entorno mediterrneo es esencial 
para la propia prosperidad y tranquilidad de Espaa. De su desarrollo 
depende en gran parte nuestra seguridad y nuestro bienestar. Por ello, 
Espaa defiende una poltica activa en esta zona a todos los niveles, 
basada en los siguientes elementos:

- Concentrar nuestros programas de ayuda al desarrollo en esos pases en 
los sectores de educacin bsica y atencin primaria de salud, adems 
del desarrollo de infraestructuras y otras polticas bsicas como la 
medioambiental.

- Incrementar la cooperacin cultural tradicional y la cooperacin, muy 
importante especialmente en el Magreb, en materia audiovisual.

- Abrir mercados a las empresas en ambas direcciones e impulsar la 
formacin y cualificacin de los trabajadores.

- Culminar el proyecto de gaseoducto euromagreb.

- Mantener y aumentar la cooperacin con esos pases en el terreno de la 
emigracin y poner en marcha polticas solidarias respecto a la 
inmigracin legal.

La Conferencia Euromeditennea de Barcelona ha iniciado un proceso para 
la creacin de una zona de paz y estabilidad abriendo un amplio abanico 
de temas de cooperacin y colaboracin mutuas y un calendario de 
reuniones y objetivos. Nuestro objetivo final, a diez aos vista, es 
crear una zona comn -comercial, cultural, econmica y de seguridad- en 
tomo al Mediterrneo.

Desde la Conferencia de Madrid de 1991, Espaa est estrechamente 
involucrada en el Proceso de Paz en Oriente Medio y se compromete a 
seguir participando activamente en l, en el marco de la Unin Europea y 
en el plano bilateral.

Para Espaa, Marruecos reviste una importancia de primera magnitud. Por 
ello, vamos a relanzar, con renovado vigor, las reuniones de alto nivel 
previstas en el Tratado Bilateral de Amistad, Buena Vecindad y 
Cooperacin.

Esperamos que en Argelia las recientes elecciones presidenciales sean 
seguidas prximamente por elecciones legislativas y locales, abiertas a 
todo el espectro poltico, y contribuyan a la normalizacin poltica. En 
esta perspectiva, intensificaremos nuestras acciones de cooperacin 
para, al propio tiempo, apoyar los programas de ajuste y reforma 
econmica.

Con Tnez, debemos desarrollar al mximo las posibilidades que abre la 
reciente firma del Tratado hispano-tunecino de Amistad, Buena Vecindad y 
Cooperacin.

Del mismo modo, intensificaremos las relaciones con Mauritania.
Finalmente, reiteramos nuestro apoyo al Plan de Paz que permite al 
pueblo saharaui decidir libremente mediante referndum, bajo total 
supervisin de la ONU, sobre su futuro y el de su territorio. La 
legitimidad de este referndum descansa en la autenticidad del cuerpo 
electoral y en el estricto cumplimiento de las condiciones fijadas por 
la ONU para realizar una votacin segura, libre y transparente.

AFRICA SUBSAHARIANA

Seguiremos animando e impulsando la apertura de espacios de libertad en 
Guinea Ecuatorial a travs de la continuacin de los procesos 
electorales pluralistas (elecciones de mbito nacional) y acompasaremos 
nuestra actitud en cuanto a la cooperacin al desarrollo, bilateral o 
multilateral, al ritmo de dicho proceso democrtico.
Del mismo modo, hemos de continuar con la presencia de la cooperacin 
espaola en aquellos pases de habla portuguesa -Angola, Mozambique, 
Cabo Verde- con los que la historia nos ha vinculado de manera 
definitiva.

Asimismo, redoblaremos los esfuerzos para que la comunidad internacional 
impida o pale el surgimiento de conflictos tribales, con costes enormes 
en vidas y sufrimiento, en pases como Ruanda y Burundi. Contribuiremos 
a que los presuntos autores de crmenes contra la humanidad comparezcan 
ante los tribunales de acuerdo con la Resolucin 978 del Consejo de 
Seguridad de la ONU y al funcionamiento del Tribunal Internacional sobre 
Ruanda.

Para ello, estimamos decisivo el crecimiento y fortalecimiento de las 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, pues la actuacin 
de las mismas ha contribuido, en gran medida, a soportar situaciones de 
violencia y pobreza extremas.

ASIA

Hemos impulsado nuevas relaciones econmicas y polticas con importantes 
pases de la zona, entre ellos desde luego China y, como viene siendo 
tradicional, Japn, a los que hay que sumar los pases de la ASEAN. 
Asimismo, hemos contribuido a estructurar las relaciones entre la UE y 
los pases de la zona.

Promoveremos la imagen y la marca espaolas, e impulsaremos con nuevas 
medidas nuestra presencia en los mercados asiticos, nuestras 
inversiones all, y las inversiones de capital asitico en Espaa. 
Seguiremos incrementando la ayuda espaola al desarrollo destinada a 
aliviar la pobreza en los pases ms pobres de la regin.

Espaa por la paz

Queremos mantener nuestros compromisos europeos y transatlnticos, y 
seguir contribuyendo a la resolucin de conflictos mediante nuestra 
aportacin a las operaciones de paz de las Naciones Unidas, de la 
Alianza Atlntica y de otras organizaciones internacionales a las que 
Espaa pertenece. Para ello, Espaa debe continuar el proceso de 
modernizacin, profesionalizacin y eficacia de las Fuerzas Armadas 
adaptndolas a los retos que la seguridad internacional comporta.
En los ltimos aos asistimos a una etapa histrica que si bien ha 
despejado importantes incertidumbres en el terreno de la seguridad 
internacional, plantea nuevos retos, junto a la consolidacin de un 
mayor entendimiento y cooperacin entre los pases, siguen latentes 
tensiones y conflictos de variada ndole que a veces emergen de manera 
imprevista (crisis del Golfo), y en otros casos estallan con rasgos de 
brutalidad (crisis de la antigua Yugoslavia). Es verdad que, acabada la 
Guerra Fra, nuestro planeta es un lugar ms seguro. Pero no est exento 
de inestabilidad.

LAS PREMISAS DE NUESTRA POLTICA DE PAZ Y SEGURIDAD

La premisa que ha guiado la actuacin de los sucesivos gobiernos 
socialistas en materia de paz y seguridad ha sido la bsqueda permanente 
de la coherencia de esta poltica con la poltica exterior que mejor 
defenda y defiende nuestros objetivos e intereses en el mundo.
Por primera vez en la historia reciente de Espaa, la organizacin de la 
seguridad y la defensa constituye uno de los recursos a disposicin del 
Estado, para hacer sentir su peso especfico en el concierto de las 
naciones.

La promocin de los principios que Espaa propugna en su poltica 
exterior se defiende no slo desde las relaciones bilaterales, sino 
tambin desde las organizaciones internacionales en las que participa 
nuestro pas. Espaa interviene hoy activamente en estas organizaciones 
defendiendo la paz, la libertad y el derecho.

OPERACIONES DE PAZ

La solidaridad humanitaria y pacificadora constituye uno de los 
elementos esenciales de la poltica de paz y seguridad que hemos venido 
aplicando y as lo propugnamos, an con ms razn y ms medios, para el 
futuro. La participacin en operaciones de paz en su sentido amplio es 
ya una de las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas espaolas, de 
las que nos sentimos orgullosos.

Espaa ha venido interviniendo activamente en los esfuerzos colectivos, 
con fuerzas militares y apoyos civiles, en misiones humanitarias y de 
prevencin y control de conflictos en distintas partes del mundo y, 
especialmente en la antigua Yugoslavia. La paz alcanzada en Bosnia slo 
se consolidar si Europa aporta el esfuerzo necesario para preservar la 
paz y cooperar en la reconstruccin de unos territorios asolados por una 
guerra cruenta. Espaa tendr un papel destacado en esta misin.

LA ORGANIZACIN DE LA SEGURIDAD EUROPEA

A la luz de los acontecimientos de los ltimos aos, y de cara al nuevo 
siglo, preservar la paz en el continente implica adaptar y reforzar las 
organizaciones existentes de seguridad en Europa, principalmente en tres 
niveles que se complementan entre s.

El proceso de construccin europea no estar completo hasta que cuente 
con una dimensin de defensa. Por ello, propugnamos la progresiva 
integracin de la UEO en la Unin Europea. Al mismo tiempo, deben 
reforzarse las capacidades operativas propiamente europeas; en ese 
sentido, la participacin espaola en el Cuerpo de Ejrcito Europeo, el 
desarrollo de las fuerzas europeas en el Mediterrneo o la puesta en 
marcha de un sistema de satlites europeo constituyen elementos de 
defensa comn y favorecen una mayor autonoma y responsabilidad de los 
europeos.

La Alianza Atlntica, que ha elegido a un socialista espaol como su 
Secretario General, encarna el vnculo transatlntico y sigue siendo 
esencial para la defensa y seguridad de Europa. La OTAN debe seguir 
renovando sus estructuras para adaptarse a las nuevas realidades y 
posibles misiones, reflejar mejor la emergente Identidad Europea de 
Seguridad y Defensa, incorporar progresivamente a los pases de Europa 
central y oriental que estn en disposicin de dar tal paso sin 
debilitar a la Alianza en el proceso, y profundizar sus relaciones con 
los pases europeos, especialmente la Federacin Rusa, que no sean 
miembros de esta organizacin.

La Organizacin para la Seguridad y Cooperacin en Europa (OSCE), debe 
ser potenciada a fin de que pueda desarrollar plenamente polticas e 
instrumentos para la prevencin de conflictos en Europa, y para enmarcar 
la plena participacin de todos los Estados europeos, Estados Unidos y 
Canad, en una poltica de seguridad para todo el continente.
La seguridad y estabilidad de la regin mediterrnea inciden 
directamente sobre la estabilidad y seguridad europeas. Por ello, se 
seguir impulsando el dilogo y la cooperacin, tanto bilateral como 
multilateral, con el objetivo de crear un rea de seguridad compartida 
en el Mediterrneo.

DESARME Y CONTROL DE ARMAMENTOS

Espaa seguir impulsando el desarme y el control de armamentos, 
incluidas las medidas de creacin de confianza, para estabilizar el 
planeta y especialmente Europa en su conjunto y Lis zonas vecinas.
A ese respecto otorgamos una importancia especial a:

- El Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa.

- El Tratado de Prohibicin de Pruebas Nucleares, que debe ser firmado 
este ao, y el Tratado de no Proliferacin de Armamento Nuclear, 
prosiguiendo nuestro objetivo de la eliminacin global y completa de las 
armas nucleares, tal como viene dispuesto en el TNP y propiciando un 
Convenio de Desarme Nuclear que conduzca a la desaparicin total del 
arma nuclear.

- El desarme qumico y bacteriolgico, y el control de las minas 
anti-personal.

- La creacin de un rea de seguridad compartida en el Mediterrneo, 
empezando con medidas de creacin de confianza.

- El incremento de la transparencia y el control parlamentario sobre la 
exportacin de armamentos, garantizando el cumplimiento estricto de la 
legislacin existente en Europa y ampliando el Registro de Naciones 
Unidas con objeto de incluir un mayor nmero de materiales, comenzando 
con la prohibicin inmediata de la exportacin y fabricacin de minas 
anti-personal no detectables.

EL MODELO DE FUERZAS ARMADAS

Este contexto internacional debe servir tambin para enmarcar el modelo 
de Fuerzas Armadas que hemos propugnado para Espaa y que 
perfeccionaremos en la prxima legislatura.

A este respecto, nuestra poltica militar se ha basado en tres ejes 
fundamentales:

- Transformar unas Fuerzas Armadas extensivas y sobredimensionadas en unas 
organizaciones giles, con capacidad de proyeccin.

- Equilibrar las proporciones de gasto dedicado a personal y a la 
renovacin de material y de infraestructuras, impulsando nuestra propia 
industria.

- Racionalizar la contribucin del ciudadano a la funcin social de 
defensa.

En los tres ejes, se han producido avances sustanciales. Nuestras 
Fuerzas Armadas se han modernizado, lo que ha permitido llevar a cabo 
las misiones internacionales para las que han sido requeridas. Dentro de 
unos recursos presupuestarios escasos, hemos desarrollado un modelo de 
Ejrcito mixto, con una importante mejora del Servicio Militar 
obligatorio y un impulso a la figura del militar profesional en tropa y 
marinera. Esto no slo refuerza la capacidad de las Fuerzas Armadas, 
sino tambin las posibilidades profesionales futuras de los que han 
prestado su servicio a la sociedad en la funcin de defensa. Para ello, 
entre otras medidas, impulsaremos la convalidacin de especialidades 
conseguidas en las Fuerzas Armadas con las reconocidas en la vida civil.
De cara al futuro, los planes de reorganizacin de las Fuerzas Armadas 
avanzarn bajo la premisa de la consecucin de la mxima eficiencia. La 
aportacin de la sociedad a la defensa y seguridad se materializar por 
una parte en un presupuesto de defensa en el que la parte dedicada a la 
modernizacin de las Fuerzas Armadas guarde, respecto a la dedicada a 
personal, una proporcin similar a la de los pases de nuestro entorno y 
parecido potencial econmico, con las medidas adecuadas, se lograr 
alcanzar una dimensin de la fuerza permanente limitada a 180.000 
efectivos, con una tasa de profesionalizacin del 50%, a lo largo de la 
prxima legislatura. Alcanzado este objetivo, propondremos que el 
Parlamento inicie un nuevo perodo de reflexin y debate sobre el modelo 
de Fuerzas Armadas, incluyendo un nuevo aumento de la tasa de 
profesionalizacin, para adaptarlo al escenario estratgico del prximo 
siglo y a la realidad socioeconmica espaola manteniendo un amplio 
consenso entre las principales fuerzas polticas del pas y en sintona 
con aquellas naciones europeas como Alemania, Francia e Italia, con las 
que compartimos los principios rectores de nuestra seguridad. Los 
resultados de dicho debate y las consecuencias que de l se deriven 
permitirn concluir de modo sosegado el proceso de transformacin de los 
Ejrcitos, consecuencia del Acuerdo parlamentario del 91.

Deber continuarse en la lnea de mejora general de las actividades de 
soldados y marineros, con el pleno desarrollo del entramado legal que ha 
supuesto la modernizacin del Servicio Militar y del que forman parte la 
Ley Orgnica del Servicio Militar y los Reglamentos de Tropa y Marinera 
Profesionales, del Reclutamiento y del Servicio Militar. Este ltimo 
supuso un hito en la legislacin espaola al regular, de forma avanzada, 
la vida cotidiana del militar de reemplazo, y sus derechos y deberes. 
Para los prximos aos debern desarrollarse nuevos Planes para mejorar 
la calidad de vida en el servicio militar, atendiendo en particular a 
dos programas de incipiente creacin: el de formacin y el de 
orientacin sociolaboral. El primero promover la participacin de la 
tropa y marinera en la educacin permanente de adultos, la formacin 
profesional no escolarizada y ocupacional y los estudios a distancia de 
formacin profesional y de otros niveles educativos, y facilitar la 
obtencin del permiso de conducir. El segundo permitir disponer de 
servicios de orientacin sociolaboral que apoyarn la colocacin laboral 
del personal.

El Gobierno perfeccionar el actual sistema de preferencias para la 
realizacin del servicio militar, al objeto de satisfacer al mximo 
posible las opciones elegidas en cuanto a fecha de incorporacin, 
destino y cometido a desempear, como un elemento importante de avance 
en la mayor integracin de los jvenes en las Fuerzas Armadas Para el 
reemplazo de 1996 se ha conseguido que cuatro de cada cinco jvenes que 
han participado en el sistema de "mili a la carta" hagan el servicio 
militar en el destino elegido. Resta ahora continuar en la lnea 
emprendida y ampliar el nmero de plazas ofertadas.

El Gobierno ha puesto en marcha un sistema de gratificaciones para los 
militares de reemplazo que en una primera fase ha atendido a criterios 
selectivos de dificultad en los cometidos a realizar, movilidad 
geogrfica y responsabilidad. Queremos potenciar y extender ese sistema, 
con el fin de que la realizacin del servicio militar no suponga gasto 
aadido a las familias.

Suprimiremos la diferencia entre la duracin actual de la prestacin 
social sustitutoria y la del servicio militar y estimularemos la 
creacin de puestos para la prestacin social sustitutoria en las 
diferentes Administraciones Pblicas.

La participacin de nuestros jvenes en programas de voluntariado, tanto 
en Espaa como en el extranjero, tendr los mismos efectos que el 
Servicio Militar o la prestacin social sustitutoria, en las condiciones 
que se regulen a partir de la Ley aprobada recientemente.
Un pas moderno y con prestigio internacional debe dotarse de una 
poltica eficaz y creble en el campo de la industria de la defensa. En 
tal sentido, se potenciar el desarrollo de una industria nacional de 
defensa basada en el desarrollo de tecnologas de doble uso, en su 
internacionalizacin y en la participacin en programas europeos 
conjuntos, garantizando al menos el mantenimiento del nivel de empleo 
existente en el sector de la Defensa.

La progresin y modernizacin de los medios puestos a disposicin de las 
Fuerzas Armadas ser uno de los agentes impulsores tanto en nuestro 
tejido industrial como en nuestras capacidades de investigacin y 
desarrollo. En este sentido, proseguiremos la poltica de cofabricacin 
de los equipos ms avanzados que emprendan nuestros socios europeos.
La modernizacin de las Fuerzas Armadas exige la previsin de una 
programacin adecuada de sus inversiones. Ello refuerza la necesidad de 
dotamos de un marco normativo estable que asegure mnimamente el 
cumplimiento de dichos programas.

Avanzaremos en la modernizacin de la Administracin en el mbito de la 
defensa. Los procesos de reorganizacin de los ejrcitos sern 
complementados con giles polticas de apoyo al personal militar y civil 
dependientes del Ministerio de Defensa.

En consonancia con el nuevo Cdigo Penal, adaptaremos la legislacin 
penal militar, y agilizaremos y simplificaremos el rgimen procesal 
militar, y procederemos a una racionalizacin de la organizacin de la 
justicia militar.

La conveniencia de regular la aportacin de la sociedad a su seguridad y 
defensa en caso de crisis o amenaza grave deber regularse a travs de 
una normativa que establezca la contribucin de los recursos personales, 
industriales y materiales a la Defensa Nacional, para dichas situaciones 
de emergencia.

La defensa nacional lleva implcita tambin la proteccin del 
territorio, entendiendo ste como medio natural donde se desenvuelve la 
vida humana. Es preocupacin constante de las Fuerzas Armadas la 
preservacin del medio ambiente, compatibilizando la actividad militar 
con el mximo respeto a las condiciones naturales del entorno.
Las Fuerzas Armadas cumplen actualmente un importante papel en la 
respuesta social frente a las calamidades pblicas: incendios, 
inundaciones... Desarrollaremos los instrumentos legales y organizativos 
necesarios para que la colaboracin de los Ejrcitos en la prevencin de 
catstrofes y en su contribucin para resolverlas, cuando se produzcan, 
se realice en las mejores condiciones de eficiencia.
